sábado, 7 de junio de 2008

En ocasión de los treinta años del golpe

En ocasión de los treinta años del golpe ...

Presumo que muchos de ustedes me han oído decir más o menos esto desde hace mucho tiempo; sin embargo, hoy he sentido la imperiosa necesidad de escribir estas líneas, para tratar de colaborar, a través de ellas, en la tarea de encontrar una solución al problema de la bipolaridad que padecemos quienes vivimos la época, y que hoy algunos sectores han conseguido transmitir a sus propios hijos.
Además, también sé que casi todos conocen mi pertenencia a una familia de raigambre militar, y que yo mismo he pasado por las instituciones castrenses.
Luego de esa breve introducción corresponde, entonces, entrar en el meollo de estas reflexiones.

Pese a cuanto hoy puedan decir los medios y, sobre todo, la propaganda oficial y los organismos de derechos humanos, el golpe del ’76 no solamente fue esperado y conocido por toda la gente medianamente informada, sino apoyado por una enorme proporción de la población, harta de los desmanes de la guerrilla y, en especial, de la triste AAA, de quien nadie ignoraba su dependencia del Ministerio de Bienestar Social, a cargo del nefasto López Rega.
Para evitar futuras tentativas de desacreditación, confieso que, en los años previos al golpe, no solamente fui funcionario del recién creado PAMI, sino que colaboré en la gestión de la Universidad de Buenos Aires cuando, para evitar que ésta continuara en manos de los subversivos y fuera recuperada por y para el País, se designó como rector a un energúmeno (Ottalagano); lamentablemente, los métodos con los cuales se intentó esa labor fueron absolutamente inmorales.
Entrando, ahora sí, en el tema de estas líneas, digo que las Fuerzas Armadas cometieron, como corporación, todos los errores imaginables, a partir de 1976 y agravados después de 1983, cuando volvió la democracia a la Argentina.
Y digo eso por varias razones.
Refiriéndome al tema de la represión, que era innegablemente necesaria e imprescindible, el montaje de un ya indiscutible plan general para ‘desaparecer’ a los subversivos –y, en muchos casos, a gente que no tenía nada que ver- no puede ser más que repudiado y condenado por cualquiera que crea que existen medios sanctos para llevar adelante ese tipo de luchas. Y carece de sentido discutir cuántos fueron esos desaparecidos, ya que se tratara de cien o de treinta mil, el crimen sería menos reiterado pero idéntico.
En los últimos treinta años, no he conseguido que ningún militar de entonces, ni quienes aún hoy son acérrimos defensores del Proceso de Reorganización Nacional, me explicara con claridad cuáles fueron las razones, o la necesidad, de adoptar una política de tamaña irracionalidad.
Recuerdo que mis parientes italianos me contaron que, cuando fue secuestrado Aldo Moro, el jefe de los Carabinieri fue a ver al Primer Ministro de entonces para decirle que habían detenido a un sospechoso de haber participado en el crimen pero, que si no se lo torturaba, no podrían obtenerse de él datos que permitieran esclarecerlo y, por ende, encontrar a Moro. La respuesta al pedido de autorización para apartarse tan gravemente de la Ley fue: “Italia puede permitirse perder a Moro, pero no puede permitirse torturar a un detenido”; eventualmente, Moro fue encontrado luego muerto. Sin embargo, Italia consiguió terminar con las terribles Brigate Rosse con la Ley y la Justicia en la mano.
También recuerdo que el propio Francisco Franco, ya terminada la Guerra Civil en España, fusilaba a mansalva pero, cada día, al menos publicaba la lista de los muertos con su firma.
A partir de 1976, las Fuerzas Armadas no solamente olvidaron la Ley sino que, en nombre de una peregrina teoría de la seguridad continental y del necesario secreto impuesto por las críticas internacionales a la represión de Pinochet en Chile, optaron por torturar y ‘desaparecer’ no solamente a los guerrilleros y a sus adherentes y colaboradores, sino también a los dirigentes sindicales y estudiantiles díscolos, a los abogados defensores de los presos y detenidos políticos, a los educadores que fueran sospechados de impartir una educación o unas teorías diferentes, a muchos por ‘error’, etc., etc., etc.

En quienes vivimos esa época, seguramente quedará, además, el recuerdo de los negociados que realizaron Massera y Lacoste con las obras preparatorias del campeonato mundial de fútbol de 1978 o las concretadas con armamentos cuando casi entramos en guerra con Chile.
Pero he constatado que casi nadie se acuerda que, cuando Bignone le entregó la banda presidencial a Alfonsín, Massera ya estaba preso –enviado a la cárcel por sus propios pares- acusado de la muerte de Branca, en la ocasión marido de su amante, para robar sus bienes.
Un párrafo aparte merece el otro plan, también ya innegable por la recurrencia de procedimientos y métodos en todo el País, de apropiación de hijos de los ‘desaparecidos’. Nada en el mundo, por muy peregrina y descolgada que sea la justificación que se intente, puede evitar nuestra repulsión frente a esto, ni evitar que pidamos la condena más firme y severa a quienes llevaron adelante esas acciones planificadas y a quienes terminaron recibiendo –y, en la mayoría de los casos, resultando padres fantásticos de ellos- a los recién nacidos.
Finalmente, cabe que me refiera –muy brevemente, por cierto- a la política económica aplicada –a fuerza de golpes, torturas y muertes contra quienes se oponían a ella- por el Proceso.
Hoy, que he devenido en ‘neo-liberal’, recuerdo que, al oír a Martínez de Hoz hablar por la cadena de radio y televisión el 2 de abril de 1976, ‘predije’ a todos quienes asistían en mi casa al discurso prácticamente todo lo que iba a pasar en el futuro, ya que el nuevo Ministro había sido mi profesor de Derecho Agrario en la facultad y, desde la cátedra, había sostenido cuanto después aplicó. Y, con ello, condenó al liberalismo –sin haberlo aplicado nunca- a la vindicta social y política en la Argentina.
No es el lugar para analizar –por lo demás, ya ha sido hecho- las nefastas consecuencias de la política de Martínez de Hoz, que ‘vendió’ sus teorías a las Fuerzas Armadas, que las compraron ‘en paquete’ debido a su supina ignorancia sobre temas tales como la economía y la geopolítica.
Pero sí puede mencionar que otros procesos militares contemporáneos al nuestro, léase el brasileño o el chileno, al menos establecieron las bases y las reglas que hicieron a sus países superar a la Argentina en poco tiempo, y transformarse en los líderes de América del Sur, mientras que nuestros soldados apoyaron y sostuvieron, con sus bayonetas, a economistas que arrasaron con la industria y el empleo.
Tampoco –brevitatis causa- puedo dedicar más que un comentario a la terrible experiencia que significó la Guerra de Malvinas que, no por falta de genuinos motivos históricos, fue desencadenada exclusivamente para tratar de frenar la caída en picada del régimen militar. Y representó el mayor de los fracasos del Proceso, precisamente en el terreno militar.

En conclusión, sostengo que había que terminar con el desastroso gobierno de María Estela Martínez de Perón, y que todos llamamos a las Fuerzas Armadas para ocuparse de esa tarea, que conllevaba la eliminación del accionar de las organizaciones guerrilleras (no de los guerrilleros), fueran éstas de derecha o de izquierda.
También sostengo que quienes comandaron las Fuerzas Armadas de entonces –léase Videla, Massera, Agosti, Lambruschini, Viola, Galtieri, etc.- se convirtieron, sobre todo por estupidez e imbecilidad (salvo en algunos casos extremos, en que lo hicieron por ser ladrones y corruptos) en los mayores criminales de la historia de nuestro País. Y, por añadidura, fueron cobardes, ya que negaron hasta el hartazgo la existencia de esos planes, y las instrucciones a los cuadros inferiores que de ellos de derivaba, sin defender a sus subordinados asumiendo la totalidad de la culpa.
Es falso sostener que no existían otros métodos para combatir los crímenes de la guerrilla –combate, por cierto, justificado e inevitable- pero es inmoral concluir que fue justo y razonable utilizar la metodología de ésta para ello. Tan falso como sostener que las Fuerzas Armadas en su conjunto fueron un hato de criminales que, sin causa alguna, se sintieron obligados a destruir a las organizaciones guerrilleras.

Y, ahora sí, mi reflexión.
Lamentablemente, esa estupidez e imbecilidad se contagió a los mandos que sucedieron a los integrantes de las juntas militares, y los llevó a abroquelarse y a actuar, como corporación, en una cerrada defensa de lo indefendible.
Otro hubiera sido, a partir de 1983, el futuro de nuestra Patria si las Fuerzas Armadas hubieran contribuido a la investigación de los crímenes (que, recordemos, cometen las personas, no las organizaciones a las que pertenecen) de esos siniestros ‘señores de la vida y de la muerte’, permitiendo sin hesitar su juzgamiento y posible condena.
Sin embargo, la actitud de las Fuerzas fue corporativa, de confusión y de ‘ofensa’ frente a la ‘ingratitud’ de la sociedad ante quienes habían puesto sus vidas al servicio de lo que creían era indispensable para el País, respondiendo con ello a las órdenes recibidas de sus superiores; es decir, englobando la heroica actitud de los jóvenes, fueran éstos oficiales, suboficiales o tropa, con el deleznable proceder de los jefes y oficiales superiores.

Hoy, los perdedores de la batalla han ganado, innegablemente, la guerra. Basta para comprobarlo la imbricación de los ex-guerrilleros en todas las esferas del poder, se trate de sus órganos gubernamentales, de su prensa, de sus organismos de derechos humanos, etc., y la permanente y festejada exhibición de sus símbolos.
Y de esa derrota de las Fuerzas Armadas (y, con ellas, de la Patria) sólo puede culparse a ellas mismas. Lo trágico es que la estupidez y la imbecilidad de su conducta post-democracia ha condenado al fracaso al futuro inmediato de la Argentina.

Buenos Aires, 24 de marzo de 2006.

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