El inevitable “rodrigazo”
Hoy es posible creer que, debido al cimbronazo producido por el conflicto con el campo que, lejos de amainar, parece seguir siendo fogoneado por el Gobierno –léase, la falta de invitación a las entidades al acto de asunción del nuevo Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, las actitudes frente a la Exposición Rural, con la ausencia de funcionarios, clausura de stands contratados y en funcionamiento, prohibición de las habituales presencias de las escuadras equinas de las policías y del Regimiento de Granaderos- la economía se enfriará naturalmente, por la retracción del consumo.
Ese enfriamiento era una de las recetas recomendadas por innumerables economistas para capear la tormenta generada por la falta de inversiones productivas y en generación eléctrica, causadas por razones varias, que van desde la falta de seguridad jurídica y el congelamiento de tarifas hasta la intervención del Estado en forma arbitraria sobre las cadenas de comercialización y la falsificación de los índices económicos.
Sin embargo, la desaceleración del crecimiento, y la consecuente restricción en el consumo no parecen ser suficientes para evitar que Argentina, una vez más y como un tren sin frenos y a toda velocidad, vuelva a estrellarse.
Y el problema básico pasa por la maraña infernal en la que el Gobierno ha convertido a la economía y a la salud general del país.
Cuando, en 2002, Duhalde decidió congelar todas las tarifas de los servicios públicos y combustibles, parecía tener razón. Pero, la verdad es que fue una pésima solución, agravada exponencialmente por Kirchner al mantenerla durante los últimos cinco años que lleva en el poder.
Distinto hubiera sido el escenario, y razonablemente beneficioso, si ese congelamiento hubiera afectado solamente a las tarifas que pagan los sectores más desprotegidos y carenciados de nuestra sociedad, liberando las que hubieran debido pagar quienes más tenemos.
Piénsese, por ejemplo, en la tarifa del gas. Cuantos vivimos dentro de la privilegiada zona a la cual sirve la red de gasoductos, esto es, tenemos acceso al gas canalizado, pagamos más de cinco veces menos que los hogares que deben servirse de garrafas para cocinar su comida, calentar el agua y calefaccionar sus ambientes. Que paguemos, aproximadamente, $ 17 por ese gas, mientras nuestros empleados llegan a pagar hasta $ 60 mensuales, clama al cielo y, sobre todo, desmiente por completo la teórica justicia distributiva pregonada por el Gobierno.
Para mantener en el tiempo –casi seis años, ya- ese desequilibrio entre los precios reales –los que pagan los demás países por su combustible, su energía y su transporte- y los precios internos, creados por una mente enferma, el Gobierno ha recurrido a los subsidios, que crecen geométricamente año a año.
Ese disparate parece haber llegado a su fin, por imposición de la inexistencia de los recursos fiscales necesarios para atender, a la vez, a su subsistencia y a los servicios de la deuda nacional.
Entonces, podemos describir el escenario actual del modo siguiente;
a) Tenemos una inflación real que oscila entre el 25% y el 30%, según quien sea el autor de la estimación, ya que carecemos de un INDEC capaz de suministrar estadísticas confiables.
b) Tenemos, ya convocado, a la Comisión de Salarios que, dado que se enfrentará a una CGT dividida, necesariamente sufrirá el acoso de los gremios que han visto perder el poder adquisitivo de los trabajadores, más allá de las afirmaciones de Moreno.
c) Tenemos una caja oficial exhausta, que deberá afrontar enormes compromisos externos con la inexistencia de crédito internacional y la presente retracción del ‘amigo’ de los K, don Hugo Chávez de su papel de prestamista.
d) Tenemos precios internacionales de los combustibles que, día a día, baten nuevos records de alzas, y que han cuadruplicado su valor desde 2003.
e) Tenemos un balance crecientemente desfavorable en nuestra balanza comercial en materia de combustibles y energía, tanto en cantidades cuanto de precios, ya que lo que importamos es cada vez mayor y, sobre todo, muchísimo más caro.
f) Tenemos, consecuentemente, un creciente desequilibrio entre precios internos y externos, que se cubren con subsidios irracionales y, a partir de este año, impagables.
g) Tenemos una marcada decadencia en la producción de hidrocarburos –petróleo y gas- y de energía –por falta de inversión y de mantenimiento de las instalaciones- que transformarán al país en netamente importador y, derivado de ello, significativamente dependiente de los proveedores extranjeros y sin acceso a financiación.
En ese escenario, y pese a la desaceleración de la economía descripta al principio, es dable pensar que el Gobierno se verá obligado en algún momento, y más temprano que tarde, a sincerar la economía, ya que no podrá continuar afrontando el sideral gasto que implican los subsidios.
Y, al producirse ese sinceramiento, aunque fuera gradual, nuevamente aparecerá un efecto inflacionario de enorme magnitud. Para descubrirlo, basta con mirar el componente ‘flete’ en el precio de las mercaderías y en el transporte en general.
Si el Gobierno elimina hoy los subsidios, por carecer de medios para continuar pagándolos, se encarecerán los colectivos, los ferrocarriles, los subterráneos, los aviones, el gasoil, la nafta, la electricidad, el gas, etc., etc., y su efecto general sobre los precios será, por obra y gracia de la magnitud de la distorsión generada por esta política suicida aplicada desde 2002, inconmensurable.
En una palabra, aunque los trabajadores resignaran su lucha por recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, aunque el consumo se redujera sensiblemente y dejara de presionar sobre una oferta de bienes casi estática, nada puede impedir que el sinceramiento de las tarifas y de los precios se produzca y, con ello, quien se encuentre en el Gobierno se verá obligado a sincerar toda la economía.
Y eso fue lo que hizo Celestino Rodrigo en 1975.
Buenos Aires, 29 de julio de 2008.-
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