sábado, 12 de noviembre de 2016

¡Qué números raros!



¡Qué números raros!


"A nuestros oponentes políticos les ofrezco un trato: Si ellos dejan de mentir sobre nosotros, yo dejaré de decir la verdad sobre ellos". Adlai Stevenson

Si usted cree que debemos vivir en un estado de derecho y tal como hice la semana pasada, le ruego que copie este link (http://tinyurl.com/haftfpc), lo pegue en su navegador y, si está de acuerdo con la petición, la firme y difunda.

No voy a hablar hoy de las consecuencias de la victoria de Donald Trump el martes, una rareza, ya que lo votaron menos ciudadanos que a su contrincante. Las especulaciones sobre el futuro de los Estados Unidos y del mundo han poblado las pantallas y las páginas de todo el globo, y habrá tiempo para hacerlo cuando anuncie su gabinete. Tampoco hablaré aquí de otro número inexplicable: los US$ 65 millones que, en Estados Unidos, dejó a sus deudos Daniel Muñoz, secretario privado de don Néstor (q.e.p.d.).

La semana contuvo un hecho realmente importante que, en medio de la vorágine, pasó bastante desapercibido: la divulgación, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de una estadística confeccionada durante la "gestión" de Cristina Elizabet Fernández, que estableció en 6348 el número de desaparecidos entre 1976 y 1983. Cuando se conoció el dato, Estela de Carloto bramó de indignación: "En vez de investigar cuántos son, lo importante es encontrarlos"; raro, porque no explicó cómo buscar a los demás si ni siquiera sabe quiénes serían.

La relevancia del número es enorme, toda vez que termina en forma definitiva con el invento de los "30.000", que tuvo dos fines concretos: la instalación del concepto de genocidio para construir la venganza y, sobre todo, habilitar la recolección de fondos internacionales, organizada por los mismos terroristas para financiar campañas y lujos. Hasta ahora, no bastaba para desmentirlo ni siquiera la imposibilidad de completar los nombres en todas esas chapitas que Kirchner colocara en el Parque de la Memoria pese a que, para intentarlo, se incluyeron a los muertos desde 1955, a quienes cayeron al intentar asaltar instalaciones militares, a quienes se suicidaron ingiriendo cianuro y a los guerrilleros asesinados por sus propias organizaciones.

Es que, si se deja de hablar de genocidio -y la verdadera cifra revelada obliga a ello- se cae la teórica imprescriptibilidad en todos los amañados procesos que permitieron que, aún hoy, cuando ya ha pasado un año del desalojo del kirchnerismo del poder, casi dos mil ancianos continúen presos, privados de todos los derechos de los que gozamos, por imperio de la Constitución, el resto de los argentinos: irretroactividad de la ley penal, principio de inocencia, legalidad del proceso, jueces naturales, límite máximo de la prisión preventiva, 2x1 y prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Y todo eso mientras los corruptos de toda laya se ríen a carcajadas, se pasean en libertad y exhiben impúdicamente sus mal habidas fortunas.

El otro episodio fue la exacerbada polémica desatada por las declaraciones de Miguel Pichetto en favor de una política inmigratoria racional. El Senador fue imprudente, pero no por el contenido de sus dichos -con los cuales, adelanto, coincido- sino por haberlo hecho en un programa periodístico porque los tiempos de aire son limitados y no permiten dar acabada razón de los mismos. Esa imposibilidad de explicarse habilitó a que un sinnúmero de imbéciles y malintencionados se rasgaran rápidamente las vestiduras y lo acusaran de xenófobo y racista, pese a lo justificado de sus afirmaciones.

La Argentina es el único país que conozco que carece de política inmigratoria, a punto tal que no exige nada a quienes arriban a su territorio: carencia de antecedentes penales, demostración de la capacidad de sustentarse o de vinculaciones que la reemplacen, o aptitudes laborales; además, al poco tiempo obtienen documentos nacionales de identidad. No funcionan así países como Bolivia, Venezuela, Cuba, China, Rusia, Irán, etc., cualquiera sea la orientación, o la falta de ella, del régimen que los gobierna.

Nuestra nación se formó con los inmensas oleadas inmigratorias de fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, provenientes de tantas latitudes diferentes que, al fusionarse, nos dieron estas características tan originales de nuestra sociedad. Y debemos continuar con esta tradición, recogida por el preámbulo de la Constitución, de brazos abiertos; pero recordemos que en él se habla de los hombres de "buena voluntad" que quieran habitar nuestro suelo. Ese requisito es esencial y, en esa categoría, obviamente, no entran los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas ni, en general, aquéllos que no están dispuestos a trabajar y, sobre todo, a adaptarse e integrarse a la comunidad; como muestra de cuanto digo, basta recordar que los extranjeros representan el 20% de nuestra población carcelaria.

Pero, pese a que aún aparecemos como un foco de atracción para muchos latinoamericanos, debemos reconocer que, más allá de la potencial riqueza de nuestros recursos naturales, somos un país pobre; tanto que nada menos que un tercio de nosotros vive por debajo de la línea que permite hacerlo con dignidad, carece de agua corriente, de cloacas, de gas y electricidad, de educación y de establecimientos sanitarios aptos, cuando no está directamente desnutrido.

Entonces, y como la caridad empieza por casa, debemos destinar, prioritariamente, nuestros esfuerzos en materia presupuestaria a la atención de las necesidades de nuestros ciudadanos, sin por ello dejar de brindar ayuda humanitaria a extranjeros que lo necesiten. Resulta de todo punto de vista ilegítimo que quienes aquí residen -y pagan sus tributos al fisco, que sostiene el sistema público de salud- deban esperar, a veces por meses, para recibir atención en los hospitales, mientras los turnos son ocupados por "turistas" que, en la práctica, realizan curiosos "tours de salud" para operarse gratuitamente dentro de nuestras fronteras.

Estamos, en este momento, soportando una presión impositiva que es record mundial y, producto de la crisis heredada (e idiotamente no explicada en detalle), los recursos no alcanzan para tantas necesidades sociales; pensemos entonces, por ejemplo, que todos quienes llegan a un hospital hoy, reciben gratuitamente hasta las prótesis, sin pedirles absolutamente nada.

Entonces, ¿por qué ser tan generosos con habitantes de otros países que no asumen su responsabilidad frente a ellos, pero les cobran sus propias gabelas? Para solucionar este intríngulis y, a la vez, compartir el esfuerzo, nuestra Cancillería debería firmar acuerdos recíprocos con todas las naciones de la región, para que cada una, mediante el depósito previo de las sumas necesarias, se hiciera cargo del costo de los tratamientos y prácticas quirúrgicas de sus ciudadanos, cuando éstos fueran atendidos en otro país. Y lo mismo debería aplicarse a la educación superior, aquí también colapsada.


Bs.As., 12 Nov 16


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sábado, 5 de noviembre de 2016

Envidiosa, hipócrita y suicida Argentina



Envidiosa, hipócrita y suicida Argentina

"La decadencia argentina empezó cuando las clases ilustradas abandonaron la política" Juan LLach


Después de la tormenta desatada a raíz de la tenencia accionaria de Shell que mantenía en su patrimonio Juan José Aranguren, actual Ministro de Energía, producto de su prolongado trabajo como presidente de la petrolera holandesa y resuelta con la venta de esa participación, alguna oposición sigue haciendo ruido con la calificación de "gobierno de los CEO's" para denostar a la gestión de Cambiemos.

Creo que ha llegado la hora de preguntarnos, como sociedad, a qué se debe nuestra desconfianza -¿envidia?- hacia aquéllos que han tenido éxito y por qué pensamos que las pequeñas fortunas se hacen con  infamias y, las grandes, con canalladas. Y también por qué hemos creído tanto tiempo que involucrarnos en política significa arriesgarnos a tirar nuestra honra a los perros y revolcarnos en el fango.

Esta gestión ha conseguido algo impensado desde hace muchas décadas: que se incorporaran a ella muchos ciudadanos que, habiendo obtenido enormes triunfos personales en la actividad privada, en un momento dado han decidido renunciar a la comodidad y al bienestar, inclusive familiar, para brindar desinteresadamente sus conocimientos y su experiencia para intentar mejorar la vida de los demás. No me refiero exclusivamente a Mauricio Macri, que encabezó esa movida cuando se alzó con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el contrario, los gabinetes nacional, provinciales y municipales están plagados de ejemplos que confirman esta nueva posición, tan generosa, de muchos otros.

Algunos ejemplos sobresalen: Mario Quintana es, tal vez, un caso especial; con orígenes sumamente humildes, pero demostrativos de la permeabilidad social que imperaba en nuestro país hasta hace relativamente poco tiempo (su abuela era mucama, pero tanto su padre como su madre médicos), dejó sus altas posiciones empresariales -la Presidencia de Farmacity y del grupo de inversión Pegasus- para asumir como Vice Jefe del Gabinete, con las enormes complicaciones que trae aparejado el cargo. Por su parte, el otro segundo de Marcos Peña, Gustavo Lopetegui, abandonó la Presidencia de Lan Argentina cuando se sumó al esfuerzo. Y qué decir de Isela Constantini, ex Presidente de General Motors Argentina, que aceptó el gigantesco desafío de encabezar Aerolíneas Argentinas, la empresa "pública" más conflictiva desde el punto de vista sindical y totalmente deficitaria.

Lo mismo sucede con la legión de jóvenes profesionales, que no nombraré pero todos conocemos, que han hecho de la gestión pública su nuevo objetivo de vida, a sabiendas de los enormes sacrificios que conllevará para sus entornos familiares, en general formados por pequeños hijos.

Porque en este campo demostramos cuán hipócritas somos los argentinos. Partamos de una certeza: no hay una "empresa" mayor que el propio Estado, en cualquiera de sus niveles. Sin embargo, nos rasgamos las vestiduras cuando alguien simplemente sugiere llevar sus niveles de remuneración hasta equipararlos con los que rigen para los gerentes y directores que se desempeñan en la esfera privada. Parece que olvidamos un viejísimo apotegma: "quien paga a sus empleados como a monos, tiene monos como empleados".

Esto, por supuesto, no explica ni justifica que los diputados hayan pretendido aumentar sus dietas en un 47%, mientras el país exhibe la purulenta llaga de un 32% de miseria, ni que se busque que cobren un monumental salario quienes fueron electos para integrar el Parlasur, un organismo fantasma, que sólo comenzará a funcionar en 2020 y no podrá adoptar decisiones vinculantes para los gobiernos. En ambos casos, se trataría, lisa y llanamente, de un verdadero robo.

Y hablando de inmundicias, una más se sumó esta semana a la panoplia que exhibe los "logros" del kirchnerismo después de gobernar el país durante doce años y medio, que coincidieron con el mejor escenario económico que pudo ofrecernos el mundo en casi un siglo. Me refiero al informe producido por la fundación Techo Argentino (ver en www.techo.org.ar/relevamiento), que determinó que nada menos que tres millones de personas "viven" en villas miseria o en asentamientos, más de la mitad de ellos en la Provincia de Buenos Aires, producto del geométrico crecimiento registrado durante los tres últimos años de la década robada. Recuerdo la furia que me ahogaba cuando, al pasar por la Autopista Illia, leía el cartel que la Presidencia de la Nación había colocado en 2012, precisamente sobre la Villa 31: "Aquí también el país crece".

Una de cada diez habitantes de los centros urbanos carecen hoy de agua corriente (beben de pozos infectados), de acceso a la red de gas natural (lo consumen en garrafas, sideralmente más caras), de cloacas (usan pozos ciegos sin cámara séptica), y rodeados de basura, cuando no asentados sobre terrenos inundables y contaminados, con la carga de enfermedades que eso conlleva, que siempre afectan más a los niños. 

Entonces, no puedo menos que preguntarme: ¿cómo no se le cae la cara de vergüenza a Cristina Elizabet Fernández, a Máximo y a Florencia Kirchner, y a tantos otros cómplices que saquearon el país al punto de convertirlo en esto? ¿Cómo pueden ser tan hipócritas en sus discursos y continuar paseándose con tanta falta de pudor entre nosotros? La menor de la familia no tuvo empacho alguno en intentar -fracasó esta semana- que la Justicia liberara la montaña de dólares que encontraron en una caja bancaria a su nombre, sin haber trabajado un solo día en su vida.

Por la magnitud del daño social producido por esa asociación ilícita que montó Néstor y que heredó y perfeccionó su viuda, otra que nunca ganó un peso en la actividad privada, resulta indispensable que se extinga el dominio de todos sus bienes, y que éste revierta al Estado. Contribuirá así a aliviar tantas penas y, sobre todo, podremos exhibir frente al globo un nuevo país, en el cual la impunidad -antigua y actual- ha dejado de existir, y donde la corrupción se paga.

Porque, mientras eso no suceda, mientras no demostremos que la Argentina cuenta con una Justicia rápida, eficaz e independiente, las deseadas inversiones no llegarán y no podremos alcanzar el desarrollo que perdimos, regodeándonos una y otra vez en un suicidio colectivo, inexplicable para el mundo y la Historia.

Por último, le ruego entre en este link (http://tinyurl.com/haftfpc) o lo copie y pegue en el navegador y, si está de acuerdo con la petición, la firme y difunda. Anticipadas gracias.


Bs.As., 5 Nov 16 

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sábado, 29 de octubre de 2016

¿Seguirán ganando los peores?



¿Seguirán ganando los peores?

"A la norma de 'no resistir el mal por la fuerza', el político responde que la proposición inversa es la correcta: 'el mal debe ser resistido por la fuerza, o seremos responsables por su victoria'". Max Weber

En estos días y con poca trascendencia, el portal Infobae publicó una denuncia gravísima, que ratifica cuanto he sostenido a lo largo de los años: un accionista minoritario de YPF, Ricardo Paz Herrera, explicó qué maniobras ejecutaron ambos Kirchner desde el Gobierno para apoderarse, a través de los Ezkenazi, de un 25% de la empresa, y las consecuencias que esos actos produjeron en la pérdida del autoabastecimiento energético, la necesidad de importar petróleo y gas,  el endeudamiento del país, el saqueo de las reservas fiscales, el cepo cambiario, la recesión, etc.. Recordemos que ese porcentaje quedó en manos de una compañía australiana, de la cual todos ignoramos -pero sospechamos- quiénes son los verdaderos dueños.

Dado que, por la falta de luz y gas que nos aqueja, nadie puede construir una nueva fábrica y generar empleo, comprobaremos cuánto daño produjo ese sideral robo (el denunciante habla de US$ 46.000 millones), imputable a Néstor, a Cristina, a Patotín Moreno, a Kiciloff, a Galuccio y, claro, también a la misma Repsol. Y si comparamos el monto referido con las necesidades del país y de su gente, cuyo 32% sigue en la miseria después de una década ganada por tan pocos, se nos terminarán los calificativos para describir a los autores de tamaño latrocinio. Me pregunto qué estarán esperando los fiscales para actuar, ya que no han sido pocas las evidencias publicadas al respecto durante estos años, porque la cifra en cuestión es de tal magnitud que hace aparecer la enorme defraudación a Petrobras, que ya ha llevado a la cárcel a decenas de funcionarios y empresarios brasileños, resulta casi un robo de gallinas.

La polémica acerca de la imprescindible detención de los máximos dirigentes del kirchnerismo, en especial de su jefa material (de espiritual nada tiene), continúa en diferentes terrenos: la política, el periodismo y, sobre todo, en la calle, donde ya es generalizada la certidumbre de que la impunidad, nuevamente, premiará a los corruptos y la maldad triunfará, como tantas veces en nuestra historia. "¡Aquí nadie va preso!", se oye permanentemente.

En el fondo, no es para menos. Después de un primer semestre en el cual los fiscales y jueces dieron la sensación de ir por todo, los procesos parecen haberse ralentizado, sin duda por falta de personal y de infraestructura en los juzgados, todos ellos colapsados, pero también por la inactividad de aquéllos que privilegian la postura de "wait and see", compartida por los empresarios, siempre remisos a acompañar al Gobierno con sus inversiones y sus precios. La Corte Suprema realizó un inventario de las causas en marcha contra los ex y actuales funcionarios bajo investigación penal; se trata de un gran avance, sin duda, pero gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre recae sobre los hombros del Consejo de la Magistratura, moroso no sólo en auditar la conducta de los jueces federales sino hasta en la cobertura de muchos juzgados vacantes, lo que produce el colapso mencionado.

Porque la opinión pública, aún la menos instruida, sabe que en los casos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, es el acusado quien debe demostrar que ha adquirido su patrimonio legítimamente (art. 268, Código Penal); es decir, basta una razonable sospecha para que cualquiera pueda ser procesado y hasta detenido. Y ya hay demasiados casos emblemáticos en que algunos de estos personajes exhiben fortunas incalculables y, en especial, inexplicables. En ese desfile se destaca, obviamente, la propia emperatriz patagónica, Cristina Elizabet Fernández, que nunca trabajó -ni siquiera como "abogada exitosa"- en la actividad privada e, impúdicamente, declara tener "en blanco" y a valor fiscal, más de setenta millones de pesos; y la siguen Julio de Vido, César Milani, Ricardo Echegaray y muchos otros que enumeré en mi nota anterior.

Éste último ya está imputado, entre muchas otras causas, en la que va detrás de Cristóbal López y Fabián de Souza por haber retenido nada menos que $ 8.000 millones, que pertenecían al Estado, para financiar el crecimiento exponencial de sus empresas. Todos ellos, también, siguen paseándose tan campantes, entre nosotros.

Por ello, resulta más que razonable que la ciudadanía dude acerca de la efectividad, o de la voluntad, de la Justicia al momento de alcanzarlos porque, convengamos, existen innumerables antecedentes -el asesinato de Alberto Nisman, por ejemplo- bastaría con aplicar la letra de la ley para que las explicaciones debieran darlas desde el otro lado de las rejas, como sucede con muchos acusados de delitos bastante menores.

El lunes, Cristina deberá presentarse a prestar declaración indagatoria ante el Juez Julián Ercolini en la causa que investiga el direccionamiento de obras a Lázaro Báez, que también complica a De Vido, a Bolsos López y a toda la cúpula de Vialidad Nacional; seguramente, hará una defensa política frente a una conducta penal. Creo que, luego de los interrogatorios a los imputados, todos ellos serán procesados. Si la acusación incluyera la asociación ilícita, un delito no excarcelable, tendríamos otra razón más para decretarles la prisión preventiva, en especial a la jefa de la organización criminal.

No puedo, por algunas cosas que pasaron en estos día, dejar de referirme a la situación de los presos militares, policías y civiles acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad. Comenzaré por congratular a la verdadera Justicia por la publicación de varias sentencias dictadas por el Tribunal Penal Internacional, que negó la validez probatoria de testimonios amañados o "construidos colectivamente" -algo muy frecuente en las causas armadas en la Argentina, donde se impide hasta el contrainterrogatorio de los testigos porque sería "revictimizarlos"- y la negativa de varios países (Estados Unidos, Brasil, España) a extraditar a prófugos de la persecución kirchnerista.

Sin embargo, muy poco ha cambiado en el panorama desde la llegada de Mauricio Macri al poder -desde entonces, más de 40 ancianos han muerto en cautiverio-, porque se mantiene una política pretendidamente correcta frente al tema. Pruebas cabales de ello fueron la vergonzosa prohibición del Ministerio de Defensa a la promoción 97 del Colegio Militar, al cumplirse medio siglo de su egreso, de colocar una placa en memoria de sus integrantes caídos en combate; la razón invocada para ello fue que identificaba a la "guerrilla marxista" como autora de esas muertes, y la reapertura de una causa a quienes combatieron en la defensa del regimiento de La Tablada, en plena democracia.

Pero ni siquiera la intención de no abrir nuevos frentes de conflicto por parte del Gobierno puede justificar la falta de respeto de nuestros jueces a las leyes argentinas y a los tratados internacionales que hemos suscripto: se mantienen prisiones preventivas que exceden en mucho el máximo legal, se niega el beneficio de la prisión domiciliaria, se violan los principios de legalidad, de inocencia, de ley posterior al hecho del proceso, etc. Han pasado varias décadas, y la verdad y la justicia han dejado paso a la más infame venganza de aquéllos que, en los 60's y 70's, pretendieron terminar con la democracia a través de una demencial violencia y no hesitaban en confesar que, de triunfar, fusilarían a un millón de ciudadanos.


Bs.As.,29 Oct 16

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sábado, 22 de octubre de 2016

La Velocidad y el Olfato




La Velocidad y el Olfato

"Hay que abrir las llagas y heridas para poder curarlas". Lutero

La Diputada Margarita Stobizer acusó al Gobierno de estar detrás de la notoria disminución en la velocidad de los procesos por corrupción que involucran a Cristina Elizabet Fernández y a sus principales testaferros; atribuyó la causa al razonable interés de Cambiemos en tenerla como contendiente en las elecciones legislativas del próximo año, ya que su sola presencia actúa como factor divisor del peronismo.

No coincido con ella; creo que Mauricio Macri ha hecho (sea por propia vocación, sea por la vigilancia que ejerce Lilita Carrió) que el Poder Ejecutivo deje de inmiscuirse en el comportamiento de la Justicia federal, rompiendo así una tradición que viene de muy lejos. Así, los magistrados que tienen su asiento en Comodoro Py han quedado en total libertad de acción, algo que los ha sumido en un profundo desconcierto.

Muchos organismos de la actual administración han formulado fuertes denuncias frente a las innumerables irregularidades que sus nuevos responsables siguen encontrando todos los días; el kirchnerismo no dejó lugar, por pequeño que fuera, sin apropiarse de todos los recursos posibles, y los autores de tantos desaguisados se cuentan por docenas.

Sin embargo, y pese a que varias de las causas ameritan el dictado de prisiones preventivas, hoy sólo están en la cárcel cuatro de ellos: Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Omar "Caballo" Suárez y José López, y este último sólo fue detenido cuando se lo descubrió arrojando fortunas en efectivo. En cambio Boudou, Echegaray, Moreno, Sabbatella, los Zacarías, Oyarbide, De Vido, Anímal Fernández, Capaccioli, Cristóbal López, Spolsky, Garfunkel, Scioli, Baratta, Cámeron, Mariotto, Berni, los hijos de Báez, el jardinero y los ex secretarios privados de Cristina, Di Cesare, D'Elía, Máximo y Florencia, Andrea del Boca, Vandervroele, Ulloa Igor, Zannini, Capitanich, Mariotto, Abal Medina, Vanoli, Sbatella, Paladino, Schiavi, De Pedro, Granero, Tomada, Daura, Reposo, Milani, Picolotti y muchísimos más, siguen gozando de una inexplicable libertad.

Por mi parte, debito el visible enfriamiento en la marcha de los procesos por corrupción de la cuenta de los propios jueces, a quienes consideraba las mejores "narices" de la Argentina. Dado que su actitud tiene la ventaja adicional de resultar funcional al presunto interés de la Casa Rosada, y como hacen los empresarios locales, que demoran sus inversiones hasta ver si el Gobierno gana las elecciones del año que viene, los magistrados quieren tener la certeza de que sus antiguos patrones han sido enviados, definitivamente, al basurero de la historia. Se equivocan, y olvidan así que la temporaria impunidad que parecen estar ofreciendo a estos verdaderos genocidas (el régimen kirchnerista, al saquear tantos fondos públicos, ha exterminado por hambre e insalubridad a los más pobres) está reñida con la gobernabilidad, y ponen así sus propias cabezas en juego.

La ciudadanía debería autoconvocarse frente a la sede del Consejo de la Magistratura para exigirle urgentes resultados en las auditorías ordenadas a los juzgados federales para determinar cómo han sido llevadas las causas por corrupción y, sobre todo, para obligarlos a resolver rápidamente.

Los retrógrados y politizados sindicatos que nuclean a los "trabajadores de la educación" -antes se llamaban "maestros"-, todos ellos fanáticos kirchneristas, mantuvieron posiciones beligerantemente opuestas a la evaluación del aprendizaje de los alumnos de todo el país, indispensable para corregir sus defectos, y hasta fueron apoyados por algunos padres extraviados. Los argumentos utilizados para la crítica hubieran resultado risibles, si no fuera porque está en juego el futuro de sus víctimas; al mejor estilo de Kiciloff, cuando dijo que medir la pobreza era "estigmatizante", quienes debieran enseñar se niegan a que toda la sociedad se entere de la pésima instrucción que se imparte; y eso pese a que todavía no se ha evaluado a los propios educadores.

En un mundo que exige a los trabajadores cada vez mayor especialización, ya que la tecnología está expulsando del mercado laboral a los menos calificados, reemplazados por máquinas, más baratas y más eficientes, este panorama es criminal: la calidad de educación pública que se está impartiendo condena a generaciones enteras de argentinos a permanecer en la pobreza. Se verán imposibilitadas de acceder, no ya a la universidad, puesto que quienes terminan el secundario ni siquiera comprenden los textos que leen, sino tampoco a carreras terciarias. Los padres han tomado conciencia de ello y, cuando le suman la cantidad de días de clase perdidos por las reiteradas huelgas e injustificadas ausencias de los maestros, hacen migrar a sus hijos, masivamente, hacia la enseñanza privada.

El otro hecho destacado de la semana fue la obvia graduación en política, con honores, de Macri. Aún en medio de uno de los peores escenarios desde el punto de vista socio-económico, que impone márgenes estrechos a la maniobrabilidad, ha sabido manejarse con arte, apretando y aflojando frente a los demás actores, y consiguió desactivar un paro general que debía producirse antes de que comenzaran a notarse los síntomas firmes de la segura reactivación, como demuestra la confianza que expresan los mercados diariamente. Ahora habrá que ver cómo reaccionan las organizaciones sociales de izquierda ante un diciembre que todavía será complicado, y qué hacen el Gobierno y los empresarios para que transcurra en paz.

En materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, también ha comenzado el camino correcto, con el envío de las fuerzas federales a los enclaves urbanos con mayor incidencia de la criminalidad. Aún resta elevar al Congreso los proyectos de ley necesarios para autorizar la participación de las fuerzas armadas en la custodia de las fronteras terrestres, aéreas, fluviales y marítimas, dotándolas de los elementos y de las normas necesarias. Será el único modo de garantizar a sus miembros que no serán más tarde procesados, como sucediera a quienes tuvieron que combatir a las guerrillas marxistas en las décadas de los 70's y 80's, casi dos mil de los cuales continúan muriendo en las cárceles, recluidos allí precisamente por sus vencidos.

Uno de esos canallas togados, el Juez Carlos Rozanski, acorralado y al borde de la destitución por el Consejo de la Magistratura debido a las denuncias por dejar prescribir las causas sin repercusión mediática y por los malos tratos a su propio personal, renunció como integrante del Juzgado Oral Federal N° 1 de La Plata, un epítome de las nulas causas por la comisión de presuntos delitos de lesa humanidad, de la violación de todas las garantías constitucionales y de la discriminación jurídica en contra de los imputados.


Bs.As., 22 Oct 16

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sábado, 15 de octubre de 2016

Un huracán anunciado



Un huracán anunciado

"Son testigos de la muralla inexpugnable de nuestra mente, de la impenetrable fortaleza de nuestra memoria". Joël Dicker

En la Argentina, donde tantos están sufriendo en el barro la travesía desde el cataclismo que significaron los gobiernos kirchneristas, mal que les pese a los inexplicables fanáticos que aún los añoran hay fuertes señales de que estamos llegando al pavimento desde donde comienza un futuro mejor. La ciudadanía lo percibe y, aún en medio de tantas dificultades, sigue acompañando a Mauricio Macri.  

La mayor muestra del cambio de expectativas vino, como siempre, de los mercados de capitales. El Gobierno emitió, con un éxito que superó todas las esperanzas dada la previsión de aumento de las tasas por la Reserva Federal, bonos a diez años, en pesos y con interés fijo; es más, que fuera del 15,5% anual, da a la sociedad entera una certidumbre que ninguno de los argentinos recuerda haber tenido nunca. Como escribió hace unos días James Neilson, los argentinos siempre originales, cuando nos convertimos en "normales" el mundo se vuelve "anormal".

En el lado negativo -siempre lo hay- de la situación local debemos sumar, como todas las semanas, los signos concretos del avance y de la potencia del narcotráfico. El incendio intencional de un Juzgado federal y las nuevas amenazas mafiosas a la Gobernadora de Buenos Aires fueron, sin duda, los episodios más graves, y todos haríamos mal en restarles importancia.

La inseguridad que, por lo demás, no hace sino crecer entre las preocupaciones de los ciudadanos, me llevó a formular algunas propuestas en mi nota del sábado pasado; entre ellas, que las fuerzas de seguridad fueran destinadas a la lucha contra el delito en el interior y, en su reemplazo, se enviara a las fronteras a las fuerzas armadas. Ignoraba que algo así ya estaba en la mente de algunos gobiernos de la región, entre ellos el nuestro: esta semana se reunieron los jefes de los ejércitos de varios países para coordinar esfuerzos con esa idea, que ya ha sido adoptada por Brasil, para combatir el tráfico de narcóticos, de armas, de personas y, sobre todo, el rampante terrorismo transnacional, íntimamente relacionado con todos esos males, ya que de ellos obtiene el financiamiento de sus actividades.

En los últimos siete días, una sensación que recorría el mundo y, sobre todo, a América Latina, se transformó en una certeza: el populismo se está derrumbando, empujado al abismo político por sociedades que están hartas de la corrupción o, simplemente, del derroche de los recursos públicos.

En España, en las elecciones celebradas en Galicia y en el País Vasco, el PSOE recibió una paliza, pero los votos que perdió no fueron a Podemos, ese partido de izquierda de reciente formación que venía de un fuerte knock-out en los comicios nacionales. Escocia, harta del populismo que llevó al "brexit" y fuerte defensora del europeísmo, ha vuelto a plantear la necesidad de un referendum con vistas a su independencia de Gran Bretaña.

Por lo que se ve, la campaña de Donald Trump, otro populista pero de derecha, se ha zambullido en un tobogán que parece no tener fin. En individuos tan profundamente morales como son los estadounidenses, las permanentes denuncias por elusiones impositivas y abusos sexuales en que el candidato ha incurrido y su inclemente racismo, han producido un enorme impacto negativo. Ni él ni Hillary Clinton se han caracterizado por la altura o la dignidad con que se han conducido en estos meses, pero esta semana hemos visto a muchos de quienes contribuyeron con fondos para el republicano pedir su devolución, y los grandes líderes de su partido lo han dejado solo o, lisa y llanamente, han llamado a votar en su contra.

En Venezuela, el Tribunal Supremo (íntegramente formado por chavistas) autorizó a Nicolás Maduro a aprobar el presupuesto anual por decreto, soslayando así su tratamiento por la Asamblea Nacional, con mayoría opositora. Además, para impedir que se realice un plebiscito revocatorio de su mandato este año, lo cual obligaría a llamar a elecciones, ha ordenado a su también dependiente Consejo Nacional Electoral demorar hasta el hartazgo la verificación de las firmas obtenidas para forzar ese recurso constitucional; así, esa decisión que inevitablemente lo expulsará del Palacio de Miraflores, se producirá el año próximo y permitirá a otra figura del "socialismo bolivariano" completar el período, con los mismos vicios que, a esta altura, se han transformado en un verdadero genocidio de la población venezolana, sumida en la más irracional violencia, el hambre y la insalubridad.

El incomparable Rafael Correa ha debido abandonar su pretensión de perpetuarse en la Presidencia de Ecuador y, ahora, lo han comenzado a acosar denuncias de corrupción que, como sucedió en el escándalo que tanto afectó a Dilma Rousseff, a punto tal que fue depuesta, se originan en la empresa estatal de petróleo. Y otro tanto les pasa a los restantes colegas que, en esta América del Sur tan especial, han encarnado gobiernos populistas; me refiero a Evo Morales, en Bolivia, y a Michelle Bachelet, en Chile.

En el caso de la mandataria trasandina, que terminó su primer mandato con una gigantesca imagen positiva, al regresar a La Moneda inexplicablemente dedicó todos sus esfuerzos a destruir el más exitoso proceso económico de la región, que había llevado a su país a un desarrollo sin igual.

En Brasil, el PT, tan erosionado por la corrupción, sufrió la peor derrota de su historia en las elecciones municipales del domingo pasado. En San Pablo, la mayor ciudad de la región, el candidato de PSDB -el partido de Fernando Henrique Cardoso- João Doria, no necesitó esperar a la segunda vuelta para expulsar del cargo al ahijado de Lula, Fernando Haddad. Y ese fue sólo el caso más notorio, ya que el huracán impactó en todo el país y de nada sirvió la presencia permanente del fundador de la sigla, que recorrió toda la geografía nacional tratando de impedir el inevitable resultado. Tampoco allí los votos que fugaron fueron a los otros partidos de izquierda (PSB, PDT, PSOL, PSTU, PCdoB); según la prestigiosa revista Veja, con el resultado de estas elecciones, las formaciones de derecha -PSDB, PMDB, PSD, PP, PR, DEM- conquistaron el 78% de los cargos.

La somera descripción de lo sucedido últimamente confirma, como dije, que los vientos huracanados desatados por el fracaso de las políticas populistas están arrasando con todos los regímenes de ese signo de la región, que tanto daño han causado a nuestros países. Eso augura un futuro prometedor, con desarrollo sustentable, con libertad de comercio, con mejor educación y salud, con infraestructura adecuada, con más competitividad, con empleos más calificados, con más inversiones, es decir, con mayor bienestar general.


Bs.As., 15 Oct 16


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sábado, 8 de octubre de 2016

Ideas para la Caldera del Diablo de cada día



Ideas para la Caldera del Diablo de cada día

"Lo siniestro es la irrupción del horror en lo cotidiano". Sigmund Freud

La sociedad parece haber dejado atrás la preocupación por los problemas de la economía para privilegiar la inseguridad, esa que todos los días cubre de sangre las páginas de los diarios y las pantallas de los televisores, ligada estrechamente al incremento geométrico del narcotráfico durante la larga noche kirchnerista. Como sucede en muchos otros campos de la información, llama más la atención lo que sucede en nuestro inmediato ámbito geográfico -el Conurbano, Rosario, etc.-, algo comprensible si la propia Gobernadora bonaerense ha debido mudar su domicilio a una base militar, que en el interior del país, donde también la inseguridad y la droga están presentes y producen graves daños en el tejido social.

Por eso resulta necesario establecer dos escenarios, diferenciados por el tamaño de la concentración humana. Porque una cosa es combatir esa plaga en las grandes ciudades y otra, muy diferente, es hacerlo en las pequeñas poblaciones en las que, como es sabido, todo el mundo se conoce y donde el delito adquiere otras formas adicionales, como el abigeato. Voy a comenzar por éstas y, para ello, me he puesto a pensar en algunas recetas que han sido probadas, con éxito, en otras latitudes.

La ciudadanía, unánimemente, vincula la inseguridad a la corrupción policial y su necesaria complicidad con el delito, y a la ineficiencia y el "garantismo" judicial, que privilegia el amparo al delincuente sobre su víctima. Entonces, ¿por qué no mirar alrededor e imitar fórmulas eficaces para solucionar gradualmente el problema?

Los gobernadores deben enviar a sus respectivas legislaturas sendos proyectos de ley para reformar todo el sistema judicial y policial en el interior de sus provincias y, una vez probado el éxito de las iniciativas, progresivamente acercarlas a las ciudades de mayores dimensiones. Básicamente, se trata de copiar el sistema que tantos beneficios han traído a los Estados Unidos con los "sheriffs", es decir, poner a cargo de las comisarías de pueblos y ciudades pequeñas a civiles, domiciliados en el mismo sitio y elegidos por el voto popular cada cuatro años. Las ventajas que adoptar esta idea traerían aparejadas son obvias, porque el control sobre la eficiencia de la actividad y la licitud del patrimonio del funcionario serían controladas por sus propios vecinos.

Lo mismo habría que hacer con los fiscales y los jueces de pequeñas causas, también electos por iguales períodos entre sus mismos conciudadanos, ya que sumaría al beneficio de la transparencia, la rápida descongestión de los juzgados de mayor cuantía, que hoy se ven impedidos de ejercer eficazmente su actividad por la falta de medios adecuados, espacio físico y personal.

El otro aspecto, como dije, es la seguridad y la lucha contra el delito en las grandes concentraciones humanas de todo el país. Para entender mi propuesta, que seguramente encontrará resistencias principistas, es necesario reconocer que estamos, literalmente, en guerra; hemos sido llevados a ella por la lucha entre los diferentes carteles para hacerse de territorios de producción y consumo y rutas para importar y exportar drogas, sean de origen natural o sintético. Y es una guerra en la cual llevamos las de perder, porque esas organizaciones disponen de cantidades tan siderales de dinero que les resulta extremadamente fácil comprar voluntades en la política, en la Justicia y en la policía, amén de permitirles acceder al armamento y a los medios de transporte más sofisticados, obviamente muy superiores a los que disponen quienes se le oponen.

El Gobierno se encuentra ante una disyuntiva, la misma que acosó a sus homólogos de otras latitudes: dónde utilizar a las fuerzas de seguridad federales, ¿cumpliendo sus funciones específicas en las fronteras o masivamente enfrentando al delito en el territorio? Creo que la opción ha dejado de existir, ya que la corrupción e ineficacia de las policías locales se ha vuelto innegable y la sociedad así lo percibe; para evitar el riesgo de contaminación, resultará necesario rotar al personal, impidiendo su contacto permanente con los narcotraficantes locales.

Claro que eso significa desguarnecer los lugares por donde la droga y el terrorismo -no lo olvidemos, ya que sigue plenamente vigente- ingresan al país. Como se ve hoy en numerosísimas países, es necesario desplegar en las fronteras terrestres, aéreas, fluviales y marítimas a las fuerzas armadas, con todo su potencial y con los equipos tecnológicos necesarios para encarar ese desparejo combate. Por supuesto, antes habría que dotarlas de las leyes indispensables, tanto para permitirles actuar con eficacia cuanto para garantizarles que no serán luego perseguidos por cumplir sus obligaciones, como sucedió con aquéllos a quienes la democracia convocó a defenderla y luego fueron encarcelados por hacerlo, juzgados y condenados por los mismos terroristas a quienes habían vencido militarmente.

Ya que construir prisiones de alta seguridad, adecuadas para alojar a narcotraficantes, violadores, corruptos y asesinos, resulta hoy una utopía presupuestaria, el Gobierno debe convocar a una licitación nacional e internacional para que empresas privadas se hagan cargo de hacerlo y de administrar la "hotelería", reservando a las fuerzas penitenciarias -también rotándolas con frecuencia- exclusivamente la seguridad. Naturalmente, habría que ubicar estas cárceles en zonas alejadas y de difícil acceso -por ejemplo, la Patagonia central- e impedir, seriamente, la utilización de medios de comunicación por parte de los internos, para evitar que éstos continúen gerenciando desde ellas sus negocios ilícitos. Seré criticado porque impediría la cercanía entre los detenidos y sus familias, pero creo que no debemos privilegiar ese presunto derecho a la tranquilidad de la sociedad entera, perdida por el accionar de los delincuentes.

Insisto en que el Consejo de la Magistratura debe ponerse las botas, "desratizar" la Justicia (Fiscal Germán Moldes dixit) y controlar de cerca a los jueces, para evitar que continúen ejerciendo su ministerio quienes lo han utilizado para sostener cualquier proyecto político y garantizar la impunidad de los corruptos o quienes se encuentren sospechados de connivencia con el delito; una vez desplazada la penosa Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, idéntico procedimiento deberá aplicarse a los fiscales.

Aplaudo el proyecto de reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, que impedirá el funcionamiento de la puerta giratoria que tanto ha beneficiado a los delincuentes, en especial durante la era Zaffaroni. Pero coincido con las críticas que se le formulan, ya que su aplicación no podrá ser inmediata, precisamente por aquellas dificultades que señalara la Dra. Servini y muchos de los fiscales.

Para terminar, todos, todos debemos exigir a nuestros representantes que se sienten a la mesa de discusión de una buena vez, y establezcan políticas de estado respecto al tema de la inseguridad porque, como hemos visto en Colombia y México, si no lo hacemos la guerra será prolongada y, sobre todo, enormemente costosa en vidas humanas.


Bs.As., 8 Oct 16

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