¡Qué
números raros!
"A nuestros oponentes políticos les ofrezco un trato: Si
ellos dejan de mentir sobre nosotros, yo dejaré de decir la verdad sobre
ellos". Adlai Stevenson
Si usted cree que debemos vivir en un estado de derecho y
tal como hice la semana pasada, le ruego que copie este
link (http://tinyurl.com/haftfpc), lo pegue en su navegador y, si está de acuerdo con la petición, la
firme y difunda.
No voy a hablar hoy de
las consecuencias de la victoria de Donald Trump el martes, una rareza, ya que lo
votaron menos ciudadanos que a su contrincante. Las especulaciones sobre el
futuro de los Estados Unidos y del mundo han poblado las pantallas y las
páginas de todo el globo, y habrá tiempo para hacerlo cuando anuncie su
gabinete. Tampoco hablaré aquí de otro número inexplicable: los US$ 65 millones
que, en Estados Unidos, dejó a sus deudos Daniel Muñoz, secretario privado de don
Néstor (q.e.p.d.).
La semana contuvo un hecho
realmente importante que, en medio de la vorágine, pasó bastante desapercibido:
la divulgación, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de una
estadística confeccionada durante la "gestión" de Cristina Elizabet
Fernández, que estableció en 6348 el número de desaparecidos entre 1976 y 1983.
Cuando se conoció el dato, Estela de Carloto bramó de indignación: "En vez de investigar cuántos son, lo
importante es encontrarlos"; raro, porque no explicó cómo buscar a los
demás si ni siquiera sabe quiénes serían.
La relevancia del número
es enorme, toda vez que termina en forma definitiva con el invento de los "30.000",
que tuvo dos fines concretos: la instalación del concepto de genocidio para
construir la venganza y, sobre todo, habilitar la recolección de fondos
internacionales, organizada por los mismos terroristas para financiar campañas
y lujos. Hasta ahora, no bastaba para desmentirlo ni siquiera la imposibilidad
de completar los nombres en todas esas chapitas que Kirchner colocara en el
Parque de la Memoria pese a que, para intentarlo, se incluyeron a los muertos
desde 1955, a quienes cayeron al intentar asaltar instalaciones militares, a
quienes se suicidaron ingiriendo cianuro y a los guerrilleros asesinados por
sus propias organizaciones.
Es que, si se deja de
hablar de genocidio -y la verdadera cifra revelada obliga a ello- se cae la teórica
imprescriptibilidad en todos los amañados procesos que permitieron que, aún
hoy, cuando ya ha pasado un año del desalojo del kirchnerismo del poder, casi
dos mil ancianos continúen presos, privados de todos los derechos de los que
gozamos, por imperio de la Constitución, el resto de los argentinos:
irretroactividad de la ley penal, principio de inocencia, legalidad del
proceso, jueces naturales, límite máximo de la prisión preventiva, 2x1 y
prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Y todo eso mientras los
corruptos de toda laya se ríen a carcajadas, se pasean en libertad y exhiben
impúdicamente sus mal habidas fortunas.
El otro episodio fue la
exacerbada polémica desatada por las declaraciones de Miguel Pichetto en favor
de una política inmigratoria racional. El Senador fue imprudente, pero no por
el contenido de sus dichos -con los cuales, adelanto, coincido- sino por
haberlo hecho en un programa periodístico porque los tiempos de aire son limitados
y no permiten dar acabada razón de los mismos. Esa imposibilidad de explicarse habilitó
a que un sinnúmero de imbéciles y malintencionados se rasgaran rápidamente las
vestiduras y lo acusaran de xenófobo y racista, pese a lo justificado de sus
afirmaciones.
La Argentina es el
único país que conozco que carece de política inmigratoria, a punto tal que no
exige nada a quienes arriban a su territorio: carencia de antecedentes penales,
demostración de la capacidad de sustentarse o de vinculaciones que la
reemplacen, o aptitudes laborales; además, al poco tiempo obtienen documentos nacionales
de identidad. No funcionan así países como Bolivia, Venezuela, Cuba, China, Rusia,
Irán, etc., cualquiera sea la orientación, o la falta de ella, del régimen que
los gobierna.
Nuestra nación se formó
con los inmensas oleadas inmigratorias de fines del siglo XIX y la primera
mitad del XX, provenientes de tantas latitudes diferentes que, al fusionarse,
nos dieron estas características tan originales de nuestra sociedad. Y debemos
continuar con esta tradición, recogida por el preámbulo de la Constitución, de
brazos abiertos; pero recordemos que en él se habla de los hombres de
"buena voluntad" que quieran habitar nuestro suelo. Ese requisito es
esencial y, en esa categoría, obviamente, no entran los delincuentes, los
narcotraficantes, los terroristas ni, en general, aquéllos que no están
dispuestos a trabajar y, sobre todo, a adaptarse e integrarse a la comunidad; como
muestra de cuanto digo, basta recordar que los extranjeros representan el 20%
de nuestra población carcelaria.
Pero, pese a que aún
aparecemos como un foco de atracción para muchos latinoamericanos, debemos reconocer
que, más allá de la potencial riqueza de nuestros recursos naturales, somos un
país pobre; tanto que nada menos que un tercio de nosotros vive por debajo de
la línea que permite hacerlo con dignidad, carece de agua corriente, de
cloacas, de gas y electricidad, de educación y de establecimientos sanitarios
aptos, cuando no está directamente desnutrido.
Entonces, y como la caridad
empieza por casa, debemos destinar, prioritariamente, nuestros esfuerzos en
materia presupuestaria a la atención de las necesidades de nuestros ciudadanos,
sin por ello dejar de brindar ayuda humanitaria a extranjeros que lo necesiten.
Resulta de todo punto de vista ilegítimo que quienes aquí residen -y pagan sus
tributos al fisco, que sostiene el sistema público de salud- deban esperar, a
veces por meses, para recibir atención en los hospitales, mientras los turnos
son ocupados por "turistas" que, en la práctica, realizan curiosos
"tours de salud" para operarse gratuitamente dentro de nuestras
fronteras.
Estamos, en este
momento, soportando una presión impositiva que es record mundial y, producto de
la crisis heredada (e idiotamente no explicada en detalle), los recursos no
alcanzan para tantas necesidades sociales; pensemos entonces, por ejemplo, que todos
quienes llegan a un hospital hoy, reciben gratuitamente hasta las prótesis, sin
pedirles absolutamente nada.
Entonces, ¿por qué ser
tan generosos con habitantes de otros países que no asumen su responsabilidad frente
a ellos, pero les cobran sus propias gabelas? Para solucionar este intríngulis
y, a la vez, compartir el esfuerzo, nuestra Cancillería debería firmar acuerdos
recíprocos con todas las naciones de la región, para que cada una, mediante el
depósito previo de las sumas necesarias, se hiciera cargo del costo de los
tratamientos y prácticas quirúrgicas de sus ciudadanos, cuando éstos fueran
atendidos en otro país. Y lo mismo debería aplicarse a la educación superior, aquí
también colapsada.
Bs.As., 12 Nov 16
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