El asco superador

El asco superador

"Veo un pueblo indolente y dormido que abdica sus derechos, olvida sus tradiciones, sus deberes, y su porvenir. Lo que debe a la honra de sus progenitores y al bien de la prosperidad, a su estirpe, a su familia, a sí mismos y a Dios. Con instituciones que amenazan desmoronarse carcomidas por la corrupción y los vicios". José Manuel Estrada.

Hubo dos hechos a comienzos de la semana que, en cierto modo, pasaron desapercibidos para el gran público, pero revisten singular importancia por cuanto confirman que nada ha cambiado respecto a la visión que, sobre la tragedia de la guerra que sacudió al país en los 70’s, tienen los poderes públicos de la Argentina.

El primero, si no fuera trágico, alcanzaría las cumbres más altas del ridículo. Me refiero a la promulgación, por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, de la ley que obliga a publicar, en todos los documentos oficiales, la cifra de 30.000 desaparecidos; ese disparate normativo se concretó aún a sabiendas (ha sido reiteradamente confesado por los inventores del número mágico) de que se trató de un creación literaria destinada a la pretensión de calificar como “genocidio” lo sucedido y, especialmente, a conmover los bolsillos de las organizaciones europeas de derechos humanos, siempre tan generosas con el terrorismo.

La consagración de ese falso dogma interpela a la sociedad entera, puesto que se trata de la primera vez en que una clara falsificación, por obra y gracia de legisladores de todos los colores –sólo uno votó en contra- se transforma en verdad revelada; María Eugenia Vidal se transformó en cómplice del absurdo dislate y se arrogó el derecho de hablar ex–catedra. ¡Menuda competencia le apareció a S.S. Francisco en su propia tierra!

El segundo hecho que clama al cielo fue la sentencia de la Sala IV (Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani) de la Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más alto del país, que rechazó la concesión de la prisión domiciliaria a Jaime Smart, luego del desconocimiento de su anterior resolución, que la había otorgado, por la Cámara Federal de La Plata. Ésta, para insistir en su posición de rechazo, sostuvo que ese beneficio legal no era aplicable porque el detenido podía fugarse, amén de poner en peligro la investigación de los hechos.

“Jimmy” Smart tiene 81 años de edad y las imputaciones que le formularon se refieren a acontecimientos ocurridos hace cuarenta años. Es decir, un preso que siempre estuvo a disposición de la Justicia y cuya edad excede en mucho la establecida por la ley (70) para acceder al beneficio, ahora –según los asesinos togados- estaría presuntamente dispuesto a convertirse en rebelde, abandonar a su familia y escapar de la acción del Estado. Por lo demás, ¿cómo podría poner en riesgo las pruebas de la investigación, si se trata de hechos acontecidos hace cuatro décadas?

Que esa extraña presunción, o mera excusa para la venganza, se conozca en la misma semana en que la Diputada Lilita Carrió haya acusado a todo el arco político –incluidos sus aliados del Gobierno- de proteger a su colega Julio de Vido, el epítome de la corrupción kirchnerista, convierte lo sucedido en aún más llamativo e irritante. Resulta razonable que haya muchos empresarios preocupados por la posibilidad de la detención del zar de la obra pública de la década en que nos convertimos en silentes esclavos: como se ve en Brasil, el color político no es lo importante; en el mismo lodo, todos se revolcaron.

La sociedad entera reclama a gritos, todos los días, que los jueces actúen de una buena vez contra los saqueadores que, a fuerza de chupar la sangre del país durante doce años, han dejado a la Argentina exangüe. Estos delincuentes, encabezados por la jefa y organizadora de la asociación ilícita que se hizo con el poder en 2003, han alterado reiterada y probadamente las pruebas de los hechos investigados, y las imputaciones que los afectan se refieren a delitos no excarcelables; sin embargo, gozan no de detención domiciliaria sino de total libertad, hasta para trasladarse al extranjero, y alegremente se pasean por las calles, cuando no siguen ocupando altos cargos en alguno de los poderes del Estado.

Desde las bancas parlamentarias, ellos mismos impiden sistemáticamente la sanción de leyes indispensables para la lucha contra la corrupción como, por ejemplo, la de responsabilidad empresarial, la de extinción de dominio sobre los bienes mal habidos o las que, como ocurre en Brasil, permiten lo que allí se llama “delación premiada”; nótese que esta última ha llevado tras las rejas a decenas de senadores, diputados, ministros, gobernadores, funcionarios y grandes empresarios, y que se hayan devuelto miles de millones de reales a las arcas del Estado.

Hace años que sabemos cómo duermen los expedientes “sensibles” para el poder de turno en los tribunales. Entonces, lo que todos debemos preguntarnos es si estamos dispuestos a ser juzgados, con el gigantesco riesgo que ello implica para nuestra libertad y nuestro patrimonio, por magistrados tan ignorantes, tan cobardes o tan corruptos como para verse impedidos (o ser “convencidos”) de resolver con arreglo a la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los códigos y las leyes, sólo para proteger, por acción u omisión, intereses bastardos.

Tengo muchos años de ejercicio profesional, a punto tal que el Colegio de Abogados me ha ¿elevado? a la categoría de “matriculado emérito”. Gracias a Dios, ya sólo llevo un único juicio, que será el último. Porque, cuando era joven y estaba en la facultad, aprendí que, para que la sociedad sea realmente libre, todos debemos ser esclavos de la ley. Lo que veo hoy, tanto en la calle como en los juzgados, me produce un asco tan profundo que, a veces, hasta me impide respirar.

Por eso, porque aquí funciona –protegida por leyes inicuas- la norma mafiosa de la omertá, que por tanto tiempo permitió a las numerosas organizaciones mafiosas italianas conservar sus negocios ilícitos y su poder, y porque los magistrados y fiscales federales, amén de gozar de fortunas inexplicables, también tienen muchos muertos en sus placares y están a tiro de “carpetazos”, la Argentina tiene un destino de decadencia e insignificancia en el concierto mundial.

Sólo conseguirá evadirlo si logra hacerse de una Justicia independiente, seria y rápida, y en ese monumental esfuerzo deberíamos comprometer nuestro accionar todos los ciudadanos, cualquiera sea nuestro signo político.

En los próximos días, y como un buena muestra de cómo se protegen los intereses de la sociedad, sabremos qué actitud adopta el Consejo de la Magistratura frente al Juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal Eduardo Freiler a quien, como sucede con los mismos Kirchner y tantos cómplices, su enriquecimiento es tan escandaloso que impide que le cierren los números que él mismo declara sobre su patrimonio; si lo salva, como hiciera tantas veces con Oyarbide, el organismo se habrá cubierto de oprobio una vez más, y los ciudadanos de a pie sabremos que la Argentina ya no tiene futuro alguno.

Bs.As., 27 May 17

El mismo grito

El mismo grito

“La discreción tiene una importancia crucial para proteger el principal electorado de los gobiernos implicados: el sector empresarial”.    Noam Chomsky

El lunes comenzará en la Argentina una nueva Semana de Mayo; la mitología atribuye a los pocos presentes en la Plaza homónima, mientras se reunía el Cabildo porteño, la autoría del grito “el pueblo quiere saber de qué se trata”. Más de dos siglos después, el reclamo recorre a toda América.

En los Estados Unidos, a cinco meses de la asunción de Donald Trump a la primera magistratura del país más poderoso del mundo, y después del intempestivo despido del Director del FBI, cabeza de una investigación sobre los contactos de miembros del círculo íntimo del Presidente con los jerarcas rusos, ya sospechados de interferir en la campaña demócrata, la tormenta estalló y el famoso grito se repite: existen serios indicios por eventuales divulgaciones de informaciones suministradas por los servicios secretos de Israel, su tradicional aliado en Medio Oriente, al Canciller y al Embajador de Rusia, un país que apoya al régimen sirio, y hasta socio de Irán.

Ayer mismo, Trump inició un prolongado viaje por varias naciones de Medio Oriente y Europa y, dadas las excéntricas maneras que gasta el Presidente, nadie sabe en qué redundará el periplo. Pero, en cambio, entre los propios legisladores republicanos han surgido divisiones que podrían poner en jaque la permanencia del magnate en la Casa Blanca. Recuerdo que el año pasado, un profesor –su nombre se me escapa- de una de las más prestigiosas universidades norteamericanas, se hizo famoso por haber predicho con exactitud el resultado de las elecciones presidenciales en su país durante los últimos treinta y dos años; ese mismo docente, cuyo método de predicción fue publicado en un exitoso libro, afirmó que Trump no terminaría su mandato, ya que sería expulsado mediante un impeachment.

Ese fue el camino que siguió el Congreso brasileño, con el respaldo del Supremo Tribunal Federal, para eyectar del Palácio do Planalto a Dilma Rousseff, acusada de “maquillar” las cuentas públicas, y entronizar en su lugar al Vicepresidente, Michel Temer. Éste aún cuenta con respaldo parlamentario debido al pánico de la clase política por el fuerte reclamo popular, pero parece estar a sólo semanas de verse obligado a dejar el cargo, y las consecuencias, como sucedería en los Estados Unidos, son imprevisibles. Mientras tanto, las sanas leyes económicas ya sancionadas y algunas otras en trámite, que habían permitido a Brasil comenzar a salir de la peor recesión de su historia, han entrado nuevamente en controversia y ello podría traer aparejada una nueva recaída.

Pero el grito de la calle, traducido en el reclamo de “¡que se vayan todos!” y expresado en manifestaciones callejeras en las grandes ciudades del país, ha tomado nuevamente impulso por obra y gracia de las revelaciones sobre la enorme corrupción que afecta a todo el espectro político y empresarial de la séptima potencia mundial. En la medida en que la Constitución otorga al Congreso la potestad de elegir a quien debería concluir el actual período, si Temer fuera expulsado, y el abanico de candidatos aceptables es muy reducido, el futuro inmediato de nuestro vecino y socio esencial resulta totalmente incierto.

No es menor el hecho de que el personaje público con mayor respaldo popular sea el Juez Sérgio Moro, un magistrado federal con sede en Curitiba, a cargo de los procesos conocidos como Lava-jato y Petrolão, que actúa, bajo supervisión del Supremo Tribunal, con un equipo de fiscales dispuestos a cargarse a quien sea. Y es que en Brasil también, el pueblo quiere saber de qué se trata en materia de corrupción y está dispuesto a pagar el elevado precio que significará terminar con ella de raíz.

Un solo apunte curioso: también allí el político más manchado por acusaciones de haberse quedado con dinero público –Luiz Inácio Lula da Silva- aún cuenta con un 30% de intención de voto. ¿Le suena conocido? Evidentemente, el populismo sabe hacer las cosas para mantener cautivo a su electorado.

En Chile, un país con elevados estándares de transparencia y ética pública, la Coalición gobernante ha implosionado por la defección de la Democracia Cristiana, tal vez debida al decaimiento de la economía y a los hechos de corrupción que afectan a la familia de la Presidente Michelle Bachelet. Esa división, que impedirá la presencia de un único candidato de centro izquierda en las próximas elecciones, convierte a Sebastián Piñera en el más probable próximo inquilino del Palacio de La Moneda.

En Venezuela, el pueblo sale a la calle todos los días a gritar y, con un asombroso coraje, enfrentar la durísima represión –que incluye ya más de cuarenta asesinatos a mansalva y miles de detenidos- de la tiranía de Nicolás Maduro, que ha convertido a un país enormemente rico en un caos de miseria y hambre, mientras saquea sin tasa ni piedad las arcas públicas y se enriquece con el narcotráfico. Cuba es la gran responsable –como lo fue en la Argentina de los 70’s- de lo que allí sucede, y no es para menos porque la supervivencia de la gerontocracia de Raúl Castro depende, exclusivamente, del cordón umbilical que la une al socialismo bolivariano, a través del cual llega a la isla el petróleo regalado, y por ello lo apoya con armas, soldados e inteligencia interna.

Y, en Argentina, me parece que es la sociedad entera quien grita, mirando a Comodoro Py, que quiere saber de qué se trata; aquí, la obvia comparación con lo que sucede en Brasil, resulta pasmosa y avergüenza. Que quienes se convirtieron en los máximos artífices del desastre en que vivimos por sólo afán de lucro personal sigan paseándose contentos y despreocupados entre nosotros nos produce desconcierto e indignación. Hay demasiados muertos en tragedias evitables –trenes y rutas inexistentes- y demasiada miseria como para que pueda resultar indiferente tamaña impunidad. Estoy comenzando a dudar de una antigua afirmación mía –“los jueces federales tienen mejor olfato que los más reputados perfumistas”- ya que, a esta altura, hubieran debido percibir que un regreso de Cristina Kirchner al poder resulta de todo punto de vista imposible.   

Porque el peronismo todo grita que quiere saber de qué se trata. La permanencia de tanto tránsfuga en el escenario partidario, cambiando de sector y de fidelidad a cada rato, lo ha sumido en un profundo estupor, y los esfuerzos por una imposible unidad que realizan sus obsecuentes pequeños líderes se estrellan contra la presencia de permanente de los más repudiados, como Luis D’Elía, Gabriel Mariotto, Martín Sabbatella o Amado Boudou. Por lo demás, la indiscutida líder de ese “espacio”, que continúa siendo la dueña del látigo y de la lapicera, no hace más que contribuir a la dispersión, en una conocida película que ya hemos visto mil veces y lleva por título “sálvese quien pueda”, con los intendentes como actores principales.

El jueves próximo podremos celebrar que, después de doscientos siete años desde aquél 25 de mayo fundacional y pese a nuestros ingentes esfuerzos suicidas, aún la Argentina sobreviva. No es poco, pero tratemos de no terminar nuestra insana e inexplicable autodestrucción como país. Mientras tanto, también nosotros gritemos: ¡Viva la Patria!

Bs.As., 20 May 17

Receta Caníbal

Receta Caníbal

"Mientras en la calle imperan el caos, el olvido, la prisa, la guerra contra el pasado y, sobre todo, está esa gente ilusionada con un cambio, desbordada de júbilo, diría que hasta muy contenta con lo que confían recibir por su fervorosa credulidad, sin pensar que pronto les llegarán las exigencias terribles de la fe que ahora profesan".                                                    Leonardo Padura

La Argentina política decidió esta semana castigar a los presuntos caníbales comiéndoselos. Confirmó así su siniestra selección de un grupo de dos mil ancianos para que asuman la culpa general de toda sociedad por haber apoyado la revolución militar de 1976 y así lograr el perdón.

Para preparar el adefesio que cocinó por unanimidad –salvo la honrosa y valiente actitud del Diputado Alfredo Olmedo- el ¿Honorable? Congreso de la Nación utilizó varios ingredientes, todos en descomposición, lo cual facilitó la cocción: la Constitución Nacional, el Código Penal, el Tratado de Roma, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

Estoy hablando, claro, de la ley que prohibió la aplicación del famoso “2x1” que había utilizado la Corte Suprema de Justicia para declarar cumplida la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad, un fallo que motivó la inmediata reacción de la izquierda, de los pseudo organismos de derechos humanos y del kirchnerismo (probando todos una vez más lo selectivo de su memoria), de los partidos políticos y hasta del Gobierno.

El Tribunal supremo, por una mayoría constituida por sus verdaderos juristas, falló conforme a derecho y, aún en contra de la posición personal y moral de cada uno, lo único que hizo fue aplicar el principio vigente en todas las legislaciones, que impone utilizar siempre la ley más benigna en el juzgamiento y la graduación de la pena de todo y cualquier delito.

Ese principio está consagrado en todas las normas, locales e internacionales, que he mencionado y hasta el ex Juez Eugenio Zaffaroni (de allí la desmemoria, ya que sus votos fueron calcados a lo ahora resuelto por la mayoría de la Corte) lo había respetado en sus fallos. Pero ello no fue óbice para que todos salieran corriendo a criticar a Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y hasta llegaron al extremo disparate de denunciarlos penalmente por prevaricato, es decir, por resolver teóricamente en contra de las pruebas de la causa.

Con la sanción de este espantajo, se viola nuevamente otro principio básico de toda la estructura jurídico-penal de Occidente: la irretroactividad de la ley. Porque, cuando otro caso de lesa humanidad llegue a la Corte, los legisladores pretenden que el “2x1” no sea aplicado siquiera a las causas en trámite, es decir, que esta delirante norma recién promulgada impida la concesión de ese beneficio a quienes ya lo tenían.

Pero no debe asombrarnos, porque también se lo hizo cuando, en nombre de una “política de Estado” ¡convenida! entre los tres poderes (el Presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, lo reafirmó así en su voto) se aplicó –y muy tuertamente, por cierto- el concepto de “genocidio”, descripto por el Tratado de Roma, al cual adhirió la Argentina en 1994, a delitos así calificados y presuntamente cometidos veinte años antes.

Como dijo nuestra “abogada exitosa” esta semana en Bruselas, “todo tiene que ver con todo” y, precisamente para imponer el concepto de “genocidio”, fue que el terrorismo inventó el dogma de los 30.000 desaparecidos, amén de lucrar innoblemente con las indemnizaciones.

Debemos recordar que, cuando nuestros insanos legisladores sancionaron esta absurda ley, dijeron haberlo hecho ante la presión del clamor popular; o sea, invocando a la teórica opinión de la sociedad, nunca verificada, se modificó retroactivamente nuestra Constitución Nacional. Eso fue, claramente, lo que hicieron Hitler, Mussolini y Stalin para cambiar el mundo, ¡y así le fue a la humanidad!.

Y no se trata de una mera exageración literaria. Basta preguntarse qué diferencia, en los hechos, a nuestro Congreso del tirano Nicolás Maduro; ambos dicen representar a mayorías, a las cuales no se atreven siquiera consultar, para cambiar las reglas de juego de la democracia. La permanente violación a la ley, que los argentinos y venezolanos sufrimos diariamente, nos acerca cada vez más a las horas más oscuras de la historia, devolviéndonos a la selva en la que impera el más fuerte.

Este tristísimo episodio volverá a costar a la Argentina mucho más que los transitorios beneficios de venganza que obtendrán sus aplaudidores porque, como es notorio, convierte en innegable la enorme inseguridad jurídica que campea por estas latitudes, en todos los terrenos, de la mano de una justicia venal, rastrera y corrupta. Con esos elementos en la imagen que ofrecemos al mundo, ¿cómo van a venir las inversiones que necesitamos tanto como el oxígeno?

Sólo el coraje cívico de los tres miembros de la Corte Suprema, si mantienen -como fue la eterna conducta del Dr. Carlos Fayt- su postura de apego irrestricto a la ley cuando lleguen a su conocimiento otros casos similares, podrá salvar a nuestro país de un nuevo abismo.

Tampoco será menor el costo que pagará Cambiemos por lo sucedido. Con excepción de Lilita Carrió, con su actitud imaginada como “políticamente correcta”, que lo llevó a ponerse de sombrero la división de poderes y a descalificar a la Corte, pretende evitar el ataque permanente del kirchnerismo y de la izquierda irracional y, en el camino, recoger algunos imposibles votos de esas procedencias; pero olvida que, desde el lado sensato de la sociedad, que se manifestó en las calles el 1° de abril, se mira con asco este irracional proceder y muchos ciudadanos pensarán seriamente antes de repetir su elección de 2015.

Pese a todo, no tengo dudas que el Gobierno se alzará con el triunfo en octubre de este año, pero el crédito deberá ser otorgado a la falta de opciones, ya que el peronismo no ha conseguido evolucionar y desprenderse de su factor más centrífugo, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras ésta siga pesando en la escena partidaria, no podrán surgir hombres y mujeres que representen una nueva forma de hacer política y ejercerla con probidad y honestidad. La “noble viuda” obliga a los cobardes dirigentes del PJ a arrastrarse en su estela; y aún los pocos honestos de éstos que todavía existen se van así sumergiendo en la fétida atmósfera de corrupción que la rodea y que no se atreven a denunciar por miedo a su venganza.

Es desolador el panorama que podemos ver a nuestro alrededor, pero está en nosotros mismos, con nuestro esfuerzo individual, revertirlo. Tenemos esa obligación, aún los mayores, frente a nuestros hijos y nietos, porque recibimos un país y lo hemos destruido, incumpliendo así nuestra principal obligación como administradores de algo que no era nuestro.

Bs.As., 13 May 17 

Justicia y canalladas

Justicia y canalladas

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. Albert Einstein

Obviamente, el título de esta nota se refiere, primero, al fallo de la Corte Suprema (https://tinyurl.com/kbumnvm) que el miércoles resolvió que correspondía aplicar el “2x1” (cada día de prisión preventiva se computa doble) a un procesado por delitos de lesa humanidad. Los ministros del máximo Tribunal Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti conformaron la mayoría que simplemente aplicó la ley, mientras Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se opusieron. ¡Una para el lado de la Justicia!

No habían pasado cinco minutos desde que el fallo fuera públicamente conocido cuando comenzó el coro habitual de los ex organismos de derechos humanos (ya confesadamente movimientos políticos kirchneristas) a repudiarla; que la Vicepresidente, Graciela Michetti, y el Ministro de Justicia, Germán Garavano, se sumaran a los críticos de la sentencia, y en términos de compleja gravedad frente a la tan declamada separación de poderes resultó, al menos, raro. Lo más notable fue la reacción de quienes apoyaron, siempre y sin reparos, las teorías penales garantistas de Eugenio Zaffaroni, que hicieron escuela y permitieron liberar a acusados de los más aberrantes delitos, que ahora se rasgan las vestiduras simplemente porque se pretende terminar con una arbitraria discriminación. Aquí nadie parece comprender que, aunque se trate eventualmente de culpables, no se combate a los caníbales comiéndoselos.

El voto de Lorenzetti confirmó su postura de años, durante los cuales sostuvo que la persecución a los militares que derrotaron a la subversión terrorista (armada y financiada por Cuba, Argelia, Libia, Vietnam y Rusia) era una política de Estado, consensuada por los tres poderes, por lo cual ese vengativo acoso estaba legitimado y resultaba funcional al poder de turno; nunca se le ocurrió juzgar conforme a derecho y con total independencia. ¿Está abriendo el paraguas –como hizo el propio Néstor, cuando dijo con cinismo “la zurda te da fueros”- frente a las concretadas denuncias de Lilita Carrió o ante lo que surge de su biografía, escrita por Natalia Aguiar, que se ha transformado en un best seller?

Recordemos que, para lograr ese fin, buscado por el kirchnerismo para  conquistar a la intencionada izquierda vernácula e internacional -el actual viaje a Europa de Cristina es una prueba de su éxito-, se violaron todas las leyes vigentes (legalidad, juez natural, irretroactividad, máximo de prisión preventiva, detención domiciliaria a los mayores de 70 años) en juicios fraguados mientras la sociedad entera, con su habitual actitud hipócrita y cobarde, olvidaba a los militares presos y amnistiaba a los asesinos, les pagaba sin control alguno pingües indemnizaciones y los enquistaba en el aparato estatal.

Lamentablemente, esa buena noticia, que hace regresar a la Argentina al imperio del derecho y de la igualdad ante la ley, fue empañada por un nuevo manotazo de venganza: un Juez de Mar del Plata, Santiago Inchausti, armó una causa por presuntos delitos de lesa humanidad y ordenó la captura de cuatro militares, entre ellos el Tte. Cnel. Emilio Nani, héroe de Malvinas y tal vez el más condecorado de la gesta por su valor en combate, que fue gravemente herido y perdió un ojo en la recuperación de los cuarteles del Regimiento N° 3 “Gral. Belgrano”, en La Tablada. Esa acción guerrillera, que protagonizó el MTP (continuador del ERP), conducido por Enrique Gorriarán Merlo, se desarrolló en enero de 1989, en la presidencia de Raúl Alfonsín, un gobierno obviamente democrático y. amén de multitud de heridos, costó la vida a muchos militares y policías.

Nani actuó hoy como hubieran debido hacerlo siempre los jefes de todas las armas cuando esta infamia persecución comenzó; es decir, cuando  Néstor Kirchner, arropado en las banderas revolucionarias que siempre había repudiado, obtuvo del genuflexo Congreso la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final que, sabiamente, la democracia había sancionado como camino hacia la pacificación. O sea, haciendo honor a la jerarquía, indispensable en cualquier fuerza armada, y al ver que habían detenido a oficiales más jóvenes que él por la misma causa, viajó a Mar del Plata, se puso a disposición del Juez y fue enviado a la cárcel. ¡Así paga esta miserable y decadente Argentina a sus mejores hombres!

En el otro extremo de Sudamérica, mientras tanto, Nicolás Maduro sigue poniéndose de sombrero a todo su país, sumido en el caos, el hambre, la violencia, la falta de salud, la inflación espantosa. El estruendoso silencio de nuestros presuntos defensores de los derechos humanos frente a la salvaje represión, que ya contabiliza cuarenta muertos, decenas de opositores presos y la destrucción de la prensa libre, desnuda su inmunda hipocresía.

El nuevo engendro jurídico pergeñado por el tirano para conservar el poder omnímodo que aún ostenta fue la convocatoria a una original Asamblea constituyente para modificar la carta magna que su padrino, Hugo Chávez Frías, había impuesto a fines del siglo pasado. Pretende constituirla, al menos por la mitad, con partidarios elegidos a dedo. Pero todo eso no bastará, como lo demuestra cada día en la calle la movilizada sociedad, para compensar su descrédito, por muchas armas y activistas que le suministren los gerontes cubanos; es que, si el chavismo cayera, la isla verá cortarse el último cordón umbilical que le permite respirar, aunque sea miserablemente.

No hay dictadura en el mundo que haya podido sostenerse exclusivamente basada en las bayonetas, cuando sólo el 10% de la población la apoyaba. Pero sería muy importante, casi decisivo, que los Estados Unidos resolvieran, más allá de la correcta declamación política, interrumpir sus compras de petróleo venezolano, que hoy representan el 75% de las exportaciones del país. Si Maduro ni siquiera está dispuesto a permitir la instalación de un corredor humanitario –es más, ha confiscado las escasas medicinas que llegaron a su través- para ayudar a sus connacionales simplemente a sobrevivir, ¿por qué seguir alimentando su régimen, además vinculado al terrorismo colombiano y al narcotráfico, con esenciales divisas?

En el escenario latinoamericano, casi barrido de él el populismo que tanta miseria costó a sus pueblos, Argentina ha recuperado su prestigio y está dispuesta a asumir el liderazgo que Brasil dejara vacante por la enormidad de sus problemas internos. En este momento, la acompañan todos los países de la región –con la obvia exclusión de Uruguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que aún no han conseguido desprenderse de esa lacra, y varias naciones caribeñas, deudoras del chavismo, que intentó exportar el “socialismo del siglo XXI” mediante enormes exportaciones de petróleo a precios subsidiados- y la presión de sus vecinos regionales sobre Nicolás Maduro se está acentuando.

El gobierno bolivariano, ha quedado demostrado, prefiere la muerte de sus conciudadanos a ceder en sus pretensiones pseudo socialistas y en su capacidad depredatoria. Se ha conformado así un verdadero infierno, en el cual Venezuela muere cada día, mientras los chavistas rojo-rojillos bailan sobre un volcán en ebullición. Cómo concluirá esta monumental crisis, que tanto lastima la sensible y dolorida piel del continente, es la gran incógnita.

Bs.As., 6 May 17

Bifocalidad y Justicia

Bifocalidad y Justicia

"Un hombre común se maravilla ante las cosas poco corrientes; un hombre sabio se maravilla ante las cosas corrientes". Confucio

Si el pensador chino, que murió quinientos años antes de la era cristiana, hubiera llegado a conocer la Argentina, habría estado permanentemente maravillado porque aquí compartimos, desde siempre, una realidad virtual, en la cual nada de lo que vemos o hacemos es cierto, mientras ignoramos las normas elementales que permiten a los hombres vivir en comunidad. No me refiero a las leyes, de por sí bastante extrañas y contradictorias, sino al modo en que las aplicamos, según nuestro personal punto de vista, en general reñido con el de la sociedad en su conjunto; y, en la duda, optamos siempre por el que más conviene a nuestro relato, individual o colectivo.

Para ejemplificar a qué me refiero, basta con pensar que las normas establecen que quienes son procesados por delitos pueden permanecer en libertad mientas se sustancia el juicio y se llega a una sentencia firme, pero se niega dicho privilegio a aquéllos que, estando libres, pueden poner en riesgo la investigación, adulterar las pruebas o, simplemente, fugarse. Y los mismos criterios se aplican a los mayores de setenta años, aún con condena firme, respecto a la prisión domiciliaria; esto último se justifica especialmente porque ninguna sociedad civilizada combate a los supuestos caníbales comiéndoselos.

En estos días, los argentinos observamos con enorme perplejidad que dos jueces federales, los Dres. Ercolini y Bonadío, con el consentimiento de los respectivos fiscales que actúan ante sus juzgados, han concedido a Cristina E. Fernández y a su hija, Florencia Kirchner, autorización para realizar un paseo pseudo cultural por la vieja Europa, con el obvio propósito de exponer su inventada persecución política ante audiencias amenas y receptivas, como son los famosos izquierdistas “revolucionarios de escritorio”; si bien el segundo la otorgó bajo una caución real, el monto fijado resulta una nimiedad al comparárselo con las incalculables fortunas que la familia ha robado de las arcas públicas.

Creo que el asombro llega a Brasil, donde el proceso de limpieza contra la corrupción ha alcanzado cotas impensables en América Latina hasta hace muy poco, ya que muchísimos dirigentes políticos, gobernadores, senadores, diputados, empresarios, etc., se encuentran en la cárcel y a nadie se le ocurriría siquiera pedir algo así.

La viuda patagónica, recordemos, se encuentra procesada, entre otras cosas, por organizar y encabezar una asociación ilícita (un delito no excarcelable), fundada con el propósito de cometer una enorme multiplicidad de estropicios, de los cuales hemos sido víctimas todos y cada uno de los habitantes de este país, expoliado hasta la extenuación durante las sucesivas gestiones que compartió desde hace veinticinco años con su marido muerto; si como muestra basta un botón, allí tenemos a la Provincia de Santa Cruz, aunque ésta tenga una superficie comparable a la de varios países sumados y tenga bajo su suelo una riqueza saudí.

El choque entre este suceso y la realidad de las prisiones superpobladas de individuos detenidos sin sentencia firme por la comisión de delitos menores, como hurtos o arrebatos, ha producido una generalizada indignación, reflejada en las redes sociales y en las plataformas de peticiones públicas; y es razonable que así sea, toda vez que Cristina Kirchner y su entorno han demostrado hasta el hartazgo que están dispuestos a alterar las pruebas –como hicieron con los libros de las sociedades hoteleras involucradas- y entorpecer así cualquier investigación.

Esos hechos, ya probados, bastarían con enviar a la cárcel a cualquier pequeño comerciante, pero nuestros particulares jueces, que cuentan con narices más caras que las de los mejores perfumistas, son inmensamente tolerantes y permisivos ante quienes han ejercido, durante tantos años y con enorme fiereza, un poder omnímodo; no vaya a ser que, en una súbita recaída social, vuelvan al poder y quieran cobrarse las penas ahora aplicadas.

En otro orden de cosas, lo mismo parece suceder con aquellas personas que, como Hebe de Bonafini, son aún capaces de generar conflictos en la calle; aún tenemos fresco el recuerdo de cuando se negó a comparecer en Comodoro Py y el Juez aceptó interrogarla en la cocina de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Dr. Eduardo San Emeterio y quien esto escribe la denunciamos –y, con ella, a la locutora del acto y a los organismos de pseudo derechos humanos firmantes del documento allí leído- por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo pasado; a más de un mes de haberlas radicado, no hemos sido llamados todavía a ratificar las denuncias, primer paso de la causa penal.  

En el otro extremo de ese espectro se encuentran los casi dos mil presos militares, ancianos (el promedio de edad es 76 años), la mayoría sin condena firme y cumpliendo prisiones preventivas que exceden en lustros el máximo legal permitido (dos años, más uno debidamente justificado), que se siguen muriendo en las mazmorras estatales por falta de atención médica adecuada. Acusados por testigos que, cuarenta años después, dicen haber construido colectivamente la memoria y reconocerlos por la voz o por el olor, privados de todo derecho a un juicio justo y víctimas de procesos judiciales amañados, cuatrocientos ya fallecieron (cincuenta lo han hecho desde el 15 de diciembre de 2015) y, naturalmente, el ritmo se incrementará con el mero transcurso del tiempo.

Cuando, muy esporádicamente por cierto, algún tribunal federal les concede el beneficio de la prisión domiciliaria –ayer fue el caso de un preso de 87 años, gravemente enfermo- la mayor parte de las veces no se hace efectivo porque otro tribunal la niega, y la saga continúa. Es que, rápidamente, se alzan los infames pasquines y las radios y canales de televisión que multiplican la vocinglera gritería de esos mismos organismos de pseudo derechos humanos que rechazan la democracia como sistema de vida y piden, a voz en cuello, el derrocamiento del Gobierno.

Nadie se pregunta, tratándose de los “genocidas”, por qué se los mantiene en la cárcel, cuando no pueden alterar las pruebas del proceso ni corren riesgo de fuga. Es que a éstos, la sociedad los ha elegido como únicos receptores de la culpa general de haber llamado a las puertas de los cuarteles para parar el desmadre en que se había convertido el régimen peronista en 1974 y 1975, que amenazaba con despedazar el país.

Ya nadie recuerda –ni quiere hacerlo- cuántos civiles, en especial radicales, actuaron como funcionarios, ministros e intendentes del proceso militar, ni cuántos empresarios, obreros, comerciantes y estudiantes aplaudieron a rabiar a los generales golpistas. Es más cómodo transferir esa responsabilidad a unos pocos y lavar así los pecados colectivos, por más que, cuando la tragedia se produjo, esos pocos fueran extremadamente jóvenes y estuvieran en los grados más bajos del escalafón jerárquico; hasta el lamentable Gral. Milani entra en esta categoría, aunque deba permanecer en la cárcel hasta que sea condenado por ladrón.

Hace un año y medio, Mauricio Macri prometió terminar con lo que él mismo llamó el “curro” de los derechos humanos. Los argentinos, tan golpeados por la gigantesca crisis económica que nos dejó el kirchnerismo, necesitamos saber quién se llevó los más de US$ 2.500 millones en extrañísimas indemnizaciones, cuyos destinatarios el Gobierno aún se niega a revelar.

Argentina se está reinsertando en el mundo, y una prueba de ello será su próxima integración a las grandes mesas de discusión del comercio mundial, en especial en el área del Pacífico, así como la importancia que nuestro país está recuperando en la región, reconocida a través de los viajes presidenciales a China y la visita de grandes personalidades mundiales, como Angela Merkel. Evidentemente, mucho ha cambiado ya y, después de octubre, ese cambio se acelerará, cuando la esperable victoria electoral del Gobierno derrumbe la falsa prudencia de los inversores, sobre todo de nosotros mismos.

Pero debemos recordar que, para que esas esperanzas se transformen en realidades concretas, debemos tener una Justicia independiente, seria, confiable y rápida; con ella, todo será posible pero, sin ella, nada lo será.

Bs.As., 29 Abr 17

Pilas secas

Pilas secas

“Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás,
buscando un pecho fraterno para morir abrazao...”

Enrique Santos Discépolo

Esta columna también hubiera podido llamarse “La soledad de los perfectos”, y seguramente así sería si la hubiera escrito el “pelotudo” (Cristina dixit) de nuestro gran mayordomo, Oscar Parrilli, que no se puso colorado al afirmar que a Maduro no se lo critica por lo que hace mal sino por lo que hace bien. ¡Qué demostración de inteligencia y solidaridad!

Pero, en el fondo, es razonable que este rastrero personaje se comporte así, pues el régimen que fundara el extinto Hugo Chávez tiene muchos puntos en común con el que aquí protagonizaron los Kirchner y que, por esos milagros que a veces ocurren en la historia de los pueblos, fuera desalojado del poder en diciembre de 2015. El original colectivero caribeño encabeza una organización ilícita, sumamente torpe e ignorante, que ha esquilmado a su país hasta la extenuación, lo ha transformado en uno de los más violentos del mundo y lo ha llevado liderar por mucho los rankings de inflación mundiales, carece de estadísticas fiables y la prensa libre ha sido blanco de agresiones y clausuras, amén de haber destruido la industria del petróleo, mientras flota literalmente sobre un mar de oro negro.

Nicolás Maduro, al mejor estilo de sus ídolos, los gerontes cubanos, está dispuesto a someter a su país a un baño de sangre con tal de conservar el poder, que le da acceso a un latrocinio similar aún mayor que el nuestro y al monumental negocio del narcotráfico; dice mucho que su Vicepresidente sea Tarek El Aissami, procesado por ese delito en los Estados Unidos, donde sus bienes han sido embargados. Desde que comenzó abril, han muerto ya 21 venezolanos de manos de las milicias y paramilitares chavistas, que disparan indiscriminadamente contra las gigantescas manifestaciones opositoras que se suceden en todas las ciudades del país.

Para lograr permanecer, conserva el apoyo de los militares, pese a que éstos se encuentren divididos en tres facciones: los nacionalistas marxistas, los pro-cubanos y los traficantes de drogas; todos ellos tienen mucho que perder y sin duda lo defenderán hasta las últimas consecuencias. Pero, por la ignorancia en que intencionalmente los mantienen, también cuenta con el soporte -como aquí sucede aún en algunos sectores del Conurbano- de los más pobres, los habitantes de las gigantescas villas de emergencia que han ocupado Caracas y sus alrededores, que se encuentran en una situación alimentaria y sanitaria terminal.

La trágica situación de Venezuela, un verdadero genocidio por el hambre y la carencia de remedios que aflige a su población, marca el fin del prolongado cono de sombra en que el populismo corrupto y saqueador ha sumido a nuestro continente en este siglo. Ya cayó en Brasil, en Argentina y en Perú, parece consumirse en Bolivia y fue necesario un monumental fraude para perpetuarlo en Ecuador, mientras la mugre ha comenzado a mojar sus pies en los países considerados modélicos, como Chile y Uruguay.

La pregunta que todos nos hacemos es cuánto podrá durar este criminal “socialismo del siglo XXI”, que ya no encuentra timbre alguno que tocar, pues todos sus aliados –incluidos Irán y Rusia, por conveniencia- han dejado de atenderle el teléfono. Porque ese siniestro cocktail tiene una consecuencia inmediata para los analistas y politólogos: nadie puede predecir cuándo y, sobre todo, cómo terminará la crisis venezolana. Porque allí no bastará con que Maduro deje el trono y, por eso, tampoco resulta posible ofrecerle un puente de plata e impunidad para que huya, porque sus cómplices, y son muchos, no lo permitirían ya que quedarían sin cobertura ni refugio, sometidos a la justicia internacional que ya los busca.

Dio, francamente, vergüenza ajena que esta semana nuestro ex Honorable Congreso se viera impedido de emitir una simple declaración de condena al régimen de Maduro por la oposición del más recalcitrante kirchnerismo, que demostró una vez más cuánto le importan los verdaderos derechos humanos. Ya que el gobierno de Cambiemos ha demostrado poseer una enorme sensibilidad social, que lo ha llevado a repartir subsidios y prebendas a manos llenas, y a conservar en sus puestos públicos a tantos quintacolumnistas, sugiero que –por única vez- destine fondos para que los seguidores del Frente para la Qué?, Quebracho, MST y Polo Obrero emigren a Venezuela o Cuba, esos paraísos terrenales que tanto alaban en sus manifestaciones públicas mientras exhiben carteles y banderas con la imagen del asesino Che Guevara.  

Anoche, cuando la ex Presidente visitaba en Río Gallegos a la gran cuñada Alicia, que encabeza el feudo de Santa Cruz, una enfurecida multitud intentó ingresar y, cuando fue reprimida con violencia, apedreó la residencia en que ambas se encontraban. La Provincia no paga los sueldos de los miles de empleados estatales, sus maestros no han dado un solo día de clases en el año, los jubilados provinciales no cobran sus magros estipendios y los hospitales carecen hasta de los elementos mínimos, mientras la Justicia está paralizada; todo un edén, por obra y gracia de los ladrones kirchneristas que lo gobernaron durante los últimos veinticinco años.

Ahora Cristina está haciendo las valijas, a la espera de la autorización que ha pedido al Juez Bonadío (su colega Ercolini ya la ha otorgado) para viajar a Atenas, Bruselas y Oxford (no a la Universidad). Notable privilegio para alguien que se encuentra tres veces procesada por delitos no excarcelables y que demuestra que la famosa igualdad ante la ley es, en la Argentina, sólo una broma de mal gusto. Porque, mientras eso sucede, los órganos de prensa de los que aún dispone -como Página 12, C5N o Radio 10, por poner sólo tres ejemplos- y los ex organismos de derechos humanos, ya confesadamente convertidos en movimientos políticos para apoyarla, se rasgan las vestiduras ante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que concedió la prisión domiciliaria a un militar de ochenta y cinco años, casi ciego y sordo, con enfermedades complicadísimas.

En esa materia, la de los presos políticos, aún existen cientos de situaciones particulares que claman al cielo; cuatrocientos –cincuenta desde el 10 de diciembre de 2015- han muerto en cautiverio por falta de adecuada atención médica, y muchos de los sobrevivientes se encuentran en la cárcel con prisiones preventivas por períodos que exceden, por años, el máximo permitido por la ley, pese a que obviamente no pueden alterar las pruebas (en la mayoría de los casos, inexistentes o fraguadas) de las investigaciones ni existe peligro de fuga, dada la edad –promedio: 76 años- con que cuentan y el precario estado de salud que padecen.

Elevo mis plegarias por el sacrificado pueblo venezolano, como también lo hago por el cubano, mientras ruego que mis pronósticos de fin de ciclo se cumplan en toda América.

Bs.As., 22 Abr 17

La Consagración de la Mentira

La Consagración de la Mentira

“Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá.”
Joseph Goebbels

La Legislatura bonaerense sancionó una ley que consagra, emulando al Ministro de Propaganda de Hitler y como dogma, la cifra de 30.000 desaparecidos durante el proceso militar de 1976/83, y pretende sancionar gravemente a quien la ponga en duda. Resulta notable por varias razones: ya se sabe que fue inventada por confesos subversivos, refugiados en Europa, para justificar la pretensión de calificar como un genocidio a lo ocurrido y obtener ingentes fondos de las ONG’s revolucionarias de escritorio; e ignora todo lo sucedido, de la mano de la Triple A, durante el gobierno de Juan e Isabel Perón. Espero que la Gobernadora María Eugenia Vidal ejerza el veto constitucional y evite la entrada en vigencia de este adefesio.

Hace más de diez años escribí una nota, “En ocasión de los treinta años del golpe”, que puede leerse en mi blog, en la cual senté mi posición filosófica sobre ese hecho; dije entonces que un solo desaparecido es condenable, y sigo pensándolo, pero también estoy convencido que, en algún momento, los argentinos deberemos tener Historia sobre los 70’s, y no mera ficción para sostener un relato tan irreal como políticamente correcto.

La culminación de este camino debiera ser la verdad y, en este caso, es fácil encontrarla. Según la CONADEP, los desaparecidos no pasan de 6.800, y el Parque de la Memoria, en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, nunca pudo superar ocho mil nombres, aún cuando el kirchnerismo, en un burdo procedimiento, haya incluido a quienes murieron con anterioridad al golpe militar, a quienes fueron asesinados por sus propias organizaciones, a quienes se suicidaron con cianuro y a quienes cayeron combatiendo mientras intentaban tomar cuarteles y regimientos.

Los restantes 22.000 tienen rasgos comunes: nadie los reclama, nadie los conoce, nadie tiene sus documentos de identidad, a nadie le faltan. Entonces, propongo algo bien sencillo: que los legisladores bonaerenses, los periodistas militantes, los organismos de pseudo derechos humanos, etc., se presenten ante un nuevo registro e identifiquen, con nombre y apellido, a cada uno de los desaparecidos que reclaman como un conjunto. Es claro que, si eso ocurriera, se terminaría también con el enorme negocio montado, mediante indemnizaciones nunca explicadas, alrededor del tema; a muchos debe molestarle esa posibilidad.

Y no hay nada imposible en mi propuesta. Basta con constatar que el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), que enumeró a más de 17000 civiles que fueron asesinados, heridos, secuestrados o damnificados por el accionar subversivo, puede responder con la identidad concreta de cada uno de ellos, mientras reclama su reconocimiento por el Estado.

En otro orden de cosas, esta semana nos acosaron noticias policiales protagonizadas por criminales que gozaban de salidas transitorias o habían sido puestos en libertad por jueces que desoyeron las recomendaciones de los servicios penitenciarios. De los más sonados casos, uno fue el enésimo femicidio, con violación incluida, y el otro, el asesinato por la espalda de un oficial de policía. La gravedad de la situación de inseguridad ciudadana es tal que la ha puesto al tope de las preocupaciones de la sociedad, superando a la economía y hasta la enorme corrupción que comandaron Néstor, Cristina, Máximo y Florencia.

Más allá de la caprichosa interpretación de las leyes que realizan muchos jueces de la escuela zaffaroniana, tan comprensiva de los delincuentes como indiferente a los derechos de las víctimas, hubo algunos datos curiosos. En el país faltan cárceles en algunas jurisdicciones mientras sobran en otros; pero, cuando se pretende trasladar presos a ellas, los magistrados privilegian la cercanía de los reos con su familia. La consecuencia es que, cuando se fugan, sea escapándose de la prisión o de la comisaría, sea “olvidándose” de volver después de una salida autorizada, los delincuentes encuentran un entorno que los protege y en el cual desaparecen, a veces para siempre, y pueden volver a cometer crímenes.

En los países civilizados, Chile incluido, la solución al problema se ha encontrado en la colaboración público-privada; es necesario decir que aquí también se intentó en el pasado, pero la falta de seguridad jurídica también influyó negativamente en esta actividad, y los inversores se retiraron. Ahora, con el gobierno de Cambiemos, cuando vamos paulatinamente regresando al mundo, la probabilidad de encontrar empresas que estén dispuestas a venir y ocupar ese rol se ha incrementado mucho.

El camino no puede ser más simple. El inversor construye la cárcel y administra su “hotelería” (alimentación, alojamiento, salud, talleres metalúrgicos y de carpintería, etc.) y el Estado se ocupa de la vigilancia del establecimiento, y controla el desempeño de su socio privado. La innovación debe darse en la ubicación del establecimiento, para evitar las fugas de los más peligrosos delincuentes; y tenemos el lugar ideal para hacerlo: el centro de la Patagonia, lejos de todo, donde nadie puede pensar en evadirse y, si alguien lo hiciera, resultaría extremadamente fácil recapturarlo.

A esa prisión, de máxima seguridad, se trasladaría a los reincidentes, a los violadores, a los femicidas, a los asesinos, a los terroristas, etc., de todo el país; y claro que no habría para ellos salidas transitorias, aunque sí actividades laborales obligatorias y rentadas, para permitir la reinserción social de quienes hubieran cumplido la condena. Es claro que las quejas surgirán de inmediato desde la escuela “abolicionista”, pero el principal deber que tenemos para con nosotros mismos es privilegiar, como digo, a las víctimas y no a los delincuentes.

Una breve reflexión para demostrar que aquí no todos somos iguales ante la ley. Mientras se conceden salidas o liberaciones y hasta internaciones en clínicas de lujo a asesinos reincidentes y a corruptos de máxima laya, mientras se deja en libertad a procesados por delitos no excarcelables, la arbitraria y militante Justicia mantiene en la cárcel, en condiciones miserables y privados de tratamientos médicos adecuados, a dos mil ancianos, muchos de ellos en prisión preventiva que excede en décadas el máximo legal. Ya han muerto más de cuatrocientos en la cárcel (cincuenta desde que Macri llegó a la Casa Rosada, a los cuales se sumó el jueves el Cnel. Delmé, de 80 años) pero la sociedad entera prefiere ignorar estas atrocidades, para intentar que se olvide su pecado de haber apoyado, sin cortapisas, el golpe militar de 1976 para terminar con el caos terminal en que habían sumido al país la gestión de Isabel Perón/López Rega y los “jóvenes idealistas” de ERP y Montoneros.

Le deseo una feliz Pascua de Resurrección, si es usted católico; y feliz Pésaj, si es usted judío. Hasta la próxima semana.

Bs.As., 15 Abr 17