“Fayando
y fayando”*
“Nos envejece
más la cobardía que el tiempo. El tiempo sólo arruga la piel. El miedo arruga
el alma” Facundo Cabral
Hoy la Justicia ocupa el lugar central de la vidriera
donde se exhibe lo peor de la Argentina, tanto por el enorme desprestigio que
la rodea, cuanto por la discusión acerca de las reformas necesarias. Las
responsabilidades alcanzan a los tres poderes del Estado, y su buen desempeño,
con independencia, seriedad y celeridad, resulta esencial para nuestra propia
convivencia como sociedad y para la inserción de nuestro país en el mundo, con
la consecuente llegada de indispensables inversiones: para que la incidencia de
la deuda pública en el PBI descienda, éste debe crecer y, por otra parte, el
millón de empleados públicos que sobran sólo podrán ser despedidos cuando la
actividad privada pueda absorberlos.
El inventario de los males que la aquejan incluye la modificación
kirchnerista del Consejo de la Magistratura, la nefasta aceptación de la renuncia
de los magistrados cuestionados, el inicuo comportamiento de los jueces
federales, el enriquecimiento inexplicado de algunos, la falta de preparación de
otros, la colonización del fuero penal por la escuela garantista (herencia de
Zaffaroni), la industria de los juicios laborales, la enorme duración de los
procesos, el colapso edilicio y la falta de equipamiento informático, el
nepo/amiguismo en el ingreso del personal a la carrera judicial y varios
etcéteras.
Una vez más, y por razones cada vez más repugnantes, ha vuelto
a ser cuestionada. Regresó a la picota por obra del Juez Ariel Lijo y su orden
de detención del ex Vicepresidente, Amado Boudou. En la nota anterior,
“Punteros, malandras y porongas”, ya expresé mi opinión sobre el tema, pero la
difusión de las imágenes y filmaciones captadas durante el procedimiento ha
suscitado una discusión que amerita otro análisis, ya que una parte de la ciudadanía
y del periodismo se rasgó las vestiduras frente a la presunta e humillación a
la que habría sido sometido el reo -se trata de un delincuente común, cómplice
y testaferro del régimen saqueador que acaba de pasar a la historia- cuando se
lo vio en piyama, descalzo y despeinado, mientras se le leía la orden de
prisión.
Comenzó una polémica, amplificada en las redes sociales,
acerca de la eventual violación de los derechos humanos del imputado, y otra
vez se reveló nuestro costado más hipócrita. Nada se dijo de los perjuicios
directos que este incansable ladrón causó a los más humildes y desprotegidos de
nuestros conciudadanos, muchos de los cuales siguen descalzos –hace poco tiempo
se viralizó la fotografía de un chico en un colegio rural, sin zapatos,
mientras portaba la bandera- sino que se olvidaron las situaciones, mil veces
más graves, que afectan a los militares y civiles presos, muchos sin condena
firme, desde hace tantos años.
Los recientes presos por corrupción, mucho más jóvenes, son
trasladados al Hospital Penitenciario de Ezeiza, donde pueden comprobar en
carne propia la precariedad de las instalaciones y de los servicios que allí se
brindan; pero los antiguos huéspedes son ancianos cuya edad promedio supera los
76 años y presentan patologías de toda índole, incluyendo numerosos de casos de
cáncer terminal, están casi ciegos o paralizados.
Entre los muchos casos que fueron llevados en penosas
condiciones a los tribunales que los juzgan en los procesos mal llamados de
“lesa humanidad”, hombres de edad muy avanzada, algunos de los cuales se
encuentran afectados por males de Alzheimer y Parkinson, los más emblemáticos
fueron los del General Antonio Bussi y del Comisario Luis Patti. Además de recordar
que fueron elegidos por sus vecinos varias veces como Gobernador de Tucumán e Intendente
de Escobar, respectivamente, fueron obligados a comparecer estando cuadripléjicos;
sus penosas fotografías en camilla recorrieron el mundo y, sin embargo, no hubo
queja alguna de parte de los organismos de pseudo derechos humanos, ni se
levantó una sola voz desde la política que se refiriera a ellos. Ahora, muerto
el primero y cuando los jueces decretaron la prisión domiciliaria del segundo,
se organizan escraches para repudiarlo; ¿se necesita alguna muestra más de la
tuerta mirada de esas organizaciones? Pero no fueron los únicos episodios
aberrantes de este largo período de venganza caníbal que se desatara a partir
de la llegada del kirchnerismo al poder y que el gobierno de Cambiemos no ha
hecho nada por interrumpir.
El mes pasado, desde el penal de Ezeiza fueron llevados a
un tribunal de Bahía Blanca un grupo de detenidos; el traslado se efectuó en un
camión celular, destartalado y sucio, a pesar de la avanzada edad –superaban
los 82 años- y de las enfermedades de los imputados. Por la noche y durante
doce horas, con las luces interiores encendidas permanentemente y las
ventanillas cegadas, se los trató como ganado; entre otros comportamientos
humillantes, el vehículo no se detuvo ni para que pudieran ir al baño –el existente
en el interior estaba clausurado- y debieron utilizar en su reemplazo botellas
provistas por los agentes penitenciarios. Tampoco hubo entonces queja alguna,
ni reacción de la Secretaría de Derechos Humanos. El contraste con el trato
brindado a los presos por corrupción, que incluyen traslados en avión y
vehículos de alta gama, no puede resultar más repulsivo.
El otro aspecto de la cuestión Boudou se centró en la
orden de prisión preventiva del ex funcionario. La ley establece que esa medida
de privación de la libertad se debe decretar cuando existe peligro de fuga o se
puede poner el riesgo la investigación; dada la edad de los militares y su
falta de medios económicos, pensar que puedan escaparse sería una estupidez, y
nadie podría alterar las pruebas en hechos ocurridos hace cuarenta años.
No puede exceder de los dos años, prorrogable por un año
más si hubiera fundamentos. En el caso de los presos políticos, amén de otras
aberraciones violatorias de todos los principios del derecho que sustentan el
edificio de la civilización occidental -irretroactividad de la ley penal, juez
natural, legalidad, principio de inocencia, etc.- esos límites han sido
superados exageradamente. Para poner números concretos, hay que decir que el
76% no tiene condena firme, y el promedio de extensión de sus prisiones
preventivas llega a los 6 años, aunque en algunos casos alcanzan a los 15; peor
aún, 287 detenidos en esas circunstancias ni siquiera han llegado a juicio, o
sea, nunca han sido declarados culpables de los crímenes que se le imputan.
Tengo esperanzas en que la reciente renuncia de la
Procuradora General de la Nación, la inefable Alejandra ¡Giles! Carbó, que tendrá efecto a partir del 31 de diciembre
próximo, y la reforma de la ley del Ministerio Público, en tratamiento hoy en
el Congreso, permita el rápido desplazamiento de los innumerables
impresentables disfrazados de fiscales con los que colonizó los tribunales, con
la obvia complicidad de esos otros canallas, los jueces -verdaderos asesinos
togados- que llevaron adelante los juicios de la venganza.
¡Teléfono para Germán Garavano, Ministro de Justicia, y
para Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos! No se puede ser acomplejado
ni timorato, en especial cuando enfrente están los mismos que pretenden
destituir al Gobierno y convocan a organizar comandos de resistencia sin que a
nadie se le mueva un pelo.
Bs.As., 11 Nov 17
(*) De “Yira,
yira”, tango de Enrique Santos Discépolo





