Fiel y Estúpida

Fiel y Estúpida

“La universidad gratuita es la universidad del privilegio”. Andrés Cisneros

El verano, y la posibilidad de ignorar por un rato la complicada realidad, me permiten dedicar mi nota semanal, una vez más, a formular propuestas concretas para modificar antiguas taras que la sociedad argentina ha conseguido acumular sobre sí misma, a costa de sacrificar su futuro y pagar –los registrados- una de las tasas impositivas más altas del mundo.

Precisamente ahora se cumplen cien años de la Reforma Universitaria que, quizás justificada en su origen, sigue afectando negativamente a la educación superior pública nacional, a un costo sideral y sin servir al país, como debiera. En pleno siglo XXI, inmersos en un mundo cada vez más competitivo y tecnificado, los resultados que ofrece la perpetuación de ideas obsoletas no pueden ser más explícitos.

Según una nota que publicó Infobae, sobre datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, en 2016 se graduaron en carreras sociales 34.000 alumnos, mientras que recibieron su título de ingenieros, en todas las especialidades, 8303. Las cifras correspondientes a algunas de las carreras obviamente claves para el desarrollo nacional ilustran más aún acerca de ese gravoso problema: se recibieron sólo 13 ingenieros metalúrgicos, 44 petroleros, 23 hidráulicos, 23 mineros, 7 nucleares y 58 aeronáuticos.

La fotografía actual de la universidad pública nos permite avanzar sobre esa realidad desde varios ángulos totalmente disímiles: la farsa que implica sostener que la gratuidad equivale a igualdad, el disparate del ingreso irrestricto, la falta de políticas de Estado en materia de indispensable planificación en función de las prioridades nacionales.

 Un simple razonamiento basta para confirmar el primer aserto. ¿Significa el mismo esfuerzo estudiar para un hijo de la clase media, cuyos padres pueden mantenerlo, que para quien proviene de una familia obrera, que necesita del propio trabajo del universitario para subsistir?, ¿lo es para quien llega a la facultad en su automóvil o vive muy cerca de ella que quien debe viajar en medios públicos durante horas para llegar a clase?

Desde otro ángulo, todos sabemos que la universidad pública se sostiene con el aporte del Tesoro cuyas arcas, a su vez, provienen de los impuestos que pagamos todos. ¿Es justo que los más pobres soporten con su diario esfuerzo su costo cuando no tiene exigencias de ningún tipo y a la cual sus hijos no podrán asistir?

 La vigente Ley Federal de Educación, al prohibir la difusión pública de las evaluaciones de establecimientos educativos de niveles secundario y universitario, iguala hacia abajo, porque impide la sana competencia basada en la calidad y en la calificación de los títulos que otorga cada uno.

En la Argentina, como bien dice Alieto Guadagni, el promedio de permanencia en los claustros de estudiantes de carreras con curricula de cinco años, es siete y, a diferencia de todos nuestros vecinos, la universidad pública sólo gradúa veintidós de cada cien ingresantes. Ese estiramiento artificial de la vida universitaria genera, naturalmente, mayores gastos en salarios docentes y no docentes, en infraestructura, en medios para la investigación, etc., todo lo cual recae sobre las espaldas de la población en general, inclusive de aquellos sectores cuyo único consumo son los alimentos de primera necesidad, gravados con el IVA.

Mi propuesta, reiterada en notas y publicaciones antiguas, es muy simple. Se trata de establecer –se dispone de los medios informáticos para hacerlo- cuántos nuevos graduados de cada una de las disciplinas necesitará el país a cinco años vista. Basta, para hacerlo, con introducir en una computadora la información que suministren las empresas y el sector público, incluyendo a los potenciales inversores que se acerquen.

Con el resultado de esa investigación, se constituiría un primer cupo de ingresantes a la universidad pública. Para formar parte de él, los estudiantes deberían rendir un examen de ingreso muy exigente –en matemáticas, lengua, ciencias y ciencias sociales- y mantener el nivel de excelencia durante toda la carrera, comprobado mediante pruebas semestrales. A los miembros de ese primer cupo, obviamente, no sólo no se les cobraría matrícula alguna sino que, por el contrario, se les prestaría el equivalente a un sueldo razonable, que les permitiera inclusive mantener a su familia durante todos sus estudios. Como es obvio, quienes lograran graduarse integrando ese primer cupo encontrarían una clara salida laboral, ya que tanto el Estado cuanto las empresas los buscarían afanosamente.

Luego, crear un segundo cupo que tuviera en cuenta la capacidad física de cada una de las facultades. Ese segundo cupo, es decir aquellos que sean extranjeros no residentes u opten por carreras que el país no necesitará –y, por ende, es injusto que deba soportar- y por quienes no hubieran logrado el nivel de excelencia requerido para el primero, debería pagar para estudiar. Así de simple: si quieres hacerlo, báncalo tú. Las facultades más afectadas serían, claro, las de Derecho y Psicología, ya que es absolutamente excesivo el número de profesionales que surgen hoy de las mismas y, por ello, no encuentran en el mercado de trabajo una fácil inserción.

Incorporaría, además, a esas normas una ley que impusiera a la administración estatal la obligación de contratar, como consultora externa, a la universidad pública, y pagar los honorarios correspondientes. Veamos qué efectos produciría la solución propuesta: en primer término, egresarían mejores graduados, y el país dispondría de profesionales excelentes en las disciplinas más indispensables; además, impediría la permanencia del “estudiante crónico”, ese al cual el bajo nivel de exigencia en materia de materias aprobadas por año le permite permanecer en los claustros por muchos años, incordiando a los alumnos más esforzados.

Con el producido de las matrículas pagadas por los integrantes del segundo cupo, más los honorarios que la universidad generaría por sus servicios de consultoría externa, se formaría un interesante presupuesto propio, que permitiría otorgar los préstamos a los del primero, mejorar sensiblemente los salarios docentes e invertir en infraestructura y en medios de investigación. Al pagar mejores salarios, se incrementaría la vocación por la enseñanza y, así, el círculo virtuoso se cerraría con el nivel de excelencia en los claustros docentes.

Por supuesto, se debería actuar simultáneamente sobre la educación secundaria, ya que gran parte de los problemas que aparecen allí: las pruebas Aprender 2016 mostraron que el 80% de los que egresan de las escuelas públicas tienen enormes dificultades para resolver problemas matemáticos y escasa comprensión de textos.

Si hiciéramos esto, la educación recuperará su condición de verdadero faro capaz de iluminar el futuro del país, dejando de ser el miserable fanal que sólo permite ver la escalera descendente en la que estamos embretados.

Bs.As., 27 Ene 18

Machacar hasta que entre

Machacar hasta que entre

“La gota horada la piedra no por su fuerza sino por su constancia”. 

Ovidio

Dado la escasez de temas puntuales durante esta semana, salvo la gira de SS Francisco a Chile y Perú, a la cual prefiero no referirme, aprovecharé para volver a proponer un tema que me tiene obsesionado desde hace años y sobre el cual he escrito muchas veces, obviamente sin éxito alguno.-

Vivimos en la Argentina, aproximadamente, 42 millones de personas, de de las cuales un 30% se encuentra bajo la línea de pobreza; en consecuencia, podemos considerar que aquí hay menos de 30 millones de potenciales consumidores. Si nos comparamos con Brasil, por ejemplo, que ha duplicado su población en 50 años y hoy cuenta con 210 millones de habitantes, o con China o India, donde hay muchos miles de seres humanos, resulta fácil comprender que, entre nosotros, no puede florecer ninguna industria que necesite gran escala para vender su producción a precios competitivos.

Por ello, resulta necesario preguntarnos qué debemos hacer para abrirnos al mundo, lograr venderle lo que fabricamos y, sobre todo, cómo permitir a todos nuestros conciudadanos acceder a esos bienes, cuando otros países los ofrecen a valores sensiblemente inferiores. La receta es tan elemental y conocida que resulta raro que aún no la hayamos aplicado.

La persistente falta de seguridad jurídica y, hasta hace poco tiempo, también cambiaria, retrae a los capitales a la hora de poner dinero en las empresas (decían: “aquí uno se entera si es rico o pobre por los titulares de los diarios del día siguiente”). Una de las consecuencias más graves de la falta de inversión, local o externa, es que el sector privado no puede absorber el millón de personas que sobran en el Estado entre sus tres niveles y, con ello, impide resolver uno de los problemas más nefastos de nuestra economía: el gasto público desmesurado.

Esa posición de los industriales fue razonable durante muchos años y, aunque la realidad está en un fuerte proceso de cambio, todavía no conseguimos suscitar la confianza necesaria para que la tan soñada lluvia de inversiones se concrete, salvo en el transporte aéreo y las energías renovables. Pero también es verdad que ellos no han conseguido, salvo en contadísimas excepciones, lograr que sus productos tuvieran características de singularidad que los hicieran apetecibles en los mercados consumidores externos, ya que la industria local puede ser descripta como ‘común’ y, sobre todo, poco competitiva.

Las asociaciones industriales, que pretenden continuar viviendo en una economía cerrada, con protecciones que les garanticen cazar en el zoológico o pescar en la bañadera, deben dejar de vendernos los productos “caros” (no se justifica el precio) y pasar a exportar objetos “costosos” (precio alto justificado por la calidad o la exclusividad) para competir con Italia, con Francia, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, etc.. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo: como hemos visto, no tenemos un mercado interno de suficiente envergadura como para sostener una industria que produce bienes escasos y ‘comunes’, y no podrá competir nunca con las empresas textiles de otras geografías ni con las fábricas de calzado que producen para cientos de millones de personas.

Entonces, ¿para qué seguir, como se ha hecho desde hace más de 60 años, protegiendo a las industrias locales con medidas proteccionistas que nos impiden a todos vestirnos o calzarnos a precios más bajos? Lo que debemos hacer es comenzar a fabricar productos de excepcional calidad, sin importar el precio. Italia e Inglaterra carecen de grandes rebaños bovinos y, sin embargo, son países reconocidos mundialmente por la calidad de sus productos de cuero; y Suiza y Bélgica carecen de cacao, pero son los mejores fabricantes de chocolate del mundo.

Si vamos a continuar protegiendo a la industria nacional, hagámoslo sólo durante un breve lapso que deberá usar para reconvertirse y ser capaz de competir, de igual a igual, en los mercados de gran lujo y, por ello, reducidos. Si los cueros argentinos son los que llegan a los países mencionados para ser allí curtidos y trabajados, ¿por qué no hacerlo aquí?, ¿la tecnología no está disponible o nuestros operarios no son capaces? Lo mismo ocurre con la industria de la moda, en la cual Buenos Aires sigue siendo un atractivo faro en Latinoamérica. El diseño y la calidad de nuestros tejidos son reconocidos mundialmente y, sin embargo, no jugamos en uno de los mercados más interesantes por la relación costo-beneficio.

No recuerdo que los buenos fabricantes de zapatos italianos o ingleses, o los diseñadores de moda franceses reclamaran subsidios o restricciones a la importación; ni siquiera que protestaran por las imitaciones baratas que se venden en la calle. Cuando Ferragamo o Bally o Church’s o Dior o Louis Vuitton ofrecen su mercadería a cifras siderales no están tratando de inundar mercados con sus productos, sino llegar con ellos a la gente que está dispuesta a pagar sumas muy importantes por usarlos. Sabemos que los relojes ‘de goma’ dan la misma hora y valen pocos dólares; sin embargo, miles de personas están dispuestas a pagar muchísimo por relojes ‘de marca’.

Por lo demás, tengo la más absoluta seguridad de que, si la UIA usara esta receta, pronto los argentinos viviríamos mucho mejor. Y digo esto porque, por cuidar a los trabajadores de la industria textil o la del calzado (ésta ocupa 50.000) que, por lo demás, conservarían su empleo en las  fábricas de excelencia, se impide a los más pobres comprar camisetas chinas a $ 50 o zapatillas brasileñas a $ 200. En una palabra: no se trata de cerrar industrias o de discutir la distribución mundial del trabajo, sino sólo de cambiar el perfil de nuestros productos. Espero que, alguna vez, tanto la industria cuanto el Gobierno escuchen, ya que el apoyo a esta transformación debería convertirse en una verdadera política de Estado, indispensable para corregir muchos de los males aquí descriptos.

En otro orden de cosas, el decreto de Mauricio Macri que reglamentó la Ley de Educación modificó la representación de los gremios docentes en la paritaria nacional, otorgando a cada central que los nuclea la misma cantidad de asientos en la mesa. Esa medida afectó gravemente a la CTERA, la confederación de “trabajadores de la educación” (antes llamados “maestros”), con vocación por perpetuar un sistema obsoleto y prebendario que utiliza a los chicos como rehenes, expulsa a los alumnos de los establecimientos públicos y entorpece la gestión del Gobierno para servir a los bastardos propósitos políticos del kirchnerismo destituyente.

Quien más sufrirá los embates de la protesta contra la decisión será, seguramente, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires; pero no hay que preocuparse por ello, ya que María Eugenia Vidal ha demostrado tener el coraje suficiente para enfrentar cualquier situación conflictiva y superarla.

No puedo concluir sin recordar a los integrantes del Poder Ejecutivo una frase que debiera atribuirse a Nicolás Maquiavelo: “en política, los crímenes se perdonan; los errores no”; a quien le quepa el sayo que se lo ponga.

Bs.As., 20 Ene 18

Preparados …, apunten …,

Preparados …, apunten …,

"Se daba cuenta de que ninguna potencia estaba en condiciones de resistir el desgaste 

del tiempo; sólo la gloria de quien ha vivido con honor crece con el paso de los años". 

Valerio Massimo Manfredi

Cuando la semana pasada me pregunté hasta cuándo la sociedad estaría dispuesta a tolerar, con marcada indiferencia, el permanente chantaje de los eternos dirigentes gremiales, ignoraba que finalmente, y con décadas de atraso, tanto la Justicia como el Ejecutivo, nacional y provincial, habían decidido tomar el toro por las astas y avanzar con la depuración de la corporación más despreciada del país, integrada por delincuentes dispuestos desde siempre a generar los peores conflictos laborales para evitar que se posara sobre sus patrimonios la lupa judicial.

El método extorsivo fue claro –mientras los dejaran incrementar sus negocios personales, ofrecían paz social; de lo contrario, el país se paralizaría- y lo sufrieron tanto los gobiernos civiles cuanto militares; basta recordar que fue nada menos que el Tte. Gral. Juan Carlos Onganía quien les cedió el control de los servicios de salud, tal vez la fuente más importante de ingresos non sanctos de los grandes bonetes del sindicalismo argentino. No voy a mencionar aquí, por ser innecesario, la lista de los jefes gremiales presos –todos obscenos exhibicionistas- pero debo detenerme en los dos poderosos capi de tutti capi, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.

El primero siente ya el aliento de los ahora atentos jueces en la nuca, y no sólo los locales. Una de sus negadas propiedades, la empresa de recolección de residuos Covelia, es investigada por movimientos de dinero sospechosos por la Justicia suiza; cuando el primer pedido helvético llegó a los tribunales argentinos –simplemente, un listado de las causas penales que involucraran al Negro- éste, a la sazón Secretario General de la CGT, decretó un paro general contra el gobierno de Cristina Elisabet Fernández.

Ayer mismo fue denunciado, conjuntamente con su hijo Pablo, su testaferro Patricio Farcuh y el propio Sindicato de Camioneros, por evasión impositiva por la suma sideral de cuatro mil millones de pesos y el consecuente lavado de dinero. Con la monumental expansión de sus actividades –empresas constructoras, correos privados, fútbol, barras bravas, residuos urbanos, sanatorios, farmacias, hoteles, inmuebles y rodados varios, etc.- y con tantos flancos expuestos, es previsible que ponga a parir al país entero, con la paralización del transporte de alimentos, de combustibles, de basura y de dinero, y habrá que ver cuán dispuestos estamos todos a no ceder ante sus aprietes, ya que dirá mucho sobre nuestra voluntad de modificar el rumbo que llevamos.

Ya su colega gastronómico, que directa y públicamente amenazó a la democracia cuando recordó cómo habían eyectado del poder a Raúl Alfonsín y a Fernando de la Rúa cuando éstos intentaron controlar un poco al poder mafioso del sindicalismo, dio un aviso a la sociedad acerca de qué podemos esperar si los avances judiciales continúan. Como Luisito es muy hábil, sus dichos no resultan punibles, aunque sean muy claros.

Pero lo que enmascara este bandido es que todos sus pares hoy en la cárcel no lo están por ser gremialistas sino vulgares ladrones, y no hay aquí una persecución política, como claman desde Milagro Salas y Luis D’Elía a Cristina Elisabet Fernández, que mandó a La Cámpora a expresar su apoyo a los preocupados “Gordos”. Todos estos han esquilmado a sus representados y, en los casos de Marcelo Balcedo y Víctor Santamaría, se transformaron en empresarios de medios de prensa para utilizarlos como escudo; lo mismo hicieron, en su momento, Cristóbal López, Rudy Ulloa Igor y Gerardo Ferreyra, que debieron cerrarlos cuando, con la caída del kirchnerismo, se cortó el acceso a los fondos ilimitados de la pauta publicitaria oficial.

Toda esta movida coincide en el tablero de comando con algunos factores complicados: la inflación, que no cede; la necesidad imperiosa de cerrar los aumentos salariales del año en términos mesurados, es decir, sin reflejar en ellos expectativas pesimistas; y el tratamiento legislativo de la poco ambiciosa reforma laboral que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso. Es natural entonces que todos –incluidos los bienintencionados- nos preguntemos si estamos sólo ante una serie de movimientos tácticos para obligar a los dirigentes sindicales a “portarse bien” o, por el contrario, ante un verdadero y definitivo cambio en nuestra cultura sociopolítica tradicional.

La libertad concedida por la Cámara Federal a Amado Boudou, que estaba en prisión preventiva desde hace dos meses, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y que está procesado y en juicio oral por haberse apropiado de la “máquina de imprimir billetes”, da una pésima señal a los descreídos. Porque, a pesar de que muchos lo ignoran, en el caso de los funcionarios públicos, donde la carga de la prueba se invierte, son ellos los que deben demostrar que han obtenido sus fortunas legítimamente. ¡Teléfono para Cristina Kirchner!

Además, deja en evidencia que en la Argentina hay dos “justicias” diferentes: una, correcta, que utiliza el Código Procesal y privilegia el principio de inocencia y permite que los encartados transiten los procesos en libertad hasta el dictado de sentencias definitivas; y otra, caníbal, que sólo busca venganza y en la que todos los cimientos del derecho de la civilización occidental, incluida la irretroactividad de la ley penal, se ignoran para mantener en prisión preventiva a centenares de ancianos enfermos por lapsos que, en muchos casos, superan los diez años (el máximo legal es de dos, prorrogable fundadamente por sólo uno más). Los argumentos garantistas utilizados por los magistrados ahora para beneficiar el ex Vicepresidente –imposibilidad de alteración de las pruebas e inexistencia de peligro de fuga- ¿no son aplicables a los presos militares?  

¿Irán las organizaciones sociales y de izquierda a “escrachar” al ex Vicepresidente a su inexplicable piso de Puerto Madero o al nuevo de Barracas, como hicieron con el Comisario Miguel Etchecolatz, a quien concedieron la prisión domiciliaria con pulsera electrónica a pesar de sus 88 años y del cúmulo de dolencias que padece?  Porque, siendo de público y notorio conocimiento que Amado Boudou fue miembro esencial de la asociación ilícita que saqueó el país hasta la extenuación durante la década más favorable para la economía nacional en más de un siglo, algo debería motivarlas a actuar, ya que dicen representar a los excluidos y a los pobres que sufren en carne propia –en falta de educación, alimentos, salud, vivienda, pavimentos y cloacas- la falta de esos cuantiosos dineros robados.

Nuevamente, el verano será caliente, y no sólo por las altísimas temperaturas que estamos soportando en Buenos Aires: en febrero, comenzarán, conjuntamente con la actividad judicial a pleno, las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para trata algunos proyectos de ley, digamos, menores; pero en marzo es probable que veamos otra vez conflictos callejeros, cuando comience a tratarse la reforma laboral. ¡Ojalá hayamos madurado para entonces!

Bs.As., 13 Ene 18

Vergüenzas tempranas

Vergüenzas tempranas

“Desterrada la Justicia, que es vínculo de las sociedades humanas, 

muere también la libertad, que está unida a ella y vive por ella”. 

Juan Luis Vives

El desprestigio y la sospecha penden, como una enorme nube de smog y desde hace años, sobre el Poder Judicial, en especial cuando se trata del fuero penal federal, radicado mayoritariamente en la mole de Comodoro Py. En este comienzo de año contribuyó a mantener el fenómeno atmosférico el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Omar “Caballo” Suárez, el extorsionador de empresarios navieros y líder del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), uno de los escasos personajes privilegiados en el círculo áulico de Cristina Fernández. El Juez federal Luis Rodríguez, subrogando el Juzgado de su sospechado y veraneante colega, Rodolfo Canicoba Corral, la concedió rápidamente al detenido, por inexistentes razones de salud.

Más allá del informe del Cuerpo Médico Forense presentado el jueves, que negó la necesidad de ese beneficio, ya que puede ser perfectamente atendido de sus afecciones en el Hospital Penitenciario y, en caso necesario, recurrir a tratamientos ambulatorios en otros centros médicos, el episodio llamó poderosamente la atención por dos motivos: las probables razones crematísticas de la concesión de este injustificado privilegio (se instaló en una enorme mansión que posee en Olivos, a metros de la Quinta Presidencial) y, por supuesto, su notable diferencia respecto al trato que reciben los muchísimos presos políticos ancianos que pueblan las cárceles del país.

La semana pasada se concretó, finalmente, la prisión domiciliaria del Comisario de Policía Miguel Etchecolaz, de 88 años, que sufrió ya dos ACV mientras permanecía en la cárcel, transformado en el detenido de mayor edad de todo el sistema penitenciario federal. Pero siguen allí, por ejemplo, el sacerdote Christian von Wernich, de 80 años, con cáncer y metástasis, o Jaime Smart, de 82 años, al cual se le ha otorgado varias veces el beneficio, nunca efectivizado por la permanente resistencia del Juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien, para evitar las órdenes de sus superiores, le inventaba causas nuevas cada día hasta que fue relevado a su respecto.

Como siempre, hubo esta semana una de cal y otra de arena. El mismo magistrado logró la detención, en Uruguay, de otro sindicalista (SOEME), Marcelo Balcedo, también cristinista (¿cómo sorprenderse, si antes fue menemista, duhaldista y kircherista?) y socio de los nefastos Roberto Baradel y Hugo Yatski, y empresario de multimedios de prensa en La Plata. Además de haber estado prófugo en el pasado durante dos años, se sospecha de su complicidad financiera con la más salvaje banda de narcotraficantes de Rosario, a la cual se cree ayudaba a lavar sus ganancias. Su futuro seguramente será muy negro, ya que le costará justificar tantas residencias, tanto dinero en efectivo, tantos autos de lujo, tantas armas de guerra y hasta dos aviones. ¡Qué manía tienen los corruptos con los aviones!

Uno se pregunta, ya que están presos otros colegas suyos como Juan Manuel “Pata” Medina y Omar “Caballo Suárez”, amén de José Pedraza, qué debemos hacer para que el Poder Judicial nos evite seguir siendo rehenes permanentes de Hugo Negro Moyano y su familia. Si, una vez más, cedemos ante las extorsiones vinculadas con la continuidad de su fallida empresa OCA, con la barra brava de Independiente y sus miles de negocios fraudulentos, con los medicamentos adulterados y los troqueles falsificados, con la apropiación de los bienes del gremio, no tendremos futuro, como no lo tuvo Estados Unidos hasta que logró mandar a la cárcel a Jimmy Hoffa, a quien nuestro camionero tanto se parece.

Pero también debemos preguntarnos por qué no avanzan, elevándolas a juicio oral, las múltiples causas contra Hebe de Bonafini, los Shoklender y las decenas de funcionarios involucrados en las monumentales estafas de “Sueños Compartidos” y la “Universidad de las Madres”.

El escándalo de Odebrecht, que ha barrido hasta con mandatarios latinoamericanos, tampoco parece progresar aquí; si lo hiciera, ya deberían haber al menos prestado declaración indagatoria –una medida de defensa- Carlos Wagner (Esuco), Paolo Rocca (Techint), Gustavo Ferreyra (Electroingeniería) y Angelo Calcaterra (Iecsa), y la oposición habría dejado de poder gritar que estamos nada más que ante un nuevo maquillaje gatopardista y el nuevo poder  protege a sus amigos y parientes. 

Contribuye a mantener la sucia nube que cubre a la Justicia es la llamativa libertad de la que aún goza Ricardo Echegaray, conspicuo cómplice de las mayores estafas contra la AFIP cuando era su Administrador. Está vinculado directamente a las usinas de facturas falsas utilizadas por Lázaro Báez y con la tolerancia al robo de nada menos que $ 8.000 millones que perpetraran Cristóbal López y Fabián de Souza, como antes lo estuviera con los subsidios de la ONCAA a su propia familia, pero ni siquiera ha sido incluido en las causas ya elevadas a juicio oral. ¿Habrá que buscar el motivo en las carpetas de información confidencial sobre jueces, políticos y empresarios de todo pelaje que logró juntar cuando era funcionario?

Margarita Stolbizer, lamentablemente fuera del Congreso, denunció esta semana un pacto entre el Gobierno y el Poder Judicial para mantener fuera de la cárcel a Cristina Fernández. Como usted, lector, sabe, descreo de su existencia por innecesario, ya que adjudico este raro fenómeno a la inmejorable nariz de los magistrados federales, que creen así agradar –y tal vez sea cierto- y beneficiar a Mauricio Macri.

Por último, entre los episodios raros de esta semana también merecen figurar las quejas de los familiares de Santiago Maldonado, el tatuador muerto en el sur, por el ascenso al grado de Alférez del gendarme herido por los mapuches del RAM mientras intentaba liberar el tránsito en la Ruta 40. Dado que ya está harto probado que no hubo intervención de terceros en su ahogamiento, que no sabía nadar, que sufrió hipotermia, que su cuerpo quedó enredado en la flora subacuática y que estuvo sumergido mientras el país entero lo buscaba, me pregunto cuál es el propósito de esta actitud de su entorno al insistir en que la causa continúe caratulada como “desaparición forzada”. ¿Será que pretenden sumarse a los cientos de terroristas y de deudos indemnizados injusta y cuantiosamente por un Estado idiota que, además, se niega a informar detalladamente sobre el tema? 

Como se ve, en el área del Poder Judicial –Consejo de la Magistratura, Corte Suprema y Tribunales inferiores- hay por delante un enorme trabajo de limpieza y fumigación de los edificios poblados de corruptos, pero también de ignorantes y bastardos, que debe encararse ya mismo. De su éxito depende todo el resto de las reformas que resultan indispensables en el aparato del Estado en sus tres niveles y, sobre todo, la verdadera credibilidad de la Argentina frente a los genuinos inversores nacionales y extranjeros, hartos todos de ver cómo nos comportamos como chicos caprichosos, capaces de cambiar las reglas del juego a cada instante y, cuando vamos perdiendo, llevarnos la pelota.

¡Ojalá los argentinos hubiéramos encontrado todo eso en nuestros zapatos esta mañana, después que pasaran anoche por nuestro país los Reyes Magos!

Bs.As., 6 Ene 18

Balance Final

Balance Final

"Al analizar las dificultades para avanzar en las reformas, a pesar de todo, se demostró que el  Congreso, con sus peculiaridades y morosidades, representa los intereses y las visiones existentes en la sociedad. Cabe al Gobierno (y principalmente al Presidente) entender los términos del juego democrático". 

Fernando Henrique Cardoso

A pesar de las persistentes complicaciones que afectan a la economía nacional, la planilla de sumas y saldos de la Argentina del año que terminará mañana ofrece, a mi entender, resultado positivo. Esos problemas trabarán el desarrollo hasta tanto la sociedad en su conjunto cambie su chip y deje de pensar de un modo tan raro.

No debemos olvidar que, en octubre pasado, el 60% de los votantes optó por variantes populistas, que tanto nos han costado durante las últimas siete décadas. Y, peor aún, casi el 50% de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires sufragó a favor de Cristina Elisabet Fernández, aún habiendo confirmado que la asociación ilícita que encabezara con su marido muerto ha saqueado el país hasta dejarlo exangüe.

Si alguien todavía duda acerca de los límites a los que está dispuesta a llegar la procesada Senadora de la Nación, bastará con que observe cuál fue la postura de su Unión Ciudadana en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, donde se opuso con armas (con su violenta invasión al recinto, el Intendente de Ensenada, Mario Secco, probó que no es sólo literatura) al acuerdo fiscal que permitirá a la Gobernadora, María Eugenia Vidal, disponer de los fondos necesarios para transformar el siniestro Conurbano en un lugar apto para vida humana. La razón de esta sinrazón es bien clara, ya que ha sido el peronismo, que gobernó ininterrumpidamente la Provincia desde 1987, quien lo convirtió en la base decisiva de su clientela electoral, utilizando pobreza, ignorancia y subsidios arbitrarios.

De todos modos, ese raro síndrome no afecta sólo a los que votaron contra Cambiemos: todos, al menos los que pagamos nuestros impuestos con regularidad, protestamos por la exacción que ellos representan pero, a la vez, nos quejamos por el alza en el precio de los servicios públicos que implica la quita de subsidios a los mismos; pretendemos acceder a bienes de consumo importados y, en sentido contrario, queremos proteger la cara e ineficiente industria nacional; nos inquieta que suba el dólar y salimos corriendo a comprarlo, mientras reclamamos por el sufrimiento que significa para muchos productos regionales la baja cotización de la divisa; nos conmueve el 30% de pobreza que padece nuestra población, pero despotricamos contra los planes sociales destinados a paliarla; no ahorramos en pesos, pero nos indignamos cuando el Estado se ve obligado a endeudarse en el exterior para cubrir el déficit fiscal; nos parecen denigrantes los montos previsionales pero, sin vergüenza alguna, aprovechamos las moratorias que permitieron jubilarse sin aportes a más de dos millones de personas; y los ejemplos pueden seguir hasta el infinito.

El Gobierno ha logrado algunos triunfos legislativos que, pese a ser bastante menores, van en el sentido correcto y otorgan cierta previsibilidad al futuro. Ello es tan así que, cuando los suman a la transparencia en las estadísticas públicas, son ponderados por los mercados internacionales y han permitido bajar a la mitad la tasa de interés de los préstamos; si bien es cierto que el endeudamiento externo puede convertirse en una grave crisis si apareciera algún cisne negro en el mundo, el crecimiento pequeño pero constante que se ha previsto permitirá controlar en poco tiempo ese riesgo, ya que la incidencia de la deuda, medida como % del PBI, se irá reduciendo paulatinamente. Los países exitosos crecen poco pero en forma constante, mientras la Argentina lo hacía fuertemente algunos años y caía en otros en recurrentes y demoledoras crisis, en un proceso de suma cero.

Seamos conscientes que, hasta ahora, sólo se trató de modificaciones casi cosméticas y ajustes leves que, a pesar de ello, habilitaron la generación del caos que se vivió frente al Congreso y que dejó un saldo de policías heridos lamentable. ¿Qué sucederá cuando se discutan proyectos esenciales que podrán doler en el bolsillo de la población? En este aspecto, también se muestra la misma esquizofrenia que nos afecta, ya que exigimos terminar con piquetes, ocupaciones y marchas, pero nos horrorizamos si las fuerzas de seguridad se ven obligadas a reprimir.

Uno de los logros más relevantes que obtuvimos como sociedad en estos dos últimos años se relaciona con la cultura del diálogo y la negociación, pilares de cualquier democracia moderna. Eso se puso de manifiesto en el Congreso, que permitió sancionar leyes claves, y en especial cuando cerró filas para oponerse a la violencia de los marginales contratados por el kirchnerismo en alianza con el trostkistmo  irredento, con la penosa excepción de los pocos legisladores que conservan Cristina Fernández y Sergio Massa. Algo sin duda bueno fue el aislamiento que aplicaron las organizaciones sociales –Barrios de Pie, CCC y CTEP- que se retiraron de la plaza cuando comenzaron los orquestados disturbios.  

En la columna de los muchos dramas que nos sucedieron, lo más trágico fue la pérdida del submarino ARA San Juan, con su terrible costo de cuarenta y cuatro vidas, que nos enlutó a todos desde que desapareciera las profundidades; espero que las investigaciones en marcha brinden las respuestas que la sociedad exige. Debemos reflexionar acerca de qué política de Estado queremos para la defensa nacional, y atribuir a las fuerzas armadas los recursos económicos necesarios para cumplir su rol de preservar nuestros recursos naturales y la soberanía.

La Justicia, siempre tan atenta a los efluvios del poder y también a la temperatura de la calle, comenzó a salir del estado catatónico que la afectó durante doce años, y encarceló a muchos figurones de la corrupción; de todos modos, quedan inexplicablemente en libertad tipos tales como Ricardo Echegaray, los Eskenazy (Banco y fondos de Santa Cruz e YPF), Florencia Kirchner, Anímal Fernández, Daniel Scioli, todos los implicados en las coimas de Odebrecht, etc., amén de los protegidos por fueros, como Carlos Menem, Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Está pendiente la ley que permita la caducidad del dominio de los corruptos, en especial respecto a aquellos fondos que se encuentran en el exterior y que podrían ser embargados por los jueces argentinos para solicitar su repatriación.

El Gobierno continúa en deuda en el tema “del curro de los derechos humanos” (Mauricio Macri dixit), tanto en lo que se refiere al reconocimiento a las víctimas de la guerrilla cuanto a la publicación de las siderales indemnizaciones pagadas a los terroristas y sus familiares y, sobre todo, en la falta de reclamo al cese de las prisiones preventivas que afectan a tantos ancianos desde hace décadas, violando los pactos internacionales que el país ha suscripto y dado rango constitucional.

En el orden internacional, nos hemos reinsertado exitosamente en el mundo civilizado; y nos hemos sumado a los países de la región que van dejando atrás las falsas recetas de izquierda para gobernar, y donde sólo quedan como rémoras la curiosamente bien administrada Bolivia y la trágica Venezuela; contra toda esperanza, anhelo que la comunidad internacional ponga rápido fin al inhumano sufrimiento ese país, que diariamente muere por falta de alimentos y remedios en manos de un decadente chavismo.  

Ha llegado el momento de cerrar, por este año, las notas semanales con las cuales he intentado que dejemos esa extraña pulsión suicida que nos acompaña desde hace tantas décadas. Ruego a Dios que nos otorgue un 2018 en paz y tranquilidad, con la serenidad individual y colectiva que permita esa transformación vital. ¡Hasta el año próximo!

Bs.As., 30 Dic 17 

Tributo de Sangre

Tributo de Sangre

"Que un Rey se ame más a si mismo que a su pueblo es muy triste. 

Que un pueblo ame más a su Rey que a sí mismo es muy peligroso". 

Joaquín Lavado, Quino

Cual sanguinaria diosa fenicia, Cristina Elisabet Fernández espera que la sociedad argentina pague su cuota anual de dolor y, cuando no es complacida, manda a sus fieles –Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Verónica Magario (La Matanza), etc.- a exigirla a pedradas en la calle. Allí los barrabravas y lo peor del lumpenaje del Conurbano bonaerense, convertidos en carne de cañón a base de prebendas y de drogas, se encuentran con los energúmenos antisistema y con las entrenadas milicias de los partidos troskistas, fogoneados por los diputados de la oposición que, en el recinto, no sólo justificaron la violencia sino que pretendieron inútilmente utilizarla para frustrar el trámite del proyecto de reforma previsional, como Nicolás del Caño, Agustín Rossi, Máximo Kirchner, Victoria Donda, Eduardo de Pedro, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Leopoldo Moreau, Fernanda Vallejos o Graciela Camaño.

La clara posición de esta última, jefa del bloque massista,  al igual que el papelón de Ignacio de Mendiguren la semana pasada, mostró la desesperación de quien ha perdido protagonismo y trascendencia como constructor de la “ancha avenida del medio”, tan pregonada en la campaña electoral y tan desenmascarada en su pretensión de simular ser algo distinto a lo peor del PJ.

El debate legislativo permitió realizar ejercicios de gimnasia revolucionaria, y los frutos serán seguramente puestos en práctica antes de fin de año. La explicación es simple: la ya extensa nómina de funcionarios y testaferros kirchneristas presos hace que la siniestra viuda perciba más cercano el aliento en la nuca de los jueces, y sabe que sus hijos están al borde de convertirse en nuevos huéspedes de las prisiones federales; doña Cristina no se entregará sin pelear, aunque ello requiera llenar de muertos la Argentina. ¿Qué duda puede caber respecto a la falta de escrúpulos de quien no hesitó en saquearlo hasta la extenuación?

Lo ocurrido el lunes permite su análisis desde distintos ángulos: la Policía frente a la protesta, la participación de inmigrantes, el accionar judicial y la conducta de los gremios, en especial los que prestan servicios públicos. Esa mirada debe ser puesta sobre otros escenarios conflictivos que se viven hoy y a las cuales debemos ponerles freno ya mismo, so pena de asistir a una escalada de terror que nos haría retroceder cuarenta años y confirmar nuestra sempiterna vocación suicida.

Ver, como dijo el Fiscal Germán Moldes, cómo se enviaba a la Policía a cabecear adoquines por impunes asesinos (no queda un solo detenido por lo ocurrido), debe hacernos reflexionar como comunidad acerca de qué esperamos de las fuerzas de seguridad. Resulta imposible que cualquier sociedad humana funcione sin la autoridad del Estado, al cual hemos delegado el monopolio de la fuerza; sin embargo, los argentinos ponemos  permanentemente en duda su proceder, como quedó claro cuando se develó el monumental fraude del caso de Sergio Maldonado, cuando se miró por meses con desconfianza a la Gendarmería.

Otro grave problema que quedó expuesto en los recientes episodios de violencia cuando una enorme mayoría de los heridos era extranjera, es la carencia absoluta de una política migratoria seria y responsable. Los países aplican el concepto de reciprocidad en sus relaciones con los demás y, por ejemplo, imponen la necesidad de contar con una visa a los turistas de las naciones que las exigen a sus ciudadanos, o facturan al país de origen los gastos en salud pública que éstos hubieran generado.

Aquí no preguntamos nada a los inmigrantes, ni siquiera si tienen antecedentes penales o disponen de un trabajo asegurado; les regalamos salud y educación, incluida la universitaria, y permitimos que contingentes permanentes ingresen desde los limítrofes para operarse o cambiar su dentadura gratuitamente; permitimos que hayan sentado sus bases las grandes bandas de narcotraficantes bolivianos, peruanos, colombianos y paraguayos; y obsequiamos documentos de identidad, jubilaciones, planes sociales y hasta viviendas a los extranjeros. No se trata de discriminar, sino de evitar que aumente la pobreza, crezcan las ocupaciones de tierras y los saqueos mientras, con los excesivos impuestos que pagamos, bancamos ese dislate.    

La explicable –por su adscripción política- conducta de una Juez, Patricia López Vergara, que accedió rápidamente al pedido de Mariano Recalde, precisamente uno de los claros responsables de los movimientos sediciosos y criminales que se desarrollaron en el centro porteño, y dispuso que la Policía encargada de custodiar la zona no reprimiera, merece una particular atención y, por supuesto, su denuncia ante el Consejo de la Magistratura local, ya que la magistrada privilegió su ideología sobre el ordenamiento legal que rige en la República.

El oficialismo parlamentario recayó en la ingenuidad, como quedó demostrado por el estrecho margen que le permitió obtener la sanción de la discutida ley; nuevamente, creyó a los gobernadores que le dijeron que, para conseguir que el PJ no K lo apoyara, bastaba una foto, mientras se negaban a emitir una declaración de respaldo al Gobierno. Esos mandatarios jugaron a dos puntas, y sus representantes en la Cámara dividieron sus esfuerzos aprobando y rechazando a la vez el proyecto previsional. Y los diputados que responden a Sergio Massa, que justificaron de viva voz a los violentos y acompañaron los esfuerzos del kirchnerismo y la izquierda para levantar la sesión, mostraron a las claras de qué lado están, olvidando la “ancha avenida del medio” que pregonaba su jefe.

La CGT, corrida por izquierda, decretó un paro nacional con efectos “ni-ni”, en especial por la UTA, que pobló de colectivos las calles de la ciudad. Pero, al menos, fue notoria su falta de acompañamiento a los violentos; una posición similar adoptaron Barrios de Pie y la CTEP, que encabeza Juan Gabrois, el tan conspicuo hombre del Papa. Muy distinta fue la conducta de las dos CTA y de algunas organizaciones sociales –a las cuales el Gobierno no cesa de financiar-, que dieron un claro respaldo a quienes promovieron los disturbios. Aún espero que la Justicia declare la ilegalidad del Partido Obrero, en el cual milita Sebastián Romero, el terrorista fotografiado mientras atacaba con un mortero a la Policía; antes de los hechos, esa organización emitió una convocatoria a la manifestación, en la que dejó en claro su objetivo principal: la destitución del Presidente.

Pero sí merece que hablemos de Aerolíneas Argentinas, “su” compañía, que tan cara resulta para el presupuesto nacional. Los gremios aeronáuticos han puesto a parir a los ciudadanos y turistas extranjeros con paros cada vez más salvajes, mientras sus siderales costos incluyen salarios que no guardan relación alguna con lo que percibe el resto de los argentinos. Ahora que tenemos varias compañías internacionales operando en el país, ¿no será hora de plantearnos si se justifica una “línea de bandera” tan cara y tan ineficiente? No la tienen Suiza, Brasil, Chile, Gran Bretaña ni Estados Unidos; entonces, ¿por qué nosotros?

Sólo me resta desearle, a usted y a los suyos, una feliz y santa Navidad; o feliz Janucá, si es usted uno de mis muchos amigos judíos. Sigo siendo optimista, y tengo la certeza de que 2018 será un buen año para nuestro querido país, al que tanto hemos maltratado.

Bs.As., 23 Dic 17 

Golpe, ingenuidades y traiciones

Golpe, ingenuidades y traiciones

"Desde 1989 el peronismo dejó de ser un partido o un movimiento para convertirse, más sencillamente, en la herramienta política de un conjunto de gobernantes que, cada uno en su nivel, construyen su poder con recursos del Estado. Esa notable máquina política, engrosada con no pocos tránsfugas, sólo se preocupa por la caja y el poder". Luis Alberto Romero

El Gobierno está pagando, en la calle, el precio de una notable ingenuidad: haber silenciado, al comienzo de su gestión, la homérica crisis que heredó del kirchnerismo, tan eficiente a la hora de quemar todas las naves disponibles y el país entero con tal de impedir que explotaran antes del 10 de diciembre de 2015 los miles de minas con las que había sembrado el terreno económico y social. Nada dijo, cuando debió hacerlo, de las cajas estatales vaciadas para robar con obras públicas y hoteleras, de los millones de jubilados sin aporte alguno al sistema, de los departamentos y campos por todo el país, de las cajas fuertes llenas de billetes, de las financieras rosadas, de los aviones y autos de lujo, de los robados subsidios a los trenes y colectivos, de las cuentas en Seychelles, de la apropiación de empresas y actividades enteras, de la pérdida del autoabastecimiento energético, …

La razón presunta de tal torpeza también fue de una inocencia grave: evitar que los inversores se espantaran ante la magnitud del desastre encontrado; con eso, mostró ignorar que éstos siempre saben todo acerca del país en el cual planean aumentar su presencia o ingresar. Las obvias contrapartidas de ese ocultamiento inicial fueron la falta de percepción de la ciudadanía sobre la realidad y la consecuente intolerancia social hacia las amargas pero indispensables medidas que, pese al lógico gradualismo, hubo que adoptar de inmediato. 

Otra costosa falta de cintura política fue dejar que los jueces federales intuyeran que la Casa Rosada prefería a Cristina Elisabet Fernández en libertad, para utilizarla como permanente sparring electoral y agente disolvente de cualquier tentativa de reunificación del peronismo, para poder negociar con fracciones de éste y no tener enfrente a una oposición unida y blindada; el jueves, en torno a sus fieles, volvieron a reunirse muchos de los perdedores del PJ.

También pecó el Gobierno al confiar en los pactos que firmara con los gobernadores, por los cuales estos se comprometieron a obtener de sus diputados una posición favorable a las leyes que el oficialismo –en realidad, la República- necesita con urgencia, al igual que en los acuerdos con los líderes gremiales, a los que aflojó vanamente la bolsa de recursos. Olvidó así el consejo de un viejo militante del PJ, con la piel curtida en trenzas políticas: “a nosotros se nos debe cobrar al contado y pagar en cuotas”.

Y quizás la peor fue no informar con claridad y transparencia a toda la sociedad en qué consistía el proyecto de reforma previsional, lo cual habilitó al kirchnerismo, a la izquierda y a los oportunistas de siempre a montarse sobre la natural inquietud de los jubilados a los cuales, convengamos, cualquier alteración de sus magros emolumentos preocupa, y mucho.

Pero, más allá de la ingenuidad, de la torpeza y de la mala comunicación, lo que Argentina está viviendo en las calles desde que Mauricio Macri asumiera, y también en el sur del país con el terrorismo mapuche, es literalmente un golpe de Estado.

Ese golpe no se da solamente en la calle, donde confluyen piqueteros de todos los colores y nacionalidades (la enorme mayoría de los heridos del jueves son extranjeros) –pero un único bolsillo- con los grupos tradicionalmente terroristas de la izquierda radicalizada. Dentro del recinto de la Cámara de Diputados, el escenario fue mucho peor; se juntaron para ejercer la violencia y el patoterismo e impedir el funcionamiento de la democracia, a través de los representantes electos hace sólo dos meses, los delincuentes preocupados por su libertad, los ladrones de toda laya, los energúmenos representantes de esa izquierda petardista y los peores tránsfugas del escenario político; allí estaban Máximo Kirchner, Agustín Rossi, Leopoldo Moreau, Axel Kiciloff, Andrés Larroque, Nicolás del Caño, Victoria Donda y las grandes figuras del massismo.

Todos ellos, con una cara más dura que el cemento, no hesitaron en interrumpir una sesión legislativa, convocada para tratar la reforma previsional, invocando el imposible respeto al 82% móvil, esa meta que, cuando fue alcanzada por ley durante el reinado absoluto de Cristina, ella vetó sin contemplaciones, mientras falsificaba las estadísticas nacionales para ocultar la inflación galopante que legó a su sucesor. Ver a esa facción canalla, que convirtió por más de una década el Congreso entero en un recinto donde sólo se levantaba la mano para aprobar sin discusión todos los disparates que sus jefes imaginaban, hablar de la “dictadura” de Cambiemos, que no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, no hace más que confirmar los peores pronósticos. Y más repulsivo fue verlos salir luego, exultantes y a carcajadas, por haber impuesto su voluntad por la fuerza y haber ganado una baza para el destituyente “club del helicóptero”.

Es eso lo que pretenden, que Macri se vaya, y lo conseguirán sin duda si tanto el Gobierno cuanto los ciudadanos de a pie no lo impedimos, con toda la fuerza de la Constitución y de la ley. Todos debemos cambiar nuestra forma de pensar respecto a la seguridad, en especial las jóvenes generaciones a las cuales el kirchnerismo lavó la cabeza durante toda su gestión. No podemos permitir un minuto más que los violentos se apoderen de nuestro país y de nuestras calles, y reprimir con toda severidad y firmeza a quienes, una vez más, quieren arrebatarnos el futuro para continuar con el latrocinio miserable que nos trajo hasta aquí.

El Juez Marcelo Martínez de Giorgi archivó, sin siquiera investigarlas, las denuncias que formuláramos el Dr. Eduardo San Emeterio y yo contra Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y las organizaciones de pseudo derechos humanos por la reinvindicación de la guerrilla que expresaran en la Plaza de Mayo el 24 de marzo último, mientras convocaban a echar a Macri de la Presidencia; sostuvo que pretendíamos limitar la libertad de expresión. Si, a esta altura estuvieran procesados, tal vez otro ya sería el cantar.

Aplaudo, sin restricción alguna, a la Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, por la forma en que conduce y respalda a las fuerzas bajo su mando, y al Presidente Macri por sostenerla contra todas las críticas; Lilita Carrió, a quien mucho respeto, cometió una mayúscula estupidez el jueves cuando criticó por excesivo el aparato de disuasión montado en torno al Congreso. Porque eso fue, un anillo de seguridad para evitar que las hordas de encapuchados, armados con hondas, palos, piedras y bombas molotov pudieran llegar al edificio legislativo, mientras los efectivos que lo conformaron sufrían todo tipo de agresiones; si estos mismos terroristas intentaran acciones similares en Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia o Irán, recibirían algo mucho más definitivo que balas de goma y gas pimienta.

Diciembre es, tradicionalmente, un mes de protestas y piquetes, pero ahora estamos presenciando una gimnasia subversiva y destituyente que, como siempre, busca obtener muertos para usarlos como ariete contra la República. Raúl Sendic, fundador de los Tupamaros, sostenía que había que golpear sin descanso a la democracia burguesa hasta que ésta se hartara y reprimiera, mostrando así al enano fascista que todas llevan dentro. Eso, nos guste o no, es lo que tenemos servido en la mesa de fin de año; espero que sepamos lidiar con ello.

Bs.As., 16 Dic 17