Recuperando Potestades
“Es estúpido
dejar las decisiones sobre economía a aquellos que no pagarán precio alguno por
equivocarse”. Thomas Sowell
Cuando el
hombre comenzó a vivir en comunidad y para evitar que continuara rigiendo la
ley de la selva, naturalmente cedió algunas de sus libertades y derechos a algo
superior, que dio en llamarse, mucho después, “Estado”. Así, a cambio de
renunciar a ellos, le encomendó –y le exige- que se ocupara de su defensa, de
su seguridad, de su educación, de su salud y de la Justicia; como parte de ese
contrato tácito, paga al Estado los impuestos que le permitan soportar esas
tareas. También le delegó la organización de las relaciones entre los
individuos que componen la sociedad.
En la
Argentina actual, y pese a que ese contrato sigue teóricamente rigiendo,
apoyado en la Constitución y en el Código Civil, el Estado ya había desertado,
y los ciudadanos estamos sometidos a la indefensión como nación, a la cotidiana
inseguridad, a la falta de salud, de educación y a la falta de Justicia, por
lenta y por sometida al poder de turno. Nos vemos enfrentados a soportar
doblemente el costo de contar con esos beneficios elementales, ya que seguimos
pagando impuestos pero, además, tenemos que hacer frente al costo de la
contratación privada de vigiladores, colegios y prepagas médicas para subsanar
esa ausencia estatal.
En estos
días, en Córdoba, se vio a ciudadanos encaramados a los techos de sus viviendas
y negocios, o nucleados atrás de barricadas, armados y dispuestos a defender
con su vida –dada su inexperiencia- sus bienes ante las hordas que destruían
todo a su paso. Sin darse cuenta, reasumieron una potestad que habían
transferido, por ese acuerdo originario, al Estado, ya que éste había desertado
y se encontraban en total desamparo frente a la violencia desatada.
Esta
situación representa un salto cualitativo, hacia atrás, respecto a todos los
conflictos sociales que los argentinos hemos soportado en los últimos años y,
seguramente, continuará in crescendo,
por el triste papel que desempeñaron, durante esas horas trágicas, quienes
tienen a su cargo ejecutar las tareas que son propias del Estado. Doña Cristina
in absentia, Anímal y hasta Randazzo hicieron fila para pegarle al Gallego de la Sota, lavándose las manos
respecto a la crisis que la “década ganada” había generado y que, como vimos
por televisión, estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Al negarse a
enviar a la Gendarmería –Super Berni
lo ordenó, pero el Chino Zannini lo
desautorizó- el cristinismo, una vez más, dio una muestra cabal de la confusión
que en su concepto existe entre Gobierno y Estado; en ella, tal como lo
confirmó un patético Coqui Capitanich
invocando al federalismo constitucional, las fuerzas federales sólo pueden
actuar cuando quien solicita su auxilio es un obediente seguidor de los
dictados de Olivos. ¡Qué pena que ese mismo federalismo sea olvidado a la hora
de repartir ingresos fiscales!
Se me ha
preguntado, desde el momento de los hechos, si los saqueos estaban organizados
por algún malparido con intencionalidad política. La respuesta contiene dos
aseveraciones: sí lo estaban, y en esa organización seguramente participaron
narcos, pero tuvieron esa magnitud porque existe un caldo de cultivo que
favorece la protesta. Detrás de los primeros enmascarados, que robaban plasmas
y alcohol, necesariamente hubo multitudes crispadas y enojadas, que padecen
diariamente esta demencial política económica, que ha llevado a que el
verdadero índice de precios (el de los changuitos de supermercado) se haya
disparado a partir de noviembre, lo cual llevará la inflación anual a superar
el 30%.
El
Gobierno avivó la inquietud social con tres anuncios convergentes: no acepta
pagar el bono que todas las centrales gremiales solicitan para fin de año, descontará
el impuesto a las ganancias sobre la segunda cuota del aguinaldo y mandó a
imprimir, en la Casa de la Moneda y en Ciccone, ciento cuarenta millones de
billetes de cien pesos para hacer frente al pago de esa segunda cuota a los
empleados públicos.
El
desprecio que los funcionarios tienen por la inflación (a la que ningunean), la
carencia de un plan económico coherente –no se puede considerar como tal al
nuevo congelamiento de precios que, dicen, regirá a partir de enero- y la
monstruosa emisión monetaria, harán que el arrastre de este año lleve al índice
de los precios a superar el 40% en 2014; el permanente drenaje de reservas, la
obligación de importar cantidades mayores de combustibles más caros y el nuevo
robo que cometerán cuando paguen el cupón atado al crecimiento del PBI (nada
menos que US$ 5.000 millones), tampoco permiten ser optimista respecto a un
cambio diametral en la toma de decisiones.
Pero, tal
vez, el principal factor coadyuvante de lo que ocurrió en Córdoba haya que
buscarlo en la anomia moral que hoy reina en nuestra sociedad. Todos los
límites se han sobrepasado, y se ha impuesto el “sálvese quien pueda”.
El mundo
entero está contemplando, con asombro y repugnancia, cómo la señora Presidente
se mofa de todos, acumulando una fortuna personal cuyo crecimiento exponencial
ni se molesta en explicar, como tampoco lo hace con las relaciones que mantiene
con los personajes más oscuros de la escena nacional, como Lázaro Báez,
Cristóbal López, Spolsky, Eskenazi, Ferreyra (Electroingeniería), sus
secretarios y sus jardineros y tantos otros, enriquecidos por haber prestado
sus nombres para encubrir los latrocinios de la pareja imperial.
El
Vicepresidente, el inefable Guita-rrita,
se robó, con sus cómplices Nariga Núñez
Carmona y Vandermoco, la mayor
imprenta del país, que tiene a su cargo nada menos que la producción del
dinero. Además de hacerse enormemente rico, y seguir festejándolo a carcajadas,
le cobró una comisión de siete millones a la provincia más pobre del país para
renegociar su deuda con el Estado nacional, o sea, con él mismo.
Sin
embargo, los jueces de Comodoro Py no han llamado a ninguno de ellos a prestar
declaración indagatoria, y todos –hasta Jaimito-
siguen libres y haciendo daño. Entonces, ¿no resulta razonable que alguien crea
que puede robar impunemente un televisor o un coche de bebé? Si a los grandes delitos
que los funcionarios de todo pelaje han perpetrado no les ha correspondido pena
alguna, ¿por qué preocuparse entonces por la comisión de un hecho tan menor?
Para
terminar de aguar las esperanzas de quienes creían que los cambios en el
Gabinete traerían aparejada una mejor relación con la sociedad, con el mundo y
con los mercados, el viernes –como ya ha sucedido en la Cancillería- se produjo
la designación de un chico de La Cámpora para ocupar la jefatura de uno de los
organismos técnicos para prestigiosos del país, el INTA. Sólo cabe esperar que
el peronismo, que aportó los votos necesarios en octubre, se niegue a seguir
convalidando la ocupación del Estado por estos niñatos corruptos y espléndidamente
rentados, pero incapaces, siquiera, de ganar una elección universitaria.
BsAs, 8
Dic 13
