Por robar, hasta la ética y la palabra

Por robar, hasta la ética y la palabra

“El relativismo ético que abraza el posmodernismo apunta a que no habría tal cosa como lo bueno y lo malo. Así, el incumplimiento de la palabra empeñada o el estímulo a la antropofagia no serían malos o inmorales en abstracto”. Alberto Benegas Lynch (h)

Si bien muchos estábamos convencidos de que el kirchnerismo volvería a la Casa Rosada envuelto en sus viejas banderas de falso relato, falta de principios, corrupción y venganza, nadie imaginó que las llevaría al campo de batalla político y social con tanta rapidez. Ahora están robando la ética y el valor de la palabra.

La compulsión por reescribir la historia que padece Cristina Fernández, que ya la llevó a intentar subordinar el Poder Judicial argentino a un consejo de juristas internacionales en el caso del memorándum con Irán, hizo que una de sus principales espadas jurídicas, el Dr. Eduardo Barcesat (miembro del Partido Comunista y defensor de Hebe de Bonafini y Milagro Salas), se autodesigne como árbitro –un verdadero okupa- de la moral y pase a integrar un curioso “tribunal de ética” internacional.

El engendro, parido en Madrid en noviembre pasado, es presidido por Baltasar Garzón, ese ex Juez de la Audiencia Nacional española eyectado del cargo por sus pares por prevaricato, que recaló en la Argentina en 2012 a sueldo de la ex Presidente; lo integran, entre otros, los abogados que defienden a los más notorios ex funcionarios prófugos, procesados o ya condenados por corrupción en sus respectivos países: nuestra ilustre Vicepresidente y su ex Ministro Julio de Vido, Rafael Correa, Luiz Inácio Lula da Silva, etc..

Por supuesto, en todos los casos se las califica como persecuciones políticas disfrazadas de procesos judiciales –el famoso “lawfare”, esgrimido por Cristina Fernández y hecho suyo por S.S. Francisco- y, como es obvio, busca la impunidad de los nombrados y al invertir la realidad, imputar a quienes los juzgaron, como Claudio Bonadio, Julián Ercolini y Sérgio Moro. Pero “nuestro” representante ante ese curioso engendro no se detuvo allí y pretende reproducir la persecución a la prensa que tanto practicó su patrona; es más, dijo que deberían presentarse ante ese mamarracho periodistas prestigiosos como Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro.

Hasta en este posmodernismo que padece el mundo, tan plagado de líderes creadores de la posverdad, que pretenden permanecer en el poder a como dé lugar, vaciando las instituciones democráticas y transformándolas en meros instrumentos de su ambición, los argentinos conseguimos destacarnos.

Alberto Fernández ha obtenido una ley violatoria -¡cuándo no!- de la Constitución Nacional por las facultades legislativos que le delega, a la que llamó “de solidaridad”. La manipulación nuevamente queda expuesta ya que, si cualquier afectado se opone a ella, automáticamente se transformará en un egoísta carente de todo principio a favor de la sociedad.

Lo absurdo es que, en esta nueva persecución a quienes han construido legítimamente un patrimonio o, simplemente, superan el nivel de miseria de las jubilaciones mínimas, no se requiera esa misma solidaridad a los saqueadores monumentales de la década anterior ni se deje de nombrar a privilegiados en cargos públicos de inmenso salario. ¿Cuánto se aliviarían los problemas del Fisco si la Vicepresidente y sus hijos, Lázaro Báez y los suyos, Cristóbal López y Fabián de Souza, los gremialistas eternos, y tantos otros devolvieran lo robado? No conozco la cifra, pero un amigo sugirió que, en lugar de recurrir al FMI en busca de fondos, mejor hubiera sido pedírselos a los jueces; olvidó que éstos, y los legisladores que se niegan a votar la ley de extinción de dominio, son tan deshonestos como aquéllos.

A la vez, el Presidente ha consentido -¿tenía otra opción?- en ceder a Cristina Fernández inmensos resortes de poder no sólo en lo que respecta a la Justicia sino en los organismos de control y de recaudación, precisamente aquéllos que, cumpliendo sus obligaciones, actúan como querellantes en las causas por corrupción que tanto le preocupan; ya están en sus manos la AFIP, la DGI, la UIF y la Oficina Anticorrupción. Seguramente, todos ellos desistirán de sus acciones, y la Vicepresidente y sus cómplices –funcionarios y empresarios- habrán dado así un inmenso paso hacia la impunidad pretendida. Falta ver cómo reaccionaremos todos si ello ocurre.

Hoy se cumplen cinco años del asesinato –lo dice la pericia judicial firmada por más de cincuenta expertos y lo dijo esta semana el propio Mohsen Rabbani, el principal acusado como autor intelectual- del Fiscal Alberto Nisman, tres días después de denunciar a la entonces Presidente, Cristina Kirchner, y otros por traición a la Patria y un día antes de exponer el caso ante el Congreso, y aún no sabemos quién y cómo lo mataron por cumplir su deber. La Ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, para encharcar aún más la investigación, pretende “revisar” esa pericia, y el Presidente, el mismo que dijo las peores atrocidades de su actual Vicepresidente sobre el tema durante diez años y ahora pretende que lo olvidemos, la respaldó públicamente.

El robo de la palabra también aparece aquí en una marquesina destellante: basta con recurrir a los archivos que tanto circulan por WhatsApp para comprobar las estruendosas contradicciones en que incurrieron al respecto Alberto y Cristina, Sergio Massa y hasta los jueces, fiscales, espías y policías que intervinieron en el caso.

Hoy mismo, a las 18;30, la ciudadanía tiene una cita de honor y se reunirá en la Plaza del Vaticano (Viamonte, entre Libertad y Cerrito) de la ciudad de Buenos Aires y en todas las plazas del país y de las capitales del mundo para honrar al Fiscal muerto y reclamar, una vez más, el definitivo esclarecimiento de lo sucedido bajo el milenario lema bíblico: “Justicia perseguirás”. No habrá banderas políticas ni discursos, pero todos leeremos en voz alta un documento.

Bs.As., 18 Ene 20

Señora de ojos vendados

Señora de ojos vendados

“Nuestros jueces son absolutamente incompatibles.

 Todo lo pueden hacer, menos justicia”

.       Bertold Brecht

La serie “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”, que Netflix incluyó en su plataforma a partir del 1º de enero, el quinto aniversario de su irresuelto asesinato que se cumplirá el próximo sábado, y las declaraciones del principal imputado como autor intelectual –Mohsen Rabbani- colocaron otra vez en el tapete el tema que debiera ser prioritario en la cabeza de los argentinos: no tenemos Justicia. Procesos como los de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994) no solamente no han tenido resolución sino que se han convertido lodazales sin futuro, hollados por las pezuñas de cerdos de todos los colores, de todos los intereses y de todas las nacionalidades.

Más allá de estos y otros innumerables actos de terrorismo y de megacorrupción que han quedado –y seguramente quedarán- impunes a lo largo de nuestra historia, y de tantos magnicidios que aquí se han cometido sin que nadie consiguiera siquiera identificar a los responsables, esa carencia nos condena a la inviabilidad como nación independiente.

Piénsese qué sucedería si, por esos extraños milagros que pocas veces ocurren, pudiéramos darnos una Justicia transparente, seria, apegada exclusivamente a su rol de único intérprete de la ley y, además, veloz.

Una Justicia que permitiera a sus miembros, y a la sociedad en general, estar orgullosos de ella, volviendo a convertirse en un galardón para aquéllos a los que el mérito y la consideración pública les otorga la decisión final sobre la libertad, la honra y el patrimonio de los demás. Que se transformara, ni más ni menos, en lo que nuestra sabia Constitución, prostituida por los políticos, le concede y le exige: ser la real garantía de defensa del individuo frente al poder del Estado y frente a las arbitrariedades de los demás.

Si la Justicia recuperara ese prestigio perdido o dilapidado, mejorarían enormemente las relaciones que el país mantiene con los tenedores de bonos y con los inversores, que ya no necesitarían reclamar extrañas jurisdicciones, y las que cada uno de nosotros mantiene con sus acreedores y deudores, propietarios e inquilinos, cónyuges, padres e hijos, vendedores y compradores, profesionales y clientes, sanatorios y pacientes, empleadores y trabajadores, funcionarios y ciudadanos, etc.. Porque, convengamos, somos hijos del rigor, y allí estaría la señora de ojos vendados para recordárnoslo e impedir los abusos a los que somos tan proclives.

No debe entenderse en mis dichos que todos los jueces son indignos de cumplir con honestidad y crudeza el tan noble rol que la Constitución les asigna. Por el contrario, con cincuenta y dos años de ejercicio como abogado, estoy convencido que la mayoría de ellos son probos y preparados, y mira con tanto asombro como los ciudadanos cuanto de inmundo sucede en el Poder Judicial.

Nada puede hacerse de un día para otro, pero todos los caminos comienzan por un paso. Ese paso inicial podría ser algo que ya funciona, con éxito, en muchísimos países del mundo: el juicio civil y penal por jurados, y la elección popular –desacoplada de las de cargos políticos- de los jueces y fiscales en los pueblos y ciudades de menor tamaño. La duración de los mandatos sería de cinco años, renovable, y el principal requisito para cada juez sería la residencia en el lugar en que se desempeña, para permitir un adecuado control de los vecinos sobre su conducta personal y sus bienes.  

En un plazo razonable, se encomendaría a esos distintos magistrados y fiscales la elección de aquellos que merecerían integrar las cámaras de apelaciones y de ejercer como fiscales ante ellas; y así sucesivamente hasta haber recorrido toda la pirámide que corona la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación. La obvia razón de esta propuesta es que nadie los conoce mejor que sus propios colegas y, cuando éstos han concitado el respeto y la admiración de los demás, seguramente se sentirán más obligados frente a la sociedad.

Lamentablemente, impulsado por las necesidades de su tan procesada Vicepresidente, Alberto Fernández nos mintió en forma descarada cuando, en su discurso de toma de posesión del cargo, aseguró que “nunca más” habría injerencia del poder político en la Justicia. Si le creímos fue sólo culpa nuestra, porque ya había condenado severamente a Cristina imputándole corrupción y complicidad con los terroristas y, poco más tarde, exigido a quienes la tienen contra las cuerdas que expliquen sus fallos y las “barbaridades” (sic) que escribieron para dictarlos.

Y la designación de personajes tan nefastos como Carlos Zannini (Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado), Daniel Rafecas (propuesto para Procurador General y cabeza de los fiscales), Juan Martín Mena (Secretario de Justicia), Gerónimo Ustarroz (Consejero de la Magistratura), Félix Crous (Oficina Anticorrupción) y miles de etc., prueban más allá de toda duda el escaso apego a la verdad que afecta a nuestro Presidente.    

Bs.As., 11 Ene 20

Ilusiones del viejo y de la vieja

Ilusiones del viejo y de la vieja

“El misterio político más grande del Siglo XX

 es el fracaso de Argentina como Nación”.

Robert D. Crassweller  

A Alberto Fernández, que sueña con transformarse en el nuevo refundador de la Argentina, los papeles se le están quemando rápidamente, incluso en el ámbito externo, que ayer se complicó en serio. Forzado por la innegable influencia de su compañera de fórmula en el diseño de la política, está cayendo rápidamente en las mismas contradicciones que tanto nos perjudicaron.

Nos pide que dejemos de pensar en dólares pero, desde que asumió hace menos de un mes, ya imprimió un 12% más de pesos que, necesariamente, darán nuevos aires a la monumental inflación que padecemos.  

Pretende pagar llegar a un rápido arreglo con los acreedores y el FMI para evitar caer una vez más en default, pero parece ignorar que la voluntad de los Estados Unidos es determinante en el organismo. El ataque en Bagdad con misiles, que produjo la muerte de un jerarca del régimen iraní, Qassem Soleimani, demuestra que Donald Trump no bromea cuando se trata de combatir a su “eje del mal”.

Ya el día anterior, la Casa Blanca había advertido que la posición de la Argentina con respecto a Evo Morales y el notorio reacercamiento con  Venezuela y Cuba tendría graves consecuencias en la relación bilateral. Sin embargo, inexplicablemente se autorizó a una línea aérea, que cubre la ruta Caracas-Teherán, a llegar a Buenos Aires; y lo digo porque, en la medida en que no parece racional desde el punto de vista comercial, falta conocer las verdaderas razones que la motivaron.

El Presidente declaró que Argentina sólo podrá hacer frente a sus compromisos externos cuando vuelva a crecer, y ha centrado sus expectativas en Vaca Muerta, que nos ha hecho recuperar la autosuficiencia energética, y en el artificial y populista impulso al consumo interno. Para que el yacimiento se transforme en un verdadero motor de ese necesario crecimiento, se requieren gigantescas inversiones internacionales para financiar su expansión; sin embargo, para que se concreten resultan esenciales tres condiciones: claras e inamovibles reglas de juego, rentabilidad y confianza, sobre todo en la Justicia.

Pero ninguna de ellas se da. Demostrando que padece una grave bipolaridad, el Gobierno interviene en el mercado energético, congela tarifas y modifica arbitrariamente esas reglas, mientras el impuestazo de la ley de “solidaridad y reactivación” deprime el consumo y destruye toda rentabilidad de las empresas. El ajuste sólo afecta al sector privado, ya que el gasto del Estado –incluyendo a los tres millones de jubilados sin aportes incorporados por Cristina Fernández al sistema- en todos sus niveles se ha incrementado de modo perverso. Con observar qué sucedió cuando se atrasaron demagógicamente los precios, resulta fácil predecir el futuro: más déficit fiscal, más cortes de suministro, más despilfarro, menos producción, más negociados, etc..

En la medida en que, como se ve, ninguna de las condiciones esenciales se cumple, los inversores escapan de la Argentina como de la peste y se van a buscar otros horizontes más amigables, con la improbable excepción de las siempre soñadas de China. La maraña de impuestos y costos agregados inviabilizan cualquier proyecto productivo y, así, el futuro de nuestra economía se percibe como cada vez más negro, y enterrará las aspiraciones personales de Alberto.

Y nadie desconoce el dominio que Cristina Fernández ha adquirido sobre la Justicia (con Carlos Zannini, Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado; Daniel Rafecas, Procurador General y cabeza de los fiscales; Juan Martín Mena, Secretario de Justicia; Gerónimo Ustarroz, Consejero de la Magistratura; Sabina Fréderic, Ministro de Seguridad; Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción; Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; etc.) con todo lo que ello implica en materia de inseguridad jurídica.

Nótese que ya Fréderic, el Gobernador Axel Kiciloff y hasta el propio Presidente calificaron a los juicios por corrupción que afectan a tantos funcionarios kirchneristas y empresarios como persecuciones políticas, y han llegado al gravísimo extremo de criticar las pericias que determinaron que Alberto Nisman fue asesinado y que Santiago Maldonado se ahogó.

Si Cristina Fernández sueña con la impunidad, al menos para sí misma y sus hijos, lo cierto es que no resultará posible; la ciudadanía movilizada no tolerará que esa ilusión se concrete y, si se intentara, produciría un verdadero estallido social. Pero aún si consiguiera aquí algo por el estilo, tampoco podrá moverse por el mundo, ya que hay causas instruidas en el extranjero, motivadas por los raros movimientos financieros realizados por nuestros ladrones en otros países, que no se cerrarán fácilmente y que le dificultarán esos desplazamientos.

Bs.As., 4 Ene 20

El mismo amor, la misma lluvia

El mismo amor, la misma lluvia

“Cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado.

 Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado, y el soldado … juzgado”.

Como parte importante de la blitzkrieg del peronismo pegoteado (impuestazos, degradación de las instituciones, abuso de medios públicos) la clara intención de Cristina Fernández de obtener total impunidad respecto a las innumerables causas por corrupción que la afectan –y, con ella, a sus hijos- se materializa diariamente a través de su control sobre los organismos que actúan como acusadores en las mismas y en el Consejo de la Magistratura, que controla la designación y la remoción de los jueces. Por lo que se ha visto en los últimos días, me atrevo a decir que la obtendrá.

Por otra parte y como era de esperar dada su ideología, Sabina Frederic, la Ministro de Seguridad de Alberto Fernández, adoptó desde su designación, hace sólo dieciocho días, una serie de medidas que tendrán fuertes consecuencias sobre la sociedad.

Derogó el protocolo que había promulgado Patricia Bullrich sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad bajo su mando (Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) y, en la práctica, transformó a éstas en inocuas frente al delito en todas sus formas. A partir de ahora, no solamente los uniformados deberán pedir por favor a los ladrones y asesinos que se entreguen sino que, si tuvieran que disparar para salvar su propia vida, quedarían a merced de los jueces y, dependiendo de cuán garantista (la famosa escuela de Raúl Zaffaroni) sea el magistrado que le toque en suerte, podría terminar absuelto o preso por larguísimo tiempo. La seguridad, ¡bien, gracias!

También retiró del equipamiento del que dispondrían los agentes que se desempeñan en sitios muy concurridos (estaciones ferroviarias o subterráneas, etc.), las famosas pistolas eléctricas Taser, diseñadas precisamente para evitar riesgos para los ciudadanos durante hechos de violencia en esos ambientes. Y suprimió el Servicio Cívico Voluntario en Valores, creado durante la gestión de Patricia Bullrich y que tuvo una enorme y positiva repercusión en la sociedad, sin dar otra explicación que no se trataba de una actividad específica de la Gendarmería.

Pero si algo peor cabía esperar, rápidamente se arrogó facultades judiciales –lo mismo que hizo Axel Kiciloff cuando designó dos ministros provinciales, pese a que se encuentran procesados, invocando la teoría del lawfare- cuando dijo que volverá a investigar la presunta responsabilidad de la Gendarmería en la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado y, además, que revisará la pericia que esa fuerza realizó, con control de los jueces, y concluyó en que Alberto Nissman fue asesinado.

Suprimió la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y hay fuertes rumores y trascendidos acerca de una suspensión total del famoso “Escudo Norte”, montado durante la presidencia de Mauricio Macri para terminar con la porosidad de nuestras fronteras y evitar el tráfico de drogas provenientes de Bolivia y Paraguay. Si esa medida se confirmara, obviamente se revitalizaría la alianza que tantos años vinculó a los grandes carteles con la asociación ilícita que encabeza la familia Kirchner.

Mientras tanto, la catarata de empresarios, gremialistas y políticos presos por corrupción que salen de la cárcel después del triunfo de Fernández² en las PASO –Julio de Vido, Roberto Baratta, Cristóbal López y Fabián de Souza, Carlos Kirchner, Gerardo Ferreyra, Oscar Thomas, Atanasio Pérez Osuna, Fernando Esteche, Miguel Angel Plo, Omar “Caballo” Suárez y César Milani- continúa sin pausa y, como dije más arriba, van cayendo las causas que involucran a Cristina y sus cómplices.

En todos los casos, esas excarcelaciones y prisiones domiciliarias obedecieron a la nueva norma que dictara el Hº Aguantadero para limitar el arbitrio de los jueces, o a razones humanitarias vinculadas con la salud de los detenidos, bajo el argumento de las carencias que tiene el Hospital Penitenciario Central, ubicado en el penal de Ezeiza.

Es entonces, cuando la indignación me supera. Porque es en ese mismo nosocomio donde se deben atender los militares y civiles, todos ellos ancianos, que se encuentran detenidos en las inventadas y tergiversadas causas llamadas “de lesa humanidad” y que debieran denominarse “de venganza”. Nuestro Congreso se cubrió aún más de indignidad cuando sancionó una “ley interpretativa”, que dispuso que sólo a ellos no le resulta aplicable la norma del 2x1, es decir, computar dos días soportados de prisión preventiva para reducir en uno cada condena.

No debería sorprenderme, ya que tampoco rigen con respecto a los dos mil ciudadanos que se encuentran en esa situación –los verdaderos presos políticos- los principios de inocencia, de la duda a favor del reo, de jueces naturales, de irretroactividad de la ley penal, del juzgamiento bajo el régimen jurídico imperante al momento de los hechos, de legalidad, de la ley más benigna ni, por supuesto, las limitaciones a la prisión preventiva.

En la medida en que las nuevas reglas establecidas para ésta, precisamente las que habilitaron tantas liberaciones de ladrones, debieran ser aplicadas también a estos soldados que, cuando jóvenes, cumplieron su deber con la Patria, no dudo que el inmundo Hº Aguantadero volverá a las andadas, como acaba de hacer con la nueva delegación de facultades legislativas al Presidente, y sancionará otra ley interpretativa que los margine de esos beneficios generales.

Como se ve, los seculares tangos siguen describiendo, como hiciera “Cambalache”, esta Argentina que vive siempre “el mismo, el mismo loco afán(o)”. Mientras tanto, que usted y su familia tengan el mejor 2020 posible, que seguramente no será mucho. ¡Hasta el año que viene!

Bs.As., 28 Dic 19

Sorpresas te da la vida

Sorpresas te da la vida

"Es una ingenuidad creer que los hombres malos no harán el mal".

 Marco Aurelio

El nuevo “fernandismo²” –sea de Alberto o de Cristina- ha dado una inmensa lección de real politik explícita a Cambiemos y, sobre todo, al PRO de Mauricio Macri: en sólo una semana y mediante una sorpresiva blitskrieg, arrasó con todas las fronteras de la institucionalidad y de la República y, con prisa y sin pausa, va por más o, como mínimo, por lo que queda.

El principal “panzer” de esa nueva guerra es la norma de absurdo título: “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”. Y lo califico así porque la solidaridad debe ser voluntaria, ya que si es obligada se transforma en confiscación, y no recuerdo un país en el mundo cuya economía se haya reactivado por ley.

Después de la enorme polémica que desató en especial el artículo 85 de ese proyecto ómnibus, ya que le hubiera otorgado al Presidente la suma del poder público (¿alguien habrá leído el artículo 29[i] de la Constitución Nacional?), el Gobierno resolvió retirarlo del texto. (No es el único, porque el texto prevé otras once delegaciones legislativas ilegales al Ejecutivo). Tanto el viaje de ida cuanto el de vuelta generaron interrogantes.

Alberto Fernández ocupa su recién estrenado cargo por exclusiva voluntad de su Vicepresidente, propietaria de los votos que lo pusieron allí. Por su parte, ella no sólo se reservó el dominio absoluto de ambas Cámaras e, inclusive, de todo el andamiaje administrativo del Hº Aguantadero, sino que colocó en los primeros y segundos escalones claves del Ejecutivo y del Legislativo (Carlos Zannini, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Rafecas, Juan Martín Mena, Elizabeth Gómez Alcorta, Eduardo Wado de Pedro, Agustín Rossi, Juan Cabandié, Luis Basterra, Sergio Berni, Cristina Caamaño, Carlos Cruz, Sergio Massa, Cristina Abdala de Zamora, etc.) a sus más fieles escuderos, amén de vetar a quienes la disgustaban. Es decir, no resignó poder, por mucho que sea el Presidente el teórico dueño de “la lapicera”.

   Por eso, llamó al principio la atención que se incluyera en la ley una delegación tan enorme de facultades legislativas ya que, obviamente, restaba a Cristina sus actuales y gigantescos resortes de control sobre las actividades de aquél. Éstos son de tal magnitud que, a mi modo de ver, la única posibilidad que tiene Alberto para equiparar las fuerzas es mantenerla aherrojada a las múltiples causas por corrupción que la afectan y, con ella, a sus hijos. ¡Teléfono para Carlos Stornelli, Claudio Bonadío y Martín Irurzun!

¿Qué pasó en la relación interna de esa extraña pareja que hizo que se intentara ese inconstitucional recorte para favorecer a Alberto y, acto seguido, se decidiera renunciar al mismo, beneficiando a Cristina, sólo veinticuatro horas después? Lo desconozco, pero pretender que la marcha atrás se debió al público rechazo que la pretendida norma suscitara, es desconocer ingenuamente la historia del kirchnerismo y la vocación de monarquía absoluta que demostrara durante los doce años de su gestión.

Las reformas económicas que obtuvo el Gobierno afectan, en especial, gravemente al campo, a los exportadores y a los jubilados. Tal vez porque la Argentina, siempre excepcional, logró una inédita transición pacífica, el Gobierno no parece percibir que está sentado sobre una olla a presión ni haber tomado nota del clima de alta conflictividad que afecta a toda la región, pero el monumental ajuste que esta ley implica puede justificar un rápido contagio. Ya se están generalizando las protestas de chacareros y agricultores autoconvocados y, a corto plazo, los jubilados volverán a la calle, indignados por las exclusiones (toda la clase política, ex presidentes ministros, secretarios, intendentes, legisladores, asesores, diplomáticos, jueces -como Norberto Oyarbide- y otros privilegiados) al congelamiento; y seguramente serán acompañados por otros grupos exprimidos por esta descomunal presión impositiva y por la habitual izquierda violenta.

Es natural que la indignación cunda porque el Estado nacional, provincial y municipal no ha hecho esfuerzo alguno por acompañar esa “solidaridad” que reclama al sector privado. Proliferan los ministerios, los cargos legislativos, los organismos, todos consumidores de inconmensurables recursos públicos, y la política nada ha hecho para reducirlos o para rebajar los sueldos y las dietas de los legisladores (como acaba de hacer Chile) y ni siquiera tuvo la decencia de reducir el número de estas verdaderas sanguijuelas. También se dio el lujo de no tratar el proyecto de ley de “ficha limpia”, que acompañaron con su firma cientos de miles de ciudadanos y que hubiera permitido mejorar, al menos en parte, la fetidez que emana del Hª Aguantadero.  

El hartazgo se multiplica cuando se percibe que los ladrones K, que al mando de su jefa saquearon impunemente el país, salen de la cárcel con el cambio de orientación de las veletas de Comodoro Py, sin devolver un solo centavo de lo robado. ¿Cuánta “solidaridad” se necesitaría si recuperáramos los campos, los hoteles, las cuentas bancarias, los aviones, los autos, los departamentos, etc., que faltan del Tesoro público?

En estos días, muchas voces han sonado preanunciando la posibilidad de una guerra civil; sin embargo, para que algo así se produjera, se necesitaría que el pueblo argentino entero, de uno u otro bando, tuviera el temple moral capaz de producir la batalla de Caseros, como bien dijo Leopoldo Lugones, o una conflagración como la que sufrió España entre 1936 y 1939. No veo en nuestra sociedad ese coraje, esa determinación para impedir que desaparezca la República. Antes –más temprano que tarde- veremos chocar los planetas en este curioso universo K.

Pese a todo, espero que tengan usted y los suyos una muy feliz Navidad, y que ese Jesucristo, Señor de la Historia y que renacerá el martes a la noche, se apiade de nosotros.

Bs.As., 21 Dic 19  

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[i] Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Un Alberto bifronte

Un Alberto bifronte

“A pesar de los avances en el conocimiento en el mundo contemporáneo, se

 siguieron fraguando personajes y acontecimientos que conmovieron a multitudes,

 porque sigue predominando la creencia en los mitos más que en los hechos reales”.

 Juan José Sebreli

El martes, al llegar al Congreso para asumir como Presidente, Alberto Fernández tuvo un gesto conmovedor al empujar la silla de ruedas de la Vicepresidente saliente, Graciela Micchetti; y el abrazo con Mauricio Macri fue la frutilla que coronó esa actitud tan civilizada y democrática. Su discurso inicial, en general, no pudo ser más contemporizador y reunificador para una sociedad tan enfrentada como la nuestra, un remedo del mismo mal que afecta a tantas otras, desde los Estados Unidos, el Reino Unido, España e Italia hasta Chile, Bolivia y Colombia.

En particular, aplaudo su declarada intención de privilegiar los derechos humanos. Pero, mientras celebraba el coincidente día internacional de éstos, en el palco de los representantes extranjeros destacaban Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba, Jorge Rodríguez, poderoso Ministro de Comunicación venezolano, y Rafael Correa, el prófugo ex Presidente del Ecuador, todos ellos violadores seriales de esos mismos derechos. Y el jueves se sumó el arribo –pidió asilo político- del narco Evo Morales, quien renunció a la Presidencia de Bolivia cuando su fraude fue descubierto.

Además, tuve agradables sorpresas cuando dijo que fortalecería la integración inteligente al mundo globalizado, y su vocación por trasparentar la obra pública para evitar “irregularidades”.

También lo acompaño en la necesidad de limitar las prisiones preventivas y de garantizar los derechos constitucionales, siempre y cuando se apliquen a todos, sean quienes fueran. Porque, si aplica esos encomiables propósitos, deberá cesar la persecución estatal a los ancianos militares presos, y muchos de ellos deberán recuperar inmediatamente su libertad.

Comparto con el Presidente la preocupación por el estado de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y creo indispensable su reforma, en especial para excluir de ella las operaciones políticas, provengan de donde sea. Por ser sólo doce los jueces de Primera Instancia, verdaderos zares de las causas federales, ya que son los dueños del “pasa o no pasa” de las denuncias, se convierten en blancos fáciles de las presiones del poder de turno y de las tentaciones “crematísticas”, tal como se viera en los casos de Norberto Oyarbide, Eduardo Farah y varios otros, o como razonablemente se sospecha de tantos otros de los actuales.

La mejor solución o, al menos, la más simple, parece ser “federalizar” a los numerosos jueces de primera instancia en materias penal tributaria y criminal común y un Congreso tan permeable a los deseos presidenciales podría transformarla en ley rápidamente. Pero temo, conociendo el paño, que escondida detrás venga su “democratización”, tan propulsada por Cristina durante su gobierno y milagrosamente abortada por la Corte Suprema.

LLama la atención que haya tantos procesados por corrupción entre los nuevos funcionarios a nivel nacional y bonaerense y lamentablemente, la insistencia de Alberto Fernández en la supuesta persecución judicial y mediática –replicada por Axel Kiciloff para justificar el nombramiento de dos de ellos- que afectaría a la dueña del peronismo multiforme y pegoteado -¿cómo negar las múltiples pruebas y declaraciones coincidentes de sus cómplices arrepentidos?- me hace dudar de las buenas intenciones del primer mandatario, que está obligado por el siniestro pacto que lo llevó a ese lugar a garantizar la impunidad de su jefa y de la familia de ésta.

En especial, cuando se la suma a los estratégicos nombramientos en los más altos escalones de la pirámide estatal en materia de Justicia: a Carlos Zannini, Procurador del Tesoro y, como tal, jefe de todos los abogados del Estado, se agregaron Juan Martín Mena (ex número dos de la SIDE kirchnerista), como Viceministro, y Gerónimo Ustarroz (hermano de Wado de Pedro), como miembro del Consejo de la Magistratura.

Todos ellos responden a Cristina, y serán quienes tendrán la misión de garantizarle tranquilidad por muchos años. Pero Alberto Fernández, más allá de las razonables muestras de agradecimiento y sumisión a quien lo eligiera, necesitará tenerla controlada, para evitar los desbordes institucionales a los que es tan afecta y que tanto daño produjeron a la sociedad. Para ello, sólo tiene un arma: precisamente, mantenerla atada a las causas por corrupción que tramitan en Comodoro Py. Creo que será allí donde se librará la principal batalla por el verdadero poder.

El Presidente ha dado suficientes muestras, durante la campaña electoral, de su muy baja tolerancia a las preguntas de los periodistas y, por eso, otra luz amarilla se encendió cuando expuso su decisión de modificar la publicidad oficial para que ésta se convierta en vehículo para “mejorar la calidad educativa” y “el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes”. Tendremos todos que estar muy atentos cuando se pruebe en hechos, tanto para controlar que no vuelva a ser un modo de  sojuzgar a la prensa libre cuanto para evitar que se utilice, como tantas veces ha sucedido, para adoctrinar y degradar a la República y la democracia.

Me pareció espléndida y esencial la futura creación de una gran Escuela de Gobierno, a imitación de la que existe en Francia; en ésta, todos los miembros permanentes de la administración pública se han graduado y la meritocracia es el principio rector para el ingreso y la permanencia.

Para terminar, en cambio, disiento con la gratuidad de la educación universitaria, tan ponderada por el Presidente en su discurso. He escrito muchas veces sobre el tema (por ejemplo, en https://tinyurl.com/sp6jbk9) y sigo pensando que es, simplemente, un injustificable disparate.

Bs.As., 14 Dic 19

La peor Cristina

"Lo más importante es el juicio de la Historia, y a él los

 personajes no asisten. Cuando la gran maestra de los hombres

 emite su sentencia, el veredicto recae sobre los muertos". 

Fernando Henrique Cardoso

El lunes, tal como estaba previsto, Cristina Elisabet Fernández, llamada a prestar declaración indagatoria en una de las múltiples causas por corrupción que la afectan, se subió a la pista principal del circo de Comodoro Py para desplegar su habitual histrionismo y, por supuesto, negarse a contestar a las preguntas que la hubieran obligado a explicar hechos. Pudimos confirmar entonces que volvieron, pero peores.

A pesar de la marcada insolencia –rayana en el desacato- con que se comportó, los jueces que debieron aguantar sus rencorosas diatribas no reaccionaron, cuando una conducta similar de cualquier procesado hubiera derivado en su inmediato encarcelamiento; si hubieran actuado así en este caso, no hubiera podido invocar la protección de los fueros de su nuevo cargo, ya que se trataba de un flagrante delito pero, seguramente, se hubieran producido enormes conflictos en la calle.

La Vicepresidente electa, en la frase más rimbombante y soberbia, se dijo absuelta en vida por el juicio de la Historia y auguró a los magistrados la condena definitiva de ese tribunal universal. Se inspiró en su numen revolucionario, nada menos que Fidel Castro, quien recurrió a una mucho menos pretenciosa afirmación –“la Historia me absolverá”- al ser llevado ante los Tribunales por los fracasados asaltos a los cuarteles de Moncada y Céspedes en 1953; el tirano cubano, a su vez, había parafraseado a Adolf Hitler cuando, en el juicio que celebró en 1923 por la fallida tentativa de tomar el Ministerio de Defensa alemán, dijo: “Aún cuando los jueces de este Estado puedan condenar nuestra acción, la Historia, diosa de la verdad y de la ley, habrá de sonreír cuando anule el veredicto de este juicio y me declare libre de culpas”. ¡Menudos antecedentes tuvo la actitud de la Vicepresidente electa!

Pero lo realmente grave no ha sido ese stand-up, ya que era por completo esperable ya que fue inveterada su decisión de ejercer una defensa política ante la imposibilidad de ejercer una técnica, es decir, aquélla en la cual hubiera debido confrontar con los hechos, probados hasta la náusea.

En cambio, la composición del gabinete de ministros que acompañará a Alberto Fernández a partir del martes próximo ha provocado una profunda inquietud, tanto en la sociedad cuanto en los mercados locales e internacionales, ya que demuestra que el  “albertismo”, imaginado por tantas almas buenas como contrapeso al desaforado “cristinismo” en la administración del Estado, no llegó siquiera a existir y sus principales cabezas se han rendido ante la viuda de Kirchner y su engendro político, La Cámpora.

La aparición en el nuevo equipo de nombres como Carlos Zannini (Procurador del Tesoro), Eduardo Wado de Pedro (Interior), Agustín Rossi (Defensa), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer), Luis Basterra (Agricultura) y Sabrina Fréderic (Seguridad) muestran claramente quién tiene el sabot en la mesa de juego y, sobre todo, cuáles son sus prioridades. Pero, más que nada, que el kirchnerismo que volvió es mucho peor que el último que debimos soportar, pues su jefa viene por la impunidad, la venganza y lo poco que quedó después que viniera por todo.

El inspirador de las peores medidas de la década robada se transformará, desde el martes, en el jefe de todos los abogados del Estado; la relación con las provincias será conducida por un dilecto discípulo de quien tanto las apretara en su gestión anterior; en el comando de las fuerzas armadas se repondrá a quien perdió misiles y municiones; la abogada de Milagro Salas ocupará la cartera destinada a equilibrar la participación de los sexos; el más fervoroso defensor de la Resolución 125, irá a una de las carteras con mayor gravitación, la del campo; y una garantista de la escuela de Zaffaroni y negadora del rol de Hezbollah en los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA tendrá en sus manos la seguridad.

Mauricio Macri presentó el jueves un balance final de su gestión, intentando vanamente reparar así el monumental error que cometió al evitar decir la verdad sobre la herencia que recibiera en 2015, cuando hubiera debido explicar que sólo podían esperarse sangre, sudor y lágrimas. De cualquier modo, ese gesto tardío no impedirá que el peronismo pegoteado, mucho más ducho en estas argucias políticas, cargue sobre sus espaldas la responsabilidad de todas las medidas amargas que, con certeza, deberá adoptar en los primeros meses de su gobierno.

Pero, sin perjuicio de la opinión personal que cada uno tenga sobre el Presidente actual, es imprescindible que hoy, sábado 7, a las 17:00 hs., hagamos acto de presencia en la Plaza de Mayo para ratificar ante el mundo que aún existe en la Argentina una multitud (al menos 41%) de personas que privilegian la República, la independencia de poderes, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la impunidad, y tantas otras cosas del mismo tenor que estos cuatro durísimos años nos permitieron descubrir que son posibles y a las cuales no estamos dispuestos a renunciar.

Bs.As., 7 Dic 19