sábado, 21 de abril de 2018

Campeones de la Hipocresía





Campeones de la Hipocresía


“A veces, uno sabe de qué lado está simplemente 
viendo quiénes están del otro lado”.
       Leonard Cohen


Néstor Kirchner, a quien la posibilidad de apropiarse del dinero ajeno lo llevaba al éxtasis, decidió ahogar a las compañías petroleras mediante el congelamiento de los precios en boca de pozo con el exclusivo propósito de inducir a Repsol a desprenderse en su favor de un alto porcentaje de las acciones de YPF y huir del país. Como testaferro, utilizó a la familia Eskenazi, también propietaria del Banco de Santa Cruz, con la cual mantenía relaciones derivadas de la apropiación de los “fondos de Santa Cruz” y su colocación en cuentas en el exterior a nombre personal del pingüino mayor.

A raíz de esa demencial conducta, la Argentina perdió el autoabastecimiento energético, ya que las empresas afectadas dejaron de invertir en exploración de nuevos yacimientos y, durante muchos años,  consumimos los que conocíamos; cuando prácticamente se acabaron, debimos importar masivamente gas con la consiguiente sangría masiva de las divisas que quedaban en el Banco Central, generando así inflación y un nuevo nicho de gigantesca corrupción.

Además, el kirchnerismo montó un monumental sistema de subsidios a la energía y el transporte que, en la práctica, benefició a los habitantes de la Capital Federal y el Conurbano; mientras aquí nos regalaban la luz y el gas, en especial a la alta clase media, nuestros conciudadanos del interior debían pagarlos a precios que duplicaban y triplicaban los que aquí regían.

Así llegamos al 2015, cuando la inquilina de la Casa Rosada se marchó a su lugar en el mundo para fundar el “club del helicóptero” e intentar desestabilizar a su sucesor. Contaba con la inestimable ayuda del campo minado que había preparado, un altísimo porcentaje de pobres a los que se debía atender, un imparable déficit público, un descrédito internacional enorme y el Banco Central sin reservas. Mauricio Macri contribuyó a la maniobra urdida cometiendo el ya irreparable error de no desnudar la situación ante la sociedad, que transitaba una crisis gravísima sin percibirla.

El Gobierno decidió enfrentarla gradualmente y, para ello, debió recurrir al endeudamiento externo, habilitado por el levantamiento del cepo cambiario, la solución al problema con los holdouts y la promesa de una mayor seguridad jurídica, tan deteriorada e indispensable para recibir inversiones directas en nuestra economía. La oposición, formando un coro infernal, maldice diariamente contra la creciente deuda y se cansa de reírse del fracaso en convocar a los dueños del dinero local e importado para que lo pongan aquí, en la economía productiva.

La discusión en el Congreso sobre los aumentos tarifarios, en especial de la energía eléctrica, mostró a las claras de que madera están hechos nuestros distinguidos representantes. Si bien era lógico esperar una actitud bastarda de parte de quienes militan en la Unión Ciudadana, ese engendro que sacó de la manga Cristina Fernández para no correr con los colores del peronismo, al cual había recomendado suturar una parte de su anatomía, y también de la cerril izquierda, hasta ahora el “PJ racional” (Miguel Pichetto) y los renovadores (Sergio Massa) se habían portado razonablemente bien.

Mientras algunos aúllan en la calle (el mugriento Roberto Baradel debió regresar en primera clase por Lufthansa para encabezar la “marcha de las velas”) por el crimen de intentar que todos comencemos a pagar por la energía lo que realmente vale (aún con los aumentos, seguimos pagando mucho menos que nuestros vecinos), gritan aún más fuerte contra el endeudamiento, único camino posible para evitar el ajuste realmente necesario del gasto público que reclaman muchos economistas de nota.

Los legisladores que quieren torcer el brazo del Gobierno y hacerlo retroceder –algunos hasta han iniciado acciones judiciales para retrotraer los precios de la electricidad y el gas a los que tenían a principios del año pasado- no dicen cuál es la alternativa que ofrecen para financiar los demenciales subsidios que pretenden renovar. Lamentablemente, las opciones son escasas ya que, si lo lograran, habría que dejar de invertir en escuelas, rutas y hospitales, la inflación volvería a desmadrarse y los parques generador, transportador y distribuidor de energía recaerían en la obsolescencia, con las consiguientes interrupciones del servicio.

Peor aún, porque desaparecerían los muchos inversores que acaban de firmar los contratos de generación de energía renovable (eólica y solar), que no podrían sostenerlos al no recibir los precios pactados. Y ello repercutiría de inmediato en todos los campos de la economía; en realidad, la mera discusión planteada ya está llenando de inquietud a quienes comenzaban a ver nuestro país como atractivo y observan con preocupación esta nueva muestra de inseguridad jurídica.

Pero, más allá de la actitud de la oposición, que prueba una vez más la validez del “teorema de Baglini”, la similar reacción de la sociedad en su conjunto le permite competir por el campeonato: mientras despotrica en las redes sociales y en los medios de prensa contra las nuevas tarifas, el consumo de electricidad sigue incrementándose a una velocidad que supera al crecimiento de la economía. Y ello sólo puede significar una cosa: para una gran parte de la población, la energía sigue siendo tan barata que puede derrocharla; y no debemos olvidar que, en el otro extremo económico-social, la tarifa social protege a quienes no pueden pagarla.

También compiten por el título hipócrita los organismos de falsos y tuertos derechos humanos. Todos hemos visto las merecidas celebraciones que realizan cada vez que un nieto desaparecido es identificado y recupera su identidad, y miramos en cobarde pasividad los escraches que realizan cada vez que a un militar se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria, que ya goza, por ejemplo, Milagro Salas. Y qué decir de aquéllos que esperan el juicio en total libertad, como Amado Boudou, Cristóbal López, Fabián de Souza, Carlos Zannini, Luis D’Elía, Ricardo Echegaray y tantos otros reos de corrupción o traición a la Patria, mientras los presos políticos se pudren en las cárceles por prisiones preventivas que exceden los diez y quince años.    

Pero lo que hoy los hace aspirantes al título es el estruendoso silencio con que han recibido la noticia de la aparición con vida del Dr. Antonio Manuel Gentile, de cuya muerte se responsabilizó por años al régimen militar de 1976. No escuché, ni creo que nadie lo haya oído, decir nada sobre este curioso episodio a Estela Carlotto, Hebe Bonofini, Horacio Verbitsky o tantos otros panegiristas de los terroristas de todo pelaje.

Ese silencio tiene una razón de efectividad conducente ya que, cuando uno recorre el Parque de la Memoria, comprueba la inclusión, entre las casi ocho mil placas que tienen nombre de presuntos muertos por represión estatal, a muchos fusilados por las propias organizaciones guerrilleras, suicidados o caídos al intentar copar instalaciones militares. Todos sabemos que sus familiares han recibido ingentes indemnizaciones de parte del Estado nacional; a pesar de que se trata de miles de millones de dólares, la identidad de sus receptores y los montos pagados en cada caso se mantienen en la oscuridad por obra y gracia de la Secretaría de Derechos Humanos, que se niega cerradamente a informar sobre el tema.

Y esto nos lleva a otro competidor por el título, Sergio Maldonado, que intenta sostener, contra toda prueba y evidencia, que la muerte de su hermano ahogado en un río del sur se debió a la represión de la Gendarmería Nacional, y que ya ha logrado cobrar dos millones de pesos de manos del Estado idiota, que todos mantenemos con nuestros impuestos.

Transformarnos en un país serio y confiable, para propios y extraños, nos llevará muchos años, pero debemos comenzar a recorrer ya mismo ese camino, porque mañana será tarde.-

Bs.As., 21 Abr 18   

sábado, 14 de abril de 2018

Todos Manoseados




Todos Manoseados


“Una especie condenada a desaparecer y 
cuyos últimos ejemplares tiritaban de frío 
bajo la vieja bandera de todas las batallas”. 
Dolores Soler-Espiauba


El jueves concurrí a la marcha que pretendía concentrar, frente al Palacio de los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, a toda una ciudadanía harta de soportar el duro peso de un Poder Judicial que la ha abandonado, y que se ha transformado en la más desprestigiada de nuestras instituciones. Y eso no es casual, ya que sin Justicia no hay república posible.

Si bien fue numerosa, no respondió a las expectativas, que aspiraban a reunir allí al menos a un millón de personas, una esperanza que se justificaba en la intensa actividad que se percibía en las redes sociales de quejosos y periodistas de investigación. Atribuyo la menor asistencia a la apatía y a la hipocresía de nuestra sociedad, cultora del famoso “animémonos y vayan”.

Si se hubiera logrado alcanzar o, por lo menos, acercarse a esa cifra, otro hubiera sido el resultado. Una multitud de ese tamaño hubiera sido imposible de ignorar para quienes son los máximos responsables del infinito daño que se sigue haciendo desde hace veintiocho años a la Constitución, el contrato social que nos permite vivir en comunidad sin matarnos.

Daniel Sabsay, el único orador, enumeró algunos de los puntos claves que deben ser tomados en cuenta para salir del lodo en el que nuestros jueces –y, con ellos, todos nosotros- nos debatimos. Para no ser reiterativo, sólo citaré a los artífices de la construcción de esta inmunda ciénaga: el Congreso, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

El primero, por haber habilitado, a instancias de Cristina Elisabet Fernández, la reforma del organismo encargado de la selección y de la remoción de los magistrados, para dar en él un sideral peso a la política en su peor expresión; además, al permitir que integren el Consejo legisladores en ejercicio, vulneró el principio elemental de la separación de poderes. Y por estar en deuda con la sociedad al no sancionar leyes esenciales para mejorar el servicio de justicia y permitir avanzar en las causas más rutilantes, como la extinción de dominio de corruptos y narcotraficantes.

La segunda, por transformar a la Justicia en mero intérprete de los deseos del Ejecutivo, como cuando, sin ponerse colorado, su actual Presidente explicó que los trillados psudo derechos humanos del gobierno kirchnerista, en especial su aplicación tuerta en los amañados juicios de venganza a los militares que combatieron la subversión terrorista, era una política de Estado, consensuada con los otros dos poderes de éste; en este campo se ha llegado al bochornoso extremo de poner como jueces a cargo de los procesos de “lesa humanidad” a ex guerrilleros y a manifiestos militantes de la izquierda insurreccional. Si como muestra basta un botón, no debemos olvidar que formó parte de este máximo Tribunal del país un tipo como Raúl Zaffaroni, protector irredento de los delincuentes, evasor de impuestos y hasta dueño de inmuebles donde se ejercía la prostitución.

Y el tercero, por permitir la desvirtuación obscena de sus objetivos constitucionales, por su fracaso en mejorar la transparencia de los concursos judiciales y, sobre todo, por transformarse en un ignominioso antro donde se trafican influencias políticas y protecciones a los magistrados que se doblan sin romperse, mientras son incapaces de explicar el origen de sus llamativas fortunas personales.

Todo esa panoplia de vicios no hace más que revolcar en el barro la honra y el prestigio de todos los jueces, la enorme mayoría de los cuales son dignos, independientes y preparados; pero, lamentablemente, de cara a la sociedad están representados por los doce (hoy, sólo once) jueces federales y los camaristas en lo penal de la capital, inquilinos de Comodoro Py.

Se ha cuestionado fuertemente la aceptación de las renuncias de algunos de los más notorios, como Norberto Oyarbide, ya que les permite acceder a una jubilación privilegiada y cuantiosa. Sin embargo, parte de esas preocupaciones han comenzado a diluirse ante a la apertura de una causa en su contra por enriquecimiento ilícito, que pretendió disimular haciendo rico a su novio gimnasta; Eduardo Freiler deberá sufrir una similar investigación, y seguramente los seguirán otros jueces, todavía en sus cargos, dueños de mansiones, campos, automóviles de lujo y haras de caballos de carrera.

Todo lo que sucede aquí resulta un reflejo de lo que está pasando en la Cumbre reunida en estos momentos en Lima. Los presidentes se han mostrado incapaces de condenar al gobierno de Nicolás Maduro, que está cometiendo un verdadero genocidio contra el pueblo venezolano. Es cierto que países como Bolivia, Cuba, Nicaragua y otras naciones menores del Caribe se oponen férreamente a cualquier crítica al chavismo, pero eso ya era sabido y se hubiera podido gestar un frente unido para exponer ante el mundo su feroz criminalidad; en cambio, se ha generado un ámbito de discusión ridículo que expone cuán divididos estamos los americanos.

En la Venezuela “rojo-rojilla” se está jugando el futuro de nuestro continente. Para Cuba y otros países, la sobrevivencia del régimen significa ni más ni menos que el cordón umbilical que les permite seguir respirando. Maduro y compañía, aún en medio de la terrible crisis humanitaria que afecta a su propia población, y la diáspora es sólo un signo de ella, continúan subsidiando con petróleo barato a esas naciones a las cuales el populismo ha convertido en inviables y atrasadas. Siendo así, veo como imposible que se logre una solución pacífica ya que los afectados no son, precisamente, niños de pecho que le escapen a la violencia cuando se trata de defender sus posiciones y, menos aún, cuando está en juego su propia vida.

Así, cualquier tentativa de intervención militar, aún bajo el manto de alguna forma de bandera continental, encontrará una furiosa resistencia de parte del gigantesco aparato de defensa que allí se ha montado, con numerosísimos “asesores” cubanos y con el apoyo de Rusia e Irán. Por lo demás, el narcotráfico y la corrupción desaforada disponen de los recursos económicos suficientes para permitirla y financiarla.

Es por eso que soy seriamente pesimista respecto a una definición razonable del problema, aún cuando resulta fácil percibir que las fuerzas armadas venezolanas están divididas entre nacionalistas chavistas, activos narcotraficantes y procubanos; para nada estúpido, Diosdado Cabello ha puesto a cargo de los ministerios y empresas públicas más importantes a generales en actividad extremadamente leales, y dispone de la potencia represiva más eficaz para controlar eventuales conatos de rebelión, como los que se han suscitado recientemente, llevando a la cárcel a quienes osan criticar públicamente la gestión gubernamental.

Bs.As., 14 Abr 18

sábado, 7 de abril de 2018

Extraviado y sin destino








Extraviado y sin destino

“La absolución del culpable es la condena del Juez”. 
Publio Siro

Mucho hemos hablado todos, desde que Mauricio Macri se perfilara como seguro ganador en el ballotage de 2015, acerca de la lluvia de inversiones que acompañaría el cambio de rumbo ya que, a partir de su asunción, nos convertiríamos en un país atractivo y confiable. Rápidamente, el Gobierno consiguió hacer los deberes elementales: salimos del default, arreglamos la enorme mayoría de los conflictos judiciales en el exterior, recuperamos la confiabilidad en las estadísticas oficiales y modificamos el irracional alineamiento internacional con el arco de naciones que padecían el “socialismo del siglo XXI”, ya probadamente fracasado y corrupto.

A pesar de todo ello, el diluvio que esperábamos se transformó en una leve llovizna que no consiguió empapar la economía nacional, tan necesitada de la fe de empresarios locales y extranjeros para su evolución positiva, con la consiguiente creación de fuentes de trabajo genuino y formal. El blanqueo instrumentado por Cambiemos consiguió ampliar mucho el universo de quienes pagan sus impuestos, ya que las tenencias externas comenzaron a tributar, pero no tuvo el mismo éxito en lograr que los capitales argentinos que miran desde afuera volvieran a la patria; inclusive algunos ministros del Gobierno se han visto obligados a confesar que no los traen de vuelta por falta de confianza, no en la gestión que comparten, sino en la Argentina, que lleva décadas extraviada.

Además de atribuirles una falta de “calle” importante para manejarse con el periodismo, debemos reconocer que, al menos hasta ahora, no les faltan motivos.

Es cierto que el nada honorable Congreso, transformado en un aguantadero de delincuentes de distintos pelajes, fue responsable del terrible daño que causó a la reputación del país cada vez que anuló leyes promulgadas relativamente poco tiempo antes, que sancionó normas “interpretativas” para que no todos fuéramos iguales ante la ley penal y que ésta fuera aplicada con retroactividad, que permitió que se echara a escobazos y por televisión a los miembros de la Corte Suprema, que cubrió con fueros de impunidad a sus integrantes reclamados por el Poder Judicial, que ahora eligió como presidentes de sus comisiones a los mismos que destruyeron y saquearon cada actividad, que aplaudió de pie la cesación de pagos internacionales, que aprobó el memorándum con quienes cometieron terrorismo en el país, que aprobó privatizaciones y estatizaciones sucesivas de las mismas empresas, que mantuvo al país en emergencia económica durante la década en que más ricos hubiéramos debido ser, en fin, en cada oportunidad en que se transformó en un circo donde los payasos se limitaron a levantar la mano para dar luz verde a cuanta locura se le ocurrió al transitorio inquilino de la Casa Rosada.

También es cierto que, cuando ese mismo Congreso modificó la composición del Consejo de la Magistratura a instancias del kirchnerismo, abriendo sus puertas al ingreso de la politiquería más infame –una rectificación en que Cambiemos aún debe a la sociedad- ese organismo que debiera garantizar la correcta administración de justicia, vigilando la conducta de los jueces y la evolución de sus patrimonios, dejó de cumplir ese rol fundamental para transformarse en protector de los peores magistrados y en un antro de negociaciones espurias. Sólo reaccionó cuando la presión de la ciudadanía y de la prensa le resultó insoportable: las renuncias forzadas o las destituciones de Norberto Oyarbide, Eduardo Freiler, Antonio Solá Torino, Raúl Reynoso y poquísimos más se debieron a que se tornaron en demasiado indefendibles, pero la lista tiene aún una enorme cantidad de jueces prevaricadores, corruptos e impunes.

Pero, sin lugar a dudas, el responsable mayor de nuestra decadencia es el Poder Judicial, lamentablemente encarnado de cara a la sociedad en el fuero federal, en especial el de la Capital, que tiene su base de operaciones en el gigantesco edificio de Comodoro Py.

Porque hay preguntas que, de tan obvias, se vuelven retóricas: ¿considera usted que en la Argentina hay seguridad jurídica?, ¿se sentaría usted a jugar en una mesa sabiendo que las reglas podrán modificarse para permitir ganar siempre al dueño de casa?, ¿aceptaría usted disputar un partido donde el referí, invariablemente, invalidará sus marcaciones y no cobrará las faltas de su adversario?, ¿debemos aceptar como borregos que nos juzguen y decidan sobre nuestra libertad, nuestra honra y nuestro patrimonio personajes tan cuestionados?

Y el Poder que tiene la responsabilidad de que eso suceda es precisamente el Judicial, que ha hecho todo lo posible para cavar y enterrarse en una tumba muy profunda y, con él, a la República. Las instituciones de ésta están corroídas hasta la médula por la corrupción pero, sobre todo, por la descarada impunidad que le otorgan –y reciben- los jueces y camaristas federales en lo criminal. Lo sucedido en Ecuador y en Perú y lo que en este mismo momento está pasando en Brasil habla a las claras de cuál debe ser el proceder de la Justicia y cubre de vergüenza a la nuestra. Las razones sobre las que se apoyan las erráticas conductas de los magistrados son múltiples y, a veces, coincidentes: incapacidad para el cargo, afinidad política, rastrera sumisión al poder de turno, vocación por el lujo y la ostentación, vicios humanos de todo tipo, etc.

Algunos de esos problemones afectan también a los demás fueros y a las otras jurisdicciones pero, con más de 50 años de ejercicio profesional, tengo la más absoluta certeza de que la gran mayoría de los magistrados del país son probos, preparados y justos; y algunos hasta han sido perseguidos por hacer cumplir la ley a rajatabla contra los deseos del poder.

Para dejar el extravío y recuperar nuestro destino, para gritar ¡BASTA! a esa mala Justicia, para decirle al Poder Judicial que estamos hartos, que no soportamos más y queremos vivir en una sociedad en la que todos seamos libres por ser exclusivamente esclavos de la ley e iguales ante ella, lo invito a que nos acompañe el jueves 12 de abril, a las 19:00 horas, a Plaza Lavalle, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia, o en cada ciudad del país, frente a sus tribunales.

Una vez más, haga un esfuerzo, demórese en llegar a su casa y acompáñenos. Hágalo por sus hijos, por sus nietos y por usted mismo. Porque sólo de nosotros depende nuestro futuro, y porque sin Justicia no lo tendremos. Piense que “con una Justicia seria, independiente, transparente y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será”.

Bs.As., 7 Abr 18

sábado, 31 de marzo de 2018

Inexplicable Manía




Inexplicable Manía

“La verdad tiene muy pocos amigos, y los muy pocos amigos que tiene son suicidas” Antonio Porchia.

Los argentinos, desde hace más de setenta años, sufrimos una rarísima compulsión al suicidio colectivo, que se ha manifestado de muy diferentes maneras en nuestra historia reciente, pero siempre con trágico éxito.

El 27 de enero de 2017, el Presidente de la República firmó el Decreto N° 70/17, mediante el cual imponía leves limitaciones al régimen vigente de inmigración hacia nuestro país, establecido por la Ley 25.871. Para comprobar la razonabilidad de mi calificativo, basta con leer en el artículo 4° cuáles eran las restricciones que se establecían al actual libérrimo e idiota marco regulatorio de ingreso de personas a la Argentina.

Así, se pretendía impedir entrar a nuestro territorio a quienes hubieran: presentado documentación nacional o extranjera falsa o adulterada; omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales o condenas; sido expulsados del país o tuvieran el ingreso prohibido, hasta tanto la medida fuera revocada; sido condenados o estuvieran cumpliendo penas por delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas; incurrido en actos de gobierno que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad; tenido antecedentes relacionados con la participación en actos u organizaciones terroristas; incurrido en la promoción o facilitación, con fines de lucro, en el ingreso ilegal de extranjeros; promovido la prostitución y lucrado con ella; sido condenados por actos de corrupción; intentado eludir los controles migratorios.

Como se ve, no se imponía restricción alguna por motivos raciales, políticos, religiosos, económicos o sexuales a quienes quisieran ingresar a territorio nacional, fuera con fines de residencia o en forma meramente transitoria. Es decir, la norma no discriminaba a nadie salvo, claro está, a los graves delincuentes.   

Pero Mauricio Macri no contaba, al momento de firmar ese decreto, con la suicida reacción del izquierdoso progresismo que, rápidamente, salió a criticar el decreto en cuestión. Los imbéciles de turno, algunos de ellos legisladores, vociferaron diciendo que no se justificaba la necesidad y urgencia de la decisión del Ejecutivo porque en ella se mostraba una visión sesgada del universo carcelario, destacando que sólo el 6% de los presos en cárceles argentinas es inmigrante, porque se apelaba a las palabras “ilegalidad” y “clandestinidad” para estigmatizar a los inmigrantes y porque restringía el derecho de éstos a obtener documentación nacional.

El 22 de marzo de este año, es decir, hace pocos días, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió declarar inconstitucional el decreto del Presidente. A partir de ahora, entonces, todos los pequeñísimos impedimentos que se pretendió imponer a los criminales dejaron de existir, y éstos podrán entrar libremente para continuar su trayectoria dañosa aquí.

He viajado mucho a lo largo de mi vida, y no he visto país en el mundo que, como el nuestro, sea tan absurdamente generoso para con aquéllos que quieren ingresar, aunque sea sólo para estudiar, trabajar o hacer turismo. Para hacer callar a los energúmenos vernáculos, debería ser suficiente preguntarles qué régimen migratorio debería practicarse aquí porque, evidentemente, no pueden estar pensando en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba, en la región, o en Rusia, Irán o China, todos muy exigentes a la hora de levantar las barreras de entrada y, muchas veces, también de salida.  

En todas las naciones civilizadas se exige a los interesados en pasar a residir legalmente dentro de sus fronteras contar con un trabajo asegurado, pues sus Estados no están dispuestos a incrementar su propia cuota de pobres a los que debe alimentar, curar y educar con los impuestos que pagan sus ciudadanos. Aquí, como es más que obvio, no sólo no le pedimos nada sino que le facilitamos el acceso a cirugías y hospitales gratuitos, a documentos argentinos (indispensables para votar al señor feudal de la provincia), a educación de mejor calidad que la que dispone en su país de origen y hasta a adquirir casas, campos, automóviles y aviones con dinero lavado.

Pero lo verdaderamente grave, lo que nos convierte en un caso patológico de sociedad autodestructiva, es que permitimos ingresar y comerciar libremente a todas las organizaciones de traficantes de drogas que pueblan el continente, llenándolo de sangre y muerte.

Sabemos hasta cuáles de ellas mandan y gobiernan en cada barrio o asentamiento de nuestras ciudades. Algunas nacionalidades se especializan en cocaína y heroína, otras en marihuana y muchas en drogas sintéticas, pero todas ellas zanjan a tiros sus disputas territoriales, con armas cada vez más sofisticadas, que obviamente superan el equipamiento policial, mientras siembran el terror entre los vecinos honestos y trabajadores.

¿Qué otra forma tenemos de impedir que ese anómalo fenómeno continúe expandiéndose hasta que nuestro país se convierta en México, donde los muertos ya se cuentan por decenas de miles, que no sea cuidando estrictamente nuestras fronteras? Colombia está en vías de superar ese difícil trance, pero Brasil y la Argentina se están acercando a pasos agigantados a esa triste realidad.

Llegó la hora, en este tema también, de decir ¡basta! a la interesada estupidez de algunos, y a la falta de coraje necesario de otros para enfrentarlos.

Y digo “también” porque, el jueves 12 de abril, a las 19:00 horas, nos reuniremos en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para decirle ¡basta! a este Poder Judicial que se sigue riendo de nosotros, que continúa privilegiando los derechos de los delincuentes frente a los de las víctimas, que encarcela a los perejiles mientras libera todos los días a los autores de los mayores desfalcos que la sociedad ha sufrido, que garantiza la impunidad de los poderosos y lucra con ello, que dicta sentencias reñidas con la Constitución y con la ley.

Los ciudadanos de a pie iremos a decirle a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura que estamos hartos, verdaderamente podridos, de este presente de asfixia moral, de lepra sorda, de cobardías y de sensualismos de camastros, como escribió Leopoldo Lugones.

Mientras tanto, sólo me queda desear una feliz Pascua de Resurrección –o un feliz Pésaj- para usted y los suyos. Ojalá, todos juntos podamos orar por la resurrección de nuestra Argentina.

Bs.As., 31 Mar 18

sábado, 24 de marzo de 2018

De Tormentas a Tsunamis




De Tormentas a Tsunamis

“Con una Justicia independiente, seria y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será”

Cuando la semana pasada escribí sobre las tormentas judiciales, no supuse que se convertirían en un violento tsunami que sacudiría hasta el sótano el siniestro edificio de Comodoro Py, donde se aloja el fuero más cuestionado y sospechado de la Justicia argentina, el Penal Federal.

Y no es para menos ya que, por primera vez, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, pidió al Consejo de la Magistratura nacional que investigue la forma en que fue designado, para completar transitoriamente la vacante que existe en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, hoy integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, a Eduardo Farah. Para quienes no son abogados, o no están enterados de los entresijos de la corporación, tal designación hubiera debido ser hecha por sorteo, pero Ballestero lo evitó con un retorcido argumento formal.

El alto Tribunal sospecha, aunque en el pedido no fue expresado, que hubo alguna mano negra actuando ya que, cuando fue resuelto el caso Cristóbal López, Fabián de Souza y Ricardo Echegaray, el sorprendente fallo favorable a estos delincuentes fue firmado por Ballestero y Farah, mientras que Bruglia votó en contra.

Los jueces resolvieron revocar la prisión preventiva que afectaba a los dos primeros y, lo que es muchísimo más grave, cambiar la carátula del expediente, transformando por arte de magia judicial un delito claro de defraudación en otro por evasión fiscal. El fallo será apelado la próxima semana pero, si fuera confirmado por la Cámara de Casación Federal, permitiría a López y De Souza obtener nuevas moratorias a largo plazo y baja tasa de la DGI y terminar, de ese modo, con la causa penal que los involucra; Echegaray, en ese caso, quedaría fuera de la investigación.

Se los acusa no de evadir, es decir, no pagar al Fisco lo que le corresponde legalmente, una conducta reprochable en la que incurren muchos conciudadanos, sino de no transferir a la AFIP los impuestos que cada automovilista pagó al momento de cargar combustible en las estaciones de Oil, de la que son dueños estos verdaderos caraduras, y en los que la empresa sólo actuó como agente de retención. Es lo mismo que un cajero de un banco no ingresara el dinero que sus clientes depositan en las cuentas o que un empleador se quedara con las contribuciones de los trabajadores, que le son descontadas de sus sueldos; por supuesto en otra magnitud, porque lo que estos señores robaron fue la bonita suma de ocho mil millones de pesos que, con multas e intereses, ya llega a los diecisiete mil.

Y con ese dinero claramente ajeno financiaron la alegre compra, entre muchas otras compañías, de medios de comunicación –como C5N y otros- para apoyar a los Kirchner políticamente. Era una natural compensación por los enormes negocios que los patagónicos les habilitaron durante la década saqueada, donde el juego fue una estrella siempre ascendente. Ese brutal atraco sólo pudo realizarse con el conocimiento y el permiso del ¿socio o simple empleado presidencial? Ricardo Echegaray, quien les otorgó durante años sucesivos e ilegales planes de facilidades que los cómplices incumplieron con idéntica regularidad.

Para liberarlos y minimizar el delito cometido, Ballestero y Farah sostuvieron que, como los fondos nunca habían llegado a manos de la DGI, en realidad no era un robo sino un pobre y simple ocultamiento indebido. Simularon olvidar que no se trataba de plata de estos “compañeros” sino de la nuestra. El argumento es tan falaz y endeble que, con toda razón, la Diputada Lilita Carrió se preguntó si la mano de estos jueces no fue untada con billetes por los beneficiados por el disparate, y ya formuló la correspondiente denuncia para que sea investigado ese aspecto.

La sociedad entera reaccionó con indignación, ya que está soportando una presión tributaria sideral, y las redes sociales se poblaron de “memes” con feroces críticas tanto a los curiosos magistrados cuanto a los ladrones. Todos sabemos cuánto nos cuesta pagar impuestos, se trate de ganancias, ingresos brutos, aportes patronales, IVA, combustibles, cigarrillos, etc., y que estos señores se hayan quedado con ellos, y no paguen en la cárcel por hacerlo, nos debería resultar francamente demasiado; es más, no podemos ni debemos tolerarlo sin protestar de todas las maneras posibles.

Recuerdo que el 5 de agosto de 2017, cuando nos reunimos en Plaza Lavalle para reclamar a la Corte por Justicia, causamos estupor entre los jueces. Nunca la corporación judicial se había enfrentado a la protesta masiva y respetuosa de la ciudadanía y, por un tiempo, se mostró preocupada por el absoluto descrédito que tiene entre nosotros. Pero, evidentemente, algunas resoluciones recientes del Consejo de la Magistratura y fallos como el que comento, muestran que aquella manifestación no fue suficiente, y eso nos obliga a insistir en nuestras quejas hasta que obtengamos lo que toda comunidad civilizada se merece.

¡Miremos a nuestros vecinos y aprendamos de una vez! En Uruguay, el Vicepresidente Raúl Sendic se vio obligado a renunciar por el escándalo en ANCAP cuando era la cabeza de la empresa pública; en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está al borde de ir preso por corrupción y su antecesora, Dilma Rousseff, fue expulsada de la Presidencia de la República por maquillar las cuentas públicas; en Perú, cuatro presidentes tienen problemas: Alberto Fujimori y Ollanta Humala están en prisión, Alejandro Toledo está prófugo y, esta misma semana, Pedro Pablo Kuzynski debió renunciar acusado de corrupción; y en Ecuador, el Vicepresidente Jorge Glas está detenido por el affaire Odebrecht, como varios de los nombrados antes. Y en Francia ha sido procesado nada menos que Nicolas Sarkozy por haber recibido dinero negro de Muamar el Gadafi para financiar sus campañas electorales.

Observando esa lista de canallas a los que les llegó la hora, ¿no deberíamos preguntarnos qué nos pasa? ¿No se nos debería caer la cara de vergüenza por tener como legisladores, como funcionarios y como jueces a conocidísimos e impunes delincuentes que se protegen mutuamente? ¿Cómo toleramos que tan pocos, enriquecidos a costa nuestra, se rían de tantos? Las mansiones, los haras de caballos de carrera, los autos de lujo, los aviones, las joyas y los viajes por el mundo los pagamos nosotros, con nuestros excesivos impuestos, con los hospitales y escuelas que faltan, con la salud en crisis, con la escasez de viviendas, con las cloacas y el agua potable que no están, con nuestra cotidiana inseguridad. ¿Y aún así lo soportamos calladamente, como si no existiera el camino de decencia y progreso que nos enseñaron nuestros próceres?

¿Es ésta la Argentina que queremos dejar a nuestros hijos y nietos? Mientras no modifiquemos el rumbo suicida que llevamos desde hace más de setenta años, seguiremos siendo un país cada vez más inviable, al cual sólo se arrimarán los saqueadores de toda calaña. Y para torcer ese desgraciado destino el esencial primer paso es limpiar la Justicia, desratizarla a fondo, expulsando de ella a quienes no son dignos, sea por ignorancia, por cobardía, por afán de lucro o por inhabilidad moral, de juzgar la conducta de los demás y de disponer sobre su libertad, su honor y su fortuna.

Bs.As., 24 Mar 18     

sábado, 17 de marzo de 2018

Tormentas Judiciales





Tormentas Judiciales

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. 
Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu

La sociedad observa, pasmada, el errático y contradictorio comportamiento de los jueces federales de todas las instancias, Corte Suprema incluida.

Ayer mismo, los dos tipos que realizaron la mayor estafa al Estado y, por ende, a todos los ciudadanos, recuperaron su libertad después de escasas semanas en la cárcel. Pese a encontrarse procesados conjuntamente con su cómplice (Ricardo Echegaray, ex Administrador Federal de Ingresos Públicos), por haber robado la sideral suma de ocho mil millones de pesos, reteniendo impuestos que pagaron los automovilistas que cometieron la incalificable torpeza de cargar combustibles en las estaciones de Oil, Cristóbal López y Fabián de Souza recuperaron su libertad. Los jueces de Casación que lo decidieron arguyeron que ellos no podían poner en riesgo la investigación de los hechos; además, les dieron la posibilidad de ver reducida la calificación de los delitos cometidos y pasar a discutirlos en el fuero penal económico.

Eso, a su vez, les permitiría obtener de la AFIP moratorias y facilidades de pago que, una vez otorgadas, harían caer las causas penales que los afectan. La reciente renuncia de Alberto Abad, la piedra más grande en el zapato de los bandidos, dio pábulo a Elisa Carrió para denunciar ayer un pacto de impunidad con estos pseudo empresarios, que construyeron un verdadero imperio utilizando dineros ajenos y hurtados.

Mientras los jueces de Casación priorizan las garantías constitucionales de estos emblemas de la corrupción kirchnerista, muchísimos presos militares, sin condenas firmes, se encuentran en prisión preventiva desde –algunos- hace más de diez años, cuando el máximo que establece la ley es dos, prorrogable sólo por uno más en casos fundados.

Y contemporáneamente, la Cámara Federal revocó la prisión domiciliaria (no estaba en libertad) de Miguel Etchecolaz, un anciano de nada menos que 88 años,  condenado en varios juicios amañados por delitos de lesa humanidad, con patologías –dos ACV, por ejemplo- que lo llevarán a la muerte en la cárcel.

La Corte Suprema resolvió, ya hace un tiempo, que todos los argentinos (incluidos los acusados de ese tipo de delitos) tienen el mismo derecho a que se les aplique la ley más benigna; y lo hizo en el caso de un “represor” –Luis Muiña- que había pedido que se hiciera el cómputo de su pena utilizando para el cálculo la Ley 24.390, ya derogada, que establecía que, por cada dos días en prisión preventiva, se descontaba uno de la condena. Dijo el máximo Tribunal que, en la medida en que ese beneficio había regido en algún momento del proceso, debía ser tomado en cuenta para resolver.

Tal como era de esperar, la izquierda y los organismos de falsos derechos humanos armaron el escándalo de práctica y nuestros políticos, aterrados y cobardes, sancionaron inmediatamente una ley que “interpretó” que ese famoso “2x1” no era aplicable a los presos militares. Un nuevo escándalo jurídico de este ex honorable Congreso que supimos conseguir, que ya había derogado las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, habilitando la clara venganza –no la Justicia- de los impunes criminales terroristas de ayer.

La Corte no ha vuelto a pronunciarse aún sobre el fondo de otros casos que han llegado a sus estrados pero en uno concreto, donde se le negó ese beneficio a un militar, ya resolvió no resolver, aduciendo que no se trata de una sentencia definitiva que pusiera fin al proceso.

En el marco de la pulseada política, el Tribunal supremo ordenó que las causas que ya habían sido atribuidas al Tribunal Oral Federal N° 9, debían volver a ser sorteadas pues éste aún no había sido habilitado por la Corte. La decisión, adoptada por mayoría (a favor Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti; en contra Elena Highton de Nolasco y Carlos Rozenkrantz) amén de retrasar el trámite de causas notorias (el megajuicio de corrupción –“Báez”, “Hotesur”, “Los Sauces” y “Ruta del dinero K”- y el encubrimiento del atentado a la AMIA, denunciado por el asesinado Fiscal Alberto Nisman), produjo todo un cimbronazo en todo el mundo judicial.

Para que quienes no son abogados lo entiendan, el fallo se basó en que quienes integran el TOF 9 pertenecen, en realidad, al fuero ordinario, o sea, no han sido designados como jueces federales y, consecuentemente, no cumplen el requisito de “jueces naturales” que exige la Constitución. La repercusión que la decisión tendrá aún resulta incalculable porque podría significar la nulidad de muchísimos procesos orales en curso por distintos delitos, de prisiones preventivas y de sentencias firmes, por tramitar o haber sido dictadas por tribunales –son muchos, por cierto, debido a las vacantes no cubiertas- integrados por jueces subrogantes, “no habilitados” para analizar causas federales.

Reina en Comodoro Py un clima de inquietud perceptible porque, a todo eso, se suma la manifiesta intención del Gobierno de duplicar el número de juzgados federales de primera instancia –hasta ahora, son doce- con el claro y coincidente propósito de dar celeridad a los juicios y reducir la monumental influencia de los actuales titulares (muchos de ellos son famosos y algunos tienen pésima reputación: María Romilda Servini de Cubría, Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi (está a cargo de uno y, además, subroga en otro), Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Luis Rodríguez, Julián Ercolini, Claudio Bonadío y Sergio Torres). Y si aún se le agrega la paralela iniciativa de transformar el sistema procesal penal en acusatorio, dejando la investigación en manos de los fiscales y reservar a los jueces sólo el control de legalidad, la resistencia de los actuales magistrados resulta comprensible.

El Poder Ejecutivo está, ciertamente, molesto con la resolución de la Corte Suprema, pero poco podrá hacer al respecto, al menos mientras ese organismo tenga la actual composición; en el futuro, sólo podrá impulsar al Consejo de la Magistratura a acelerar los concursos para llegar a la rápida designación de nuevos jueces para cubrir cientos de cargos vacantes. De todos modos, me anticipo a recordar que las designaciones dependen, finalmente, del Senado y eso hace que sean motivo de negociación permanente entre las diferentes expresiones políticas.

Bs.As., 17 Mar 18

viernes, 9 de marzo de 2018

Inaceptable Modestia




Inaceptable Modestia

“Los fenómenos de mercado, cuando existen, es un error ocultarlos”. 
José “Pepe” Mujica

Me pregunto, cada día, a qué se debe que el Gobierno calle u oculte las cosas que hace bien; por supuesto, no todo lo que hace es correcto pero, al no hablar de los hechos positivos, sigue dando pasto a la peor oposición, ganando quejas de sus propios votantes, y permitiendo que la prensa sólo hable de los aspectos más incómodos de la realidad, que también los hay y muchos.

El lunes pasado, en el diario La Nación, un economista de nota y el mayor experto en consumo de nuestro país, Guillermo Oliveto, publicó una excelente y exhaustiva nota a la que tituló “Para evaluar mejor, datos duros antes que las sensaciones” (https://tinyurl.com/y76rb8ry), cuya lectura considero imprescindible para que todos entendamos qué está sucediendo realmente en la economía nacional y evitemos caer en especulaciones, casi siempre mal informadas, cuando no mal intencionadas.

Obviamente, no soy quien para criticar la política de comunicación de la Casa Rosada porque sus actuales inquilinos ganaron, desde 2007, elecciones imposibles mientras que yo, la última vez que lo hice, fue en el centro de estudiantes de mi facultad. Pero me parece que debiera informar mejor y más consistentemente sus logros porque, al no hacerlo, permite que el escepticismo permee en la ciudadanía, sobre todo en la clase media urbana, que fue su mayor sostén en las contiendas electorales.

Como formo parte de ella, escucho todos los días quejas de aquéllos que, durante el kirchnerismo, gozaron de masivos subsidios a la electricidad, al gas y al transporte, mientras engrosaban las multitudinarias filas de quienes reclamaron una jubilación para la cual no habían hecho aportes, aunque destinaran su magro estipendio mensual a pequeños gustos absolutamente superfluos.

La clase media porteña, egoísta e hipócrita, nunca tuvo en consideración que al recibir todas esas injustificadas prebendas, de las que no gozaban quienes habitan en el interior del país, permitía que la economía fuera depredada y que los recursos, siempre escasos, no alcanzaran para mejorar la situación de miles de compatriotas que sobreviven en la pobreza pero que, con sus impuestos, habilitaban el despilfarro.

En cambio, la clase humilde del conurbano, en especial del bonaerense, está comenzando a notar que se realizan todos los días obras que, literalmente, están cambiando sus vidas. Para quienes han chapaleado en el barro de sus calles para ir a trabajar, han debido pagar sumas estrafalarias por el gas que se regalaba a los hogares más acomodados del país, que carecían de cloacas y, en muchos casos, de agua potable, esos signos mínimos de elevación social están llegando.

Por supuesto, no creo que, de un día para otro, dejen de votar al peronismo que los sumergió en esa condición y en ella los mantuvo desde que asumiera sus destinos en 1987. Sólo una extraña combinación de factores permitió que los planetas se alinearan en 2015 y, bajo el mando del mariscal Anímal Fernández, fueran expulsados de su eterno baluarte. Pero es altamente probable que, a partir de 2019, con el monstruoso impacto que provocará la coparticipación federal que recuperó María Eugenia Vidal, las reminiscencias de un pasado imaginario y feliz dejen de tener peso.

Si eso sucede, comenzará sin duda un nuevo país, y el viejo y populista PJ será reemplazado por un indispensable partido moderno, democrático y respetuoso de las instituciones; habremos dado así un fenomenal paso adelante como nación civilizada.

En el ínterin, todavía nos queda mucho por sufrir y muchas culpas por pagar. Si bien quienes condujeron al peronismo a la mayor derrota desde aquélla que le impuso Ricardo Alfonsín en 1983, están hoy contra las cuerdas del ring judicial y muchos ya miran la pelea desde la cárcel, mientras varios más se presentan todos los días para acompañarlos tras las rejas, lo cierto es que todavía conservan bastante poder de fuego, en especial en la calle.

Hugo Moyano se ha quedado más solo que Adán en el Día de la Madre, sus colegas lo han abandonado en masa y el único apoyo que aún le resta son las deshilachadas tropas del kirchnerismo y algunos movimientos sociales que, a su vez, lo usan para intentar ganar fuerzas para sus propios reclamos de planes, para mantener e incrementar el latrocinio que aplican a los beneficiarios finales. Sin embargo, seríamos estúpidos si pusiéramos en duda la capacidad del camionero y de los piqueteros de complicar la vida de los argentinos, tanto como si negáramos a Roberto Baradel su peso a la hora de sacrificar a los chicos en el altar del poder sindical de los “trabajadores de la educación”, o a Sergio Palazzo idénticos propósitos con los bancarios como huestes.

Agradezco a Oliveto, ya que me permite conservar y explicar el optimismo por el futuro que me embarga, aún cuando todavía muchos la están pasando mal. Pero alguna vez, aunque sea una sola, los argentinos deberíamos pensar que no hay milagros en la economía, como no lo hay en la educación ni en la cultura, y que cada paso que demos, por pequeño y doloroso que sea, nos acercará a la meta.

Ésta no puede ser otra que volver a ser un país normal, serio y confiable, capaz de sentarse en cualquier mesa de negociación, comercial o política, y ser respetado por el resto de las naciones. Llevamos añares sin que eso suceda, pero también en ese terreno se nota un cambio positivo.

Para concluir, cumplo en agradecer también a Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner, que me ha hecho recuperar mi capacidad de asombro –una característica de los niños- esta semana. La actual Senadora, que ya tiene tres procesamientos confirmados por tres instancias y que sólo permanece en libertad por el escudo humano que construyeron sus colegas de casi todos los partidos, presentó un proyecto de ley para que se expulse de sus cargos, retroactivamente, a los funcionarios que tengan dinero en paraísos fiscales. He visto el texto y, sorprendemente, no contiene explicación alguna para la injustificada y sospechosa escala técnica que realizara en las islas Seychelles, un paraíso no exclusivamente paisajístico, ni para el viaje a Angola, segundo productor de diamantes del mundo.

Bs.As., 10 Mar 18