viernes, 14 de febrero de 2020

¿Sólo impunidad?




¿Sólo impunidad?

"Nunca te pierdas el placer de la venganza".
 Néstor Kirchner


A la fuerte luz que iluminó la realidad nacional estos días, con las ya expuestas fracturas en el Frente para Todos, me parece que todos debiéramos repensar aquello que sostuvimos hasta ahora, esto es, que Cristina Fernández sólo perseguía la impunidad para ella y sus hijos y que, mientras Alberto Fernández la pudiera garantizar, le permitiría ejercer las atribuciones del cargo presidencial.

Esa indemnidad sigue siendo uno de sus objetivos principales, pero ello solo no puede justificar tanta exposición internacional con la que confronta con las posiciones del Gobierno, en temas tan ríspidos e inoportunos como la deuda externa o la relación con el FMI, ahora obligadamente justificadas por Alberto. Tal vez lo más significativo de sus diatribas fue el lugar elegido para lanzarlas: nada menos que Cuba, la bestia negra de los Estados Unidos, casualmente el país más influyente en el directorio del Fondo, decisivo para la adopción de decisiones.

La sucesión interminable de viajes que la Vicepresidente realiza a la isla no parece deberse sólo a su preocupación por la salud de su hija, con dolencias desmentidas por la foto que publicó ella misma, y más allá de la obviedad de preservarla de los jueces argentinos, por lo cual resulta indispensable plantearse otra explicación,: ¿cuán necesarias pueden resultar ciertas reuniones con las cúpulas castro-chavistas y la fuerte protectora de ambas tiranías, la Rusia de Vladimir Putin?; ¿qué objetivo podrían tener esos encuentros?; ¿resulta razonable que se vinculen con la anhelada impunidad?

Es cierto que Cristina Fernández está extendiendo sus tentáculos, en los ámbitos judiciales ocupando con sus fieles cada vez más puestos claves en juzgados, cámaras, fiscalías, magistratura y organismos querellantes que pueden complicarle la vida en los juicios que se están morosamente realizando y, más aún, en aquéllos que aún no se han iniciado; le falta una pieza, la Procuración General, que pretende para Daniel Rafecas. Pero eso debemos cargarlo sólo en la cuenta del “cabotaje”.

Pero no lo es menos que está buscando -y lo prueba su fuerte influencia en la designación de embajadores “militantes” en países claves- recrear las organizaciones regionales que encarnaban al “socialismo del siglo XXI”, el dogma inventado por Hugo Chávez para promover el marxismo en América Latina. Y allí aparece, nítido, el principal objetivo del original regreso al poder de Cristina Kirchner: la venganza.

Porque no debemos (ni podremos) olvidar que se ha quedado, también, con el comando de todos los organismos de control, en especial de la Inspección General de Justicia, que controla a todas las personas jurídicas del país. Desde allí, podrá inmiscuirse –como hizo tantas veces cuando fue Presidente- en la vida de las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones opuestas a su proyecto y evitar intromisiones en las propias.

Si consigue anular totalmente a Alberto Fernández, podrá desplegar sus acciones vengativas contra el campo, las grandes empresas, la prensa libre, las fuerzas armadas y de seguridad y la Justicia, y hundir una puñalada trapera en el tejido social, incrementando la pobreza y la ignorancia –como hizo otro de sus incondicionales, Alejandro Vanoli, a cargo de la ANSES, al suprimir la exigencia del certificado de escolaridad como requisito para acceder al subsidio de apoyo escolar- e implantando el ridículo “lenguaje inclusivo” en toda la administración pública.

Más temprano que lo esperable, las tensiones han estallado en el Gobierno entre el “albertismo” y el kirchnerismo duro, y cada día se acerca más el momento de la ruptura definitiva. Cuando ésta se produzca, como tantas veces he dicho, asistiremos a hechos violentos que ya hemos visto en los años 1973 a 1976, o sea, el enfrentamiento sanguinario entre las dos facciones del peronismo por el poder. Y con un agravante: es la primera vez que el famoso movimiento debe gobernar sin dinero.

Y allí estará el futuro inmediato de los argentinos: más allá de las declamaciones de los demás caciques provinciales, el único territorio que puede Cristina considerar verdaderamente propio es la crucial Provincia de Buenos Aires, puesta en manos de su valido Axel Kiciloff, porque siempre ha sido la causa eficiente de la caída de los presidentes. Pero allí nada es homogéneo: los intendentes, aún cuando hayan perdido peso específico al resignar la esencial reelección indefinida durante el gobierno de María Eugenia Vidal, detestan al Gobernador.

Entonces, la pregunta fundamental surge de las últimas encuestas, que informan una brusca caída en la imagen de Cristina y un cierto repunte en la de Alberto: ¿hasta cuándo quienes están conformes con éste y quienes votaron en un 40,8% contra ambos, todos dispuestos a colaborar para que al Presidente le vaya bien, serán tolerantes con el “fuego amigo” que mina el futuro de todos? ¿Cuándo saldrá a la calle, como lo hizo en la campaña electoral, a demostrar su indignación ante el avance del kirchnerismo, que ya hemos vivido y que pretende cambiar la Constitución para llevarnos a Venezuela y a Cuba?

Bs.As., 15 Feb 20 


sábado, 8 de febrero de 2020

¡Ay, Axel y Alberto queridos!




¡Ay, Axel y Alberto queridos!


“¿Hasta dónde pueden llevar a un hombre la fe
 y la obediencia absoluta a una ideología?”
 Leonardo Padura


En las dos últimas semanas, el país y los mercados estuvieron en vilo ante la probabilidad de que la Provincia de Buenos Aires cayera en default, ya que eso complicaría mucho la negociación de la Argentina con sus acreedores externos. Finalmente, el Gobernador anunció que pagará el vencimiento del bono que –contra sus afirmaciones- no había sido emitido por María Eugenia Vidal sino por Daniel Scioli; no podía ignorar que estaba mintiendo descaradamente puesto que él mismo, entonces como Ministro de Economía, había autorizado ese endeudamiento.

El episodio puso nuevamente sobre el tapete la enorme impericia que caracteriza a Axel Kiciloff desde su ingreso a la función pública. Basta con recordar su proceder ante Repsol y el Club de Paris siendo funcionario de Cristina Fernández, cuando ésta ejercía la Presidencia.

Todos tenemos presente la conferencia de prensa que brindó cuando la noble viuda decidió “estatizar” las acciones que los españoles tenían en YPF, en una nueva vuelta de tuerca al gran negociado que fue la “compra” del 25% del capital por los Esquenazi/Kirchner, que derivó en la catastrófica pérdida del autoabastecimiento energético para el país.

Muy suelto de cuerpo, este groucho-marxista y neo-goebbeliano explicó entonces que no solamente no deberíamos indemnizar a la empresa expropiada sino que sería ésta quien debería abonar unos US$ 5.000 millones por los daños ambientales provocados durante su gestión. Sin embargo, no sólo tal reclamo jamás fue formulado sino que debimos hacernos cargo de una emisión especial de bonos que fueron entregados a Repsol por US$ 9.000 millones. Me cuentan que La Caixa, dueña de la compañía española, ordenó hacer sendos monumentos a Antonio Brufau, su CEO, y al propio Axel para agradecerles el “éxito” de la negociación.

El otro episodio, también carísimo, que forma parte del curriculum vitæ del Gobernador fue la “negociación” que encaró, en 2014, ante el Club de Paris que, curiosamente, se creó hace muchas décadas para gestionar en conjunto otra deuda argentina. Allí fue nuestro querido Kiciloff, ante el asombro de sus miembros, sin discutir aceptó pagar toda la deuda, incluyendo los intereses punitorios que siempre eran condonados. Y allí terminaron otros US$ 10.000 millones, sin que nadie imputara por mala praxis a nuestro enviado.

El miércoles pasado, el propio Ministro de Hacienda, Martín Guzmán, recomendado de Joseph Stiglitz, el economista preferido de la “abogada exitosa”, a quien el Presidente puso a cargo de negociar la deuda externa, criticó el acuerdo firmado por el actual Gobernador alegando que resulta absolutamente impagable el saldo de US$ 2.000 millones al 9% anual.

La fallida patoteada de Kiciloff a sus acreedores, que son los mismos que los de la nación, necesariamente hará que éstos sean más duros y apretarán a la Argentina mucho más de lo que era esperable antes del episodio. Si, como algunos creen, toda esta mascarada fue acordada entre Guzmán y la provincia, este fracaso resultará insoportable.

Con relación a Alberto Fernández, sorprendió su generosidad frente a los organismos de derechos humanos franceses, cuando éstos le propusieron instaurar una policía del pensamiento; se habría ofrecido a enviar al Hº Aguantadero un proyecto de ley para penar con la cárcel a quienes nieguen los delitos de lesa humanidad que habrían sido cometidos durante el proceso de 1976-1983 (¿la Triple A no hizo nada en la materia?) y para que se niegue a los únicos verdaderos presos políticos de la democracia –los 2.000 militares y civiles detenidos sin sentencia firme- los derechos que los códigos argentinos conceden al resto de los ciudadanos; para pedir este monumental disparate, adujeron la vigencia del Tratado de Roma, que nuestro país firmó en recién en 2001 y que no prevé la retroactividad.

Obviamente, esa noticia nos remite a la ley provincial que María Eugenia Vidal promulgó siendo Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, que lisa y llanamente prohíbe discutir el fantasioso número de 30.000 desaparecidos, que Luis Labraña, ex guerrillero, confesó haber inventado para tocar el alma y el bolsillo de la izquierda de escritorio europea.

Graciela Fernández Meijide, de quien nadie puede sospechar simpatía alguna con los militares de aquella época, se ha preguntado repetidas veces dónde están las familias o los amigos de los casi 22.000 que no figuran como desaparecidos en ningún lado, que no fueron denunciados como tales, no tienen nombre y no figuran en ningún registro. Hoy, a muchos años de la inauguración del Parque de la Memoria, en la costanera porteña, ese es la cantidad de chapas que no han obtenido la grabación de un nombre; es más, para llegar a los primeros 8.000, hubo que recurrir a los muertos por causas políticas desde 1955 y a incluir hasta los miembros del ERP y Montoneros fusilados por los mismos terroristas o que cayeron intentando asaltar cuarteles y dependencias militares.

Para finalizar, un pequeño reclamo a los diversos y otrora vocingleros organismos argentinos, aplicable a los gremios docentes ante el congelamiento de los aumentos, por ejemplo: ¡Muchaches (¿me habré puesto inclusivo?), olvidaron protestar contra Nicolás Maduro cuando éste prohibió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingresar a Venezuela! Pretendía verificar in situ las ingentes denuncias por asesinatos, violaciones, encarcelamientos sin causa y hasta desapariciones, algo a lo que no se atrevió siquiera la Junta de Comandantes del Proceso de Reorganización Nacional argentino, tan denostado por esas mismas organizaciones.

Colonia del Sacramento, 8 Feb 20

viernes, 31 de enero de 2020

Un país para el asombro (y la lágrima)




Un país para el asombro (y la lágrima)


“Más vale un inútil que un Nerón”.
 Theodore Lessing

Una vieja historia aplica a la situación actual de Argentina; cuenta que un judío clamaba en la plaza de su pueblo después de un progrom zarista: “Vosotros, que quemasteis nuestras casas y nuestras cosechas; vosotros, que demolisteis nuestra sinagoga hasta los cimientos; vosotros, que matasteis a nuestros mejores hombres; vosotros, que violasteis a nuestras mujeres y asesinasteis a nuestros hijos; ¡no abuséis, no abuséis!”.

Y digo eso porque el martes pasado la Vicepresidente, imputada también por este monumento a la corrupción, visitó el lugar donde se construirán -pese a su escasa prioridad, sus altísimos costos y la resistencia de los ambientalistas- las represas Cóndor Cliff y Barrancosa (que rebautizará con los nombres de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic), en la Provincia de Santa Cruz; y lo hizo acompañada por Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, dueños de Electroingeniería, procesados con ella en la “causa de los cuadernos”.

Para completar el hecho, Cristina Fernández reclamó el Gobierno nacional, que obviamente integra, la obligación de construir la Ruta Provincial Nº 9 que debería unir la cordillera con el Atlántico en esa misma Provincia. Olvidó que ese mismo camino fue “licitado” durante el período presidencial de su marido muerto y, en el suyo, fue pagado ($ 500 millones de la época) anticipadamente a Lázaro Báez que, por supuesto, nunca lo construyó pero “retornó” el importe a los Kirchner mediante el falso alquiler de camas en los hoteles familiares, ubicados a centenares de kilómetros.

Pero no fue sólo eso lo que me asombró, pues la frutilla del postre fue la designación de Anímal Fernández como Interventor en Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), a cargo de la mina y de la usina de Río Turbio. Este nombramiento fue una nueva “mojada de oreja” a la sociedad ya que es poner al zorro a cargo del gallinero y garantizar la impunidad de todos los implicados en esa megaestafa. Por este emblemático caso de corrupción están ya en juicio oral Julio de Vido, Roberto Baratta, el ex Presidente de la Unión Industrial Argentina (Juan Carlos Lascurain) y hasta empresarios españoles de la quebrada Isolux.

Hay que recordar algunos hechos absolutamente comprobados: la mina es incapaz de proveer el carbón, en calorías y en cantidades, que la central térmica requiere para funcionar; el combustible fósil en cuestión es absolutamente contaminante; el presupuesto original para la construcción se triplicó en dólares; el camino de cuatro kilómetros para unir a la fuente del mineral con el destino fue pagado pero nunca construido; el lugar elegido tiene graves fallas geológicas; el combustible fósil en cuestión es absolutamente contaminante; y la falsa inauguración del complejo pocos días antes del cambio de autoridades nacionales en 2015, exigida por Cristina Fernández para organizar un show pese a las advertencias de los técnicos, implicó la destrucción de una turbina y su reposición costaría nada menos que US$ 250 millones. ¡Pavada de lujo se dio la actual Vicepresidente!

El funcionario designado, además, estuvo implicado en oscuros episodios delictivos vinculados al narcotráfico, como el triple crimen, la importación de efedrina, etc., a punto tal que, cuando fue candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la propia Iglesia recomendó a sus fieles no votarlo, precisamente por considerarlo socio local de los mayores cárteles de drogas. Y esa acusación fue reiterada por sus entonces opositores que, por esas originales vueltas que tiene nuestra historia política, hoy ocupan relevantes cargos en el Gabinete ministerial de Alberto Fernández, responsable de ese nombramiento.

Recuerdo que en algunas notas que escribí en esa época pregunté retóricamente a mis lectores si, conociendo la patológica afición de don Néstor al dinero, alguien podía pensar que le había dejado el mayor negocio del país –el tráfico de estupefacientes- a un cuatro de copas como Anímal, y dije que la conclusión obvia era que los verdaderos dueños eran los propios Kirchner.

La ciudadanía argentina, justificadamente, está hoy hablando sólo del atroz crimen de Villa Gesell, y de la epidemia de coronavirus pero, volando bajo los rangos de detección de los radares sociales, la dueña del Instituto Patria sigue nombrando a sus alfiles en puestos claves para evitar que progresen los ya innumerables juicios penales que la tienen como principal protagonista; ha sumado a Alejandra Gils Carbó y a María Fernanda Silva, otra cultora del lawfare nueva Embajadora ante el Vaticano. Ha dejado el manejo de la economía en las manos del Presidente pero debiera recordar que ese fue el principal factor de la derrota de Mauricio Macri en 2019; si Alberto Fernández y su equipo no consiguen estabilizarla y recuperarla, algo muy difícil por cierto, ella también deberá pagar ese inmenso costo.

Para concluir, mis modestas felicitaciones a quienes hoy festejan un triunfo espectacular: de consuno, Donald Trump y Vladimir Putin lograron, con la colaboración de muchos suicidas británicos, comenzar a demoler, con el Brexit, el más exitoso y más prolongado experimento europeo de paz e integración.

Bs.As., 1 Feb 20

sábado, 25 de enero de 2020

Catilina fue un poroto




Catilina fue un poroto


"La victoria de los malos es el fruto de la cobardía de los buenos"
 San Juan Bosco

En 2010, José Enrique Miguens escribió un magnífico artículo, “Darse cuenta” (https://tinyurl.com/wkbdufl) referido a la ley de medios, en el que describió el método que utilizó Adolf Hitler, que no tenía la mayoría –había obtenido en las últimas elecciones sólo el 36,8% de los votos-, para hacerse con el poder absoluto. En el Reichstag, su partido presentaba un proyecto de ley; la forma de encararlo caía bien a la izquierda moderada; apoyada por los nazis y los socialistas, obtenía la sanción. Acto seguido, presentaba otro que, esa vez, gustaba a los comunistas que, sumados a los nazis, lo convertía en ley; y así sucesivamente. Cuando la sociedad se dio cuenta, ya fue demasiado tarde; el precio de esa desatención fue cincuenta millones de muertos y la devastación de medio mundo.

La historia viene a cuento por lo que está sucediendo hoy en la Argentina donde en el Hº Aguantadero, con la descarada complicidad del “lavagnismo” y a lomos de la eterna emergencia económica y una “solidaridad” impuesta por ley, bastante rara porque deja fuera a muchos privilegiados, el peronismo pegoteado delegó en Alberto Fernández casi la suma del poder público. Y ello ante un Poder Judicial que, cobardemente, no reacciona cuando el Presidente y sus ministros cuestionan públicamente fallos, pruebas y detenciones; recordemos que tanto el Presidente cuanto el Gobernador Axel Kiciloff nombraron a algunos procesados como funcionarios, invocando siempre la famosa lawfare.

Pero ni siquiera esas situaciones expresan el colmo de lo que estamos viviendo. A ese límite se llega al contemplar, muy pasivamente por cierto, el copamiento por Cristina Fernández de todos los resortes que se vinculan con las mayores “cajas” estatales y, sobre todo, de los organismos de control; es natural que haya puesto en ellos el foco, porque serán determinantes para la suerte de las causas por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y traición a la Patria que la afectan y tanto la preocupan.

No sólo hablo de sus escuderos nombrados en la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que actúan en esos procesos como querellantes, y en la Procuración del Tesoro (jefe de todos los abogados del Estado nacional), que ya logró para Carlos Chino Zannini, sino que impulsa a Daniel Rafecas, el mismo Juez que pretendió archivar la denuncia de Alberto Nisman por el memorándum con Irán sin disponer prueba alguna, nada menos que como Procurador General, es decir, jefe de los fiscales federales. Si los acusadores dejan de ejercer ese rol, habrá logrado la tan ansiada impunidad.

Pero ni con eso quedó conforme: quiere nombrar como cabeza de la Inspección General de Justicia, organismo de control legal de las sociedades, a un abogado –Ricardo Nissen- que fue apoderado de sus hijos Máximo y Florencia en Hotesur S.A., la empresa que resultó instrumento para que Cristóbal López y Lázaro Báez “reintegraran” a la familia Kirchner parte de los sobreprecios que obtenían en las licitaciones amañadas o a través de las facilidades “extraordinarias” que les otorgaba la DGI para devolver los impuestos robados. Y qué decir de la radio y la televisión públicas, puestas en manos de Rosario Lufrano, que ha prometido usarlas para denostar al gobierno anterior. ¡Hola, Joseph Goebbels!

Mientras tanto, los ministros del Poder Ejecutivo, respaldados expresamente por el Presidente, se dedican a demoler todo aquello de lo poco que la sociedad valoró positivamente del gobierno de Mauricio Macri: desarmaron a la Policía, pretenden ideologizar a las fuerzas armadas, compraron diputados electos por la oposición, terminaron con la movilidad legal automática de las jubilaciones en desmedro de los que trabajaron toda su vida, dinamitaron la economía del conocimiento, redujeron la lucha contra el narcotráfico y pretenden despenalizar el consumo de marihuana, instauraron la tarjeta alimentaria como elemento de control social (¡vamos, Nicolás Maduro!), incrementaron el gasto, expolian a la clase media con impuestazos impagables, volvieron a perseguir al campo y crearon infinidad de cargos en la administración pública que inundaron de  familiares, de militantes sin experiencia ni curriculum, de piqueteros, de terroristas de ERP y Montoneros y de fanáticos dispuestos a expulsar a quienes no resulten afines al partido que se ha quedado con el poder absoluto. La comparación con el proceder del primer peronismo no es mera coincidencia.

Marco Tulio Cicerón, que fue asesinado por ello (¿le recuerda algo?), sesenta y tres años antes de Cristo le preguntó en el Senado a Lucio Catilina hasta cuándo abusaría de la paciencia de los romanos con sus pretensiones de demoler la república y hoy, más de veinte siglos después, se lo pregunto al kirchnerismo; también se lo pregunto, en sentido inverso, al cuarenta y uno por ciento que no lo votó. Porque, más allá de los malabares verbales, ya está claro que aquél volvió para quedarse y llevarnos al “socialismo del siglo XXI”, apoyado por Cuba, por Venezuela y por la probadamente disolvente Rusia de Vladimir Putin.

La única esperanza de un mejor devenir para nuestro futuro, al menos hasta que se consiga refinanciar la deuda pública, se centra hoy en Donald Trump, por el enorme peso que tienen los Estados Unidos en el FMI. Eso obliga a Alberto Fernández a alinearse con su política exterior, o sea, acompañar el enfrentamiento con los ayatollahs iraníes y con el tirano Nicolás Maduro, y le implica renegar de los alineamientos que tanto promovió Cristina Fernández durante su gestión anterior. En este tema, cuánto durará y qué resultado tendrá el enfrentamiento con su compañera nadie lo sabe, pero seguramente ameritará alquilar balcones. 

Bs.As., 25 Ene 20

viernes, 17 de enero de 2020

Por robar, hasta la ética y la palabra




Por robar, hasta la ética y la palabra


“El relativismo ético que abraza el posmodernismo apunta a que no habría tal cosa como lo bueno y lo malo. Así, el incumplimiento de la palabra empeñada o el estímulo a la antropofagia no serían malos o inmorales en abstracto”. Alberto Benegas Lynch (h)


Si bien muchos estábamos convencidos de que el kirchnerismo volvería a la Casa Rosada envuelto en sus viejas banderas de falso relato, falta de principios, corrupción y venganza, nadie imaginó que las llevaría al campo de batalla político y social con tanta rapidez. Ahora están robando la ética y el valor de la palabra.

La compulsión por reescribir la historia que padece Cristina Fernández, que ya la llevó a intentar subordinar el Poder Judicial argentino a un consejo de juristas internacionales en el caso del memorándum con Irán, hizo que una de sus principales espadas jurídicas, el Dr. Eduardo Barcesat (miembro del Partido Comunista y defensor de Hebe de Bonafini y Milagro Salas), se autodesigne como árbitro –un verdadero okupa- de la moral y pase a integrar un curioso “tribunal de ética” internacional.

El engendro, parido en Madrid en noviembre pasado, es presidido por Baltasar Garzón, ese ex Juez de la Audiencia Nacional española eyectado del cargo por sus pares por prevaricato, que recaló en la Argentina en 2012 a sueldo de la ex Presidente; lo integran, entre otros, los abogados que defienden a los más notorios ex funcionarios prófugos, procesados o ya condenados por corrupción en sus respectivos países: nuestra ilustre Vicepresidente y su ex Ministro Julio de Vido, Rafael Correa, Luiz Inácio Lula da Silva, etc..

Por supuesto, en todos los casos se las califica como persecuciones políticas disfrazadas de procesos judiciales –el famoso “lawfare”, esgrimido por Cristina Fernández y hecho suyo por S.S. Francisco- y, como es obvio, busca la impunidad de los nombrados y al invertir la realidad, imputar a quienes los juzgaron, como Claudio Bonadio, Julián Ercolini y Sérgio Moro. Pero “nuestro” representante ante ese curioso engendro no se detuvo allí y pretende reproducir la persecución a la prensa que tanto practicó su patrona; es más, dijo que deberían presentarse ante ese mamarracho periodistas prestigiosos como Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro.

Hasta en este posmodernismo que padece el mundo, tan plagado de líderes creadores de la posverdad, que pretenden permanecer en el poder a como dé lugar, vaciando las instituciones democráticas y transformándolas en meros instrumentos de su ambición, los argentinos conseguimos destacarnos.

Alberto Fernández ha obtenido una ley violatoria -¡cuándo no!- de la Constitución Nacional por las facultades legislativos que le delega, a la que llamó “de solidaridad”. La manipulación nuevamente queda expuesta ya que, si cualquier afectado se opone a ella, automáticamente se transformará en un egoísta carente de todo principio a favor de la sociedad.

Lo absurdo es que, en esta nueva persecución a quienes han construido legítimamente un patrimonio o, simplemente, superan el nivel de miseria de las jubilaciones mínimas, no se requiera esa misma solidaridad a los saqueadores monumentales de la década anterior ni se deje de nombrar a privilegiados en cargos públicos de inmenso salario. ¿Cuánto se aliviarían los problemas del Fisco si la Vicepresidente y sus hijos, Lázaro Báez y los suyos, Cristóbal López y Fabián de Souza, los gremialistas eternos, y tantos otros devolvieran lo robado? No conozco la cifra, pero un amigo sugirió que, en lugar de recurrir al FMI en busca de fondos, mejor hubiera sido pedírselos a los jueces; olvidó que éstos, y los legisladores que se niegan a votar la ley de extinción de dominio, son tan deshonestos como aquéllos.

A la vez, el Presidente ha consentido -¿tenía otra opción?- en ceder a Cristina Fernández inmensos resortes de poder no sólo en lo que respecta a la Justicia sino en los organismos de control y de recaudación, precisamente aquéllos que, cumpliendo sus obligaciones, actúan como querellantes en las causas por corrupción que tanto le preocupan; ya están en sus manos la AFIP, la DGI, la UIF y la Oficina Anticorrupción. Seguramente, todos ellos desistirán de sus acciones, y la Vicepresidente y sus cómplices –funcionarios y empresarios- habrán dado así un inmenso paso hacia la impunidad pretendida. Falta ver cómo reaccionaremos todos si ello ocurre.

Hoy se cumplen cinco años del asesinato –lo dice la pericia judicial firmada por más de cincuenta expertos y lo dijo esta semana el propio Mohsen Rabbani, el principal acusado como autor intelectual- del Fiscal Alberto Nisman, tres días después de denunciar a la entonces Presidente, Cristina Kirchner, y otros por traición a la Patria y un día antes de exponer el caso ante el Congreso, y aún no sabemos quién y cómo lo mataron por cumplir su deber. La Ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, para encharcar aún más la investigación, pretende “revisar” esa pericia, y el Presidente, el mismo que dijo las peores atrocidades de su actual Vicepresidente sobre el tema durante diez años y ahora pretende que lo olvidemos, la respaldó públicamente.

El robo de la palabra también aparece aquí en una marquesina destellante: basta con recurrir a los archivos que tanto circulan por WhatsApp para comprobar las estruendosas contradicciones en que incurrieron al respecto Alberto y Cristina, Sergio Massa y hasta los jueces, fiscales, espías y policías que intervinieron en el caso.

Hoy mismo, a las 18;30, la ciudadanía tiene una cita de honor y se reunirá en la Plaza del Vaticano (Viamonte, entre Libertad y Cerrito) de la ciudad de Buenos Aires y en todas las plazas del país y de las capitales del mundo para honrar al Fiscal muerto y reclamar, una vez más, el definitivo esclarecimiento de lo sucedido bajo el milenario lema bíblico: “Justicia perseguirás”. No habrá banderas políticas ni discursos, pero todos leeremos en voz alta un documento.

Bs.As., 18 Ene 20



sábado, 11 de enero de 2020

Señora de ojos vendados




Señora de ojos vendados

“Nuestros jueces son absolutamente incompatibles.
 Todo lo pueden hacer, menos justicia”
.       Bertold Brecht

La serie “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”, que Netflix incluyó en su plataforma a partir del 1º de enero, el quinto aniversario de su irresuelto asesinato que se cumplirá el próximo sábado, y las declaraciones del principal imputado como autor intelectual –Mohsen Rabbani- colocaron otra vez en el tapete el tema que debiera ser prioritario en la cabeza de los argentinos: no tenemos Justicia. Procesos como los de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994) no solamente no han tenido resolución sino que se han convertido lodazales sin futuro, hollados por las pezuñas de cerdos de todos los colores, de todos los intereses y de todas las nacionalidades.

Más allá de estos y otros innumerables actos de terrorismo y de megacorrupción que han quedado –y seguramente quedarán- impunes a lo largo de nuestra historia, y de tantos magnicidios que aquí se han cometido sin que nadie consiguiera siquiera identificar a los responsables, esa carencia nos condena a la inviabilidad como nación independiente.

Piénsese qué sucedería si, por esos extraños milagros que pocas veces ocurren, pudiéramos darnos una Justicia transparente, seria, apegada exclusivamente a su rol de único intérprete de la ley y, además, veloz.

Una Justicia que permitiera a sus miembros, y a la sociedad en general, estar orgullosos de ella, volviendo a convertirse en un galardón para aquéllos a los que el mérito y la consideración pública les otorga la decisión final sobre la libertad, la honra y el patrimonio de los demás. Que se transformara, ni más ni menos, en lo que nuestra sabia Constitución, prostituida por los políticos, le concede y le exige: ser la real garantía de defensa del individuo frente al poder del Estado y frente a las arbitrariedades de los demás.

Si la Justicia recuperara ese prestigio perdido o dilapidado, mejorarían enormemente las relaciones que el país mantiene con los tenedores de bonos y con los inversores, que ya no necesitarían reclamar extrañas jurisdicciones, y las que cada uno de nosotros mantiene con sus acreedores y deudores, propietarios e inquilinos, cónyuges, padres e hijos, vendedores y compradores, profesionales y clientes, sanatorios y pacientes, empleadores y trabajadores, funcionarios y ciudadanos, etc.. Porque, convengamos, somos hijos del rigor, y allí estaría la señora de ojos vendados para recordárnoslo e impedir los abusos a los que somos tan proclives.

No debe entenderse en mis dichos que todos los jueces son indignos de cumplir con honestidad y crudeza el tan noble rol que la Constitución les asigna. Por el contrario, con cincuenta y dos años de ejercicio como abogado, estoy convencido que la mayoría de ellos son probos y preparados, y mira con tanto asombro como los ciudadanos cuanto de inmundo sucede en el Poder Judicial.

Nada puede hacerse de un día para otro, pero todos los caminos comienzan por un paso. Ese paso inicial podría ser algo que ya funciona, con éxito, en muchísimos países del mundo: el juicio civil y penal por jurados, y la elección popular –desacoplada de las de cargos políticos- de los jueces y fiscales en los pueblos y ciudades de menor tamaño. La duración de los mandatos sería de cinco años, renovable, y el principal requisito para cada juez sería la residencia en el lugar en que se desempeña, para permitir un adecuado control de los vecinos sobre su conducta personal y sus bienes.  

En un plazo razonable, se encomendaría a esos distintos magistrados y fiscales la elección de aquellos que merecerían integrar las cámaras de apelaciones y de ejercer como fiscales ante ellas; y así sucesivamente hasta haber recorrido toda la pirámide que corona la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación. La obvia razón de esta propuesta es que nadie los conoce mejor que sus propios colegas y, cuando éstos han concitado el respeto y la admiración de los demás, seguramente se sentirán más obligados frente a la sociedad.

Lamentablemente, impulsado por las necesidades de su tan procesada Vicepresidente, Alberto Fernández nos mintió en forma descarada cuando, en su discurso de toma de posesión del cargo, aseguró que “nunca más” habría injerencia del poder político en la Justicia. Si le creímos fue sólo culpa nuestra, porque ya había condenado severamente a Cristina imputándole corrupción y complicidad con los terroristas y, poco más tarde, exigido a quienes la tienen contra las cuerdas que expliquen sus fallos y las “barbaridades” (sic) que escribieron para dictarlos.

Y la designación de personajes tan nefastos como Carlos Zannini (Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado), Daniel Rafecas (propuesto para Procurador General y cabeza de los fiscales), Juan Martín Mena (Secretario de Justicia), Gerónimo Ustarroz (Consejero de la Magistratura), Félix Crous (Oficina Anticorrupción) y miles de etc., prueban más allá de toda duda el escaso apego a la verdad que afecta a nuestro Presidente.    

Bs.As., 11 Ene 20

sábado, 4 de enero de 2020

Ilusiones del viejo y de la vieja




Ilusiones del viejo y de la vieja


El misterio político más grande del Siglo XX
 es el fracaso de Argentina como Nación”.
Robert D. Crassweller  


A Alberto Fernández, que sueña con transformarse en el nuevo refundador de la Argentina, los papeles se le están quemando rápidamente, incluso en el ámbito externo, que ayer se complicó en serio. Forzado por la innegable influencia de su compañera de fórmula en el diseño de la política, está cayendo rápidamente en las mismas contradicciones que tanto nos perjudicaron.

Nos pide que dejemos de pensar en dólares pero, desde que asumió hace menos de un mes, ya imprimió un 12% más de pesos que, necesariamente, darán nuevos aires a la monumental inflación que padecemos.  

Pretende pagar llegar a un rápido arreglo con los acreedores y el FMI para evitar caer una vez más en default, pero parece ignorar que la voluntad de los Estados Unidos es determinante en el organismo. El ataque en Bagdad con misiles, que produjo la muerte de un jerarca del régimen iraní, Qassem Soleimani, demuestra que Donald Trump no bromea cuando se trata de combatir a su “eje del mal”.

Ya el día anterior, la Casa Blanca había advertido que la posición de la Argentina con respecto a Evo Morales y el notorio reacercamiento con  Venezuela y Cuba tendría graves consecuencias en la relación bilateral. Sin embargo, inexplicablemente se autorizó a una línea aérea, que cubre la ruta Caracas-Teherán, a llegar a Buenos Aires; y lo digo porque, en la medida en que no parece racional desde el punto de vista comercial, falta conocer las verdaderas razones que la motivaron.

El Presidente declaró que Argentina sólo podrá hacer frente a sus compromisos externos cuando vuelva a crecer, y ha centrado sus expectativas en Vaca Muerta, que nos ha hecho recuperar la autosuficiencia energética, y en el artificial y populista impulso al consumo interno. Para que el yacimiento se transforme en un verdadero motor de ese necesario crecimiento, se requieren gigantescas inversiones internacionales para financiar su expansión; sin embargo, para que se concreten resultan esenciales tres condiciones: claras e inamovibles reglas de juego, rentabilidad y confianza, sobre todo en la Justicia.

Pero ninguna de ellas se da. Demostrando que padece una grave bipolaridad, el Gobierno interviene en el mercado energético, congela tarifas y modifica arbitrariamente esas reglas, mientras el impuestazo de la ley de “solidaridad y reactivación” deprime el consumo y destruye toda rentabilidad de las empresas. El ajuste sólo afecta al sector privado, ya que el gasto del Estado –incluyendo a los tres millones de jubilados sin aportes incorporados por Cristina Fernández al sistema- en todos sus niveles se ha incrementado de modo perverso. Con observar qué sucedió cuando se atrasaron demagógicamente los precios, resulta fácil predecir el futuro: más déficit fiscal, más cortes de suministro, más despilfarro, menos producción, más negociados, etc..


Y nadie desconoce el dominio que Cristina Fernández ha adquirido sobre la Justicia (con Carlos Zannini, Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado; Daniel Rafecas, Procurador General y cabeza de los fiscales; Juan Martín Mena, Secretario de Justicia; Gerónimo Ustarroz, Consejero de la Magistratura; Sabina Fréderic, Ministro de Seguridad; Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción; Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; etc.) con todo lo que ello implica en materia de inseguridad jurídica.

Nótese que ya Fréderic, el Gobernador Axel Kiciloff y hasta el propio Presidente calificaron a los juicios por corrupción que afectan a tantos funcionarios kirchneristas y empresarios como persecuciones políticas, y han llegado al gravísimo extremo de criticar las pericias que determinaron que Alberto Nisman fue asesinado y que Santiago Maldonado se ahogó.

Si Cristina Fernández sueña con la impunidad, al menos para sí misma y sus hijos, lo cierto es que no resultará posible; la ciudadanía movilizada no tolerará que esa ilusión se concrete y, si se intentara, produciría un verdadero estallido social. Pero aún si consiguiera aquí algo por el estilo, tampoco podrá moverse por el mundo, ya que hay causas instruidas en el extranjero, motivadas por los raros movimientos financieros realizados por nuestros ladrones en otros países, que no se cerrarán fácilmente y que le dificultarán esos desplazamientos.

Bs.As., 4 Ene 20