viernes, 17 de enero de 2020

Por robar, hasta la ética y la palabra




Por robar, hasta la ética y la palabra


“El relativismo ético que abraza el posmodernismo apunta a que no habría tal cosa como lo bueno y lo malo. Así, el incumplimiento de la palabra empeñada o el estímulo a la antropofagia no serían malos o inmorales en abstracto”. Alberto Benegas Lynch (h)


Si bien muchos estábamos convencidos de que el kirchnerismo volvería a la Casa Rosada envuelto en sus viejas banderas de falso relato, falta de principios, corrupción y venganza, nadie imaginó que las llevaría al campo de batalla político y social con tanta rapidez. Ahora están robando la ética y el valor de la palabra.

La compulsión por reescribir la historia que padece Cristina Fernández, que ya la llevó a intentar subordinar el Poder Judicial argentino a un consejo de juristas internacionales en el caso del memorándum con Irán, hizo que una de sus principales espadas jurídicas, el Dr. Eduardo Barcesat (miembro del Partido Comunista y defensor de Hebe de Bonafini y Milagro Salas), se autodesigne como árbitro –un verdadero okupa- de la moral y pase a integrar un curioso “tribunal de ética” internacional.

El engendro, parido en Madrid en noviembre pasado, es presidido por Baltasar Garzón, ese ex Juez de la Audiencia Nacional española eyectado del cargo por sus pares por prevaricato, que recaló en la Argentina en 2012 a sueldo de la ex Presidente; lo integran, entre otros, los abogados que defienden a los más notorios ex funcionarios prófugos, procesados o ya condenados por corrupción en sus respectivos países: nuestra ilustre Vicepresidente y su ex Ministro Julio de Vido, Rafael Correa, Luiz Inácio Lula da Silva, etc..

Por supuesto, en todos los casos se las califica como persecuciones políticas disfrazadas de procesos judiciales –el famoso “lawfare”, esgrimido por Cristina Fernández y hecho suyo por S.S. Francisco- y, como es obvio, busca la impunidad de los nombrados y al invertir la realidad, imputar a quienes los juzgaron, como Claudio Bonadio, Julián Ercolini y Sérgio Moro. Pero “nuestro” representante ante ese curioso engendro no se detuvo allí y pretende reproducir la persecución a la prensa que tanto practicó su patrona; es más, dijo que deberían presentarse ante ese mamarracho periodistas prestigiosos como Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro.

Hasta en este posmodernismo que padece el mundo, tan plagado de líderes creadores de la posverdad, que pretenden permanecer en el poder a como dé lugar, vaciando las instituciones democráticas y transformándolas en meros instrumentos de su ambición, los argentinos conseguimos destacarnos.

Alberto Fernández ha obtenido una ley violatoria -¡cuándo no!- de la Constitución Nacional por las facultades legislativos que le delega, a la que llamó “de solidaridad”. La manipulación nuevamente queda expuesta ya que, si cualquier afectado se opone a ella, automáticamente se transformará en un egoísta carente de todo principio a favor de la sociedad.

Lo absurdo es que, en esta nueva persecución a quienes han construido legítimamente un patrimonio o, simplemente, superan el nivel de miseria de las jubilaciones mínimas, no se requiera esa misma solidaridad a los saqueadores monumentales de la década anterior ni se deje de nombrar a privilegiados en cargos públicos de inmenso salario. ¿Cuánto se aliviarían los problemas del Fisco si la Vicepresidente y sus hijos, Lázaro Báez y los suyos, Cristóbal López y Fabián de Souza, los gremialistas eternos, y tantos otros devolvieran lo robado? No conozco la cifra, pero un amigo sugirió que, en lugar de recurrir al FMI en busca de fondos, mejor hubiera sido pedírselos a los jueces; olvidó que éstos, y los legisladores que se niegan a votar la ley de extinción de dominio, son tan deshonestos como aquéllos.

A la vez, el Presidente ha consentido -¿tenía otra opción?- en ceder a Cristina Fernández inmensos resortes de poder no sólo en lo que respecta a la Justicia sino en los organismos de control y de recaudación, precisamente aquéllos que, cumpliendo sus obligaciones, actúan como querellantes en las causas por corrupción que tanto le preocupan; ya están en sus manos la AFIP, la DGI, la UIF y la Oficina Anticorrupción. Seguramente, todos ellos desistirán de sus acciones, y la Vicepresidente y sus cómplices –funcionarios y empresarios- habrán dado así un inmenso paso hacia la impunidad pretendida. Falta ver cómo reaccionaremos todos si ello ocurre.

Hoy se cumplen cinco años del asesinato –lo dice la pericia judicial firmada por más de cincuenta expertos y lo dijo esta semana el propio Mohsen Rabbani, el principal acusado como autor intelectual- del Fiscal Alberto Nisman, tres días después de denunciar a la entonces Presidente, Cristina Kirchner, y otros por traición a la Patria y un día antes de exponer el caso ante el Congreso, y aún no sabemos quién y cómo lo mataron por cumplir su deber. La Ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, para encharcar aún más la investigación, pretende “revisar” esa pericia, y el Presidente, el mismo que dijo las peores atrocidades de su actual Vicepresidente sobre el tema durante diez años y ahora pretende que lo olvidemos, la respaldó públicamente.

El robo de la palabra también aparece aquí en una marquesina destellante: basta con recurrir a los archivos que tanto circulan por WhatsApp para comprobar las estruendosas contradicciones en que incurrieron al respecto Alberto y Cristina, Sergio Massa y hasta los jueces, fiscales, espías y policías que intervinieron en el caso.

Hoy mismo, a las 18;30, la ciudadanía tiene una cita de honor y se reunirá en la Plaza del Vaticano (Viamonte, entre Libertad y Cerrito) de la ciudad de Buenos Aires y en todas las plazas del país y de las capitales del mundo para honrar al Fiscal muerto y reclamar, una vez más, el definitivo esclarecimiento de lo sucedido bajo el milenario lema bíblico: “Justicia perseguirás”. No habrá banderas políticas ni discursos, pero todos leeremos en voz alta un documento.

Bs.As., 18 Ene 20



sábado, 11 de enero de 2020

Señora de ojos vendados




Señora de ojos vendados

“Nuestros jueces son absolutamente incompatibles.
 Todo lo pueden hacer, menos justicia”
.       Bertold Brecht

La serie “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”, que Netflix incluyó en su plataforma a partir del 1º de enero, el quinto aniversario de su irresuelto asesinato que se cumplirá el próximo sábado, y las declaraciones del principal imputado como autor intelectual –Mohsen Rabbani- colocaron otra vez en el tapete el tema que debiera ser prioritario en la cabeza de los argentinos: no tenemos Justicia. Procesos como los de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994) no solamente no han tenido resolución sino que se han convertido lodazales sin futuro, hollados por las pezuñas de cerdos de todos los colores, de todos los intereses y de todas las nacionalidades.

Más allá de estos y otros innumerables actos de terrorismo y de megacorrupción que han quedado –y seguramente quedarán- impunes a lo largo de nuestra historia, y de tantos magnicidios que aquí se han cometido sin que nadie consiguiera siquiera identificar a los responsables, esa carencia nos condena a la inviabilidad como nación independiente.

Piénsese qué sucedería si, por esos extraños milagros que pocas veces ocurren, pudiéramos darnos una Justicia transparente, seria, apegada exclusivamente a su rol de único intérprete de la ley y, además, veloz.

Una Justicia que permitiera a sus miembros, y a la sociedad en general, estar orgullosos de ella, volviendo a convertirse en un galardón para aquéllos a los que el mérito y la consideración pública les otorga la decisión final sobre la libertad, la honra y el patrimonio de los demás. Que se transformara, ni más ni menos, en lo que nuestra sabia Constitución, prostituida por los políticos, le concede y le exige: ser la real garantía de defensa del individuo frente al poder del Estado y frente a las arbitrariedades de los demás.

Si la Justicia recuperara ese prestigio perdido o dilapidado, mejorarían enormemente las relaciones que el país mantiene con los tenedores de bonos y con los inversores, que ya no necesitarían reclamar extrañas jurisdicciones, y las que cada uno de nosotros mantiene con sus acreedores y deudores, propietarios e inquilinos, cónyuges, padres e hijos, vendedores y compradores, profesionales y clientes, sanatorios y pacientes, empleadores y trabajadores, funcionarios y ciudadanos, etc.. Porque, convengamos, somos hijos del rigor, y allí estaría la señora de ojos vendados para recordárnoslo e impedir los abusos a los que somos tan proclives.

No debe entenderse en mis dichos que todos los jueces son indignos de cumplir con honestidad y crudeza el tan noble rol que la Constitución les asigna. Por el contrario, con cincuenta y dos años de ejercicio como abogado, estoy convencido que la mayoría de ellos son probos y preparados, y mira con tanto asombro como los ciudadanos cuanto de inmundo sucede en el Poder Judicial.

Nada puede hacerse de un día para otro, pero todos los caminos comienzan por un paso. Ese paso inicial podría ser algo que ya funciona, con éxito, en muchísimos países del mundo: el juicio civil y penal por jurados, y la elección popular –desacoplada de las de cargos políticos- de los jueces y fiscales en los pueblos y ciudades de menor tamaño. La duración de los mandatos sería de cinco años, renovable, y el principal requisito para cada juez sería la residencia en el lugar en que se desempeña, para permitir un adecuado control de los vecinos sobre su conducta personal y sus bienes.  

En un plazo razonable, se encomendaría a esos distintos magistrados y fiscales la elección de aquellos que merecerían integrar las cámaras de apelaciones y de ejercer como fiscales ante ellas; y así sucesivamente hasta haber recorrido toda la pirámide que corona la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación. La obvia razón de esta propuesta es que nadie los conoce mejor que sus propios colegas y, cuando éstos han concitado el respeto y la admiración de los demás, seguramente se sentirán más obligados frente a la sociedad.

Lamentablemente, impulsado por las necesidades de su tan procesada Vicepresidente, Alberto Fernández nos mintió en forma descarada cuando, en su discurso de toma de posesión del cargo, aseguró que “nunca más” habría injerencia del poder político en la Justicia. Si le creímos fue sólo culpa nuestra, porque ya había condenado severamente a Cristina imputándole corrupción y complicidad con los terroristas y, poco más tarde, exigido a quienes la tienen contra las cuerdas que expliquen sus fallos y las “barbaridades” (sic) que escribieron para dictarlos.

Y la designación de personajes tan nefastos como Carlos Zannini (Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado), Daniel Rafecas (propuesto para Procurador General y cabeza de los fiscales), Juan Martín Mena (Secretario de Justicia), Gerónimo Ustarroz (Consejero de la Magistratura), Félix Crous (Oficina Anticorrupción) y miles de etc., prueban más allá de toda duda el escaso apego a la verdad que afecta a nuestro Presidente.    

Bs.As., 11 Ene 20

sábado, 4 de enero de 2020

Ilusiones del viejo y de la vieja




Ilusiones del viejo y de la vieja


El misterio político más grande del Siglo XX
 es el fracaso de Argentina como Nación”.
Robert D. Crassweller  


A Alberto Fernández, que sueña con transformarse en el nuevo refundador de la Argentina, los papeles se le están quemando rápidamente, incluso en el ámbito externo, que ayer se complicó en serio. Forzado por la innegable influencia de su compañera de fórmula en el diseño de la política, está cayendo rápidamente en las mismas contradicciones que tanto nos perjudicaron.

Nos pide que dejemos de pensar en dólares pero, desde que asumió hace menos de un mes, ya imprimió un 12% más de pesos que, necesariamente, darán nuevos aires a la monumental inflación que padecemos.  

Pretende pagar llegar a un rápido arreglo con los acreedores y el FMI para evitar caer una vez más en default, pero parece ignorar que la voluntad de los Estados Unidos es determinante en el organismo. El ataque en Bagdad con misiles, que produjo la muerte de un jerarca del régimen iraní, Qassem Soleimani, demuestra que Donald Trump no bromea cuando se trata de combatir a su “eje del mal”.

Ya el día anterior, la Casa Blanca había advertido que la posición de la Argentina con respecto a Evo Morales y el notorio reacercamiento con  Venezuela y Cuba tendría graves consecuencias en la relación bilateral. Sin embargo, inexplicablemente se autorizó a una línea aérea, que cubre la ruta Caracas-Teherán, a llegar a Buenos Aires; y lo digo porque, en la medida en que no parece racional desde el punto de vista comercial, falta conocer las verdaderas razones que la motivaron.

El Presidente declaró que Argentina sólo podrá hacer frente a sus compromisos externos cuando vuelva a crecer, y ha centrado sus expectativas en Vaca Muerta, que nos ha hecho recuperar la autosuficiencia energética, y en el artificial y populista impulso al consumo interno. Para que el yacimiento se transforme en un verdadero motor de ese necesario crecimiento, se requieren gigantescas inversiones internacionales para financiar su expansión; sin embargo, para que se concreten resultan esenciales tres condiciones: claras e inamovibles reglas de juego, rentabilidad y confianza, sobre todo en la Justicia.

Pero ninguna de ellas se da. Demostrando que padece una grave bipolaridad, el Gobierno interviene en el mercado energético, congela tarifas y modifica arbitrariamente esas reglas, mientras el impuestazo de la ley de “solidaridad y reactivación” deprime el consumo y destruye toda rentabilidad de las empresas. El ajuste sólo afecta al sector privado, ya que el gasto del Estado –incluyendo a los tres millones de jubilados sin aportes incorporados por Cristina Fernández al sistema- en todos sus niveles se ha incrementado de modo perverso. Con observar qué sucedió cuando se atrasaron demagógicamente los precios, resulta fácil predecir el futuro: más déficit fiscal, más cortes de suministro, más despilfarro, menos producción, más negociados, etc..


Y nadie desconoce el dominio que Cristina Fernández ha adquirido sobre la Justicia (con Carlos Zannini, Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado; Daniel Rafecas, Procurador General y cabeza de los fiscales; Juan Martín Mena, Secretario de Justicia; Gerónimo Ustarroz, Consejero de la Magistratura; Sabina Fréderic, Ministro de Seguridad; Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción; Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; etc.) con todo lo que ello implica en materia de inseguridad jurídica.

Nótese que ya Fréderic, el Gobernador Axel Kiciloff y hasta el propio Presidente calificaron a los juicios por corrupción que afectan a tantos funcionarios kirchneristas y empresarios como persecuciones políticas, y han llegado al gravísimo extremo de criticar las pericias que determinaron que Alberto Nisman fue asesinado y que Santiago Maldonado se ahogó.

Si Cristina Fernández sueña con la impunidad, al menos para sí misma y sus hijos, lo cierto es que no resultará posible; la ciudadanía movilizada no tolerará que esa ilusión se concrete y, si se intentara, produciría un verdadero estallido social. Pero aún si consiguiera aquí algo por el estilo, tampoco podrá moverse por el mundo, ya que hay causas instruidas en el extranjero, motivadas por los raros movimientos financieros realizados por nuestros ladrones en otros países, que no se cerrarán fácilmente y que le dificultarán esos desplazamientos.

Bs.As., 4 Ene 20