Esa obscena manifestación de impunidad y soberbia
En estos días, algunos medios periodísticos, lamentablemente no todos, han informado acerca de la apertura de una nueva sociedad en nuestro sur profundo. Me refiero, obviamente, a El Chapel S.A., una empresa creada para brindar a sus clientes asesoramiento acerca de inversiones y, como sucede con las consultoras en general, para brindar servicios de lobby a sus clientes.
Hasta ahí, todo está bien. Sin embargo, sucede que su Presidente es hijo de nuestra pareja más famosa, la conformada por don Néstor y doña Cristina quienes, a su vez, son directores suplentes de la compañía.
Y a esta situación se refiere el título de esta nota. A nadie le resulta desconocida la existencia de testaferros, personas que, por una retribución de cualquier tipo, asumen la representación de los verdaderos –y ocultos- dueños del tinglado.
Es decir que, en la especie, don Máximo, el hijito, y sus progenitores podrían haber recurrido a este conocido artificio para ocultar su identidad, brindando, de todas maneras, el mismo asesoramiento y la misma capacidad de lobby a sus clientes.
Entonces, ¿por qué no lo hicieron?
Estamos ante una familia de profesionales del Derecho, al menos lo es el pater familæ, ya que Cristina aún no ha dado las tan reclamadas pruebas de ello. O sea, ante gente que –tal como surge de sus declaraciones de impuestos y de sus actividades inmobiliarias en Río Gallegos y El Calafate- se mueven como peces en el agua –o mejor, como tiburones en una piscina- en el mundo de los negocios.
Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no?
Si todos los funcionarios cuyas declaraciones de bienes no resisten el menor análisis tienen esposas, suegras, tías, etc., que les dejan fastuosas herencias; si tantos otros colocan sus bienes a nombre de integrantes de la noble profesión de prestanombre, tampoco podían desconocer esta operatoria estas personas, que ejercen el poder, de una manera u otra, desde hace tantos años.
Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no?
Llevo varios días, concretamente desde que me enteré por los diarios de la creación de la empresa y del ‘detalle’ de sus autoridades, tratando de responder esa reiterada pregunta: ¿por qué no lo hicieron?
Sólo cabe, a mi entender, una respuesta: Don Néstor, doña Cristina y don Máximo hacen una obscena demostración de impunidad y soberbia, porque, como es obvio, cuanto más pública mejor.
Nos están diciendo que, no solamente están más allá de los límites que la Ley nos impone al resto de los mortales, sino que quieren demostrarnos que son impunes. Que ellos no están comprendidos en las normas que reprimen el tráfico de influencias, que tampoco pueden ser alcanzados por autoridad superior alguna.
Y todo este cuadro de corrupción en las más altas esferas gubernamentales argentinas repica en los medios del mundo diariamente, arrastrando nuestra honra y nuestro buen nombre, una vez más, por el fango.
Pero más grave aún es la demostración de impunidad hacia adentro de la Argentina. Porque, ¿con qué derecho la Policía detendrá, o la Justicia evaluará, a quien haya cometido un delito común, si la propia Presidente, su marido y su hijo violan tan flagrante y públicamente la Ley?
El principio constitucional consistente en que todos somos iguales ante ella, ¿no será invocado, a partir de ahora, por los abogados defensores de los delincuentes comunes? Si alguien roba un auto o en una casa, ¿podrá condenárselo sin hacer lo mismo con quien ejerce la Primera Magistratura de la nación tan alevosamente?
Para concluir, declaro mi más fervoroso apoyo al pedido de juicio político a doña Cristina, formulado ayer por todos los partidos políticos de la oposición.
Si bien me gustaría que doña Cristina y don Néstor, que tantos platos rotos rompieron en la fiesta con don De Vido, con don Jaime y sus otros amiguitos, los pagaran antes de irse y que, además, tuvieran que enfrentar la furia de los demás invitados que no pudieron ni disfrutarla en la época en que todo venía con viento de cola, creo que resultaría trágico que siguieran en el timón en medio del vendaval que se avecina.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2008.
En estos días, algunos medios periodísticos, lamentablemente no todos, han informado acerca de la apertura de una nueva sociedad en nuestro sur profundo. Me refiero, obviamente, a El Chapel S.A., una empresa creada para brindar a sus clientes asesoramiento acerca de inversiones y, como sucede con las consultoras en general, para brindar servicios de lobby a sus clientes.
Hasta ahí, todo está bien. Sin embargo, sucede que su Presidente es hijo de nuestra pareja más famosa, la conformada por don Néstor y doña Cristina quienes, a su vez, son directores suplentes de la compañía.
Y a esta situación se refiere el título de esta nota. A nadie le resulta desconocida la existencia de testaferros, personas que, por una retribución de cualquier tipo, asumen la representación de los verdaderos –y ocultos- dueños del tinglado.
Es decir que, en la especie, don Máximo, el hijito, y sus progenitores podrían haber recurrido a este conocido artificio para ocultar su identidad, brindando, de todas maneras, el mismo asesoramiento y la misma capacidad de lobby a sus clientes.
Entonces, ¿por qué no lo hicieron?
Estamos ante una familia de profesionales del Derecho, al menos lo es el pater familæ, ya que Cristina aún no ha dado las tan reclamadas pruebas de ello. O sea, ante gente que –tal como surge de sus declaraciones de impuestos y de sus actividades inmobiliarias en Río Gallegos y El Calafate- se mueven como peces en el agua –o mejor, como tiburones en una piscina- en el mundo de los negocios.
Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no?
Si todos los funcionarios cuyas declaraciones de bienes no resisten el menor análisis tienen esposas, suegras, tías, etc., que les dejan fastuosas herencias; si tantos otros colocan sus bienes a nombre de integrantes de la noble profesión de prestanombre, tampoco podían desconocer esta operatoria estas personas, que ejercen el poder, de una manera u otra, desde hace tantos años.
Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no?
Llevo varios días, concretamente desde que me enteré por los diarios de la creación de la empresa y del ‘detalle’ de sus autoridades, tratando de responder esa reiterada pregunta: ¿por qué no lo hicieron?
Sólo cabe, a mi entender, una respuesta: Don Néstor, doña Cristina y don Máximo hacen una obscena demostración de impunidad y soberbia, porque, como es obvio, cuanto más pública mejor.
Nos están diciendo que, no solamente están más allá de los límites que la Ley nos impone al resto de los mortales, sino que quieren demostrarnos que son impunes. Que ellos no están comprendidos en las normas que reprimen el tráfico de influencias, que tampoco pueden ser alcanzados por autoridad superior alguna.
Y todo este cuadro de corrupción en las más altas esferas gubernamentales argentinas repica en los medios del mundo diariamente, arrastrando nuestra honra y nuestro buen nombre, una vez más, por el fango.
Pero más grave aún es la demostración de impunidad hacia adentro de la Argentina. Porque, ¿con qué derecho la Policía detendrá, o la Justicia evaluará, a quien haya cometido un delito común, si la propia Presidente, su marido y su hijo violan tan flagrante y públicamente la Ley?
El principio constitucional consistente en que todos somos iguales ante ella, ¿no será invocado, a partir de ahora, por los abogados defensores de los delincuentes comunes? Si alguien roba un auto o en una casa, ¿podrá condenárselo sin hacer lo mismo con quien ejerce la Primera Magistratura de la nación tan alevosamente?
Para concluir, declaro mi más fervoroso apoyo al pedido de juicio político a doña Cristina, formulado ayer por todos los partidos políticos de la oposición.
Si bien me gustaría que doña Cristina y don Néstor, que tantos platos rotos rompieron en la fiesta con don De Vido, con don Jaime y sus otros amiguitos, los pagaran antes de irse y que, además, tuvieran que enfrentar la furia de los demás invitados que no pudieron ni disfrutarla en la época en que todo venía con viento de cola, creo que resultaría trágico que siguieran en el timón en medio del vendaval que se avecina.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2008.
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