Inexplicable Manía

Inexplicable Manía

“La verdad tiene muy pocos amigos, y los muy pocos amigos que tiene son suicidas” Antonio Porchia.

Los argentinos, desde hace más de setenta años, sufrimos una rarísima compulsión al suicidio colectivo, que se ha manifestado de muy diferentes maneras en nuestra historia reciente, pero siempre con trágico éxito.

El 27 de enero de 2017, el Presidente de la República firmó el Decreto N° 70/17, mediante el cual imponía leves limitaciones al régimen vigente de inmigración hacia nuestro país, establecido por la Ley 25.871. Para comprobar la razonabilidad de mi calificativo, basta con leer en el artículo 4° cuáles eran las restricciones que se establecían al actual libérrimo e idiota marco regulatorio de ingreso de personas a la Argentina.

Así, se pretendía impedir entrar a nuestro territorio a quienes hubieran: presentado documentación nacional o extranjera falsa o adulterada; omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales o condenas; sido expulsados del país o tuvieran el ingreso prohibido, hasta tanto la medida fuera revocada; sido condenados o estuvieran cumpliendo penas por delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas; incurrido en actos de gobierno que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad; tenido antecedentes relacionados con la participación en actos u organizaciones terroristas; incurrido en la promoción o facilitación, con fines de lucro, en el ingreso ilegal de extranjeros; promovido la prostitución y lucrado con ella; sido condenados por actos de corrupción; intentado eludir los controles migratorios.

Como se ve, no se imponía restricción alguna por motivos raciales, políticos, religiosos, económicos o sexuales a quienes quisieran ingresar a territorio nacional, fuera con fines de residencia o en forma meramente transitoria. Es decir, la norma no discriminaba a nadie salvo, claro está, a los graves delincuentes.   

Pero Mauricio Macri no contaba, al momento de firmar ese decreto, con la suicida reacción del izquierdoso progresismo que, rápidamente, salió a criticar el decreto en cuestión. Los imbéciles de turno, algunos de ellos legisladores, vociferaron diciendo que no se justificaba la necesidad y urgencia de la decisión del Ejecutivo porque en ella se mostraba una visión sesgada del universo carcelario, destacando que sólo el 6% de los presos en cárceles argentinas es inmigrante, porque se apelaba a las palabras “ilegalidad” y “clandestinidad” para estigmatizar a los inmigrantes y porque restringía el derecho de éstos a obtener documentación nacional.

El 22 de marzo de este año, es decir, hace pocos días, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió declarar inconstitucional el decreto del Presidente. A partir de ahora, entonces, todos los pequeñísimos impedimentos que se pretendió imponer a los criminales dejaron de existir, y éstos podrán entrar libremente para continuar su trayectoria dañosa aquí.

He viajado mucho a lo largo de mi vida, y no he visto país en el mundo que, como el nuestro, sea tan absurdamente generoso para con aquéllos que quieren ingresar, aunque sea sólo para estudiar, trabajar o hacer turismo. Para hacer callar a los energúmenos vernáculos, debería ser suficiente preguntarles qué régimen migratorio debería practicarse aquí porque, evidentemente, no pueden estar pensando en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba, en la región, o en Rusia, Irán o China, todos muy exigentes a la hora de levantar las barreras de entrada y, muchas veces, también de salida.  

En todas las naciones civilizadas se exige a los interesados en pasar a residir legalmente dentro de sus fronteras contar con un trabajo asegurado, pues sus Estados no están dispuestos a incrementar su propia cuota de pobres a los que debe alimentar, curar y educar con los impuestos que pagan sus ciudadanos. Aquí, como es más que obvio, no sólo no le pedimos nada sino que le facilitamos el acceso a cirugías y hospitales gratuitos, a documentos argentinos (indispensables para votar al señor feudal de la provincia), a educación de mejor calidad que la que dispone en su país de origen y hasta a adquirir casas, campos, automóviles y aviones con dinero lavado.

Pero lo verdaderamente grave, lo que nos convierte en un caso patológico de sociedad autodestructiva, es que permitimos ingresar y comerciar libremente a todas las organizaciones de traficantes de drogas que pueblan el continente, llenándolo de sangre y muerte.

Sabemos hasta cuáles de ellas mandan y gobiernan en cada barrio o asentamiento de nuestras ciudades. Algunas nacionalidades se especializan en cocaína y heroína, otras en marihuana y muchas en drogas sintéticas, pero todas ellas zanjan a tiros sus disputas territoriales, con armas cada vez más sofisticadas, que obviamente superan el equipamiento policial, mientras siembran el terror entre los vecinos honestos y trabajadores.

¿Qué otra forma tenemos de impedir que ese anómalo fenómeno continúe expandiéndose hasta que nuestro país se convierta en México, donde los muertos ya se cuentan por decenas de miles, que no sea cuidando estrictamente nuestras fronteras? Colombia está en vías de superar ese difícil trance, pero Brasil y la Argentina se están acercando a pasos agigantados a esa triste realidad.

Llegó la hora, en este tema también, de decir ¡basta! a la interesada estupidez de algunos, y a la falta de coraje necesario de otros para enfrentarlos.

Y digo “también” porque, el jueves 12 de abril, a las 19:00 horas, nos reuniremos en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para decirle ¡basta! a este Poder Judicial que se sigue riendo de nosotros, que continúa privilegiando los derechos de los delincuentes frente a los de las víctimas, que encarcela a los perejiles mientras libera todos los días a los autores de los mayores desfalcos que la sociedad ha sufrido, que garantiza la impunidad de los poderosos y lucra con ello, que dicta sentencias reñidas con la Constitución y con la ley.

Los ciudadanos de a pie iremos a decirle a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura que estamos hartos, verdaderamente podridos, de este presente de asfixia moral, de lepra sorda, de cobardías y de sensualismos de camastros, como escribió Leopoldo Lugones.

Mientras tanto, sólo me queda desear una feliz Pascua de Resurrección –o un feliz Pésaj- para usted y los suyos. Ojalá, todos juntos podamos orar por la resurrección de nuestra Argentina.

Bs.As., 31 Mar 18

De Tormentas a Tsunamis

De Tormentas a Tsunamis

“Con una Justicia independiente, seria y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será”

Cuando la semana pasada escribí sobre las tormentas judiciales, no supuse que se convertirían en un violento tsunami que sacudiría hasta el sótano el siniestro edificio de Comodoro Py, donde se aloja el fuero más cuestionado y sospechado de la Justicia argentina, el Penal Federal.

Y no es para menos ya que, por primera vez, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, pidió al Consejo de la Magistratura nacional que investigue la forma en que fue designado, para completar transitoriamente la vacante que existe en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, hoy integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, a Eduardo Farah. Para quienes no son abogados, o no están enterados de los entresijos de la corporación, tal designación hubiera debido ser hecha por sorteo, pero Ballestero lo evitó con un retorcido argumento formal.

El alto Tribunal sospecha, aunque en el pedido no fue expresado, que hubo alguna mano negra actuando ya que, cuando fue resuelto el caso Cristóbal López, Fabián de Souza y Ricardo Echegaray, el sorprendente fallo favorable a estos delincuentes fue firmado por Ballestero y Farah, mientras que Bruglia votó en contra.

Los jueces resolvieron revocar la prisión preventiva que afectaba a los dos primeros y, lo que es muchísimo más grave, cambiar la carátula del expediente, transformando por arte de magia judicial un delito claro de defraudación en otro por evasión fiscal. El fallo será apelado la próxima semana pero, si fuera confirmado por la Cámara de Casación Federal, permitiría a López y De Souza obtener nuevas moratorias a largo plazo y baja tasa de la DGI y terminar, de ese modo, con la causa penal que los involucra; Echegaray, en ese caso, quedaría fuera de la investigación.

Se los acusa no de evadir, es decir, no pagar al Fisco lo que le corresponde legalmente, una conducta reprochable en la que incurren muchos conciudadanos, sino de no transferir a la AFIP los impuestos que cada automovilista pagó al momento de cargar combustible en las estaciones de Oil, de la que son dueños estos verdaderos caraduras, y en los que la empresa sólo actuó como agente de retención. Es lo mismo que un cajero de un banco no ingresara el dinero que sus clientes depositan en las cuentas o que un empleador se quedara con las contribuciones de los trabajadores, que le son descontadas de sus sueldos; por supuesto en otra magnitud, porque lo que estos señores robaron fue la bonita suma de ocho mil millones de pesos que, con multas e intereses, ya llega a los diecisiete mil.

Y con ese dinero claramente ajeno financiaron la alegre compra, entre muchas otras compañías, de medios de comunicación –como C5N y otros- para apoyar a los Kirchner políticamente. Era una natural compensación por los enormes negocios que los patagónicos les habilitaron durante la década saqueada, donde el juego fue una estrella siempre ascendente. Ese brutal atraco sólo pudo realizarse con el conocimiento y el permiso del ¿socio o simple empleado presidencial? Ricardo Echegaray, quien les otorgó durante años sucesivos e ilegales planes de facilidades que los cómplices incumplieron con idéntica regularidad.

Para liberarlos y minimizar el delito cometido, Ballestero y Farah sostuvieron que, como los fondos nunca habían llegado a manos de la DGI, en realidad no era un robo sino un pobre y simple ocultamiento indebido. Simularon olvidar que no se trataba de plata de estos “compañeros” sino de la nuestra. El argumento es tan falaz y endeble que, con toda razón, la Diputada Lilita Carrió se preguntó si la mano de estos jueces no fue untada con billetes por los beneficiados por el disparate, y ya formuló la correspondiente denuncia para que sea investigado ese aspecto.

La sociedad entera reaccionó con indignación, ya que está soportando una presión tributaria sideral, y las redes sociales se poblaron de “memes” con feroces críticas tanto a los curiosos magistrados cuanto a los ladrones. Todos sabemos cuánto nos cuesta pagar impuestos, se trate de ganancias, ingresos brutos, aportes patronales, IVA, combustibles, cigarrillos, etc., y que estos señores se hayan quedado con ellos, y no paguen en la cárcel por hacerlo, nos debería resultar francamente demasiado; es más, no podemos ni debemos tolerarlo sin protestar de todas las maneras posibles.

Recuerdo que el 5 de agosto de 2017, cuando nos reunimos en Plaza Lavalle para reclamar a la Corte por Justicia, causamos estupor entre los jueces. Nunca la corporación judicial se había enfrentado a la protesta masiva y respetuosa de la ciudadanía y, por un tiempo, se mostró preocupada por el absoluto descrédito que tiene entre nosotros. Pero, evidentemente, algunas resoluciones recientes del Consejo de la Magistratura y fallos como el que comento, muestran que aquella manifestación no fue suficiente, y eso nos obliga a insistir en nuestras quejas hasta que obtengamos lo que toda comunidad civilizada se merece.

¡Miremos a nuestros vecinos y aprendamos de una vez! En Uruguay, el Vicepresidente Raúl Sendic se vio obligado a renunciar por el escándalo en ANCAP cuando era la cabeza de la empresa pública; en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está al borde de ir preso por corrupción y su antecesora, Dilma Rousseff, fue expulsada de la Presidencia de la República por maquillar las cuentas públicas; en Perú, cuatro presidentes tienen problemas: Alberto Fujimori y Ollanta Humala están en prisión, Alejandro Toledo está prófugo y, esta misma semana, Pedro Pablo Kuzynski debió renunciar acusado de corrupción; y en Ecuador, el Vicepresidente Jorge Glas está detenido por el affaire Odebrecht, como varios de los nombrados antes. Y en Francia ha sido procesado nada menos que Nicolas Sarkozy por haber recibido dinero negro de Muamar el Gadafi para financiar sus campañas electorales.

Observando esa lista de canallas a los que les llegó la hora, ¿no deberíamos preguntarnos qué nos pasa? ¿No se nos debería caer la cara de vergüenza por tener como legisladores, como funcionarios y como jueces a conocidísimos e impunes delincuentes que se protegen mutuamente? ¿Cómo toleramos que tan pocos, enriquecidos a costa nuestra, se rían de tantos? Las mansiones, los haras de caballos de carrera, los autos de lujo, los aviones, las joyas y los viajes por el mundo los pagamos nosotros, con nuestros excesivos impuestos, con los hospitales y escuelas que faltan, con la salud en crisis, con la escasez de viviendas, con las cloacas y el agua potable que no están, con nuestra cotidiana inseguridad. ¿Y aún así lo soportamos calladamente, como si no existiera el camino de decencia y progreso que nos enseñaron nuestros próceres?

¿Es ésta la Argentina que queremos dejar a nuestros hijos y nietos? Mientras no modifiquemos el rumbo suicida que llevamos desde hace más de setenta años, seguiremos siendo un país cada vez más inviable, al cual sólo se arrimarán los saqueadores de toda calaña. Y para torcer ese desgraciado destino el esencial primer paso es limpiar la Justicia, desratizarla a fondo, expulsando de ella a quienes no son dignos, sea por ignorancia, por cobardía, por afán de lucro o por inhabilidad moral, de juzgar la conducta de los demás y de disponer sobre su libertad, su honor y su fortuna.

Bs.As., 24 Mar 18     

Tormentas Judiciales

Tormentas Judiciales

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. 

Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu

La sociedad observa, pasmada, el errático y contradictorio comportamiento de los jueces federales de todas las instancias, Corte Suprema incluida.

Ayer mismo, los dos tipos que realizaron la mayor estafa al Estado y, por ende, a todos los ciudadanos, recuperaron su libertad después de escasas semanas en la cárcel. Pese a encontrarse procesados conjuntamente con su cómplice (Ricardo Echegaray, ex Administrador Federal de Ingresos Públicos), por haber robado la sideral suma de ocho mil millones de pesos, reteniendo impuestos que pagaron los automovilistas que cometieron la incalificable torpeza de cargar combustibles en las estaciones de Oil, Cristóbal López y Fabián de Souza recuperaron su libertad. Los jueces de Casación que lo decidieron arguyeron que ellos no podían poner en riesgo la investigación de los hechos; además, les dieron la posibilidad de ver reducida la calificación de los delitos cometidos y pasar a discutirlos en el fuero penal económico.

Eso, a su vez, les permitiría obtener de la AFIP moratorias y facilidades de pago que, una vez otorgadas, harían caer las causas penales que los afectan. La reciente renuncia de Alberto Abad, la piedra más grande en el zapato de los bandidos, dio pábulo a Elisa Carrió para denunciar ayer un pacto de impunidad con estos pseudo empresarios, que construyeron un verdadero imperio utilizando dineros ajenos y hurtados.

Mientras los jueces de Casación priorizan las garantías constitucionales de estos emblemas de la corrupción kirchnerista, muchísimos presos militares, sin condenas firmes, se encuentran en prisión preventiva desde –algunos- hace más de diez años, cuando el máximo que establece la ley es dos, prorrogable sólo por uno más en casos fundados.

Y contemporáneamente, la Cámara Federal revocó la prisión domiciliaria (no estaba en libertad) de Miguel Etchecolaz, un anciano de nada menos que 88 años,  condenado en varios juicios amañados por delitos de lesa humanidad, con patologías –dos ACV, por ejemplo- que lo llevarán a la muerte en la cárcel.

La Corte Suprema resolvió, ya hace un tiempo, que todos los argentinos (incluidos los acusados de ese tipo de delitos) tienen el mismo derecho a que se les aplique la ley más benigna; y lo hizo en el caso de un “represor” –Luis Muiña- que había pedido que se hiciera el cómputo de su pena utilizando para el cálculo la Ley 24.390, ya derogada, que establecía que, por cada dos días en prisión preventiva, se descontaba uno de la condena. Dijo el máximo Tribunal que, en la medida en que ese beneficio había regido en algún momento del proceso, debía ser tomado en cuenta para resolver.

Tal como era de esperar, la izquierda y los organismos de falsos derechos humanos armaron el escándalo de práctica y nuestros políticos, aterrados y cobardes, sancionaron inmediatamente una ley que “interpretó” que ese famoso “2x1” no era aplicable a los presos militares. Un nuevo escándalo jurídico de este ex honorable Congreso que supimos conseguir, que ya había derogado las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, habilitando la clara venganza –no la Justicia- de los impunes criminales terroristas de ayer.

La Corte no ha vuelto a pronunciarse aún sobre el fondo de otros casos que han llegado a sus estrados pero en uno concreto, donde se le negó ese beneficio a un militar, ya resolvió no resolver, aduciendo que no se trata de una sentencia definitiva que pusiera fin al proceso.

En el marco de la pulseada política, el Tribunal supremo ordenó que las causas que ya habían sido atribuidas al Tribunal Oral Federal N° 9, debían volver a ser sorteadas pues éste aún no había sido habilitado por la Corte. La decisión, adoptada por mayoría (a favor Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti; en contra Elena Highton de Nolasco y Carlos Rozenkrantz) amén de retrasar el trámite de causas notorias (el megajuicio de corrupción –“Báez”, “Hotesur”, “Los Sauces” y “Ruta del dinero K”- y el encubrimiento del atentado a la AMIA, denunciado por el asesinado Fiscal Alberto Nisman), produjo todo un cimbronazo en todo el mundo judicial.

Para que quienes no son abogados lo entiendan, el fallo se basó en que quienes integran el TOF 9 pertenecen, en realidad, al fuero ordinario, o sea, no han sido designados como jueces federales y, consecuentemente, no cumplen el requisito de “jueces naturales” que exige la Constitución. La repercusión que la decisión tendrá aún resulta incalculable porque podría significar la nulidad de muchísimos procesos orales en curso por distintos delitos, de prisiones preventivas y de sentencias firmes, por tramitar o haber sido dictadas por tribunales –son muchos, por cierto, debido a las vacantes no cubiertas- integrados por jueces subrogantes, “no habilitados” para analizar causas federales.

Reina en Comodoro Py un clima de inquietud perceptible porque, a todo eso, se suma la manifiesta intención del Gobierno de duplicar el número de juzgados federales de primera instancia –hasta ahora, son doce- con el claro y coincidente propósito de dar celeridad a los juicios y reducir la monumental influencia de los actuales titulares (muchos de ellos son famosos y algunos tienen pésima reputación: María Romilda Servini de Cubría, Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi (está a cargo de uno y, además, subroga en otro), Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Luis Rodríguez, Julián Ercolini, Claudio Bonadío y Sergio Torres). Y si aún se le agrega la paralela iniciativa de transformar el sistema procesal penal en acusatorio, dejando la investigación en manos de los fiscales y reservar a los jueces sólo el control de legalidad, la resistencia de los actuales magistrados resulta comprensible.

El Poder Ejecutivo está, ciertamente, molesto con la resolución de la Corte Suprema, pero poco podrá hacer al respecto, al menos mientras ese organismo tenga la actual composición; en el futuro, sólo podrá impulsar al Consejo de la Magistratura a acelerar los concursos para llegar a la rápida designación de nuevos jueces para cubrir cientos de cargos vacantes. De todos modos, me anticipo a recordar que las designaciones dependen, finalmente, del Senado y eso hace que sean motivo de negociación permanente entre las diferentes expresiones políticas.

Bs.As., 17 Mar 18

Inaceptable Modestia

Inaceptable Modestia

“Los fenómenos de mercado, cuando existen, es un error ocultarlos”. 

José “Pepe” Mujica

Me pregunto, cada día, a qué se debe que el Gobierno calle u oculte las cosas que hace bien; por supuesto, no todo lo que hace es correcto pero, al no hablar de los hechos positivos, sigue dando pasto a la peor oposición, ganando quejas de sus propios votantes, y permitiendo que la prensa sólo hable de los aspectos más incómodos de la realidad, que también los hay y muchos.

El lunes pasado, en el diario La Nación, un economista de nota y el mayor experto en consumo de nuestro país, Guillermo Oliveto, publicó una excelente y exhaustiva nota a la que tituló “Para evaluar mejor, datos duros antes que las sensaciones” (https://tinyurl.com/y76rb8ry), cuya lectura considero imprescindible para que todos entendamos qué está sucediendo realmente en la economía nacional y evitemos caer en especulaciones, casi siempre mal informadas, cuando no mal intencionadas.

Obviamente, no soy quien para criticar la política de comunicación de la Casa Rosada porque sus actuales inquilinos ganaron, desde 2007, elecciones imposibles mientras que yo, la última vez que lo hice, fue en el centro de estudiantes de mi facultad. Pero me parece que debiera informar mejor y más consistentemente sus logros porque, al no hacerlo, permite que el escepticismo permee en la ciudadanía, sobre todo en la clase media urbana, que fue su mayor sostén en las contiendas electorales.

Como formo parte de ella, escucho todos los días quejas de aquéllos que, durante el kirchnerismo, gozaron de masivos subsidios a la electricidad, al gas y al transporte, mientras engrosaban las multitudinarias filas de quienes reclamaron una jubilación para la cual no habían hecho aportes, aunque destinaran su magro estipendio mensual a pequeños gustos absolutamente superfluos.

La clase media porteña, egoísta e hipócrita, nunca tuvo en consideración que al recibir todas esas injustificadas prebendas, de las que no gozaban quienes habitan en el interior del país, permitía que la economía fuera depredada y que los recursos, siempre escasos, no alcanzaran para mejorar la situación de miles de compatriotas que sobreviven en la pobreza pero que, con sus impuestos, habilitaban el despilfarro.

En cambio, la clase humilde del conurbano, en especial del bonaerense, está comenzando a notar que se realizan todos los días obras que, literalmente, están cambiando sus vidas. Para quienes han chapaleado en el barro de sus calles para ir a trabajar, han debido pagar sumas estrafalarias por el gas que se regalaba a los hogares más acomodados del país, que carecían de cloacas y, en muchos casos, de agua potable, esos signos mínimos de elevación social están llegando.

Por supuesto, no creo que, de un día para otro, dejen de votar al peronismo que los sumergió en esa condición y en ella los mantuvo desde que asumiera sus destinos en 1987. Sólo una extraña combinación de factores permitió que los planetas se alinearan en 2015 y, bajo el mando del mariscal Anímal Fernández, fueran expulsados de su eterno baluarte. Pero es altamente probable que, a partir de 2019, con el monstruoso impacto que provocará la coparticipación federal que recuperó María Eugenia Vidal, las reminiscencias de un pasado imaginario y feliz dejen de tener peso.

Si eso sucede, comenzará sin duda un nuevo país, y el viejo y populista PJ será reemplazado por un indispensable partido moderno, democrático y respetuoso de las instituciones; habremos dado así un fenomenal paso adelante como nación civilizada.

En el ínterin, todavía nos queda mucho por sufrir y muchas culpas por pagar. Si bien quienes condujeron al peronismo a la mayor derrota desde aquélla que le impuso Ricardo Alfonsín en 1983, están hoy contra las cuerdas del ring judicial y muchos ya miran la pelea desde la cárcel, mientras varios más se presentan todos los días para acompañarlos tras las rejas, lo cierto es que todavía conservan bastante poder de fuego, en especial en la calle.

Hugo Moyano se ha quedado más solo que Adán en el Día de la Madre, sus colegas lo han abandonado en masa y el único apoyo que aún le resta son las deshilachadas tropas del kirchnerismo y algunos movimientos sociales que, a su vez, lo usan para intentar ganar fuerzas para sus propios reclamos de planes, para mantener e incrementar el latrocinio que aplican a los beneficiarios finales. Sin embargo, seríamos estúpidos si pusiéramos en duda la capacidad del camionero y de los piqueteros de complicar la vida de los argentinos, tanto como si negáramos a Roberto Baradel su peso a la hora de sacrificar a los chicos en el altar del poder sindical de los “trabajadores de la educación”, o a Sergio Palazzo idénticos propósitos con los bancarios como huestes.

Agradezco a Oliveto, ya que me permite conservar y explicar el optimismo por el futuro que me embarga, aún cuando todavía muchos la están pasando mal. Pero alguna vez, aunque sea una sola, los argentinos deberíamos pensar que no hay milagros en la economía, como no lo hay en la educación ni en la cultura, y que cada paso que demos, por pequeño y doloroso que sea, nos acercará a la meta.

Ésta no puede ser otra que volver a ser un país normal, serio y confiable, capaz de sentarse en cualquier mesa de negociación, comercial o política, y ser respetado por el resto de las naciones. Llevamos añares sin que eso suceda, pero también en ese terreno se nota un cambio positivo.

Para concluir, cumplo en agradecer también a Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner, que me ha hecho recuperar mi capacidad de asombro –una característica de los niños- esta semana. La actual Senadora, que ya tiene tres procesamientos confirmados por tres instancias y que sólo permanece en libertad por el escudo humano que construyeron sus colegas de casi todos los partidos, presentó un proyecto de ley para que se expulse de sus cargos, retroactivamente, a los funcionarios que tengan dinero en paraísos fiscales. He visto el texto y, sorprendemente, no contiene explicación alguna para la injustificada y sospechosa escala técnica que realizara en las islas Seychelles, un paraíso no exclusivamente paisajístico, ni para el viaje a Angola, segundo productor de diamantes del mundo.

Bs.As., 10 Mar 18

Realidad desnuda

Realidad desnuda

"Tal vez sea ésta la sensación agónica a pagar por quien se lanza a la vida pública: el juicio de la Historia, y a él los personajes no asisten. Cuando la gran maestra de los hombres emite su sentencia, el veredicto recae sobre los muertos". Fernando Henrique Cardoso

        

Usted me ha oído predicar, durante años, contra la estupidez de los argentinos y el despilfarro permanente que hacemos de nuestros escasos recursos, pero el Dr. Juan Carlos Parodi, un compatriota, ilustre cirujano, que se desempeña en la Universidad de Michigan, lo hizo magistralmente. Le sugiero, le encarezco,  no perderse una sola frase de su esencial y dolorosa charla (http://www.rotaryba.org.ar/21022018_Parodi.mp3), en especial cuando habló de pobreza, de paternidad, de subsidios familiares, de educación y de salud públicas. Confieso que quedé absolutamente impactado por sus brillantes y terribles palabras.

  En estos días, el tema de la reciprocidad entre naciones en cuanto a los dos últimos temas aparecieron en la agenda cotidiana, a raíz de la negativa de Evo Morales, por cierto un Presidente populista e importante miembro del club del socialismo del siglo XXI, a atender gratuitamente a nuestros ciudadanos en los hospitales públicos de Bolivia. Cuando el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reaccionó en forma simétrica, la Cancillería tomó cartas en el asunto y todo quedó en agua de borrajas, con un claro perjuicio para nuestro país: mientras llegan a nuestros nosocomios bolivianos por centenares, son raros los casos inversos, una situación que se agrava aún más en el caso de los paraguayos.

En los escasos minutos durante los cuales se explayó sobre estos temas, el Dr. Parodi puso la pica en Flandes: la pobreza no es una virtud, es una carencia. Y al decirlo, enfrentó directamente al “pobrismo” que se pregona desde el Vaticano, que ataca al capitalismo como un mal, cuando en realidad se trata del mejor sistema económico que el hombre ha puesto en práctica en todo el mundo, incluyendo por supuesto a la China comunista.

También lo hizo cuando describió con crudeza la situación del treinta por ciento de nuestra población que vive sumergida en la pobreza por la falta de alimentación adecuada y, sobre todo de una educación eficiente y actualizada. Con indubitables números en la mano, nos dijo que no sólo no somos ricos sino, además, seriamente estúpidos. Regalamos recursos impositivos mediante la gratuidad en la universidad y en los hospitales a extranjeros que puede afrontar su costo, mientras nuestros niños mueren de inanición en el norte argentino y caen en el delito y en la droga en los conurbanos de todo el país.

Con demostrativas estadísticas preparadas por Roberto Cachanosky, probó cuán negativos son los subsidios sociales al ser aplicados como lo hacemos hoy, y simultáneamente aconsejó un camino inverso por completo, usando el ejemplo de China, que sólo tiene un tres por ciento de pobres entre sus miles de millones de habitantes.

En mi nota del fin de semana anterior, incluí un breve párrafo referido al aborto, y senté en él mi posición personal frente al tema. Dije que, desde el punto de vista científico –no religioso ni filosófico- se trataba de un asesinato; coincidí así con la Declaración Interamericana de Derechos del Niño, que aquí tiene rango constitucional desde 1994, que establece que la vida comienza con la concepción. Está demás decir que fui aplaudido y denostado en similar cantidad de respuestas pero, en un tema tan grave, no se trata de cosechar amigos.

A quienes argumentan que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo le respondo que, al quedar embarazada, ese cuerpo se ha tornado solamente en el habitáculo donde crece un ser diferente, que no merece ser vulnerado en su derecho esencial a la vida para proteger un derecho de un rango netamente inferior. La alternativa no pasa por matar al feto sino por brindar educación reproductiva en forma masiva, aplicar la recomendación de Parodi sobre los subsidios familiares y, simultáneamente, generar un sistema rápido, transparente y serio de adopción para esos chicos no deseados.

Como dijo el disertante, aún estamos a tiempo de tomar el toro por las astas y evitar convertirnos, por la vía de la inmigración irrestricta, masiva y de baja calidad y de los premios a las familias numerosas pobres, en la dolorosa Venezuela actual o en una Europa “islamisada”. El destino latinoamericano de la Argentina debe ser, y sólo depende de nosotros lograrlo, guiar a la región entera con nuestros faros de cultura, educación, investigación y tecnología, como lo hicimos con la generación del ochenta, y no en pauperizar a nuestro país hasta igualar a los peores ejemplos entre nuestros vecinos.

Finalmente, un consejo al Gobierno: los ministros y funcionarios deben actuar siempre como fusibles para impedir que el corto circuito llegue al Presidente. Me parece que esto no está sucediendo y, pese a que en la enorme mayoría de los personajes cuestionados se trata de actos realizados antes de ingresar en la función pública y con dineros propios y privados (no públicos, como tantas otros casos que están siendo investigados en la Justicia) –lo que los transformaría en meras infracciones impositivas-, es peligroso para la cuidada imagen que Cambiemos ha construido, y que la sociedad le exige conservar, que sea el propio Mauricio Macri o Marcos Peña quienes salgan a la palestra a defender a los involucrados.

Bs.As., 3 Mar 18