¿Seguirán ganando los peores?

¿Seguirán ganando los peores?

"A la norma de 'no resistir el mal por la fuerza', el político responde que la proposición inversa es la correcta: 'el mal debe ser resistido por la fuerza, o seremos responsables por su victoria'". Max Weber

En estos días y con poca trascendencia, el portal Infobae publicó una denuncia gravísima, que ratifica cuanto he sostenido a lo largo de los años: un accionista minoritario de YPF, Ricardo Paz Herrera, explicó qué maniobras ejecutaron ambos Kirchner desde el Gobierno para apoderarse, a través de los Ezkenazi, de un 25% de la empresa, y las consecuencias que esos actos produjeron en la pérdida del autoabastecimiento energético, la necesidad de importar petróleo y gas,  el endeudamiento del país, el saqueo de las reservas fiscales, el cepo cambiario, la recesión, etc.. Recordemos que ese porcentaje quedó en manos de una compañía australiana, de la cual todos ignoramos -pero sospechamos- quiénes son los verdaderos dueños.

Dado que, por la falta de luz y gas que nos aqueja, nadie puede construir una nueva fábrica y generar empleo, comprobaremos cuánto daño produjo ese sideral robo (el denunciante habla de US$ 46.000 millones), imputable a Néstor, a Cristina, a Patotín Moreno, a Kiciloff, a Galuccio y, claro, también a la misma Repsol. Y si comparamos el monto referido con las necesidades del país y de su gente, cuyo 32% sigue en la miseria después de una década ganada por tan pocos, se nos terminarán los calificativos para describir a los autores de tamaño latrocinio. Me pregunto qué estarán esperando los fiscales para actuar, ya que no han sido pocas las evidencias publicadas al respecto durante estos años, porque la cifra en cuestión es de tal magnitud que hace aparecer la enorme defraudación a Petrobras, que ya ha llevado a la cárcel a decenas de funcionarios y empresarios brasileños, resulta casi un robo de gallinas.

La polémica acerca de la imprescindible detención de los máximos dirigentes del kirchnerismo, en especial de su jefa material (de espiritual nada tiene), continúa en diferentes terrenos: la política, el periodismo y, sobre todo, en la calle, donde ya es generalizada la certidumbre de que la impunidad, nuevamente, premiará a los corruptos y la maldad triunfará, como tantas veces en nuestra historia. "¡Aquí nadie va preso!", se oye permanentemente.

En el fondo, no es para menos. Después de un primer semestre en el cual los fiscales y jueces dieron la sensación de ir por todo, los procesos parecen haberse ralentizado, sin duda por falta de personal y de infraestructura en los juzgados, todos ellos colapsados, pero también por la inactividad de aquéllos que privilegian la postura de "wait and see", compartida por los empresarios, siempre remisos a acompañar al Gobierno con sus inversiones y sus precios. La Corte Suprema realizó un inventario de las causas en marcha contra los ex y actuales funcionarios bajo investigación penal; se trata de un gran avance, sin duda, pero gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre recae sobre los hombros del Consejo de la Magistratura, moroso no sólo en auditar la conducta de los jueces federales sino hasta en la cobertura de muchos juzgados vacantes, lo que produce el colapso mencionado.

Porque la opinión pública, aún la menos instruida, sabe que en los casos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, es el acusado quien debe demostrar que ha adquirido su patrimonio legítimamente (art. 268, Código Penal); es decir, basta una razonable sospecha para que cualquiera pueda ser procesado y hasta detenido. Y ya hay demasiados casos emblemáticos en que algunos de estos personajes exhiben fortunas incalculables y, en especial, inexplicables. En ese desfile se destaca, obviamente, la propia emperatriz patagónica, Cristina Elizabet Fernández, que nunca trabajó -ni siquiera como "abogada exitosa"- en la actividad privada e, impúdicamente, declara tener "en blanco" y a valor fiscal, más de setenta millones de pesos; y la siguen Julio de Vido, César Milani, Ricardo Echegaray y muchos otros que enumeré en mi nota anterior.

Éste último ya está imputado, entre muchas otras causas, en la que va detrás de Cristóbal López y Fabián de Souza por haber retenido nada menos que $ 8.000 millones, que pertenecían al Estado, para financiar el crecimiento exponencial de sus empresas. Todos ellos, también, siguen paseándose tan campantes, entre nosotros.

Por ello, resulta más que razonable que la ciudadanía dude acerca de la efectividad, o de la voluntad, de la Justicia al momento de alcanzarlos porque, convengamos, existen innumerables antecedentes -el asesinato de Alberto Nisman, por ejemplo- bastaría con aplicar la letra de la ley para que las explicaciones debieran darlas desde el otro lado de las rejas, como sucede con muchos acusados de delitos bastante menores.

El lunes, Cristina deberá presentarse a prestar declaración indagatoria ante el Juez Julián Ercolini en la causa que investiga el direccionamiento de obras a Lázaro Báez, que también complica a De Vido, a Bolsos López y a toda la cúpula de Vialidad Nacional; seguramente, hará una defensa política frente a una conducta penal. Creo que, luego de los interrogatorios a los imputados, todos ellos serán procesados. Si la acusación incluyera la asociación ilícita, un delito no excarcelable, tendríamos otra razón más para decretarles la prisión preventiva, en especial a la jefa de la organización criminal.

No puedo, por algunas cosas que pasaron en estos día, dejar de referirme a la situación de los presos militares, policías y civiles acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad. Comenzaré por congratular a la verdadera Justicia por la publicación de varias sentencias dictadas por el Tribunal Penal Internacional, que negó la validez probatoria de testimonios amañados o "construidos colectivamente" -algo muy frecuente en las causas armadas en la Argentina, donde se impide hasta el contrainterrogatorio de los testigos porque sería "revictimizarlos"- y la negativa de varios países (Estados Unidos, Brasil, España) a extraditar a prófugos de la persecución kirchnerista.

Sin embargo, muy poco ha cambiado en el panorama desde la llegada de Mauricio Macri al poder -desde entonces, más de 40 ancianos han muerto en cautiverio-, porque se mantiene una política pretendidamente correcta frente al tema. Pruebas cabales de ello fueron la vergonzosa prohibición del Ministerio de Defensa a la promoción 97 del Colegio Militar, al cumplirse medio siglo de su egreso, de colocar una placa en memoria de sus integrantes caídos en combate; la razón invocada para ello fue que identificaba a la "guerrilla marxista" como autora de esas muertes, y la reapertura de una causa a quienes combatieron en la defensa del regimiento de La Tablada, en plena democracia.

Pero ni siquiera la intención de no abrir nuevos frentes de conflicto por parte del Gobierno puede justificar la falta de respeto de nuestros jueces a las leyes argentinas y a los tratados internacionales que hemos suscripto: se mantienen prisiones preventivas que exceden en mucho el máximo legal, se niega el beneficio de la prisión domiciliaria, se violan los principios de legalidad, de inocencia, de ley posterior al hecho del proceso, etc. Han pasado varias décadas, y la verdad y la justicia han dejado paso a la más infame venganza de aquéllos que, en los 60's y 70's, pretendieron terminar con la democracia a través de una demencial violencia y no hesitaban en confesar que, de triunfar, fusilarían a un millón de ciudadanos.

Bs.As.,29 Oct 16

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La Velocidad y el Olfato

La Velocidad y el Olfato

"Hay que abrir las llagas y heridas para poder curarlas". Lutero

La Diputada Margarita Stobizer acusó al Gobierno de estar detrás de la notoria disminución en la velocidad de los procesos por corrupción que involucran a Cristina Elizabet Fernández y a sus principales testaferros; atribuyó la causa al razonable interés de Cambiemos en tenerla como contendiente en las elecciones legislativas del próximo año, ya que su sola presencia actúa como factor divisor del peronismo.

No coincido con ella; creo que Mauricio Macri ha hecho (sea por propia vocación, sea por la vigilancia que ejerce Lilita Carrió) que el Poder Ejecutivo deje de inmiscuirse en el comportamiento de la Justicia federal, rompiendo así una tradición que viene de muy lejos. Así, los magistrados que tienen su asiento en Comodoro Py han quedado en total libertad de acción, algo que los ha sumido en un profundo desconcierto.

Muchos organismos de la actual administración han formulado fuertes denuncias frente a las innumerables irregularidades que sus nuevos responsables siguen encontrando todos los días; el kirchnerismo no dejó lugar, por pequeño que fuera, sin apropiarse de todos los recursos posibles, y los autores de tantos desaguisados se cuentan por docenas.

Sin embargo, y pese a que varias de las causas ameritan el dictado de prisiones preventivas, hoy sólo están en la cárcel cuatro de ellos: Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Omar "Caballo" Suárez y José López, y este último sólo fue detenido cuando se lo descubrió arrojando fortunas en efectivo. En cambio Boudou, Echegaray, Moreno, Sabbatella, los Zacarías, Oyarbide, De Vido, Anímal Fernández, Capaccioli, Cristóbal López, Spolsky, Garfunkel, Scioli, Baratta, Cámeron, Mariotto, Berni, los hijos de Báez, el jardinero y los ex secretarios privados de Cristina, Di Cesare, D'Elía, Máximo y Florencia, Andrea del Boca, Vandervroele, Ulloa Igor, Zannini, Capitanich, Mariotto, Abal Medina, Vanoli, Sbatella, Paladino, Schiavi, De Pedro, Granero, Tomada, Daura, Reposo, Milani, Picolotti y muchísimos más, siguen gozando de una inexplicable libertad.

Por mi parte, debito el visible enfriamiento en la marcha de los procesos por corrupción de la cuenta de los propios jueces, a quienes consideraba las mejores "narices" de la Argentina. Dado que su actitud tiene la ventaja adicional de resultar funcional al presunto interés de la Casa Rosada, y como hacen los empresarios locales, que demoran sus inversiones hasta ver si el Gobierno gana las elecciones del año que viene, los magistrados quieren tener la certeza de que sus antiguos patrones han sido enviados, definitivamente, al basurero de la historia. Se equivocan, y olvidan así que la temporaria impunidad que parecen estar ofreciendo a estos verdaderos genocidas (el régimen kirchnerista, al saquear tantos fondos públicos, ha exterminado por hambre e insalubridad a los más pobres) está reñida con la gobernabilidad, y ponen así sus propias cabezas en juego.

La ciudadanía debería autoconvocarse frente a la sede del Consejo de la Magistratura para exigirle urgentes resultados en las auditorías ordenadas a los juzgados federales para determinar cómo han sido llevadas las causas por corrupción y, sobre todo, para obligarlos a resolver rápidamente.

Los retrógrados y politizados sindicatos que nuclean a los "trabajadores de la educación" -antes se llamaban "maestros"-, todos ellos fanáticos kirchneristas, mantuvieron posiciones beligerantemente opuestas a la evaluación del aprendizaje de los alumnos de todo el país, indispensable para corregir sus defectos, y hasta fueron apoyados por algunos padres extraviados. Los argumentos utilizados para la crítica hubieran resultado risibles, si no fuera porque está en juego el futuro de sus víctimas; al mejor estilo de Kiciloff, cuando dijo que medir la pobreza era "estigmatizante", quienes debieran enseñar se niegan a que toda la sociedad se entere de la pésima instrucción que se imparte; y eso pese a que todavía no se ha evaluado a los propios educadores.

En un mundo que exige a los trabajadores cada vez mayor especialización, ya que la tecnología está expulsando del mercado laboral a los menos calificados, reemplazados por máquinas, más baratas y más eficientes, este panorama es criminal: la calidad de educación pública que se está impartiendo condena a generaciones enteras de argentinos a permanecer en la pobreza. Se verán imposibilitadas de acceder, no ya a la universidad, puesto que quienes terminan el secundario ni siquiera comprenden los textos que leen, sino tampoco a carreras terciarias. Los padres han tomado conciencia de ello y, cuando le suman la cantidad de días de clase perdidos por las reiteradas huelgas e injustificadas ausencias de los maestros, hacen migrar a sus hijos, masivamente, hacia la enseñanza privada.

El otro hecho destacado de la semana fue la obvia graduación en política, con honores, de Macri. Aún en medio de uno de los peores escenarios desde el punto de vista socio-económico, que impone márgenes estrechos a la maniobrabilidad, ha sabido manejarse con arte, apretando y aflojando frente a los demás actores, y consiguió desactivar un paro general que debía producirse antes de que comenzaran a notarse los síntomas firmes de la segura reactivación, como demuestra la confianza que expresan los mercados diariamente. Ahora habrá que ver cómo reaccionan las organizaciones sociales de izquierda ante un diciembre que todavía será complicado, y qué hacen el Gobierno y los empresarios para que transcurra en paz.

En materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, también ha comenzado el camino correcto, con el envío de las fuerzas federales a los enclaves urbanos con mayor incidencia de la criminalidad. Aún resta elevar al Congreso los proyectos de ley necesarios para autorizar la participación de las fuerzas armadas en la custodia de las fronteras terrestres, aéreas, fluviales y marítimas, dotándolas de los elementos y de las normas necesarias. Será el único modo de garantizar a sus miembros que no serán más tarde procesados, como sucediera a quienes tuvieron que combatir a las guerrillas marxistas en las décadas de los 70's y 80's, casi dos mil de los cuales continúan muriendo en las cárceles, recluidos allí precisamente por sus vencidos.

Uno de esos canallas togados, el Juez Carlos Rozanski, acorralado y al borde de la destitución por el Consejo de la Magistratura debido a las denuncias por dejar prescribir las causas sin repercusión mediática y por los malos tratos a su propio personal, renunció como integrante del Juzgado Oral Federal N° 1 de La Plata, un epítome de las nulas causas por la comisión de presuntos delitos de lesa humanidad, de la violación de todas las garantías constitucionales y de la discriminación jurídica en contra de los imputados.

Bs.As., 22 Oct 16

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Un huracán anunciado

Un huracán anunciado

"Son testigos de la muralla inexpugnable de nuestra mente, de la impenetrable fortaleza de nuestra memoria". Joël Dicker

En la Argentina, donde tantos están sufriendo en el barro la travesía desde el cataclismo que significaron los gobiernos kirchneristas, mal que les pese a los inexplicables fanáticos que aún los añoran hay fuertes señales de que estamos llegando al pavimento desde donde comienza un futuro mejor. La ciudadanía lo percibe y, aún en medio de tantas dificultades, sigue acompañando a Mauricio Macri.  

La mayor muestra del cambio de expectativas vino, como siempre, de los mercados de capitales. El Gobierno emitió, con un éxito que superó todas las esperanzas dada la previsión de aumento de las tasas por la Reserva Federal, bonos a diez años, en pesos y con interés fijo; es más, que fuera del 15,5% anual, da a la sociedad entera una certidumbre que ninguno de los argentinos recuerda haber tenido nunca. Como escribió hace unos días James Neilson, los argentinos siempre originales, cuando nos convertimos en "normales" el mundo se vuelve "anormal".

En el lado negativo -siempre lo hay- de la situación local debemos sumar, como todas las semanas, los signos concretos del avance y de la potencia del narcotráfico. El incendio intencional de un Juzgado federal y las nuevas amenazas mafiosas a la Gobernadora de Buenos Aires fueron, sin duda, los episodios más graves, y todos haríamos mal en restarles importancia.

La inseguridad que, por lo demás, no hace sino crecer entre las preocupaciones de los ciudadanos, me llevó a formular algunas propuestas en mi nota del sábado pasado; entre ellas, que las fuerzas de seguridad fueran destinadas a la lucha contra el delito en el interior y, en su reemplazo, se enviara a las fronteras a las fuerzas armadas. Ignoraba que algo así ya estaba en la mente de algunos gobiernos de la región, entre ellos el nuestro: esta semana se reunieron los jefes de los ejércitos de varios países para coordinar esfuerzos con esa idea, que ya ha sido adoptada por Brasil, para combatir el tráfico de narcóticos, de armas, de personas y, sobre todo, el rampante terrorismo transnacional, íntimamente relacionado con todos esos males, ya que de ellos obtiene el financiamiento de sus actividades.

En los últimos siete días, una sensación que recorría el mundo y, sobre todo, a América Latina, se transformó en una certeza: el populismo se está derrumbando, empujado al abismo político por sociedades que están hartas de la corrupción o, simplemente, del derroche de los recursos públicos.

En España, en las elecciones celebradas en Galicia y en el País Vasco, el PSOE recibió una paliza, pero los votos que perdió no fueron a Podemos, ese partido de izquierda de reciente formación que venía de un fuerte knock-out en los comicios nacionales. Escocia, harta del populismo que llevó al "brexit" y fuerte defensora del europeísmo, ha vuelto a plantear la necesidad de un referendum con vistas a su independencia de Gran Bretaña.

Por lo que se ve, la campaña de Donald Trump, otro populista pero de derecha, se ha zambullido en un tobogán que parece no tener fin. En individuos tan profundamente morales como son los estadounidenses, las permanentes denuncias por elusiones impositivas y abusos sexuales en que el candidato ha incurrido y su inclemente racismo, han producido un enorme impacto negativo. Ni él ni Hillary Clinton se han caracterizado por la altura o la dignidad con que se han conducido en estos meses, pero esta semana hemos visto a muchos de quienes contribuyeron con fondos para el republicano pedir su devolución, y los grandes líderes de su partido lo han dejado solo o, lisa y llanamente, han llamado a votar en su contra.

En Venezuela, el Tribunal Supremo (íntegramente formado por chavistas) autorizó a Nicolás Maduro a aprobar el presupuesto anual por decreto, soslayando así su tratamiento por la Asamblea Nacional, con mayoría opositora. Además, para impedir que se realice un plebiscito revocatorio de su mandato este año, lo cual obligaría a llamar a elecciones, ha ordenado a su también dependiente Consejo Nacional Electoral demorar hasta el hartazgo la verificación de las firmas obtenidas para forzar ese recurso constitucional; así, esa decisión que inevitablemente lo expulsará del Palacio de Miraflores, se producirá el año próximo y permitirá a otra figura del "socialismo bolivariano" completar el período, con los mismos vicios que, a esta altura, se han transformado en un verdadero genocidio de la población venezolana, sumida en la más irracional violencia, el hambre y la insalubridad.

El incomparable Rafael Correa ha debido abandonar su pretensión de perpetuarse en la Presidencia de Ecuador y, ahora, lo han comenzado a acosar denuncias de corrupción que, como sucedió en el escándalo que tanto afectó a Dilma Rousseff, a punto tal que fue depuesta, se originan en la empresa estatal de petróleo. Y otro tanto les pasa a los restantes colegas que, en esta América del Sur tan especial, han encarnado gobiernos populistas; me refiero a Evo Morales, en Bolivia, y a Michelle Bachelet, en Chile.

En el caso de la mandataria trasandina, que terminó su primer mandato con una gigantesca imagen positiva, al regresar a La Moneda inexplicablemente dedicó todos sus esfuerzos a destruir el más exitoso proceso económico de la región, que había llevado a su país a un desarrollo sin igual.

En Brasil, el PT, tan erosionado por la corrupción, sufrió la peor derrota de su historia en las elecciones municipales del domingo pasado. En San Pablo, la mayor ciudad de la región, el candidato de PSDB -el partido de Fernando Henrique Cardoso- João Doria, no necesitó esperar a la segunda vuelta para expulsar del cargo al ahijado de Lula, Fernando Haddad. Y ese fue sólo el caso más notorio, ya que el huracán impactó en todo el país y de nada sirvió la presencia permanente del fundador de la sigla, que recorrió toda la geografía nacional tratando de impedir el inevitable resultado. Tampoco allí los votos que fugaron fueron a los otros partidos de izquierda (PSB, PDT, PSOL, PSTU, PCdoB); según la prestigiosa revista Veja, con el resultado de estas elecciones, las formaciones de derecha -PSDB, PMDB, PSD, PP, PR, DEM- conquistaron el 78% de los cargos.

La somera descripción de lo sucedido últimamente confirma, como dije, que los vientos huracanados desatados por el fracaso de las políticas populistas están arrasando con todos los regímenes de ese signo de la región, que tanto daño han causado a nuestros países. Eso augura un futuro prometedor, con desarrollo sustentable, con libertad de comercio, con mejor educación y salud, con infraestructura adecuada, con más competitividad, con empleos más calificados, con más inversiones, es decir, con mayor bienestar general.

Bs.As., 15 Oct 16

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Ideas para la Caldera del Diablo de cada día

Ideas para la Caldera del Diablo de cada día

"Lo siniestro es la irrupción del horror en lo cotidiano". Sigmund Freud

La sociedad parece haber dejado atrás la preocupación por los problemas de la economía para privilegiar la inseguridad, esa que todos los días cubre de sangre las páginas de los diarios y las pantallas de los televisores, ligada estrechamente al incremento geométrico del narcotráfico durante la larga noche kirchnerista. Como sucede en muchos otros campos de la información, llama más la atención lo que sucede en nuestro inmediato ámbito geográfico -el Conurbano, Rosario, etc.-, algo comprensible si la propia Gobernadora bonaerense ha debido mudar su domicilio a una base militar, que en el interior del país, donde también la inseguridad y la droga están presentes y producen graves daños en el tejido social.

Por eso resulta necesario establecer dos escenarios, diferenciados por el tamaño de la concentración humana. Porque una cosa es combatir esa plaga en las grandes ciudades y otra, muy diferente, es hacerlo en las pequeñas poblaciones en las que, como es sabido, todo el mundo se conoce y donde el delito adquiere otras formas adicionales, como el abigeato. Voy a comenzar por éstas y, para ello, me he puesto a pensar en algunas recetas que han sido probadas, con éxito, en otras latitudes.

La ciudadanía, unánimemente, vincula la inseguridad a la corrupción policial y su necesaria complicidad con el delito, y a la ineficiencia y el "garantismo" judicial, que privilegia el amparo al delincuente sobre su víctima. Entonces, ¿por qué no mirar alrededor e imitar fórmulas eficaces para solucionar gradualmente el problema?

Los gobernadores deben enviar a sus respectivas legislaturas sendos proyectos de ley para reformar todo el sistema judicial y policial en el interior de sus provincias y, una vez probado el éxito de las iniciativas, progresivamente acercarlas a las ciudades de mayores dimensiones. Básicamente, se trata de copiar el sistema que tantos beneficios han traído a los Estados Unidos con los "sheriffs", es decir, poner a cargo de las comisarías de pueblos y ciudades pequeñas a civiles, domiciliados en el mismo sitio y elegidos por el voto popular cada cuatro años. Las ventajas que adoptar esta idea traerían aparejadas son obvias, porque el control sobre la eficiencia de la actividad y la licitud del patrimonio del funcionario serían controladas por sus propios vecinos.

Lo mismo habría que hacer con los fiscales y los jueces de pequeñas causas, también electos por iguales períodos entre sus mismos conciudadanos, ya que sumaría al beneficio de la transparencia, la rápida descongestión de los juzgados de mayor cuantía, que hoy se ven impedidos de ejercer eficazmente su actividad por la falta de medios adecuados, espacio físico y personal.

El otro aspecto, como dije, es la seguridad y la lucha contra el delito en las grandes concentraciones humanas de todo el país. Para entender mi propuesta, que seguramente encontrará resistencias principistas, es necesario reconocer que estamos, literalmente, en guerra; hemos sido llevados a ella por la lucha entre los diferentes carteles para hacerse de territorios de producción y consumo y rutas para importar y exportar drogas, sean de origen natural o sintético. Y es una guerra en la cual llevamos las de perder, porque esas organizaciones disponen de cantidades tan siderales de dinero que les resulta extremadamente fácil comprar voluntades en la política, en la Justicia y en la policía, amén de permitirles acceder al armamento y a los medios de transporte más sofisticados, obviamente muy superiores a los que disponen quienes se le oponen.

El Gobierno se encuentra ante una disyuntiva, la misma que acosó a sus homólogos de otras latitudes: dónde utilizar a las fuerzas de seguridad federales, ¿cumpliendo sus funciones específicas en las fronteras o masivamente enfrentando al delito en el territorio? Creo que la opción ha dejado de existir, ya que la corrupción e ineficacia de las policías locales se ha vuelto innegable y la sociedad así lo percibe; para evitar el riesgo de contaminación, resultará necesario rotar al personal, impidiendo su contacto permanente con los narcotraficantes locales.

Claro que eso significa desguarnecer los lugares por donde la droga y el terrorismo -no lo olvidemos, ya que sigue plenamente vigente- ingresan al país. Como se ve hoy en numerosísimas países, es necesario desplegar en las fronteras terrestres, aéreas, fluviales y marítimas a las fuerzas armadas, con todo su potencial y con los equipos tecnológicos necesarios para encarar ese desparejo combate. Por supuesto, antes habría que dotarlas de las leyes indispensables, tanto para permitirles actuar con eficacia cuanto para garantizarles que no serán luego perseguidos por cumplir sus obligaciones, como sucedió con aquéllos a quienes la democracia convocó a defenderla y luego fueron encarcelados por hacerlo, juzgados y condenados por los mismos terroristas a quienes habían vencido militarmente.

Ya que construir prisiones de alta seguridad, adecuadas para alojar a narcotraficantes, violadores, corruptos y asesinos, resulta hoy una utopía presupuestaria, el Gobierno debe convocar a una licitación nacional e internacional para que empresas privadas se hagan cargo de hacerlo y de administrar la "hotelería", reservando a las fuerzas penitenciarias -también rotándolas con frecuencia- exclusivamente la seguridad. Naturalmente, habría que ubicar estas cárceles en zonas alejadas y de difícil acceso -por ejemplo, la Patagonia central- e impedir, seriamente, la utilización de medios de comunicación por parte de los internos, para evitar que éstos continúen gerenciando desde ellas sus negocios ilícitos. Seré criticado porque impediría la cercanía entre los detenidos y sus familias, pero creo que no debemos privilegiar ese presunto derecho a la tranquilidad de la sociedad entera, perdida por el accionar de los delincuentes.

Insisto en que el Consejo de la Magistratura debe ponerse las botas, "desratizar" la Justicia (Fiscal Germán Moldes dixit) y controlar de cerca a los jueces, para evitar que continúen ejerciendo su ministerio quienes lo han utilizado para sostener cualquier proyecto político y garantizar la impunidad de los corruptos o quienes se encuentren sospechados de connivencia con el delito; una vez desplazada la penosa Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, idéntico procedimiento deberá aplicarse a los fiscales.

Aplaudo el proyecto de reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, que impedirá el funcionamiento de la puerta giratoria que tanto ha beneficiado a los delincuentes, en especial durante la era Zaffaroni. Pero coincido con las críticas que se le formulan, ya que su aplicación no podrá ser inmediata, precisamente por aquellas dificultades que señalara la Dra. Servini y muchos de los fiscales.

Para terminar, todos, todos debemos exigir a nuestros representantes que se sienten a la mesa de discusión de una buena vez, y establezcan políticas de estado respecto al tema de la inseguridad porque, como hemos visto en Colombia y México, si no lo hacemos la guerra será prolongada y, sobre todo, enormemente costosa en vidas humanas.

Bs.As., 8 Oct 16

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¿Cuántos pobres pesa un Máximo?

¿Cuántos pobres pesa un Máximo?

"Se refiere a la moralidad de los medios, que es lo que define la moral de las personas, ya que en los fines todos parecemos buenos". Carlos Manfroni

El INDEC confirmó el miércoles que 8.700.000 argentinos son pobres, y 1.700.000 son indigentes, o sea, un 32% de la población, y un 47% de los niños viven en hogares con pobreza, un chancro inmundo en el rostro de un país que, con poco más de 40 millones de habitantes, debiera ser capaz de alimentar, y muy bien, a 500 millones. Esos duros números se deben, exclusivamente, a cinco plagas que han azotado, con nuestra necesaria tolerancia, a la Argentina desde hace décadas: el estatismo, la corrupción, el populismo, el clientelismo y el narcotráfico, combinados e interdependientes.

Pero, como ya todos sabemos, esos factores se han ido potenciando a lo largo del tiempo, y han alcanzado su indudable cenit en los doce años y medio durante los cuales los Kirchner encabezaron la mayor asociación ilícita que recuerde nuestra historia, cuyo verdadero genocidio deja convertidos en meros ladrones de gallinas a quienes, en Brasil, lucraron con el "lava-jato" o con el "petrolão"; para confirmarlo basta con comparar lo robado en cada país.

Los montos que, todos los días, ratifican la magnitud del saqueo producen ahora -durante años decidimos ignorarlo- una indignación sin par, que sólo resulta superada por el asombro ante la actitud de los delincuentes que tuvieron responsabilidad directa sobre lo sucedido; por supuesto, además de la propia Cristina, descuellan Kiciloff,  Anímal, D'Elía,  Boudou, Esteche, Bonafini, etc.. Todos estos verdaderos monstruos simulan hoy ser almas buenas, dedicados al bien común, totalmente inocentes del desastre gigantesco que legaron a la posteridad, mientras se rasgan las vestiduras frente a los actos de un gobierno que debe atajar penales sin tener arquero.

La pregunta que, a imitación de Fariña, todos nos hacemos es: ¿cuántos pobres pesa un Máximo, un Cristóbal o un Lázaro? Porque en este terreno también son tantos que ni siquiera se los podía -ni quería- contar; como hacían quienes manejaban el dinero robado, hubiera bastado con pesarlos.

Claro que tampoco los empresarios parecen dispuestos a poner el hombro para salir de la monumental crisis que los datos exponen. Continúan en la postura de reclamar al Estado la protección que implica tener una economía cerrada al mundo, para seguir cazando en el zoológico, mientras que los gremios los acompañan invocando la necesidad de preservar el empleo. Que ambas premisas hayan demostrado su falsedad internacionalmente no parece hacerlos reflexionar, aunque los trabajadores cautivos representados por los sátrapas sindicales se vean obligados a pagar mucho más que sus homólogos en todo el mundo por los mismos bienes, empobreciéndolos más aún. 

Salir de esta terrible situación, pese a las ponderables aspiraciones del Presidente, llevará décadas y será necesario que todos los argentinos nos pongamos de acuerdo en establecer verdaderas políticas de estado que se mantengan inalterables en el tiempo y que involucren educación, salud, vivienda, infraestructura, seguridad, y muchos otros ítems quizás tan relevantes como éstos. Porque la humanidad avanza a pasos acelerados y modifica dramáticamente el mercado laboral, producto de los inimaginables adelantos científicos que todos los días el mundo produce, que se pueden medir por la cantidad de patentes industriales que se registran en cada país.

Entonces, cuando tantos de nuestros compatriotas se han caído del mapa y han dejado de progresar en sus estudios, en los casos en que han llegado a ellos, la brecha que los separa de ese futuro que ya es inmediato se profundizará. Si bien no podremos comenzar a educar masiva y eficientemente hasta que superemos las barreras de la desnutrición, del hambre y de la enfermedad, porque ahí va la vida misma, tenemos que establecer metas concretas para permitir a los jóvenes llegar a empleos de calidad, que cada vez requieren de mayor especialización.

Un requisito fundamental para encarar el camino correcto pasa por la enseñanza, y en la necesidad de que maestros y profesores tengan la formación y los medios necesarios para educar adecuadamente; en la época de la informática, es absurdo que aún continuemos recurriendo al pizarrón y a la tiza. En la universidad, tenemos que encontrar la forma de contar con gente que pueda dedicarse exclusivamente a enseñar en ellas y actuar como tutores, como sucede en los mejores establecimientos del mundo.

LLevar a la mayoría de nuestros conciudadanos a estudios secundarios y superiores insumirá décadas pero, sin dejar de bregar en ese sentido, creo indispensable que nuestra universidad pública forme y gradúe cada vez más profesionales en las disciplinas duras que Argentina necesita con urgencia: ingenieros, matemáticos, geólogos, geógrafos, físicos, químicos, etc. Porque, además de cubrir un espacio casi vacío, si se lo compara con la cantidad de abogados o contadores que hoy egresan, esos graduados se convertirán en la herramienta fundamental para permitir acelerar el progreso general de nuestra población.

El kirchnerismo, con su vocación clientelista y populista, inventó innumerables universidades públicas que, además de la escasa calidad educativa que las caracteriza mayormente, no cumplen ese objetivo que debiera ser prioritario. De allí que el Gobierno tenga que poner sus mejores esfuerzos en crear en todas ellas carreras terciarias, de menor duración, que permitan una rápida inserción laboral de quienes egresen, amén de carreras universitarias que sirvan al entorno; así, en las provincias patagónicas, deben priorizarse las materias vinculadas al gas y al petróleo; en las pampeanas, a la agroindustria; etc.. Contemporáneamente, debe establecerse un programa de becas para esas carreras indispensables, con alta exigencia de rendimiento a sus beneficiarios, que no sólo garanticen la gratuidad sino que sean, en realidad, un sueldo mensual que permita la dedicación al estudio en tiempo completo.

En otro orden de cosas, en la inseguridad ciudadana, también debemos poner el mayor acento, porque gran parte de ella se debe al narcotráfico, uno de los mayores flagelos que afecta a todas las sociedades, y que aquí ha crecido exponencialmente de la mano de los Kirchner y de su gerente, el inefable Anímal. Hace años, la prensa brasileña publicó una entrevista a un jefe narco preso, en la cual éste emitió una sentencia definitiva: "ustedes ya perdieron"; la justificó explicando que, como los adictos y sus proveedores más pobres no valen nada, ya que la muerte los espera en cada esquina de la mano de una bala o una sobredosis, tampoco podían valorar la vida de los demás.

Más que en Colombia, México es el espejo en el que debemos adivinar nuestro futuro si no encaramos ya mismo el problema. Si no lo contenemos, si seguimos mirando para otro lado, pronto veremos matanzas masivas y  cadáveres mutilados colgando de los puentes; porque las guerras que se desatan entre los carteles por el control de los territorios, siempre se libran en el terreno del terror. Las villas 1-11-14 y 31 porteñas, y las que rodean a Rosario y a Córdoba ya son una pequeña muestra de ese porvenir.

Las policías, en general, están ya corrompidas, aunque destacan la bonaerense y la santafecina, pero no están solas; también este gigantesco negocio ha comprado a jueces y a fiscales. Quienes luchan en su contra carecen de los medios adecuados para combatir: inteligencia, radares, armamento, personal especializado, juzgados y, sobre todo, leyes adecuadas. Faltan muchas cosas, y sobran tentaciones. También en este terreno debemos diseñar políticas de estado. Por ejemplo, la tan mentada "ley de derribo", aplicable a los aviones que se nieguen a obedecer órdenes de aterrizaje, ha sido en Brasil un factor de disuasión: está vigente, pero nunca tuvo que ser aplicada porque nadie se arriesga a hacerlo.

Bs.As., 1° Oct 16

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