sábado, 17 de diciembre de 2016

El año de los siete velos



El año de los siete velos

“Que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo”. Joaquín Sabina

El Gobierno, me parece, está pecando de innecesaria humildad. Se niega a contarnos qué han significado, en especial para el interior del país, algunos de sus más importantes logros. Así, no habla de la grandiosa recuperación de la industria metalmecánica, del record en el área sembrada, de la sideral cosecha que se espera y del gigantesco ingreso de divisas genuinas que traerá aparejado, de la recuperación de los valores de tierras e inmuebles, de la sorprendente venta de tantas camionetas para el trabajo, de la prosperidad que se palpa en los pueblos y ciudades que dependen del campo, etc., y se concentra en las malas noticias que la economía produce todavía, ampliadas por las voces opositoras y por los caraduras del “círculo rojo” empresarial, que aún se niegan a invertir y apostar por el país, mientras continúan reclamando mayores protecciones aduaneras.

Estamos a dos semanas, casi los minutos finales, de un año que fue para los argentinos en general, incluyendo al Gobierno, muy complicado; al respecto, pongo a su disposición un trabajo del Dr. Juan Carlos Sánchez Arnau, titulado “La pobreza en Argentina 2016”, por su esencial contribución al análisis del tema. Y, hasta que llegue el pitido final de este primer tiempo, aún es posible que se complique todavía más por obra y gracia de algunos salvajes kirchneristas que, mientras son alimentados con dinero del Estado, siguen ilusionados con obligar a Mauricio Macri a renunciar y huir en un helicóptero. Destaco que el Partido Justicialista no comparte ese interés por desestabilizarlo, tal vez porque por el momento carece de alguien capaz de constituirse en su único líder o nuevo macho alfa.

Ahora bien, si los ministerios de Seguridad y las distintas policías, que cuentan además con un -aunque viejo- extenso informe que había preparado el Gral. Milani, ahora procesado por enriquecimiento ilícito, para Daniel Scioli cuando éste era candidato a Presidente, sigo sin entender por qué ya no están presos quienes instigan públicamente a saquear comercios en el Conurbano, puesto que esa conducta constituye en sí misma un delito, con prescindencia de que no encuentren un clima propicio para tales desbarajustes. A esta hora, ya deberían estar tras las rejas personajes como Fernando Esteche, Luis D’Elía, Hebe de Bonafini, algunos ex intendentes de las zonas conflictivas y, posiblemente, algunos en actividad.

También podría contribuir a generar situaciones incómodas el trámite en el Congreso de la modificación del mal llamado impuesto a las ganancias (debiera ser “a los ingresos”, como en el resto del mundo). Desde hace décadas, este tributo, el más justo y redistributivo de todos, se transformó en un dislate, pero el kirchnerismo lo convirtió, durante sus doce años en la Casa Rosada, en un verdadero calvario para los trabajadores registrados: al negarse a ajustar su base imponible -mínimo no imponible, otro error de nombre- al ritmo de la inflación galopante, prácticamente no dejó a nadie exento. Pero, si la CGT, tal como amenazan las ramas del transporte, decidiera realizar un improbable paro general para reclamar la sanción, seguramente no haría una contribución a la paz social.

El Gobierno logró en ese debate indudables pero fugaces triunfos: consiguió que Sergio Massa quedara pegado a los personajes más denostados de la anterior administración (Kiciloff, Recalde, etc.), el ex Ministro de Economía debió confesar que había cometido un sideral error en el cálculo del impacto fiscal del proyecto que tiene media sanción de Diputados y, al introducir la posibilidad de no vetar la ley si fuera sancionada así, obtuvo el apoyo de gran cantidad de gobernadores, todos peronistas, para evitarlo. En el balance final, dentro de la interna del PJ, el mayor beneficiado fue el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuya conducta se constituyó en la mayor muestra de racionalidad.

Pero ese éxito deberá ser rápidamente olvidado, ya que necesitará volver a negociar con el Frente Reciclador (¡genial definición de Fernando Iglesias!) para obtener las leyes que necesita; aunque triunfara en las elecciones legislativas del año próximo, Cambiemos no obtendrá la mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso. De todas maneras, no olvidemos que la negociación es la base fundamental de la democracia.

Los velos que menciona el título de esta nota se refieren a los de la corrupción que, aquí y en varios otros países de la región, fueron cayendo desde que comenzó el año y expusieron ese rasgo esencial del populismo criminal. No fue una casualidad que nuestra emperatriz patagónica se reuniera esta semana, en San Pablo, con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ya que la cabeza del PT está ya en el ojo de la tormenta desatada por las investigaciones de la justicia brasileña sobre las coimas que, desde las empresas públicas y privadas, fueron pagadas a políticos de todos los partidos. Es claro que los tres están buscando armar, desde el llano, un escudo protector y venderlo a las izquierdas mundiales de escritorio para mantenerse fuera de la cárcel, disfrazados de víctimas del imperio, como hacen con Milagro Salas; cuentan, sin duda, con la colaboración de otros próceres de ese siniestro relato: Correa, en Ecuador; Morales, en Bolivia; Ortega, en Nicaragua; y el inefable Maduro, en Venezuela.

Que no se hayan sumado Bachelet (Chile), Castro (Cuba) ni Temer (Brasil) habla de los problemas que este trío padece. La primera afronta un clima sumamente adverso, derivado del negociado de su nuera y su hijo; el gerente caribeño, aún de duelo, pisa con cuidado los huevos del descongelamiento operado por Obama y las amenazas latentes surgidas con el triunfo de Trump; y el propio Presidente en ejercicio está inmerso en la peor crisis política que recuerde la historia verde-amarela, a la cual se suma la fuerte recesión que golpea a su economía, que repercute negativamente sobre el resto de los países. Ninguno, entonces, tiene tiempo, ni ganas de acompañar la aventura de los ladrones que ya están en el llano.

El próximo lunes 19 será para sacar balcones, puesto que se celebrará en la Sala I de la Cámara de Casación (Figueroa, Hornos y Borinsky) la audiencia para determinar si se abre, finalmente, la investigación sobre la denuncia del asesinado Fiscal Nisman contra Cristina Elizabet Fernández, Héctor Timerman y varios más (entre otros, nuevamente Esteche y D’Elía) por traición a la patria, encubrimiento al terrorismo y asociación ilícita. Se presentarán el Fiscal General De Luca, un conspicuo integrante de “Justicia Legítima”, que pretende cerrar el caso, y la DAIA, que exige la apertura.

Esta es la causa que más preocupa a la ex Presidente por su repercusión internacional; por eso, su principal escudero judicial, Carlos Zannini, desarrolla tantos esfuerzos –y desembolsa tanto dinero- para impedir que se investigue, después que la cerraran dos veces, sin siquiera escuchar las miles de horas de grabaciones interceptadas, el Juez Rafecas y la Sala I (Freiler y Ballesteros) de la Cámara Federal.

La que tiene en sus manos es mi última nota del año, ya que sólo volveré a escribir a partir del sábado 7 de enero. Entonces, sólo me cabe desearle, a usted y a los suyos, una feliz Navidad; o feliz Janucá, si es usted uno de mis muchos amigos judíos. Sigo siendo optimista, y tengo la certeza de que 2017 será el año de la recuperación de nuestro querido país, al que tanto hemos maltratado.


Bs.As., 17 Dic 16

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viernes, 9 de diciembre de 2016

Los muchachos unidos, ¿triunfarán?



Los muchachos unidos, ¿triunfarán?

“En materia de asuntos militares, es vergonzoso decir ‘no lo había pensado”. Escipión, el Africano

En la sesión que aprobó el proyecto conjunto de modificación del impuesto a las ganancias presentado por todos los bloques de “muchachos”, los elaborados disfraces, confeccionados con el “relato” de la historia reciente, se esfumaron; pero el Gobierno, como ya había sucedido con el rechazo a la reforma política, quedó descolocado al pecar de ingenuidad. El episodio me recordó una vieja canción española, “La mal pagá”.

Es que, como recordó recientemente Jorge Fernández Díaz, los propios peronistas confiesan que, para tratar con ellos, debe obligárselos a pagar al contado y cobrar en cuotas; es decir, exactamente lo contrario de cuanto ha hecho hasta ahora Macri mediante enormes concesiones financieras a gobernadores, sindicatos y organizaciones sociales. El pecado de no asumir algún riesgo ha hecho que los subsidios continúen otorgándose sin transparencia alguna, canalizándose a través de los punteros y alimentando a quienes, confesadamente, están dispuestos a todo para derribar al Presidente, como Hebe Bonafini, Luis D’Elía y Fernando Esteche.

El más importante de los disfraces que cayeron fue el de Sergio Massa, que lleva años tratando de hacernos olvidar, bajo afeites diversos, que es un “muchacho” más. Si bien debemos agradecerle su victoria contra el Frente ¿para la Qué? en la Provincia de Buenos Aires, en octubre de 2011, ya que impidió que doña Cristina pudiera aspirar a un tercer mandato, no podemos dejar de recordar su pasado como alto funcionario de Carlos Menem, su íntima relación con Aldo Ducler, el lavador de los fondos de Santa Cruz y de organizaciones narco, como Administrador de la ANSES con don Néstor (q.e.p.d.) -cuando se fue, dejó en su lugar al amadísimo Boudou, que confiscó los fondos de las AFJP’s- y como Jefe de Gabinete de la ex Presidente.

En este último puesto padeció del mismo mal que afectó a todos los que lo ocuparon durante la década más infame de nuestra historia: la ceguera funcional. Este raro síndrome debiera ser estudiado en profundidad por lo selectivo de sus efectos: como ellos -Alberto Fernández (su socio político), Anímal Fernández, Koki Capitanich y Juan Manuel Abal Medina)- no logró ver, siquiera una vez, los bolsos de dinero que circulaban frecuentemente por la Casa Rosada, aportados -entre otros muchos- por Ricardo Jaime y transportados al sur por el secretario privado del matrimonio, Daniel Muñoz; por si no lo ubica, fue quien al morir dejó una fortuna de US$ 65 millones en propiedades en Miami.

Don Sergio no tuvo empacho alguno en mostrarse como lo que realmente es, un verdadero “muchacho”, populista y demagogo irresponsable, capaz de cualquier chicana, por muy impracticable que resulte, para lograr sus objetivos. Hubiéramos debido saberlo, en especial observando a quienes lo acompañan como primeras espadas, donde se destaca Roberto Lavagna, ese pseudo prócer económico que se viste con plumas ajenas; recibió, en 2002, un país ya transformado en orégano por la gestión (devaluación asimétrica) de su predecesor, Jorge Remes Lenicov, pero se atribuye la paternidad de la salida.

No sé cómo se desarrollará el trámite del proyecto en la Cámara de Senadores, ya que los “muchachos” gobernadores podrán optar entre acompañar al Gobierno y mandarlo al limbo o continuar mintiendo como lo hicieron en Diputados, obligando así a Macri a vetarlo; en este caso, creo que el costo político que pagará el Gobierno será infinitamente menor que el que afrontan los “muchachos” después de la foto del martes en la cual y junto a Sergio Massa, aparecieron Axel Kiciloff, Héctor Recalde, Máximo Kirchner y otros tantos otros prohombres del saqueo, ya condenados por la sociedad. ¿No resulta llamativo que los mismos que impidieron discutir el tema del impuesto durante el kirchnerato, ahora sean sus paladines?

A ninguno de los integrantes de ese verdadero tren fantasma, que 70 años después siguen “combatiendo al capital” y buscan consolidar la pobreza más infame para mantener la clientela, parece importarles cómo se nos ve desde el exterior, ese extraño lugar de donde deben venir las inversiones que necesitamos más que agua en el desierto. Usted, querido lector, ¿pondría un dólar en un país que extrema sus esfuerzos en exprimir hasta la inanición a sus ciudadanos y empresas con cada vez más impuestos sin brindar servicio alguno, donde los “muchachos” pueden volver en cualquier momento, en el que se cambian las reglas de juego cada día, la seguridad jurídica es una entelequia y donde no tendrá ni luz ni gas para producir? Desengañémonos: los kamikazes se acabaron.

El otro tema complicado, y por el cual el Gobierno está pagando un costo suicida entre quienes lo votaron, es el de los piquetes de toda índole y las huelgas salvajes que amargan tanto la vida a los ciudadanos, los mismos que pagan los monumentales tributos para subsidiar a quienes no trabajan. Todos nos preguntamos hasta cuándo deberemos soportar la prepotencia y la violencia de estas organizaciones, casi todas kirchneristas, que se arrogan la propiedad del espacio y de los servicios públicos, impidiendo a los demás, violentamente, circular y trabajar.

Existe un protocolo, anunciado con pompa, que nunca fue aplicado y que hoy se ha transformado en un verdadero hazmerreír para esos abusadores. Los ministerios de Seguridad, tanto federal cuanto porteño, debieran recordar que ninguna de estas salvajadas son toleradas en regímenes tan cercanos al corazón de quienes aquí las cometen, como Cuba, China, Irán, Venezuela, Ecuador o Bolivia; obviamente, tampoco en los países civilizados. Entonces, si Cambiemos pretende realmente cambiar el país y, sobre todo, imponerse en las elecciones del año próximo, debe ejercer el poder que le fue conferido, aplicar la ley con toda la fuerza necesaria y poner fin a este desastre cotidiano. Al menos podría seguir, si prefiere la debilidad frente a la extorsión, el consejo del Diputado Alfredo Olmedo y disolver los piquetes ofreciendo picos y palas a quienes los forman.

Y el tercer tema fue el escándalo desatado por la prisión preventiva de Milagro Salas, otra “muchacha” K, cuya libertad reclaman con tanta fuerza organismos internacionales totalmente tuertos: no han aceptado un solo caso presentado por un militar argentino, no condenan las violaciones a los derechos humanos en los regímenes del “socialismo del siglo XXI”, el actual Secretario General de la OEA fue canciller del régimen tupamaro uruguayo y la CIDH ahora la integra nuestro inefable Eugenio Zaffaroni, dueño de prostíbulos y evasor, abogado de las Madres y de Cristina Kirchner y padre del derecho penal favorable a los delincuentes. También en este caso, el Gobierno se durmió; en lugar de tomar las riendas diplomáticas y jurídicas cuando el conflicto se inició, allá por febrero, lo dejó estar y se sorprendió cuando llegaron las exigencias internacionales. Porque, si bien su detención original puede ser cuestionada, lo cierto es que hoy está en prisión por ser autora de innumerables delitos como defraudación al fisco, intimidación pública, extorsión, incitación a la subversión, asociación ilícita, etc., y su libertad pondría en peligro el curso de las investigaciones, por la destrucción de las pruebas y el amedrentamiento a los testigos.

Es bueno recordar esto último porque, siguiendo el criterio de quienes ahora reclaman por la jujeña, el Estado debería poner inmediatamente en libertad a los 1.791 presos políticos (militares y civiles) que mantiene en sus mazmorras, a los cuales debemos agregar los 385 ya fallecidos (44 desde el 10 de diciembre de 2015). El promedio de edad es de 74 años y 642 están en prisión preventiva por plazos que superan el límite constitucional (2 años, prorrogable con fundamentos por 1 más), muchos de ellos por más de 10 años y, pese a que la detención domiciliaria es legalmente aplicable a los mayores de 70 años, siempre que no se corra peligro de fuga ni se pueda poner en riesgo la investigación. ¿Qué posibilidades pueden tener estos ancianos de escaparse o de alterar las pruebas de hechos sucedidos 40 años atrás? En la medida en que ninguno de los tres poderes del Estado ha tomado nota de la situación, todos los presos políticos han iniciado una huelga de hambre que, dado lo endeble de la situación física en que la mayoría se encuentra, significará para muchos la muerte.

Para concluir, destacar que el escudo que Carlos Zannini (¿seguirá repartiendo sobres?) armara para proteger a Cristina Elizabet Fernández volvió a funcionar, y los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, tal como se preveía, fueron desplazados de la Sala I por acción del Presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, de Justicia Legítima. El Consejo de la Magistratura, que ha sido desacatado por esa resolución, ¿tampoco hará nada esta vez? ¿Hasta cuándo la Corte Suprema continuará tolerando la impunidad del encubrimiento del terrorismo, la traición a la Patria y el asesinato de un Fiscal en funciones?


Bs.As., 10 Dic 16

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sábado, 3 de diciembre de 2016

Un furioso huracán se acerca



Un furioso huracán se acerca


"Colgamos a los ladronzuelos y elegimos a los grandes ladrones". 
Esopo


Hace tal vez un par de meses describí el costo que había pagado Italia por el proceso “mani pulite” que, impulsado por el Fiscal  Antonio di Pietro, barrió en 1992 con toda la clase política de la península y gran parte de la industrial. Conté entonces lo que estaba sucediendo en Brasil de manos del Juez Sergio Moro y un grupo de fiscales federales, que han dejado pasmado al mundo con sus investigaciones sobre el “lava-jato” y el “petrolão”, y me pregunté cuánto estaría dispuesta su sociedad a pagar por la limpieza de sus instituciones.

Desde entonces, el huracán, que incrementa diariamente su fuerza con las delaciones premiadas, está arrastrando por el fango a cientos de funcionarios, ejecutivos y dueños de grandes empresas y a políticos de todos los colores. Para tener una idea de la magnitud del golpe que sufrirá el Congreso brasileño, basta con saber que han firmado ya esos acuerdos, tendientes a la reducción de las penas, nada menos que el Presidente de Odebrecht –la mayor constructora internacional de la región- detenido hace más de un año, y 77 de sus más altos ejecutivos, que -ya se sabe- comprometerán a 200 gobernadores, alcaldes, diputados y senadores de 24 partidos. Ante esas noticias, a esos delatores se suman ahora muchos de los implicados del ámbito privado y también algunos funcionarios públicos, todos aterrados por la magnitud de las condenas –algunas superan los 40 año de cárcel- que han comenzado a imponerse.

Los fiscales ya han procesado y eyectado de su cargo al Presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, que habilitó el impeachment que terminó con la destitución de Dilma Rousseff, y el jueves obtuvieron del Supremo Tribunal Federal la autorización para avanzar sobre Renan Calheiros, que ocupa igual cargo en el Senado federal. El Presidente de la República en ejercicio, Michel Temer, no sólo ha sido acusado directamente de corrupción por algunos denunciantes –ya se tramita su propio juicio político, pero no creo que prospere- sino que, desde que asumiera hace pocos meses, ha debido pedir la renuncia a varios de sus ministros, también involucrados en el escándalo. El mismo Lula, quizás el político que conserva, individualmente, la mejor imagen pública, siente al tsunami mojar sus zapatos, y es posible que termine con sus huesos en prisión. 

La clase política, corporativamente, ha decidido poner fin a las investigaciones judiciales, y ya tiene media sanción un proyecto de ley –casi una autoamnistía- que así lo ordena. Su repercusión en la sociedad fue inmediata, y fuertes cacerolazos resonaron en la noche del miércoles en muchas grandes ciudades de nuestro vecino. Los fiscales, por su parte, han solicitado al Poder Judicial que declare la inconstitucionalidad de la eventual ley, lo cual generará un conflicto institucional de proporciones homéricas.

El Juez Moro se ha transformado en la gran figura de Brasil y, si presentara su candidatura para algún cargo, sería elegido por un amplísimo margen; por ahora, ha manifestado que quiere seguir con su función hasta terminar la tarea purificadora que ha emprendido. La incógnita está centrada en hasta dónde podrá avanzar porque, se dice, sus investigaciones alcanzan también a varios ministros del Supremo Tribunal Federal.

Todo ha sucedido mientras Brasil cae en la mayor recesión de su historia y, si no fuera porque se trata de la mayor economía de América del Sur, y la séptima del mundo, toda la región podría sentarse a contemplar el proceso y sus derivaciones por televisión, pero sucede que es el más importante socio comercial que todos tenemos, en especial la Argentina y, cuando el gigante se resfría, cogemos una pulmonía.

Ignoro qué sucederá aquí con las innumerables causas por corrupción abiertas contra Cristina Elizabet Fernández, sus hijos, sus funcionarios, testaferros, empresarios y cómplices de toda laya -¡hasta actores de cine y telenovelas!- que integran la asociación ilícita que la ex Presidente encabezara, pero resulta claro que los únicos tres que se encuentran efectivamente en prisión –Báez, Jaime, López- lo están por sus propias torpezas y no porque el brazo de la Justicia haya ido a buscarlos; si no fuera por los videos de La Rosadita y las decenas de estancias, la obscena exhibición de barcos y aviones o el revoleo de bolsos en raros conventos, los Tribunales no tendrían resultados que mostrar.

Mientras, delincuentes emblemáticos como Boudou, Scioli, De Vido, Uberti, Parrilli, Esteche, D’Elía, Bonafini, Shocklender, Daura, Milani, Moreno, Anímal, Máximo y Florencia, Berni, Capaccioli, los Zacarías y muchos más continúan en libertad, disfrutando de sus fortunas mal habidas, entorpeciendo los procesos, riéndose en la cara de sus víctimas y poniendo en peligro las pruebas, sin que a los jueces de Comodoro Py parezca importarles. No sugiero linchamientos, pero sí que se les aplique la prisión preventiva, ineludible en estos casos.

Sin embargo, el próximo 19 de diciembre será una bisagra, ya que la Sala I de la Cámara de Casación ha convocado a todas las partes a una audiencia, fruto de la cual resolverá si la causa por la denuncia del asesinado Fiscal Nisman es reabierta o terminará juntando polvo, para siempre, en los archivos judiciales. Comparecerán ante los magistrados el Fiscal General De Luca –que ya ha desistido de los recursos que formulara su colega Moldes contra los reiterados fallos del Juez Rafecas, quitando al proceso el impulso estatal- y la DAIA, que quiere ser querellante para revivirlo.

Esa absurda corporación de jueces (por ejemplo, la Juez Figueroa, de la Sala I) y fiscales (entre otros, De Luca) autodenominada Justicia Legítima –quienes no la integran, ¿son entonces ilegítimos?- está luchando denodadamente para mantener el escudo que, desde que la causa por el memorándum firmado con Irán se iniciara, protege a Cristina, su ex Canciller Timerman y varios más de las acusaciones por traición a la patria, encubrimiento del terrorismo y otros delitos menores. La agrupación pretende ahora desplazar a los jueces Hornos y Borinsky, integrantes de la misma Sala, y reemplazarlos por otros que confirmen los fallos dictados por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por ese otro par de angelitos que son los jueces Ballestero y Freiler, éste con sus propias denuncias por enriquecimiento ilícito, producto de la fortuna que detenta, amasada durante la década robada.

Será un día trascendental porque, si el proceso se reabriera significará que el huracán que se acerca ha sido percibido en su gravedad y los vientos de purificación habrán llegado para quedarse; en caso contrario, no sólo quedará garantizada la impunidad para los más terribles delitos sino que la sociedad entera, a la cual se le está exigiendo aceptar un presente de sangre, sudor y lágrimas en pos de un mejor futuro, pedirá a todos, todos,  los poderes del Estado cuentas por su proceder y, una vez más, cualquier atisbo de gobernabilidad habrá saltado por los aires.


Bs.As., 3 Dic 16


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sábado, 26 de noviembre de 2016

Te cambio figuritas, Cambiemos



Te cambio figuritas, Cambiemos

“El más terrible de los sentimientos es el de la esperanza perdida”. 
Federico García Lorca

Hoy, el mundo está mejor, ya que un canalla, Fidel Castro, finalmente, se fue al infierno anoche. Fue el responsable, con el Che Guevara, de la ola de sangre y fuego que arrasó nuestro continente, y hundió a su país en la miseria durante casi seis décadas. Que Lucifer lo acoja en su seno.

A un año de la asunción de Mauricio Macri, estamos en un momento muy complicado de la economía, a pesar de la merma en la inflación y a conservar el Gobierno elevados índices de aprobación de su gestión, ya que el gasto público continúa en alza, la actividad no arranca, el consumo cae, crece el endeudamiento en pesos y en dólares, el plan de obra pública no avanza y hay una perceptible parálisis en la gestión de la administración pública, producto de la inexperiencia burocrática de los nuevos funcionarios. La presión impositiva bate records históricos y mundiales, y el voraz Estado recaudador y pseudo benefactor frustra la posibilidad de recibir inversiones (en realidad, las ahuyenta) y asfixia las iniciativas, sin ofrecer los servicios y beneficios a los que la población accede en otros países, lo cual la obliga a contratarlos privadamente, duplicando sus costos.

Claro que todos esos males tienen su raíz en décadas de prácticas populistas, que hacen que hoy la Argentina, uno de los territorios del globo más favorecidos –no dije ricos- con recursos naturales, haya construido un núcleo duro de pobreza, por cierto difícilmente erradicable en el corto plazo. Pero no veo aún un plan para terminar con esa situación estableciendo metas más lejanas mediante políticas de estado que incluyan la aplicación de correctivos inmediatos, acompañados por la planificación del futuro a diez, veinte y treinta años.

Una porción importante del gasto público hoy está destinado, como es natural, a atender a las necesidades más urgentes y a paliar la conflictividad social, derivadas de la crisis heredada a la cual no se le encuentra una solución, mediante la masiva distribución de planes sociales; esta misma semana, fue incrementado en $ 30.000 millones. Entre esos planes hay muchas variantes, como la asignación universal por hijo, el trabajo en cooperativas, etc., pero todos tienen defectos remarcables, amén de permitir, por la falta de controles eficientes y por la tercerización de la distribución, la persistencia de nichos de corrupción.

Esos verdaderos subsidios tienen, en verdad, enormes falencias e inconvenientes, ya que no sólo tienden a consolidar la pobreza, manteniendo bajo esa línea a generaciones enteras (los montos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas) sino que, además y ante el riesgo de perder esos “derechos”, aún quienes tienen vocación de trabajar lo hacen “en negro”, incrementando la informalidad de nuestra economía, que ya alcanza al 40%, que no paga impuestos ni cargas sociales. Por otra parte, pensemos en cuántos de esos subsidios –“Argentina Trabaja”, por ejemplo- impiden a quienes acceden a ellos perfeccionarse, en un momento caracterizado, mundialmente, como “el siglo del conocimiento”.

Dado el crítico escenario actual, no resulta lógico pretender que esa asignación de recursos públicos se detenga, ya que quedarían en la más absoluta intemperie los sectores más vulnerables, que generarían comprensibles dificultades a toda la sociedad. Pero sí podemos realizar algunos cambios beneficiosos, ya que algunos de los planes sociales funcionan como verdaderos empleos públicos encubiertos y, en general, resultan innecesarias e inútiles las tareas que se encomiendan: pintadas, cortes de pasto, reparaciones de construcciones, etc..

El progreso tecnológico y la globalización está haciendo que las personas que realizan funciones repetitivas sean reemplazadas por robots, y el mercado laboral impone cada vez mayor perfeccionamiento y especialización a los trabajadores. En la Argentina, hemos visto recientemente insensatas reacciones frente a un futuro que ya está aquí y, nos guste o no, es imparable: el rechazo de los camioneros de Moyano a la distribución electrónica de documentación bancaria, o el de los taxistas de Viviani a aplicaciones como Uber, Easy o Cabify, son algunos ejemplos.

Entonces, al revés de tantos políticos y economistas, propongo al Gobierno que cambiemos algunas figuritas. Sin disminuir en lo inmediato la cantidad de pesos destinados a paliar esta recurrente emergencia, reemplacemos para siempre, en lo social, gasto por inversión. Es decir, sigamos pagando planes, pero que éstos sirvan para transformar no sólo a quienes los reciben sino a la sociedad toda. Me refiero a que el pago de las asignaciones mensuales tenga su correlato en educación pero, en especial, en escuelas técnicas, cualquiera sea el nivel al que cada beneficiario acceda, y se verifique su cumplimiento mediante la permanente evaluación de su rendimiento y su evolución. A pesar de que son obvios los beneficios que este cambio -¿Cambiemos?- traería aparejados, en especial para los llamados “ni-ni”, es decir, para aquéllos que no trabajan ni estudian y que en el Conurbano son legión, tal vez convenga recordarlos.

Facilitaría a los beneficiarios, a través del esfuerzo personal, acceder a trabajos formales y más calificados, con mejores salarios y con protección en materia de salud y de seguros y, sobre todo, recuperar las esperanzas  al lograr salir de los asentamientos y villas en los cuales transcurren sus tristísimas vidas. La extensión de un programa como el que propongo servirá, sin duda, también para combatir el flagelo de la drogadicción, que se ha constituido en un trágico refugio para quienes carecen de expectativas, y en ampliar la base de los contribuyentes, lo cual permitiría disminuir la presión impositiva sobre el sector económico registrado.

Para concluir, una breve reflexión ante la desobediencia de la viuda de Kirchner a la citación del Juez Claudio Bonadío para cumplir un trámite obligatorio para todos los procesados. Aquí también me pregunto si no ha llegado la hora de cambiar figuritas porque algo similar ocurrió con Lula quien, intimado a presentarse ante un magistrado, se negó a hacerlo; el Juez Moro ordenó a la Policía su inmediata presentación. Pese a que, sin lugar a dudas, el ex Presidente tiene una popularidad mucho mayor que la viuda de Kirchner, el hecho no produjo incidente alguno en Brasil.

Aquí, jueces y funcionarios se aterran ante la posibilidad de incidentes que, ante una detención de Cristina, podrían generar sus seguidores. En el fondo, ocurre lo mismo con la famosa represión de la “protesta social”, nombre que hemos dado a las constantes interrupciones del tránsito, a los más desaforados agravios a la investidura presidencial y, en general, hasta a las huelgas salvajes de los servicios públicos. Parecen no comprender que esas minorías revoltosas están minando, todos los días, la imagen de un Presidente y de un Poder Judicial que se muestran débiles y temerosos y que, si la impunidad continúa, desaparecerán la gobernabilidad y la paz; en cambio, si ambos cumplen y aplican la ley a rajatabla, sus prestigios subirán como la espuma, impidiendo toda ensoñación golpista.

¡Ojalá Cambiemos acepte cambiar figuritas!


Bs.As., 26 Nov 16

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jueves, 24 de noviembre de 2016

El último Prócer



El último Prócer

Ayer dejó este mundo el doctor Carlos Fayt y, gracias a él, aquél es mejor por la profundidad de los aportes jurídicos que realizara, y muchísimo mejor en la Argentina, debido a la acérrima defensa de la democracia que llevara adelante durante uno de los períodos más negros para la Justicia.

Por si ello fuera poco, fue un hombre sencillo y, sobre todo, un hombre bueno, una característica tan ausente entre nosotros. Desde muy joven militó en el socialismo, una filosofía política en la cual creyó ver encarnados los mejores valores de la humanidad, entendiendo por tales la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Denodadamente, luchó por la concordia en la sociedad y por el respeto a la Constitución, para intentar impedir que uno de los poderes del Estado avasallara a los demás.

Sin duda, la nación debe un homenaje a un hombre que se transformó en el último prócer de la República, tal como la soñaron hombres como Alberdi. Porque los laureles que supimos conseguir, y que Fayt cultivó con tanto amor, hoy se han secado y ennegrecido, y resulta esencial reverdecerlos.

¡Hasta siempre, doctor! Y que Dios, cualquiera haya sido su creencia personal, lo acompañe en el tránsito a la gloria. Los argentinos lo despedimos con emoción y agradecimiento. Sin usted, estamos más solos.


Bs.As., 23 Nov 16

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sábado, 19 de noviembre de 2016

El Ministerio de la Felicidad




El Ministerio de la Felicidad

"Una nación es una empresa colectiva; fuera de eso, básicamente, sólo hay un espacio para el juego del oportunismo y la aventura del poder". Wole Soyinka

No me canso de repetir que el más grave error del Gobierno fue no desnudar de inmediato, en un gesto que hubiera demostrado un enorme respeto por la madurez de la ciudadanía, la crisis que dejó el kirchnerismo cuando, cargando las bolsas del saqueo, abandonó el poder. Si así lo hubiera hecho, tal vez le hubiera resultado más fácil que ésta aceptara el tránsito de sangre, sudor y lágrimas hasta la resurrección prometida.

Simétricamente, el mayor éxito de Cristina Elizabet Fernández fue que esa crisis, un infierno mucho peor que el de 2001, no fuera percibida como tal por la población. Aún ahora, cuando se pudo comprobar que ella llegó a la Casa Rosada con 15% de pobreza y la dejó con 30% -nunca reconocida-, con las arcas del Estado llenas durante el período como nunca antes, y cuando su infinita corrupción expone sus más purulentas llagas a la vista de todos, conserva un importante apoyo popular.

Remedando la tragicomedia venezolana, en la cual Nicolás Maduro creó la cartera ministerial que sirve de título a esta nota, la murga en la que los intereses políticos más subalternos han transformado al otrora honorable Congreso de la Nación, dio esta semana, en el Senado, una prueba más del aprovechamiento que los hipócritas y mal intencionados pueden hacer de los compañeros de ruta, que actúan como idiotas útiles.

La media sanción que la Cámara alta dio a una iniciativa que presentaron, con toda mala leche, los senadores Juan Manuel Abal Medina (por si no lo recuerda, fue cómplice y Jefe de Gabinete de la emperatriz patagónica) y Teresita Luna, ambos integrantes del Frente para la Victoria, acompañados por el incauto e irresponsable Jaime Linares (del GEN, de Margarita Stolbizer), constituye sólo una de las maniobras legislativas, verdaderas zancadillas políticas, a las que deberá acostumbrarse Mauricio Macri.

Los legisladores kirchneristas, con una cara de piedra digna de servir de modelo a la estatua de la hipocresía, olvidaron durante doce negros años su obligación de representar a sus provincias, callaron frente a la rampante corrupción, permitieron el unitarismo salvaje del régimen y, sobre todo, ignoraron la pobreza, tolerando la falsificación de las estadísticas oficiales. Un antecesor y sucesor de Abal Medina en el cargo ministerial, el inefable Anímal Fernández, llegó a sostener, sin inmutarse, que aquí ¡había menos pobreza que en Alemania!

Esa “ley de la felicidad”, cuya inmediata aprobación por la Cámara de Diputados exigió la gran concentración de anoche en el Congreso, resulta absolutamente suicida para los mismos que la reclaman. Si fuera sancionada, y si se obligara al Ejecutivo a financiarla con emisión y mayores impuestos, desencadenaría un proceso inflacionario que deterioraría aún más la ya complicada situación social, y embestiría frontalmente contra la seguridad jurídica que el Gobierno ha comenzado a construir, un elemento esencial para la llegada de las tan indispensables inversiones, sean éstas de propios o de extraños.

Claro que no se trata del único gesto autodestructivo de las centrales obreras, pues lo mismo sucede con el acompañamiento a los reclamos empresariales, que pretenden que la economía continúe cerrada para evitar la competencia externa, mientras propalan una inexistente y masiva lluvia de productos importados. En tal sentido llamó la atención que muchos manifestantes de ayer portaran carteles con la leyenda “queremos notebooks argentinas”, es decir aquéllas que algunos vivos sólo ensamblan en Tierra del Fuego con un costo fiscal gigantesco; ¿quién habrá pagado a estos “espontáneos”?

Parecen estos raros dirigentes sindicales no comprender que la principal perjudicada por este disparate –empresarios que cazan en el zoológico y pescan en la bañadera, lucrando a saco- es la franja más desprotegida de la población, que debe pagar más caros productos peores, amén de impedir la creación de nuevos puestos de trabajo para solucionar esta recurrente emergencia ocupacional.

La Argentina tiene, aproximadamente, cuarenta y dos millones de habitantes; el 32% de ellos, sobrevive a duras penas bajo la línea de pobreza, y destina la totalidad de los ingresos familiares a la tentativa de alimentarse y no consume otro tipo de bienes; en resumen, tenemos un mercado potencial de veintiocho millones de personas. Entonces, ¿cómo podrían nuestros productos competir con los de naciones que, como Estados Unidos, China, Brasil, la Comunidad Europea, etc., cuentan con poblaciones tanto mayores y, por ello, pueden fabricar masivamente y, en consecuencia, a precios más bajos?

Nuestro país, con enormes recursos técnicos y humanos, debe abrirse y salir a colocar los suyos en los mercados más exclusivos y lujosos del mundo, esos en los que sólo batallan las marcas de moda. Porque, aún si los negros pronósticos sobre la economía mundial (derivados del discurso de Donald Trump), que hablan del cierre de las economías y del regreso al aislamiento de muchos países se concretaran, nunca afectarían a esos mercados, que continuarán requiriendo calidad y diseño, sin importar el precio; la prueba es la gigantesca concentración de la riqueza en pocas manos que se ha producido en las últimas décadas. 

Dado que para lograrlo resulta necesario reconvertir sectores enteros de nuestra industria –textil, calzado, indumentaria, línea blanca, etc.-, el Estado debería anunciar la innegociable apertura con la suficiente antelación y facilitar la transición con un fuerte apoyo crediticio. La continuidad en el tiempo de una transformación semejante permitiría, además de crear nuevos puestos de trabajo, garantizar la estabilidad de los empleados actuales, que deberían sí adaptarse a ese nuevo escenario.

Y, al abrir la importación de esos mismos productos baratos, la población argentina se beneficiaría con mayor oferta y menores precios, sin perjudicar en nada a empresarios o empleados; basta imaginar que, a partir de entonces, todos nuestros ciudadanos más pobres podrían disponer, por ejemplo, de calzado a cien pesos, en lugar de tener que andar descalzos, como sucede ahora en gran parte del país.

Quiero terminar recordando a mis conciudadanos, para bajar su natural ansiedad, una frase de Fernando Henrique Cardoso: "Gobernar un país, elaborar proyectos, concebir programas, implantar políticas es un proceso colectivo. Insisto en el concepto: proceso".


Bs.As., 19 nov 16

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