viernes, 26 de enero de 2018

Fiel y Estúpida



Fiel y Estúpida

“La universidad gratuita es la universidad del privilegio”. Andrés Cisneros

El verano, y la posibilidad de ignorar por un rato la complicada realidad, me permiten dedicar mi nota semanal, una vez más, a formular propuestas concretas para modificar antiguas taras que la sociedad argentina ha conseguido acumular sobre sí misma, a costa de sacrificar su futuro y pagar –los registrados- una de las tasas impositivas más altas del mundo.

Precisamente ahora se cumplen cien años de la Reforma Universitaria que, quizás justificada en su origen, sigue afectando negativamente a la educación superior pública nacional, a un costo sideral y sin servir al país, como debiera. En pleno siglo XXI, inmersos en un mundo cada vez más competitivo y tecnificado, los resultados que ofrece la perpetuación de ideas obsoletas no pueden ser más explícitos.

Según una nota que publicó Infobae, sobre datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, en 2016 se graduaron en carreras sociales 34.000 alumnos, mientras que recibieron su título de ingenieros, en todas las especialidades, 8303. Las cifras correspondientes a algunas de las carreras obviamente claves para el desarrollo nacional ilustran más aún acerca de ese gravoso problema: se recibieron sólo 13 ingenieros metalúrgicos, 44 petroleros, 23 hidráulicos, 23 mineros, 7 nucleares y 58 aeronáuticos.

La fotografía actual de la universidad pública nos permite avanzar sobre esa realidad desde varios ángulos totalmente disímiles: la farsa que implica sostener que la gratuidad equivale a igualdad, el disparate del ingreso irrestricto, la falta de políticas de Estado en materia de indispensable planificación en función de las prioridades nacionales.

 Un simple razonamiento basta para confirmar el primer aserto. ¿Significa el mismo esfuerzo estudiar para un hijo de la clase media, cuyos padres pueden mantenerlo, que para quien proviene de una familia obrera, que necesita del propio trabajo del universitario para subsistir?, ¿lo es para quien llega a la facultad en su automóvil o vive muy cerca de ella que quien debe viajar en medios públicos durante horas para llegar a clase?

Desde otro ángulo, todos sabemos que la universidad pública se sostiene con el aporte del Tesoro cuyas arcas, a su vez, provienen de los impuestos que pagamos todos. ¿Es justo que los más pobres soporten con su diario esfuerzo su costo cuando no tiene exigencias de ningún tipo y a la cual sus hijos no podrán asistir?

 La vigente Ley Federal de Educación, al prohibir la difusión pública de las evaluaciones de establecimientos educativos de niveles secundario y universitario, iguala hacia abajo, porque impide la sana competencia basada en la calidad y en la calificación de los títulos que otorga cada uno.

En la Argentina, como bien dice Alieto Guadagni, el promedio de permanencia en los claustros de estudiantes de carreras con curricula de cinco años, es siete y, a diferencia de todos nuestros vecinos, la universidad pública sólo gradúa veintidós de cada cien ingresantes. Ese estiramiento artificial de la vida universitaria genera, naturalmente, mayores gastos en salarios docentes y no docentes, en infraestructura, en medios para la investigación, etc., todo lo cual recae sobre las espaldas de la población en general, inclusive de aquellos sectores cuyo único consumo son los alimentos de primera necesidad, gravados con el IVA.

Mi propuesta, reiterada en notas y publicaciones antiguas, es muy simple. Se trata de establecer –se dispone de los medios informáticos para hacerlo- cuántos nuevos graduados de cada una de las disciplinas necesitará el país a cinco años vista. Basta, para hacerlo, con introducir en una computadora la información que suministren las empresas y el sector público, incluyendo a los potenciales inversores que se acerquen.

Con el resultado de esa investigación, se constituiría un primer cupo de ingresantes a la universidad pública. Para formar parte de él, los estudiantes deberían rendir un examen de ingreso muy exigente –en matemáticas, lengua, ciencias y ciencias sociales- y mantener el nivel de excelencia durante toda la carrera, comprobado mediante pruebas semestrales. A los miembros de ese primer cupo, obviamente, no sólo no se les cobraría matrícula alguna sino que, por el contrario, se les prestaría el equivalente a un sueldo razonable, que les permitiera inclusive mantener a su familia durante todos sus estudios. Como es obvio, quienes lograran graduarse integrando ese primer cupo encontrarían una clara salida laboral, ya que tanto el Estado cuanto las empresas los buscarían afanosamente.

Luego, crear un segundo cupo que tuviera en cuenta la capacidad física de cada una de las facultades. Ese segundo cupo, es decir aquellos que sean extranjeros no residentes u opten por carreras que el país no necesitará –y, por ende, es injusto que deba soportar- y por quienes no hubieran logrado el nivel de excelencia requerido para el primero, debería pagar para estudiar. Así de simple: si quieres hacerlo, báncalo tú. Las facultades más afectadas serían, claro, las de Derecho y Psicología, ya que es absolutamente excesivo el número de profesionales que surgen hoy de las mismas y, por ello, no encuentran en el mercado de trabajo una fácil inserción.

Incorporaría, además, a esas normas una ley que impusiera a la administración estatal la obligación de contratar, como consultora externa, a la universidad pública, y pagar los honorarios correspondientes. Veamos qué efectos produciría la solución propuesta: en primer término, egresarían mejores graduados, y el país dispondría de profesionales excelentes en las disciplinas más indispensables; además, impediría la permanencia del “estudiante crónico”, ese al cual el bajo nivel de exigencia en materia de materias aprobadas por año le permite permanecer en los claustros por muchos años, incordiando a los alumnos más esforzados.

Con el producido de las matrículas pagadas por los integrantes del segundo cupo, más los honorarios que la universidad generaría por sus servicios de consultoría externa, se formaría un interesante presupuesto propio, que permitiría otorgar los préstamos a los del primero, mejorar sensiblemente los salarios docentes e invertir en infraestructura y en medios de investigación. Al pagar mejores salarios, se incrementaría la vocación por la enseñanza y, así, el círculo virtuoso se cerraría con el nivel de excelencia en los claustros docentes.

Por supuesto, se debería actuar simultáneamente sobre la educación secundaria, ya que gran parte de los problemas que aparecen allí: las pruebas Aprender 2016 mostraron que el 80% de los que egresan de las escuelas públicas tienen enormes dificultades para resolver problemas matemáticos y escasa comprensión de textos.

Si hiciéramos esto, la educación recuperará su condición de verdadero faro capaz de iluminar el futuro del país, dejando de ser el miserable fanal que sólo permite ver la escalera descendente en la que estamos embretados.



Bs.As., 27 Ene 18

viernes, 19 de enero de 2018

Machacar hasta que entre



Machacar hasta que entre


“La gota horada la piedra no por su fuerza sino por su constancia”. 
Ovidio


Dado la escasez de temas puntuales durante esta semana, salvo la gira de SS Francisco a Chile y Perú, a la cual prefiero no referirme, aprovecharé para volver a proponer un tema que me tiene obsesionado desde hace años y sobre el cual he escrito muchas veces, obviamente sin éxito alguno.-

Vivimos en la Argentina, aproximadamente, 42 millones de personas, de de las cuales un 30% se encuentra bajo la línea de pobreza; en consecuencia, podemos considerar que aquí hay menos de 30 millones de potenciales consumidores. Si nos comparamos con Brasil, por ejemplo, que ha duplicado su población en 50 años y hoy cuenta con 210 millones de habitantes, o con China o India, donde hay muchos miles de seres humanos, resulta fácil comprender que, entre nosotros, no puede florecer ninguna industria que necesite gran escala para vender su producción a precios competitivos.

Por ello, resulta necesario preguntarnos qué debemos hacer para abrirnos al mundo, lograr venderle lo que fabricamos y, sobre todo, cómo permitir a todos nuestros conciudadanos acceder a esos bienes, cuando otros países los ofrecen a valores sensiblemente inferiores. La receta es tan elemental y conocida que resulta raro que aún no la hayamos aplicado.

La persistente falta de seguridad jurídica y, hasta hace poco tiempo, también cambiaria, retrae a los capitales a la hora de poner dinero en las empresas (decían: “aquí uno se entera si es rico o pobre por los titulares de los diarios del día siguiente”). Una de las consecuencias más graves de la falta de inversión, local o externa, es que el sector privado no puede absorber el millón de personas que sobran en el Estado entre sus tres niveles y, con ello, impide resolver uno de los problemas más nefastos de nuestra economía: el gasto público desmesurado.

Esa posición de los industriales fue razonable durante muchos años y, aunque la realidad está en un fuerte proceso de cambio, todavía no conseguimos suscitar la confianza necesaria para que la tan soñada lluvia de inversiones se concrete, salvo en el transporte aéreo y las energías renovables. Pero también es verdad que ellos no han conseguido, salvo en contadísimas excepciones, lograr que sus productos tuvieran características de singularidad que los hicieran apetecibles en los mercados consumidores externos, ya que la industria local puede ser descripta como ‘común’ y, sobre todo, poco competitiva.

Las asociaciones industriales, que pretenden continuar viviendo en una economía cerrada, con protecciones que les garanticen cazar en el zoológico o pescar en la bañadera, deben dejar de vendernos los productos “caros” (no se justifica el precio) y pasar a exportar objetos “costosos” (precio alto justificado por la calidad o la exclusividad) para competir con Italia, con Francia, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, etc.. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo: como hemos visto, no tenemos un mercado interno de suficiente envergadura como para sostener una industria que produce bienes escasos y ‘comunes’, y no podrá competir nunca con las empresas textiles de otras geografías ni con las fábricas de calzado que producen para cientos de millones de personas.

Entonces, ¿para qué seguir, como se ha hecho desde hace más de 60 años, protegiendo a las industrias locales con medidas proteccionistas que nos impiden a todos vestirnos o calzarnos a precios más bajos? Lo que debemos hacer es comenzar a fabricar productos de excepcional calidad, sin importar el precio. Italia e Inglaterra carecen de grandes rebaños bovinos y, sin embargo, son países reconocidos mundialmente por la calidad de sus productos de cuero; y Suiza y Bélgica carecen de cacao, pero son los mejores fabricantes de chocolate del mundo.

Si vamos a continuar protegiendo a la industria nacional, hagámoslo sólo durante un breve lapso que deberá usar para reconvertirse y ser capaz de competir, de igual a igual, en los mercados de gran lujo y, por ello, reducidos. Si los cueros argentinos son los que llegan a los países mencionados para ser allí curtidos y trabajados, ¿por qué no hacerlo aquí?, ¿la tecnología no está disponible o nuestros operarios no son capaces? Lo mismo ocurre con la industria de la moda, en la cual Buenos Aires sigue siendo un atractivo faro en Latinoamérica. El diseño y la calidad de nuestros tejidos son reconocidos mundialmente y, sin embargo, no jugamos en uno de los mercados más interesantes por la relación costo-beneficio.

No recuerdo que los buenos fabricantes de zapatos italianos o ingleses, o los diseñadores de moda franceses reclamaran subsidios o restricciones a la importación; ni siquiera que protestaran por las imitaciones baratas que se venden en la calle. Cuando Ferragamo o Bally o Church’s o Dior o Louis Vuitton ofrecen su mercadería a cifras siderales no están tratando de inundar mercados con sus productos, sino llegar con ellos a la gente que está dispuesta a pagar sumas muy importantes por usarlos. Sabemos que los relojes ‘de goma’ dan la misma hora y valen pocos dólares; sin embargo, miles de personas están dispuestas a pagar muchísimo por relojes ‘de marca’.

Por lo demás, tengo la más absoluta seguridad de que, si la UIA usara esta receta, pronto los argentinos viviríamos mucho mejor. Y digo esto porque, por cuidar a los trabajadores de la industria textil o la del calzado (ésta ocupa 50.000) que, por lo demás, conservarían su empleo en las  fábricas de excelencia, se impide a los más pobres comprar camisetas chinas a $ 50 o zapatillas brasileñas a $ 200. En una palabra: no se trata de cerrar industrias o de discutir la distribución mundial del trabajo, sino sólo de cambiar el perfil de nuestros productos. Espero que, alguna vez, tanto la industria cuanto el Gobierno escuchen, ya que el apoyo a esta transformación debería convertirse en una verdadera política de Estado, indispensable para corregir muchos de los males aquí descriptos.

En otro orden de cosas, el decreto de Mauricio Macri que reglamentó la Ley de Educación modificó la representación de los gremios docentes en la paritaria nacional, otorgando a cada central que los nuclea la misma cantidad de asientos en la mesa. Esa medida afectó gravemente a la CTERA, la confederación de “trabajadores de la educación” (antes llamados “maestros”), con vocación por perpetuar un sistema obsoleto y prebendario que utiliza a los chicos como rehenes, expulsa a los alumnos de los establecimientos públicos y entorpece la gestión del Gobierno para servir a los bastardos propósitos políticos del kirchnerismo destituyente.

Quien más sufrirá los embates de la protesta contra la decisión será, seguramente, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires; pero no hay que preocuparse por ello, ya que María Eugenia Vidal ha demostrado tener el coraje suficiente para enfrentar cualquier situación conflictiva y superarla.

No puedo concluir sin recordar a los integrantes del Poder Ejecutivo una frase que debiera atribuirse a Nicolás Maquiavelo: “en política, los crímenes se perdonan; los errores no”; a quien le quepa el sayo que se lo ponga.


Bs.As., 20 Ene 18

sábado, 13 de enero de 2018

Preparados …, apunten …,



Preparados …, apunten …,


"Se daba cuenta de que ninguna potencia estaba en condiciones de resistir el desgaste 
del tiempo; sólo la gloria de quien ha vivido con honor crece con el paso de los años". 
Valerio Massimo Manfredi

Cuando la semana pasada me pregunté hasta cuándo la sociedad estaría dispuesta a tolerar, con marcada indiferencia, el permanente chantaje de los eternos dirigentes gremiales, ignoraba que finalmente, y con décadas de atraso, tanto la Justicia como el Ejecutivo, nacional y provincial, habían decidido tomar el toro por las astas y avanzar con la depuración de la corporación más despreciada del país, integrada por delincuentes dispuestos desde siempre a generar los peores conflictos laborales para evitar que se posara sobre sus patrimonios la lupa judicial.

El método extorsivo fue claro –mientras los dejaran incrementar sus negocios personales, ofrecían paz social; de lo contrario, el país se paralizaría- y lo sufrieron tanto los gobiernos civiles cuanto militares; basta recordar que fue nada menos que el Tte. Gral. Juan Carlos Onganía quien les cedió el control de los servicios de salud, tal vez la fuente más importante de ingresos non sanctos de los grandes bonetes del sindicalismo argentino. No voy a mencionar aquí, por ser innecesario, la lista de los jefes gremiales presos –todos obscenos exhibicionistas- pero debo detenerme en los dos poderosos capi de tutti capi, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.

El primero siente ya el aliento de los ahora atentos jueces en la nuca, y no sólo los locales. Una de sus negadas propiedades, la empresa de recolección de residuos Covelia, es investigada por movimientos de dinero sospechosos por la Justicia suiza; cuando el primer pedido helvético llegó a los tribunales argentinos –simplemente, un listado de las causas penales que involucraran al Negro- éste, a la sazón Secretario General de la CGT, decretó un paro general contra el gobierno de Cristina Elisabet Fernández.

Ayer mismo fue denunciado, conjuntamente con su hijo Pablo, su testaferro Patricio Farcuh y el propio Sindicato de Camioneros, por evasión impositiva por la suma sideral de cuatro mil millones de pesos y el consecuente lavado de dinero. Con la monumental expansión de sus actividades –empresas constructoras, correos privados, fútbol, barras bravas, residuos urbanos, sanatorios, farmacias, hoteles, inmuebles y rodados varios, etc.- y con tantos flancos expuestos, es previsible que ponga a parir al país entero, con la paralización del transporte de alimentos, de combustibles, de basura y de dinero, y habrá que ver cuán dispuestos estamos todos a no ceder ante sus aprietes, ya que dirá mucho sobre nuestra voluntad de modificar el rumbo que llevamos.

Ya su colega gastronómico, que directa y públicamente amenazó a la democracia cuando recordó cómo habían eyectado del poder a Raúl Alfonsín y a Fernando de la Rúa cuando éstos intentaron controlar un poco al poder mafioso del sindicalismo, dio un aviso a la sociedad acerca de qué podemos esperar si los avances judiciales continúan. Como Luisito es muy hábil, sus dichos no resultan punibles, aunque sean muy claros.

Pero lo que enmascara este bandido es que todos sus pares hoy en la cárcel no lo están por ser gremialistas sino vulgares ladrones, y no hay aquí una persecución política, como claman desde Milagro Salas y Luis D’Elía a Cristina Elisabet Fernández, que mandó a La Cámpora a expresar su apoyo a los preocupados “Gordos”. Todos estos han esquilmado a sus representados y, en los casos de Marcelo Balcedo y Víctor Santamaría, se transformaron en empresarios de medios de prensa para utilizarlos como escudo; lo mismo hicieron, en su momento, Cristóbal López, Rudy Ulloa Igor y Gerardo Ferreyra, que debieron cerrarlos cuando, con la caída del kirchnerismo, se cortó el acceso a los fondos ilimitados de la pauta publicitaria oficial.

Toda esta movida coincide en el tablero de comando con algunos factores complicados: la inflación, que no cede; la necesidad imperiosa de cerrar los aumentos salariales del año en términos mesurados, es decir, sin reflejar en ellos expectativas pesimistas; y el tratamiento legislativo de la poco ambiciosa reforma laboral que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso. Es natural entonces que todos –incluidos los bienintencionados- nos preguntemos si estamos sólo ante una serie de movimientos tácticos para obligar a los dirigentes sindicales a “portarse bien” o, por el contrario, ante un verdadero y definitivo cambio en nuestra cultura sociopolítica tradicional.

La libertad concedida por la Cámara Federal a Amado Boudou, que estaba en prisión preventiva desde hace dos meses, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y que está procesado y en juicio oral por haberse apropiado de la “máquina de imprimir billetes”, da una pésima señal a los descreídos. Porque, a pesar de que muchos lo ignoran, en el caso de los funcionarios públicos, donde la carga de la prueba se invierte, son ellos los que deben demostrar que han obtenido sus fortunas legítimamente. ¡Teléfono para Cristina Kirchner!

Además, deja en evidencia que en la Argentina hay dos “justicias” diferentes: una, correcta, que utiliza el Código Procesal y privilegia el principio de inocencia y permite que los encartados transiten los procesos en libertad hasta el dictado de sentencias definitivas; y otra, caníbal, que sólo busca venganza y en la que todos los cimientos del derecho de la civilización occidental, incluida la irretroactividad de la ley penal, se ignoran para mantener en prisión preventiva a centenares de ancianos enfermos por lapsos que, en muchos casos, superan los diez años (el máximo legal es de dos, prorrogable fundadamente por sólo uno más). Los argumentos garantistas utilizados por los magistrados ahora para beneficiar el ex Vicepresidente –imposibilidad de alteración de las pruebas e inexistencia de peligro de fuga- ¿no son aplicables a los presos militares?  

¿Irán las organizaciones sociales y de izquierda a “escrachar” al ex Vicepresidente a su inexplicable piso de Puerto Madero o al nuevo de Barracas, como hicieron con el Comisario Miguel Etchecolatz, a quien concedieron la prisión domiciliaria con pulsera electrónica a pesar de sus 88 años y del cúmulo de dolencias que padece?  Porque, siendo de público y notorio conocimiento que Amado Boudou fue miembro esencial de la asociación ilícita que saqueó el país hasta la extenuación durante la década más favorable para la economía nacional en más de un siglo, algo debería motivarlas a actuar, ya que dicen representar a los excluidos y a los pobres que sufren en carne propia –en falta de educación, alimentos, salud, vivienda, pavimentos y cloacas- la falta de esos cuantiosos dineros robados.

Nuevamente, el verano será caliente, y no sólo por las altísimas temperaturas que estamos soportando en Buenos Aires: en febrero, comenzarán, conjuntamente con la actividad judicial a pleno, las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para trata algunos proyectos de ley, digamos, menores; pero en marzo es probable que veamos otra vez conflictos callejeros, cuando comience a tratarse la reforma laboral. ¡Ojalá hayamos madurado para entonces!


Bs.As., 13 Ene 18

sábado, 6 de enero de 2018

Vergüenzas tempranas





Vergüenzas tempranas


“Desterrada la Justicia, que es vínculo de las sociedades humanas, 
muere también la libertad, que está unida a ella y vive por ella”. 
Juan Luis Vives

El desprestigio y la sospecha penden, como una enorme nube de smog y desde hace años, sobre el Poder Judicial, en especial cuando se trata del fuero penal federal, radicado mayoritariamente en la mole de Comodoro Py. En este comienzo de año contribuyó a mantener el fenómeno atmosférico el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Omar “Caballo” Suárez, el extorsionador de empresarios navieros y líder del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), uno de los escasos personajes privilegiados en el círculo áulico de Cristina Fernández. El Juez federal Luis Rodríguez, subrogando el Juzgado de su sospechado y veraneante colega, Rodolfo Canicoba Corral, la concedió rápidamente al detenido, por inexistentes razones de salud.

Más allá del informe del Cuerpo Médico Forense presentado el jueves, que negó la necesidad de ese beneficio, ya que puede ser perfectamente atendido de sus afecciones en el Hospital Penitenciario y, en caso necesario, recurrir a tratamientos ambulatorios en otros centros médicos, el episodio llamó poderosamente la atención por dos motivos: las probables razones crematísticas de la concesión de este injustificado privilegio (se instaló en una enorme mansión que posee en Olivos, a metros de la Quinta Presidencial) y, por supuesto, su notable diferencia respecto al trato que reciben los muchísimos presos políticos ancianos que pueblan las cárceles del país.

La semana pasada se concretó, finalmente, la prisión domiciliaria del Comisario de Policía Miguel Etchecolaz, de 88 años, que sufrió ya dos ACV mientras permanecía en la cárcel, transformado en el detenido de mayor edad de todo el sistema penitenciario federal. Pero siguen allí, por ejemplo, el sacerdote Christian von Wernich, de 80 años, con cáncer y metástasis, o Jaime Smart, de 82 años, al cual se le ha otorgado varias veces el beneficio, nunca efectivizado por la permanente resistencia del Juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien, para evitar las órdenes de sus superiores, le inventaba causas nuevas cada día hasta que fue relevado a su respecto.

Como siempre, hubo esta semana una de cal y otra de arena. El mismo magistrado logró la detención, en Uruguay, de otro sindicalista (SOEME), Marcelo Balcedo, también cristinista (¿cómo sorprenderse, si antes fue menemista, duhaldista y kircherista?) y socio de los nefastos Roberto Baradel y Hugo Yatski, y empresario de multimedios de prensa en La Plata. Además de haber estado prófugo en el pasado durante dos años, se sospecha de su complicidad financiera con la más salvaje banda de narcotraficantes de Rosario, a la cual se cree ayudaba a lavar sus ganancias. Su futuro seguramente será muy negro, ya que le costará justificar tantas residencias, tanto dinero en efectivo, tantos autos de lujo, tantas armas de guerra y hasta dos aviones. ¡Qué manía tienen los corruptos con los aviones!

Uno se pregunta, ya que están presos otros colegas suyos como Juan Manuel “Pata” Medina y Omar “Caballo Suárez”, amén de José Pedraza, qué debemos hacer para que el Poder Judicial nos evite seguir siendo rehenes permanentes de Hugo Negro Moyano y su familia. Si, una vez más, cedemos ante las extorsiones vinculadas con la continuidad de su fallida empresa OCA, con la barra brava de Independiente y sus miles de negocios fraudulentos, con los medicamentos adulterados y los troqueles falsificados, con la apropiación de los bienes del gremio, no tendremos futuro, como no lo tuvo Estados Unidos hasta que logró mandar a la cárcel a Jimmy Hoffa, a quien nuestro camionero tanto se parece.

Pero también debemos preguntarnos por qué no avanzan, elevándolas a juicio oral, las múltiples causas contra Hebe de Bonafini, los Shoklender y las decenas de funcionarios involucrados en las monumentales estafas de “Sueños Compartidos” y la “Universidad de las Madres”.

El escándalo de Odebrecht, que ha barrido hasta con mandatarios latinoamericanos, tampoco parece progresar aquí; si lo hiciera, ya deberían haber al menos prestado declaración indagatoria –una medida de defensa- Carlos Wagner (Esuco), Paolo Rocca (Techint), Gustavo Ferreyra (Electroingeniería) y Angelo Calcaterra (Iecsa), y la oposición habría dejado de poder gritar que estamos nada más que ante un nuevo maquillaje gatopardista y el nuevo poder  protege a sus amigos y parientes. 

Contribuye a mantener la sucia nube que cubre a la Justicia es la llamativa libertad de la que aún goza Ricardo Echegaray, conspicuo cómplice de las mayores estafas contra la AFIP cuando era su Administrador. Está vinculado directamente a las usinas de facturas falsas utilizadas por Lázaro Báez y con la tolerancia al robo de nada menos que $ 8.000 millones que perpetraran Cristóbal López y Fabián de Souza, como antes lo estuviera con los subsidios de la ONCAA a su propia familia, pero ni siquiera ha sido incluido en las causas ya elevadas a juicio oral. ¿Habrá que buscar el motivo en las carpetas de información confidencial sobre jueces, políticos y empresarios de todo pelaje que logró juntar cuando era funcionario?

Margarita Stolbizer, lamentablemente fuera del Congreso, denunció esta semana un pacto entre el Gobierno y el Poder Judicial para mantener fuera de la cárcel a Cristina Fernández. Como usted, lector, sabe, descreo de su existencia por innecesario, ya que adjudico este raro fenómeno a la inmejorable nariz de los magistrados federales, que creen así agradar –y tal vez sea cierto- y beneficiar a Mauricio Macri.

Por último, entre los episodios raros de esta semana también merecen figurar las quejas de los familiares de Santiago Maldonado, el tatuador muerto en el sur, por el ascenso al grado de Alférez del gendarme herido por los mapuches del RAM mientras intentaba liberar el tránsito en la Ruta 40. Dado que ya está harto probado que no hubo intervención de terceros en su ahogamiento, que no sabía nadar, que sufrió hipotermia, que su cuerpo quedó enredado en la flora subacuática y que estuvo sumergido mientras el país entero lo buscaba, me pregunto cuál es el propósito de esta actitud de su entorno al insistir en que la causa continúe caratulada como “desaparición forzada”. ¿Será que pretenden sumarse a los cientos de terroristas y de deudos indemnizados injusta y cuantiosamente por un Estado idiota que, además, se niega a informar detalladamente sobre el tema? 

Como se ve, en el área del Poder Judicial –Consejo de la Magistratura, Corte Suprema y Tribunales inferiores- hay por delante un enorme trabajo de limpieza y fumigación de los edificios poblados de corruptos, pero también de ignorantes y bastardos, que debe encararse ya mismo. De su éxito depende todo el resto de las reformas que resultan indispensables en el aparato del Estado en sus tres niveles y, sobre todo, la verdadera credibilidad de la Argentina frente a los genuinos inversores nacionales y extranjeros, hartos todos de ver cómo nos comportamos como chicos caprichosos, capaces de cambiar las reglas del juego a cada instante y, cuando vamos perdiendo, llevarnos la pelota.

¡Ojalá los argentinos hubiéramos encontrado todo eso en nuestros zapatos esta mañana, después que pasaran anoche por nuestro país los Reyes Magos!


Bs.As., 6 Ene 18