¿Sólo
torpeza?
por
Enrique Guillermo Avogadro
“Los populismos del tercer mundo, una caricatura de los totalitarismos,
fueron
semitotalitarios escondidos en un marco democrático. El parlamento
siguió funcionando
pero subordinado al poder ejecutivo, y la prensa fue
sometida a todo tipo de presiones”.
Juan José Sebreli
Tras la oscura
niebla generada por la pandemia, agravada por cien días de inédito confinamiento
(se cumplen hoy), dispuesto en un país que entró en ese complicado escenario
arrastrando la generalizada crisis que lo golpea desde hace, al menos, nueve
años, el Poder Ejecutivo está modificando violentamente el marco institucional
y el tejido socio-económico, ambos bien endebles por cierto, en que vivimos. Si
en el mundo entero la cuarentena se ha convertido en el experimento de control
social más grave de la historia, aquí adquiere características alucinantes.
Apoyado en
un comité de “expertos” –que no pueden tener experiencia alguna por tratarse de
un nuevo virus, como lo demuestran las muchas diferencias de opinión sobre las
medidas preventivas y sobre los tratamientos aplicables en cada país- el Gobierno
optó por una medida que producirá más enfermedades y muertes que las que se han
evitado pues está destruyendo, en muchos casos en forma terminal, a miles y
miles de empresas, las mismas que resultarán imprescindibles en la post-pandemia
para una sociedad pauperizada. Mientras otros países tratan de evitar que los
emprendedores colapsen con un apoyo monumental y quita de impuestos, en la
Argentina se les impide trabajar y producir, y se persigue –hasta con actos de
vandalismo- al único sector capaz de generar las esenciales divisas.
El Gobierno
utiliza el ya injustificable encierro para intentar aplanar otra curva, la de
la grave inflación y la consecuente corrida al dólar, fundada precisamente en
la inexistencia de moneda, que se acentuará por la brutal emisión actual, que
parece no tener límite.
La curiosa gestión
del Ministro Martín Guzmán en la refinanciación de la deuda externa, que ya nos
ha costado unos US$ 10.000 millones adicionales desde diciembre, parece destinada
al fracaso. Podría achacarse a una mera torpeza de un profesor nada habituado a
negociar con los grandes fondos de inversión pero, en realidad, se debe a la
ideologización que le ha impuesto su maestro, Joseph Stiglitz, que pretende
transformar nuestro problema en un leading
case para futuras conversaciones entre países deudores y fondos acreedores.
El caso
Vicentín es otra muestra de esa situación: el Presidente cometió un grave error
de derecho al firmar el decreto de intervención transitoria y anunciar el envío
de un proyecto de expropiación al H° Aguantadero, y eso quizás podría achacarse
a la notable y general impericia que exhibe el gabinete de “científicos, no de CEO’s” (sic) de Alberto Fernández, pero
también en este tema la realidad es otra: obedeció a la decisión de Cristina
Fernández de hacerse de una participación en el mercado granario pero, sobre
todo, a su ansia de venganza por el grueso sopapo que le propinó el campo, a
través de Julio Cobos, en 2008.
El efecto
seguramente no deseado fue que la empresa –cuya existencia era ignorada por la
enorme mayoría de la ciudadanía hasta el día anterior al desaguisado
presidencial- se convirtió en bandera en la reciente y multitudinaria protesta
contra la prepotencia kirchnerista. Eso quizás, sólo quizás, evite otro zarpazo
sobre SanCor, que tiene tantos o más problemas.
Pero todo
ello empalidece frente a la actitud del Ejecutivo de violentar la Constitución
y las leyes. El miércoles se dio un caso paradigmático en el Senado, cuando la
Vicepresidente que, como tal, ejerce la Presidencia del cuerpo, no sólo
modificó arbitrariamente la agenda legislativa sino que, para obtener la
constitución de una comisión investigadora sobre los créditos recibidos por
Vicentín durante la gestión macrista, negó a la oposición la palabra y violó el
reglamento que exige, para conformarla, el voto afirmativo de dos tercios de
los senadores. Por si ello fuera poco, las facultades atribuidas a esa ilegal
comisión arrasan con la división constitucional de poderes, puesto que le
permite allanar domicilios, disponer la comparecencia compulsiva de testigos,
etc., todo reservado a la Justicia.
Y no
contenta con ello, impuso a Claudio Cholakian, fundador de Justicia Legítima,
como Administrador General del Poder Judicial, es decir, quien decide cuánto,
cuándo y dónde van los fondos. Podría creerse que se trata de algo
intrascendente pero, si se piensa que será quien deberá darle a la Cámara
Nacional Electoral, que expuso claramente el problema el miércoles, el dinero
necesario para organizar tanto las PASO como las elecciones legislativas
generales del año próximo, el tema adquiere una importancia más que singular
para el proyecto ladri-populista de perpetuarse en el poder: ¿se invocará la
falta de presupuesto para postergar los comicios en épocas de pandemia?, ¿qué
métodos se usarán para alterar los resultados, si es que se celebran?
Las
principales espadas mediáticas del kirchnerismo están anunciando diariamente la
voluntad de su jefa de modificar la Constitución para, como dijo el propio
Alberto, crear un nuevo “contrato social”, y una sociedad enferma de pánico al
contagio podría mirar para otro lado ante ese despropósito y estar dispuesta a
tolerar tamaño desquicio.
Por ello es
imprescindible que tomemos conciencia del rumbo que Fernández² está imponiendo
al Gobierno; la forma de hacerlo, como expliqué la semana pasada, es constituir
en cada pueblo, barrio y ciudad grupos de ciudadanos organizados para hacer
frente a todo y cualquier tentativa de terminar con la República, la
Constitución y la democracia. Si usted comparte estas ideas, convenza a sus
amigos y contactos, físicos y virtuales, de nuclearse para la defensa de todo
un sistema de vida en libertad, tan en peligro hoy por los avances del “socialismo
del siglo XXI”, que Cristina pretende liderar en Latinoamérica.
Bs.As., 27
Jun 20