Algo
sí pasa
“La Justicia
es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella”. René de Chateaubriand
En
nuestro país se ha hecho carne una afirmación que sostiene que “aquí nunca pasa nada”, referida en
especial a las consecuencias penales que la corrupción debiera generar para sus
autores. Hasta ahora, y salvo contadísimas y notorias excepciones, el más que moroso
Poder Judicial dio la razón a quienes así lo creían. Sin embargo, el claro
avance de Cambiemos en las PASO, que se ampliará tras el seguro triunfo de este
mes, hizo que los jueces federales en lo criminal, poseedores de las narices
más profesionales del planeta, se atropellaran en la puerta de los tribunales
orales para elevar a juicio las innumerables causas que afectan a los capitostes
del gobierno kirchnerista, incluyendo a la propia Presidente, jefa única de la monstruosa
asociación ilícita que organizó con su marido muerto.
Están hoy
sentados, ante estos mismos magistrados en los cuales tanto confiaron en el
pasado por razones claramente crematísticas, Cristina Elisabet Fernández, el ex
Vicepresidente Amado Boudou, el ex super Ministro de Planificación y actual
Diputado -¡qué vergüenza!- Julio de Vido, y decenas de emblemáticos secretarios
de Estado (Guillermo Moreno, Daniel Cameron, Roberto Baratta, Daniel Reposo,
etc.), presidentes de empresas públicas, responsables de entes autárquicos, funcionarios
de todos los niveles y algunos empresarios demasiado expuestos como para eludir
su conversión en blancos indeseados.
Pero es
claro que no todo termina allí. Esta leve brisa de decencia, que comenzó a
soplar hace un año y medio con la caída de Norberto Oyarbide, está empezando a
defenestrar a actuales jueces, como Eduardo Freiler, Carlos Rozanski, Raúl
Reynoso y Alberto Hergott. Lamento que el Gobierno prefiera aceptar la renuncia
de algunos de estos impresentables magistrados, que acceden así a una
jubilación privilegiada, a que deban enfrentar el largo proceso del juicio
político y, en algunos casos, hasta causas penales por corrupción. Esas caídas
no son suficientes y los vientos deberán soplar más fuerte, pues es sabido que no
son pocos los jueces que debieran ser expulsados de sus cargos por indignidad
moral para encontrarse por encima de sus conciudadanos y decidir sobre su
libertad y su patrimonio.
Y, por
supuesto, debería incluir en la lista a la inefable Procuradora General de la
Nación, doña Alejandra ¡Giles! Carbó
y a la recua de fiscales militantes con que ha colonizado los tribunales de
todo el país, siempre dispuestos a entorpecer la gestión del Gobierno y a
prestarse a participar del circo romano en que se juzga a los militares pero
nunca a los terroristas.
Por si no
hubiera suficientes artistas en escena, ahora se ha sumado el complejo elenco
de los eternos dirigentes gremiales, como Omar Caballo Suárez y Juan Pablo Pata
Medina, paradigmáticos y violentos extorsionadores de los empresarios de
sus respectivos rubros, a los cuales se sumarán pronto otros colegas en el
delito. Es que, puesta a investigar seriamente, la Justicia debería hacerse una
panzada con las inmensas fortunas personales que detentan estos caraduras, tan
volubles, que tanto daño hacen al país invocando los teóricos intereses de sus
afiliados, como ha sido el reciente caso de la férrea oposición a las
aerolíneas low cost.
Pero,
como se ha visto en Brasil, la obra purificadora no tendrá un final feliz hasta
que hagan acto de presencia en la misma la multitud de empresarios que han
lucrado sin tasa y sin medida con los contratos con el Estado, al cual han
dejado postrado de inanición a fuerza de sobreprecios u falsedades inconclusas
que, siempre, hemos terminando pagando con nuestros exorbitantes impuestos. Está
en pleno trámite legislativo el proyecto de ley que responsabiliza penalmente a
las compañías en los hechos de corrupción, y es probable que veamos su sanción
en los próximos días. Sin embargo, y tal como dijera el Juez Sergio Moro, líder
de las investigaciones relacionadas con el proceso del Lava Jato, que ha llevado a la cárcel a decenas de políticos,
funcionarios y empresarios brasileños con gravísimas condenas –al ex Gobernador
de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, le impusieron ¡45 años! de prisión- no
bastará con esa norma, sino que resultará indispensable contar también con el
instrumento de la delación premiada, que tan buenos frutos diera en nuestro
vecino país.
Precisamente,
esa monumental causa judicial ha puesto de relieve un aspecto poco conocido, en
la medida es que es la primera vez que aparece nítida la transnacionalidad de
la enorme maquinaria de corrupción montada. Y así, sin caer en teorías
conspirativas, ha quedado expuesta su íntima vinculación con el Foro de San
Pablo, fundado en 1990 por el Partido dos Trabalhadores (PT), comandado por
Luiz Inácio Lula da Silva. La izquierda latinoamericana se convenció que el
camino militar –recorrido por las organizaciones terroristas que asolaron
nuestro continente en los 70’s y 80’s- no tenía posibilidad de llegar al
destino deseado, e invento esa falacia del “socialismo del siglo XXI”, que
conlleva la destrucción de las instituciones más caras a nuestros sentimientos:
la república, la democracia representativa, las iglesias, las familias y, por
supuesto, los ejércitos.
Rápidamente,
y dada la comunidad de objetivos políticos, el Foro logró la adhesión
incondicional de los líderes populistas (en algunos casos, verdaderos cleptómanos)
de la región, se llamaran Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Evo
Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), José Pepe Mujica (Uruguay), Dilma Rousseff (Brasil), Daniel Ortega
(Nicaragua) y, claro, Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), y cuenta con gran
apoyo financiero transnacional de los grandes carteles de la droga. Pese a que
se incorporaron al mismo los sanguinarios miembros de las FARC colombianas, del
Sendero Luminoso peruano, de los distintos frentes terroristas chilenos y
conspicuos integrantes de Montoneros y ERP argentinos, al menos por ahora
trocaron los fusiles por los libros de la Escuela de Frankfort, de Antonio
Gramsci, de Ernesto Laclau y de tantos otros profetas de esta destructiva
religión.
Entre los
concretos objetivos de ese nefasto Foro, en realidad como uno de sus
instrumentos, está definido el incentivo a los movimientos indigenistas en la
región. Éstos se han hecho presentes desde hace décadas en el sur de Chile,
donde los mapuches sí han optado por la vía terrorista con asesinatos,
incendios, bombas y sabotajes de toda índole. El Gobierno de la Coalición
gobernante ha sido por demás tolerante, pese a disponer de una específica
legislación represiva, y ello ha permitido no solamente la perduración de estas
acciones violentas sino su traslación hacia territorio argentino, donde esta
etnia arribó en 1833, aunque sólo muy recientemente ha adoptado posiciones
insurreccionales y separatistas.
Los
descerebrados y los malintencionados que apoyan las disparatadas reivindicaciones
territoriales de estos autoproclamados “pueblos originarios” no se han detenido
a pensar que el año -1833- en que los mapuches realmente cruzaron la cordillera
de los Andes y se instalaron aquí, es exactamente el mismo en que los
colonizadores argentinos de las islas Malvinas fueron desalojados militarmente
por los británicos; entonces, y en función de esa igual antigüedad, la misma
calificación y los mismos derechos deberían reconocerse a los invasores ingleses.
Este es
el desafío que la Argentina tiene por delante, y en función de ese buen
combate, está obligada a fortalecer sus instituciones y respaldar a las
personas que se encargan de la defensa y de la seguridad del territorio nacional
y de los ciudadanos; lo que hemos visto en estos días, con los feroces ataques
a la Gendarmería y a la Ministro Patricia Bullrich va, precisamente, en
dirección contraria.
Bs.As.,
30 Sep 17