viernes, 28 de septiembre de 2018

El P.A.D., los que faltan y los vientos




El P.A.D., los que faltan y los vientos



“No hay nada permanente, salvo el cambio”. 
Heráclito


El salvaje tsunami financiero que, una vez más, se desató contra nuestras costas esta misma semana mostró que, pese al inédito y explícito respaldo del mundo a la Argentina, ya no resulta posible continuar viviendo como si nada hubiera pasado; ha llegado la hora de ajustar el cinturón a un Estado que, aún en medio de la tierra arrasada que dejó el kirchnerismo, no ha parado de crecer a expensas de los ya exhaustos contribuyentes.

Sé que es muy difícil reflexionar sobre lo importante cuando lo urgente oscurece el horizonte pero, tal como dije en mi nota anterior, creo necesario formar una nueva fuerza política que, sin apetencias personales y ofreciendo un franco apoyo a Cambiemos, exprese a una ciudadanía mayoritaria que está descontenta con la forma en que se gestionan los asuntos públicos. Imagino llamarla Partido de la Austeridad y de la Decencia. El próximo sábado publicaré un borrador elemental del programa y, si lográramos un número significativo de adhesiones, podremos avanzar hacia la habilitación como partido y comenzar la expansión territorial.

Esta semana, más allá del paro nacional y, sobre todo, de la movilización previa de las organizaciones sociales y gremiales de izquierda, que debieran dar pie a nuevas actividades represivas de los jueces y fiscales, toda vez algunas voces llamaron directamente a la subversión y a derrocar al Gobierno, Comodoro Py generó novedades importantes.

Fueron llamados a indagatoria por el Juez Claudio Bonadio nada menos que Paolo Rocca, titular de Techint, y Marcelo Midlin, zar de la energía, tal vez dos de los más importantes empresarios del país, y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en su apelación a la famosa resolución del magistrado de hace unos días, pidieron a la Cámara Federal el agravamiento de varias calificaciones de delitos y otros procesamientos para imputados a los cuales se les había dictado la falta de mérito.

Pero, si bien es cierto que ha pasado muy poco tiempo desde que estallara judicialmente la “causa de los cuadernos”, me llama la atención que aún no haya rozado a algunos nombres que hubieran debido estar en ella desde el principio, en especial Enrique y Sebastián Eskenazi. Estos canallas son los dueños del Banco de la Provincia de Santa Cruz desde antes que don Néstor asumiera como Presidente y tuvieron mucho que ver con el trasiego de los fondos (un total que superó los US$ 1.100 millones) junto con Ernesto Clarens y el recientemente fallecido Aldo Ducler.

Por si no lo recuerda, los Eskenazi, actuando como testaferros del voraz matrimonio, “compraron” el 25% de YPF a los españoles de Repsol; para lograr esa “venta”, el Poder Ejecutivo apretó a todas las petroleras hasta extenuarlas vía el congelamiento de los precios en boca de pozo.

En 2003, Argentina era autosuficiente en energía, a punto tal que se construyeron varios gasoductos para exportar a Chile y a Brasil, y vendía electricidad a Uruguay y a Brasil por líneas de alta tensión. A raíz de la brutal caída en la producción, consecuencia directa de la política implementada para el saqueo, todas esas vías de transporte debieron invertir el sentido de sus flujos, y comenzamos a importar en cantidades siderales. Como aún ello no resultaba suficiente para atender a nuestra demanda interna, el Gobierno debió comprar muchísimos cargamentos de gas licuado, generando así un nuevo negociado con los brutales sobreprecios que quedaron en manos de la corona. Sólo ayer, concretamente, pudimos volver a exportar gas a Chile.

De todos los delitos que cometió el kirchnerismo, éste es, sin duda, el más grave. La maniobra montada para robarse YPF significó una monumental pérdida de divisas para el país, una galopante inflación y la consecuente pobreza que afectó, y aún lo hace, al 30% de la población. Pero el desfalco continúa, los Eskenazi (en realidad, de una sociedad australiana llamada Petersen, que nadie sabe a quién pertenece) vendieron sus derechos a demandar al Estado a un supuesto fondo de inversiones, que nos reclama otros US$ 5.000 MM en juzgados norteamericanos. Resulta repugnante ver al peronismo, en todas sus formas, ofrecerse como solución para el drama que generó durante décadas; basta comprobar cuáles son las provincias más golpeadas por la pobreza y ver desde cuándo las gobierna.

Cambiando de tema, vale la pena poner la lupa sobre algunos hechos internacionales que tendrán aquí una repercusión comparable a verdaderos tifones. En primer término, las elecciones presidenciales de Brasil, que se disputarán el 7 y el 28 de octubre. La moneda está en el aire entre Jair Bolsonaro (27%), un excéntrico personaje de derecha y ex militar, y Fernando Haddad (21%) quien, por la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de convertirse en candidato del Partido dos Trabalhadores. ¿Cómo impactará el resultado? Si triunfara la izquierda y regresara el populismo, la preocupación del mundo crecería, y Argentina reforzaría su papel de gran estrella regional (o sea, nos beneficiaría), pero complicaría en mucho la economía de nuestro principal socio comercial, es decir, nos perjudicaría.

Luego, el 6 de noviembre llegará el turno de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, en las cuales Donald Trump, nuestro gran aliado en el mundo, se juega la misma Presidencia. Si bien todos los indicadores lo favorecen (la economía vuela, el desempleo cae, la inflación disminuye), y es cierto que los norteamericanos votan por sus intereses internos –las opiniones del resto del mundo los tienen sin cuidado-, todo lo cual debiera redundar en un claro triunfo del Partido Republicano, hay nuevos factores que podrían complicar ese resultado.

La sociedad es allí matriarcal y, sobre todo, su moral calvinista condena la mentira; por ello, es posible que las mujeres, movilizadas por el #MeToo, concurran masivamente a las urnas para repudiar la posición machista y protectora de los abusos de la actual administración y que, además, muchos den fe a las investigaciones federales sobre su presunta complicidad con Rusia para influir en las elecciones en las que compitió con Hilary Clinton, del Partido Demócrata. El resultado dependerá, con seguridad, de la cantidad de ciudadanos que efectivamente voten esta vez; si Trump perdiera la mayoría en las cámaras, podría enfrentarse, más temprano que tarde, a un proceso de impeachment, de consecuencias impredecibles.

Las otras situaciones que influirán en nuestro propio destino son el claro agravamiento de las hostilidades comerciales que desató Estados Unidos contra China, la inminencia del Brexit entre Gran Bretaña y la Comunidad Europea (según lo veo, si se repitiera el referéndum, la decisión sería permanecer en ésta), la posibilidad de un nuevo conflicto con Irán, y la negativa de Trump a continuar financiando a los tuertos organismos internacionales de derechos humanos, que tanto nos han maltratado.

En resumen, viviremos en los próximos meses verdaderos “tiempos interesantes”, como dice la maldición china; sólo espero que, por una vez, sepamos aprovecharlos.

Bs.As., 29 Sep 18




sábado, 22 de septiembre de 2018

Discusiones bizantinas




Discusiones bizantinas


“No siempre uno puede ser leal. Nuestro pasado, por lo común, es una vergüenza, 
y no puede uno ser leal con el pasado a costa de ser desleal con el presente”. 
Adolfo Bioy Casares


Alrededor de la figura del “imputado colaborador” o “arrepentido”, en particular a raíz del estruendoso fallo del Juez Claudio Bonadio, se ha desatado una polémica imbécil; a pesar de no poner en duda la efectividad de la institución, se discute la legalidad de la misma calificándola como una extralimitación de magistrados y fiscales, una “tiranía de los jueces”, en pos de la obtención de las pruebas necesarias para combatir al delito.

Me pregunto qué se podría haber hecho en la “causa de los cuadernos”: ¿el Fiscal Carlos Stornelli hubiera debido esperar hasta obtener algún recibo del pago de una coima o un documento escrito que la describiera?, ¿o a que algún espontáneo se presentara a pedir perdón por sus pecados y confesar haber violado las normas del Código Penal? No resulta vano recordar que, en la Argentina reciente, para el Poder Judicial no sirvieron como prueba las confesiones de la propia Skanska en la causa de extensión de los gasoductos y de British Petroleum ante la SEC norteamericana por el caso de Cerro Dragón, o los miles de mails descubiertos en la computadora de Manuel Vázquez, testaferro de Ricardo Jaime, que pintaban en vivos colores el proceder de esa banda de delincuentes.

En Italia, en Brasil y hasta en los Estados Unidos quedó demostrado que esa voluntad colaborativa sólo se obtiene cuando las cárceles comienzan a poblarse de imputados, en especial cuando se trata de personas –altos funcionarios y los más importantes empresarios, sindicalistas y banqueros- no acostumbrados siquiera a pensar en la posibilidad de ir presos y tener que pasar muchas noches en recintos “tumberos”; la mera probabilidad de reducir sus seguras y prolongadas condenas resulta un factor esencial para desatar las lenguas remisas.

Antes de cambiar de tema, me pregunto qué hará Bonadio, que seguirá investigando y procesando a otros partícipes de la asociación ilícita que tan quirúrgicamente describió, con los hijos transformados en cómplices por sus padres, se trate de Máximo y Florencia Kirchner, de Martín, Leandro, Luciana y Melinda Báez, de Romina y Natalia Mercado o de algunos más. La detención de todos ellos resultaría un gran aliciente para que algunos comiencen a contar la verdad, sobre todo acerca de la ubicación de los dineros mal habidos, que tan difícil parece encontrar. 

La otra discusión absurda es la que se relaciona con los mal aplicados fueros parlamentarios, que constituyen a los senadores y diputados en ciudadanos de una casta brahmánica superior, como si estuviéramos en la India, rodeados de privilegios y costosísimos asesores, en una sociedad cuya Constitución teóricamente garantiza la igualdad ante la ley.

El Senador Miguel Pichetto se ha convertido en el temporario garante del H° Aguntadero, y exige para otorgar a la Justicia la posibilidad de detener a algún colega una condena firme. Para quienes no están al tanto de los tiempos procesales requeridos para arribar a ella, un Tribunal Oral demora más de un año para emitir su sentencia; ésta debe ser revisada por la Cámara de Casación, que agrega otros dos años al trámite; y, finalmente, la causa llega a la Corte Suprema, que legalmente carece de plazos para expedirse.

De todas maneras me parece que, a medida en que se acerquen los tiempos electorales, esa posición aparentemente irreductible (¿en defensa propia?) comenzará a bornear lentamente: el peronismo “racional”, al que representa, no querrá quedar tan pegado como hasta ahora a Cristina Fernández, ya objeto de seis procesamientos, que deberá comparecer en distintos juicios orales en plena campaña. Aún cuando volviera a correr con los colores de Unión Ciudadana, su sola presencia impactará sobre la imagen del Partido Justicialista. Por lo demás, de no dejar de protegerla el Senado, Cristina será candidata y podrá ser la contendiente de Cambiemos en el ballotage, anulando la posibilidad de otro peronista de llegar a disputarlo; además, perderá en la competencia y obligará al PJ a seguir peregrinando en el desierto, en peores condiciones y al menos por otros cuatro años.

La tercera discusión absurda es la del presupuesto nacional; esa calificación está justificada: la política demuestra que no está dispuesta a hacer ningún ajuste en su elefanteásico gasto. Cambiemos, que necesita la aprobación de esa ley pero está condicionado por tener minoría en ambas cámaras, requiere de la voluntad y de los votos de los gobernadores, que no quieren resignar ingreso alguno. Por ello, continúa modificando el proyecto siempre en el mismo sentido: más impuestos a la producción, a las exportaciones, a los bienes y a los salarios y jubilaciones; o sea, más presión sobre una economía real cada vez más reducida por la recesión.

Muchos argentinos se están comenzando a preguntar si no valdría la pena crear un nuevo partido político que, sin presentar candidatos propios a cargos ejecutivos y aliado a Cambiemos, llevara en su plataforma electoral una clara posición a favor de la austeridad pública, el respeto estricto a la ley, la limitación del Estado a sus funciones específicas (salud, educación, seguridad y defensa), la reducción de impuestos y en contra del despilfarro, se trate de la nación, de las provincias o de las municipalidades.

Volveré sobre este tema próximamente, para presentar el proyecto de un verdadero programa de acción, pero adelanto algunas ideas: los diputados y senadores tendrán un salario (incluyendo todos los conceptos no remunerativos y los viáticos) igual al de los jueces de Primera Instancia, y sus asesores deberán trabajar exclusivamente ad honorem; se agruparán las provincias en regiones, de modo tal que se suprimirán gobernaciones y legislaturas, y la Provincia de Buenos Aires será dividida en dos, etc..

Me parece que una formación de ese tipo seguramente recibiría la inmediata adhesión de los nueve millones de ciudadanos que hoy soportan sobre sus espaldas a los diecisiete millones que viven y reciben emolumentos del Estado y, además, deben aguantar la violenta actividad de esos mismos beneficiarios, arreados como ganado a manifestaciones cuyos reclamos demostradamente ignoran, muchos de ellos recién llegados al país. El apoyo de este nuevo partido, le daría a Cambiemos el cuerpo y la fortaleza necesaria en el ámbito legislativo para evitar que continúe siendo víctima de la extorsión del mismo populismo clientelista que nos ha llevado a la situación terminal que hoy vivimos.

La última en esta enumeración de estupideces es la que se vincula a la dolarización total de nuestra economía. Quienes proponen este camino para terminar con la inflación, como hicieran Ecuador y varios países menores, parecen olvidar que, aunque nuestro peso desapareciera, no sucedería lo mismo con nuestra falta de competitividad, con el déficit comercial ni con el gasto público. Entonces, ¿de dónde saldrían los dólares necesarios para financiar esos conceptos? Hasta que no reconvirtamos nuestra industria, reduzcamos sensiblemente nuestros siderales costos internos, y nos transformemos en exportadores de alta calidad y elevados precios, una solución así no tendría sentido alguno y, si lo lográramos, resultará innecesario renunciar a un componente tan importante de la soberanía económica como es la moneda propia.

  Bs.As., 22 Sep 18

sábado, 8 de septiembre de 2018

El perro y su cola




El perro y su cola


“No basta con ser patriota, también hay que acertar”. 
Manuel Azaña


La actual y, tal vez, transitoria tranquilidad de la economía y de la política me permiten hoy hablar de los problemas más graves y permanentes del país, en especial de uno al cual, de no encontrársele una solución a largo plazo, veremos crecer y complicar más aún nuestra evolución histórica como sociedad.

Me refiero tanto a la pobreza estructural, que ha castigado desde hace décadas a un enorme porcentaje de habitantes del Conurbano, cuanto a la complicación social y política derivada de la colosal concentración de esos marginados, y por eso fáciles presas del clientelismo más abyecto, alrededor de Buenos Aires, aunque afecta también a otras grandes ciudades, como Rosario o Mar del Plata.  

Es cierto que la reciente y fortísima devaluación, y el consecuente incremento de la inflación, obligan al Gobierno a adoptar medidas coyunturales que permitan no sólo tranquilizar la inquietud social, expuesta en numerosos episodios de nuestro pasado, sino hasta garantizar la supervivencia de muchos niños y hasta de familias enteras; pero esas medidas, sobre todo los subsidios y los planes, deberían ser precisamente eso, remedios excepcionales para situaciones agudas, y no transformarse, como ha sido, en una terapia crónica, que sólo sirve para mantener en la miseria y la marginalidad a quienes los reciben, ya que éstos tampoco son obligados, en la práctica, a trabajar o a atender a la salud y a la educación de sus hijos.

Me parece que es hora de que una de las mejores funcionarias de las que dispone el Presidente Mauricio Macri –me refiero a Carolina Stanley, la excelente y comprometida Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación- desdoble una vez más su gabinete de asesores. Quiero decir con ello que, además de ocuparse de las incumbencias sanitarias y de negociar con las organizaciones sociales los crecientes sistemas de apoyo nacional a quienes, de un modo u otro, se han caído del mapa económico, destaque un equipo a pensar, a mediano plazo, en mejorar el futuro, es decir, actuar simultáneamente sobre la reinserción laboral de los afectados y, a la vez, sobre la redistribución geográfica de los mismos, en un país casi desierto.  

Porque resulta de todo punto de vista injusto, y hasta criminal, que se siga desperdiciando tal enorme cantidad de dinero, que se extrae sólo de las actividades productivas y de los confiscatorios impuestos que pagan los ciudadanos que tributan (castigando así al desarrollo de la economía, al empleo registrado y al consumo) y de la ANSES, perjudicando aún más a los ya tan empobrecidos jubilados, sin tocar ni un pelo de la estructura del gigantesco Estado. Mientras así se siga haciendo, el perro continuará mordiéndose la cola.

El gasto social, como está orientado actualmente, producto del diseño clientelar del peronismo, convierte a la Argentina en un país absolutamente inviable, en un mundo que se hartó de prestarnos divisas para que las dilapidáramos.

En primer término, resulta indispensable terminar con las llamadas “jubilaciones de privilegio”, de las que gozan tantos ex funcionarios y legisladores, ya que constituyen un factor innegablemente irritante para una sociedad que se ve obligada a apretarse mucho el cinturón y que ve recaer diariamente en la pobreza a muchos que habían conseguido salir de ella; éstos, como es natural, son víctimas de un resentimiento que puede transformarse en un peligrosísimo caldo de cultivo para cualquier aventura destituyente.

Para solucionar todos esos problemas, sugiero que, tan pronto superemos diciembre, un mes clave si los hay para esta situación, comencemos a construir un círculo virtuoso, destinando parte del gasto, hoy improductivo, y con la colaboración e interacción de capitales privados, a la construcción de viviendas sociales, escuelas y centros de salud en el interior del país, en especial en aquellos lugares donde la fuerte devaluación ha incrementado la posibilidad de exportar productos de todo tipo y en los cuales falta notoriamente mano de obra. Entonces, y sólo entonces, resultará posible exigir a los beneficiarios de esa mal entendida, y mal encarada, caridad el cumplimiento de los requisitos y contraprestaciones que la propia ley originalmente les imponía y que hoy han sido olvidados.

Las ventajas de las acciones de este tipo son tan claras que casi resulta superfluo enumerarlas: mejoramiento en la calidad de vida, crecimiento de la actividad industrial y agropecuaria, generación de empleo legal, solución del problema habitacional, reinserción laboral de los beneficiados, incremento del consumo, acceso al agua potable y las cloacas, elevación del nivel socio-económico, disminución en la conflictividad social, efectiva escolarización y control sanitario de los niños, reducción significativa en la dependencia del gasto público, etc.

Los mecanismos para llegar al principio de ese camino de beneficios ya existen (fideicomisos público-privados) y, además, los proyectos de este tipo son beneficiados por fondos internacionales que se encuentran a disposición, muchos de ellos podrían recibirse bajo la forma de verdaderas donaciones de los organismos multilaterales para el desarrollo, como BID, CAF, etc.

La radicación de familias en las provincias del interior del país, que sin duda serían atraídas por la posibilidad concreta de mejores ingresos, vivienda digna y un futuro mejor para sus hijos, permitiría descomprimir muchas de las actuales villas de emergencia, donde conviven una mayoría de pobres pero dignos ciudadanos con el delito y la droga de unos pocos. A cualquiera que dude de esta afirmación le planteo una simple comparación: cuántos son los concurrentes a las marchas y piquetes, que tanto complican la vida en nuestras ciudades, con los cientos de miles de habitantes de esos asentamientos que, supuestamente, padecen los mismos males y sufren idénticas carencias.

La Iglesia Católica, que ha decidido mezclar, sin ton ni son, las cosas de Dios con las del César (por ejemplo, cuando opina sobre los acuerdos con el FMI) debería contribuir eficazmente a difundir estas propuestas, salvo que sus intereses terrenales e ideológicos actuales pasen exclusivamente por potenciar la conflictividad social y desestabilizar al Gobierno, a través de sus distintos voceros, sean obispos o pseudo dirigentes sociales. Por lo demás, si actuara positivamente, con seguridad contaría con la tan importante y necesaria colaboración de los evangelistas y del resto de las comunidades religiosas de otros credos.

Esta nota puede sonar grandilocuente, pero la escribí con la sana aspiración de dejar a nuestros descendientes un país viable y confiable, absolutamente mejor que éste al cual, con tanto esfuerzo y dedicación, nos hemos dedicado a destruir hasta los cimientos. Confío en que así se entenderá.

Bs.As., 8 Sep 18