¿Llegará?
Por Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 839)
"Si
quieres destruir un pueblo, envilece su moneda". Vladimir Ilich Uliánov,
Lenin
Una vez más, el Gobierno, plagado
de ignorantes ideologizados, atado a viejas recetas fracasadas y devastado por
las peleas internas entre una muy escasa racionalidad –léase, Martín Guzmán,
Ministro de Economía- y el fervoroso populismo del kirchnerismo duro, está implementando
el “Plan Platita II” para conservar el bastión bonaerense y atrincherarse
después de la derrota -que ya juzga irreversible- del año próximo, para las
cuales carece de candidatos competitivos. Cuando creyó poder evitar la
monumental paliza que, de todos modos, recibió en las elecciones legislativas
de 2021 (perdió cinco millones de votos), con el “I” desató la inflación que
hoy, anualizada, llega al 100%. Si la tendencia que han mostrado los primeros
cuatro meses del año se mantiene, o sea, si la pérdida del poder adquisitivo
del peso continúa en torno al 5% mensual, y nada indica que pueda cambiar, estaremos
demasiado cerca de una nuevo incendio hiperinflacionario.
Si a ese cuadro dramático le
agregamos la infernal bola de nieve de la deuda en pesos del Tesoro, casi
totalmente atada a la inflación y a la cotización del dólar, la preocupación se
traslada a los bancos, cuyos depósitos se retacean al sector privado pero se
hunden en incobrables bonos gubernamentales, de lo cual da cuenta el altísimo “riesgo
país” de la Argentina, que ronda los 2000 puntos. La más que magra acumulación
de reservas, precisamente durante el período en que se producen las mayores
liquidaciones de divisas, confirma que el autopercibido Presidente-a-Ratos y
sus inefables “funcionarios que no funcionan” no tienen demasiadas herramientas
para corregir el rumbo de colisión o apagar el fuego.
Como dijo Miguel Angel Broda, “estamos ante la mayor mala praxis económica
de la historia nacional”. Los renovados castigos que así sufrirá el dañado
tejido social pondrán a la tan empobrecida y aterrada ciudadanía en estado de
histeria y, aún siendo naturalmente pasiva, tal vez entonces estalle, con
consecuencias inimaginables.
Lo descripto lleva a pensar si
Alberto Fernández podrá llegar, aunque sea con muletas, al final de su mandato.
Pese al fuego graneado que recibe diariamente desde La Cámpora, no creo que los
aullantes militantes de esa banda aspiren a su renuncia sino sólo a que rinda
sus desflecadas e imaginarias banderas pero, en algún momento, la visible
patología que lo afecta puede llevarlo a tirar todo por la borda. Yo preferiría
que terminara su período constitucional, demostrara finalmente cuán inútil y
perverso es el kirchnerismo y lo convierta así en un objeto más del penoso
inventario histórico nacional.
El segundo problemón que
angustia a la sociedad es la inseguridad cotidiana, derivada en la mayoría de
los casos violentos del consumo de drogas, es decir, del narcotráfico. El
huracán que asola a Rosario es el más notorio, pero no es menor, aunque menos
visible, en el resto de los conurbanos del país. Todo se agravará porque las
autoridades federales, cómplices y socias de los grandes cárteles, se niegan a
implementar una política seria para combatir ese duro flagelo, la Justicia es
cobarde o corrupta, la policía está comprada o asociada al narcomenudeo y las
pocas penas que se dictan se cumplen en cárceles transformadas en hoteles con
televisión, teléfonos fijos y celulares y otros lujos, que permiten a los
criminales continuar su infame comercio desde adentro.
Es un tema sumamente
complicado, porque las grandes bandas disponen de enorme cantidad de dinero en
efectivo, lo cual les permite no sólo adquirir un armamento que supera al que el
Estado provee a las fuerzas de seguridad sino, literalmente, comprar a legisladores,
jueces, fiscales, policías y penitenciarios, casi todos ellos muy mal pagos.
Una derivación de esa situación se vincula a la escasez y superpoblación en las
cárceles federales, muchas inseguras, lo cual obliga a que muchos delincuentes peligrosos
transiten sus detenciones en comisarías locales.
Ese último aspecto, al menos,
podría ser resuelto rápidamente aún en una situación presupuestaria tan grave
como la que vivimos. La solución es construir, en medio de la Patagonia y a
suficiente distancia de cualquier lugar poblado, grandes y seguros
establecimientos carcelarios, que serían edificados y administrados por
inversores privados, a los cuales se les pagaría por esa “hotelería”,
reservando la custodia y la seguridad al Servicio Penitenciario, rotando mensualmente
al personal para evitar “contagios”. Por supuesto, podrían dedicarse a ese fin
los diez mil millones de pesos anuales que gasta el inútil Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad, que sólo se ocupa, según el reciente censo, del 0,12% de
los habitantes. Una vez habilitados, se alojaría en ellos a los jefes narcos y
a los condenados por corrupción, por trata de personas y otros graves delitos
federales; tal vez, lo gravoso del aislamiento al que se expondrían permita
disuadir a los delincuentes.
Y la miscelánea en que se ha
transformado esta pretenciosa nota llega así a la percepción social de la impunidad
que ampara a la corrupción por la “matusalénica” duración de los procesos. En
primer término, corresponde señalar que las convenciones internacionales que
Argentina ha suscripto sólo exigen el doble conforme en las condenas;
traducido: si un Tribunal Oral Federal considera culpable a alguien y establece
la pena que debe cumplir, esa sentencia debe ser revisada por una instancia
superior, en este caso la Cámara Federal de Casación Penal y, si ésta la
confirma, el condenado debería ingresar de inmediato a la cárcel. Sin embargo,
se ha desnaturalizado tanto la función de la Corte Suprema que, en la práctica,
se ha transformado en una tercera instancia para quejarse y, mientras decide si
acepta o no el recurso o no, el sancionado continúa en libertad; la verdadera
función del alto Tribunal es, eventualmente, sólo revisar la legalidad de las
sentencias, no las pruebas del proceso.
Para concluir, una breve
referencia a la nefasta conducción de la Cancillería que, entre los muchos
males que acarrea su errática conducta por la manía por “hablarse encima” del Presidente,
permite que un condenado a ocho años de prisión por robar dinero público, el ex
Gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, continúe usufructuando el cargo de
Embajador ante Israel, al cual renunciara tras el fallo que derivó en la
fulminante destitución de la Fiscal Cecilia Goyeneche por obtenerlo, y que haya
encabezado la celebración del 25 de Mayo patrio en Tel Aviv.
Bs.As.,
28 May 22