Dos “justicias” … y ninguna
por Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 1073)
“En Argentina, … los
reclamos de las ONG dedicadas a derechos civiles dependen de la cara del
cliente”. Federico Morgenstern
La Argentina parece haberse
acostumbrado a convivir con una curiosa concepción de la Justicia: los derechos
y garantías constitucionales no siempre dependen de las leyes, sino de quién
sea objeto de su aplicación. Dos situaciones dadas estos días permiten
comprobarlo y, sobre todo, medir la escandalosa distancia que existe entre los
discursos oficiales y la realidad.
Por una parte, tenemos a los 3600
militares, policías, sacerdotes y civiles que, por haber triunfado en la guerra
contra el terrorismo de los años 70, continúan sometidos a inicuos e interminables
procesos judiciales – en verdad, stalinistas - con muchísimos de ellos privados
de su libertad, pese a sus edades provectas y a sus precarias condiciones de
salud, que les impedirían fugarse. Por la otra, aparece Roberto Baratta, ex
segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, a quien un
Tribunal acaba de autorizar a pasar las fiestas de fin de año en Brasil con su
familia.
El contraste resulta difícil de
disimular. No es un ciudadano inocente: fue condenado a tres años y seis meses
de prisión por administración fraudulenta en la compra de gas natural licuado,
en una causa que determinó un perjuicio al Estado superior a US$ 5,5 millones.
Aunque la sentencia todavía no está firme, también enfrenta la causa “Cuadernos”
y otras investigaciones, entre ellas una por enriquecimiento ilícito, que
derivó en un embargo de $ 1.500 millones. El Tribunal Oral Federal 3, por
mayoría, le permitió viajar entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. El juez
que votó en disidencia – Javier Ríos - planteó una pregunta elemental: ¿cómo
puede alguien que no ha satisfecho un embargo de semejante magnitud financiar
unas vacaciones familiares en el exterior?, y propuso que acreditara el origen
de los fondos o cancelara previamente aquella obligación; sus colegas Andrés
Basso y Fernando Machado Pelloni consideraron que no existían elementos
suficientes para presumir riesgo de fuga, y le otorgaron el privilegio.
Baratta tiene derecho a
defenderse, a gozar de la presunción de inocencia respecto de las causas sin
sentencia y a disfrutar de su familia y nadie debería cuestionar esos derechos.
El problema aparece cuando los mismos criterios de humanidad, razonabilidad y
garantías constitucionales desaparecen al juzgar a otros argentinos. Porque,
mientras el exfuncionario se prepara para disfrutar las playas brasileñas, varios
centenares de militares, policías y civiles, la gran mayoría octogenarios y
nonagenarios, se pudren en la cárcel soportando procesos que llevan más de veinte
años.
La prisión preventiva, que la
legislación establece como excepcional y limitada (dos años), se ha
transformado para ellos – que la soportan desde su detención - en una condena a
muerte anticipada. Las estadísticas son estremecedoras: miles de personas
permanecen privadas de libertad en causas por delitos de lesa humanidad, y las
detenciones continúan produciéndose hoy, a medida en que se abren nuevas causas
por hechos sucedidos hace cincuenta años. Pero la cifra no refleja la duración
de los procesos ni las condiciones personales de quienes los soportan: casi mil
integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad y civiles vinculados a estas
causas han fallecido, en su enorme mayoría sin sentencia firme.
No pretendo sostener que quienes
combatieron el terrorismo estén exentos de responsabilidad por los delitos que
individualmente hubieran podido cometer, pero sí exijo que se les apliquen las
mismas normas – art. 18, CN - que rigen para cualquier ciudadano: debido
proceso, legalidad, presunción de inocencia, prescripción, juez natural,
irretroactividad de la ley penal y respeto por la dignidad humana. La avanzada
edad y las enfermedades se han convertido en una condena adicional, y la
prisión preventiva en una pena mortal encubierta. La Corte Suprema ha dado un
paso importante al establecer criterios médicos objetivos que permitan evaluar
las condiciones de detención y la posibilidad de atender las dolencias de los
internos; es una decisión bienvenida, aunque tardía, que deberá traducirse en
hechos concretos.
La cuestión excede a los
protagonistas de estas dos historias. Nos enfrenta con un Poder Judicial que actúa
con una generosidad notable cuando se trata de ciertos integrantes de la
antigua nomenklatura política (como ejemplos, las privilegiadas prisiones
domiciliarias de condenados como Cristina Fernández y de Vido, en sus
respectivas mansiones, y la negativa de esa misma ¿justicia? al sacerdote
Christian von Wernich - 89 años de edad, que lleva 23 preso y padece un grave
cáncer - al mero traslado a Devoto a saludar a SS León XIV) pero que exhibe una
inmisericorde severidad cuando los acusados pertenecen a las FFAA o FFSS. Y
aquí aparece una responsabilidad que no puede eludirse: la del gobierno de
Javier Milei.
Después de haber recogido el
reclamo de tantas familias y de haber prometido reiteradamente terminar con la
utilización política de los derechos humanos, debería impulsar una solución
institucional para esta situación. No se trata de interferir en las decisiones
judiciales, sino de exigir que se cumplan las leyes y se respeten las garantías
constitucionales. Los derechos humanos no pueden ser patrimonio exclusivo de
quienes integran una determinada corriente ideológica: si son universales,
deben proteger también a quienes nos resultan incómodos, antipáticos o
ideológicamente opuestos. De lo contrario, no estamos hablando de Justicia,
sino de venganza.
Y mientras tantos argentinos
deben terminar sus días entre rejas, otros pueden brindar por el Año Nuevo
frente al mar de Búzios o en sus lujosas chacras en Zárate. ¡Qué curiosa manera
de entender la igualdad ante la ley!
Bs.As., 21 Nov 26




