Cuando la toga se
arrodilla
por Enrique Guillermo
Avogadro (Nota N° 1062)
“Cuando la ley ya no te protege de
los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que la nación está
condenada”. Ayn Rand
La Justicia, en su concepción platónica, es
una virtud. En la Argentina, en cambio, se ha convertido demasiadas veces en
una variable de ajuste político. Cuando los ciudadanos comienzan a sospechar
que una misma ley puede tener distinto significado según quién sea el acusado,
quién la víctima o qué intereses estén en juego, ya no estamos ante una simple
deficiencia del servicio de Justicia: estamos ante una enfermedad de la
República. La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tiene la
obligación de percibir el enorme desprestigio que éste ha acumulado ante una
ciudadanía que contempla, entre inerme y resignada, el manto de impunidad que
demasiados jueces y camaristas federales tienden sobre los poderosos — sean
empresarios, políticos o dirigentes de la AFA — termina preguntándose si existe
realmente una Justicia igual para todos.
Y esa pregunta es devastadora. No hay
República posible cuando el ciudadano común siente que la ley cae sobre él con
todo su peso mientras se vuelve maleable cuando llega a los despachos donde se
deciden los destinos de los poderosos. No me refiero solamente a la proverbial
lentitud de nuestros tribunales. El problema es más profundo: la percepción de
que los tiempos, las interpretaciones y hasta las competencias judiciales
pueden modificarse según las circunstancias. Hay causas que duermen durante
décadas y otras que de pronto adquieren una velocidad sorprendente. Hay
decisiones que parecen definitivas hasta que cambia el escenario político y
jueces que sostienen una interpretación para luego encontrar argumentos para
sostener exactamente la contraria.
El propio diseño constitucional atribuyó al
Consejo de la Magistratura la selección mediante concursos públicos, cuya terna
es elevada luego al Poder Ejecutivo. El problema aparece cuando los mecanismos
destinados a garantizar el mérito se convierten en terrenos fértiles para la
discrecionalidad, las negociaciones y los favoritismos. La alteración de
órdenes de mérito, las sospechas sobre concursos, las designaciones y
subrogancias y el peso de las relaciones personales alimentan una percepción
particularmente dañina: que para llegar a determinados cargos judiciales no
siempre alcanza con ser el mejor. Y, si esa percepción se instala, la toga
pierde autoridad antes incluso de que su titular dicte su primera sentencia.
Por eso resulta auspicioso que la propia
Corte haya intentado recientemente corregir algunos de estos defectos. En marzo
presentó un proyecto de reglamento para los concursos de magistrados destinado
a reforzar la idoneidad y el mérito, reducir la discrecionalidad, garantizar el
anonimato de las pruebas de oposición y establecer reglas más claras para las
entrevistas personales. Es un paso en la dirección correcta. Pero una reforma
reglamentaria no será suficiente si quienes deben aplicarla siguen sometidos a
los mismos incentivos políticos que han deteriorado el sistema.
La causa relacionada con el ingreso de los
Eskenazi a YPF, iniciada en 2006 y dormida desde entonces en el despacho del
inefable Juez Ariel Lijo es un ejemplo de cómo el paso del tiempo se convierte
en impunidad. Pero también preocupa la volatilidad de algunos criterios
judiciales. Lo ocurrido recientemente con los jueces de Casación Diego
Barroetaveña y Mariano Borinsky, al dar marcha atrás sobre sus propios
criterios y disponer que la causa relacionada con la denominada “quinta de la
AFA” sea instruida por el Juzgado Federal de Campana, como pretendían los
imputados, vuelve a plantear una pregunta elemental: ¿qué principios permanecen
inalterables cuando cambian las circunstancias? No se trata de exigir que los
jueces jamás modifiquen sus decisiones; sería absurdo: pueden equivocarse y
corregir sus errores. Lo que la sociedad no puede aceptar es que la coherencia
jurídica parezca depender del viento político.
Existe, además, un problema mucho más
doloroso. Los jueces y camaristas que intervienen en causas por delitos de lesa
humanidad tienen una enorme responsabilidad respecto de las condiciones de
detención de personas de edad avanzada que, en muchos casos, padecen enfermedades
graves. El fallecimiento de más de mil detenidos durante los últimos años, y
las condiciones en que muchos atravesaron sus últimos días, demuestra que el
Estado argentino no ha cumplido sus obligaciones constitucionales. Un Estado de
Derecho no puede convertirse en un Estado de venganza, y quienes administran
justicia también están sometidos a la ley.
Aquí aparece el problema esencial: la
captura de la toga. No hablo solamente de corrupción, que debe ser castigada
con todo rigor, sino de algo más sutil y peligroso: la progresiva
identificación de determinados magistrados con intereses del poder político,
económico o corporativo. Un juez no debe ser amigo ni enemigo del Gobierno, ser
oficialista ni opositor, buscar el aplauso de los medios ni de las redes
sociales. Mucho menos debe preguntarse qué consecuencias políticas tendrá una
sentencia antes de decidir conforme al derecho. Su obligación es sencilla y
difícil: aplicar la ley. A veces esa decisión favorecerá al Gobierno y otras lo
perjudicará, beneficiará a un empresario y otras lo condenará; puede proteger a
un dirigente político o terminar con él en prisión. Eso es precisamente la
independencia judicial. La verdadera independencia no consiste en que los
jueces sean independientes cuando nadie los contradice, sino en que puedan ser
impopulares sin miedo cuando la Constitución y la ley así lo exigen.
La Argentina necesita jueces que comprendan
que su legitimidad no nace de su proximidad con el poder, sino de su capacidad
para resistirlo. Necesita concursos transparentes, órdenes de mérito
respetados, antecedentes evaluados con rigor, reglas previsibles y decisiones
fundadas. Necesita una Justicia veloz, porque una Justicia tardía muchas veces
equivale a una Justicia denegada. Y, sobre todo, una Justicia que no tenga
miedo de equivocarse contra el poder.
La seguridad jurídica no es una abstracción.
Es la certeza de que las reglas serán las mismas para todos: que un contrato
será respetado, una inversión tendrá protección, una empresa no dependerá de
una decisión arbitraria, un ciudadano podrá reclamar contra el Estado y un
poderoso podrá ser condenado si viola la ley. Sin esa certeza no habrá
inversiones genuinas, crédito, crecimiento sostenible ni trabajo registrado y
bien remunerado. La Argentina ya ha demostrado una extraordinaria capacidad para
destruir su moneda, su ahorro, sus empresas y sus oportunidades. Es
imperdonable que haya destruido también la confianza en la Justicia.
Por eso, ésta es una carta abierta a los
ministros de la Corte. No les pedimos que sean héroes sino algo mucho más
elemental: que sean jueces. Que recuerden que la toga no es un escudo para
proteger privilegios, sino una carga que obliga a soportar presiones. Que
comprendan que la independencia judicial no se declama: se ejerce. Y que sepan
que, cuando un juez se atreve a aplicar la ley aún contra el poder, quizá
pierda amigos, titulares y aplausos, pero gana algo infinitamente más
importante: la
República.
Bs.As., 8 Sep 26
