Lamer el fondo
por Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 900)
“Necesitamos una nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar”.
Javier Díaz Canseco
El 7 de julio de 2018, publique una nota,
“Cristinita, ¿otros US$ 5.000 millones?” (https://tinyurl.com/dvusrx4c) contando el sideral daño que sufriría la
Argentina por el populismo, el autoritarismo y la falta de escrúpulos de la
familia Kirchner, probado todo ello por el proyecto de ley para expropiar el
51% de las acciones de YPF, que había sido sancionado por el Congreso con una
enorme mayoría de votos, incluidos muchos de los que ahora se rasgan las
vestiduras desde la oposición. Describí cómo redundaría en beneficio de
Cristina Fernández y sus hijos, que recibirían en sus ya ahítas arcas una parte
sustancial de la indemnización que el país debería pagar a los accionistas no
expropiados (casualmente sus testaferros, la familia Eskenazy), simplemente por
no obedecer la norma del estatuto de la empresa que establecía que, al hacerse alguien
con el control de la misma, debía ofertar a los restantes socios comprar
también su parte.
No repetiré aquí todo cuanto dije en esa
nota y en otras similares que pueden leerse en mi blog (egavogadro.blogspot.com)
y sólo diré que la sentencia que nos condenó a pagar la indemnización reclamada
por Burford y Templeton –de la cual los Eskenazy y, por consiguiente, los
Kirchner, participarán con el 30%- ha sido dictada hace tiempo y que ahora sólo
resta determinar el monto; ambas partes lo han estimado entre US$ 5.000
millones y US$ 16.900 millones, y la Juez Loretta Preska sólo debe fijar el
importe entre ambos extremos.
Cuándo se le preguntó al entonces Ministro
de Economía y actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires precisamente
por qué habían omitido cumplir esa regla, respondió que el Gobierno no era tan
imbécil como para respetar ese tipo de acuerdos; Fernando Marull ha calculado (https://tinyurl.com/5445xdae) que, si
la sentencia fuera por un promedio entre los límites, las bravuconadas de Axel
Kiciloff (Repsol, Club de París, holdouts, etc.) nos habrán costado la friolera
de US$ 45.000 millones. Hasta los fondos de inversión que habían comprado bonos
de deuda atados al crecimiento del PBI han entablado juicios en Estados Unidos
y Europa porque, para evitar pagar los cupones por la realidad de nuestra
economía, recurrimos al original método de alterar las estadísticas del INDEC.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el
Estado opuso en su defensa la falsedad y la ilegalidad del contrato de venta
del 25% de YPF pero, cuando asumieron los Fernández² y designaron a Carlos Chino Zannini como Procurador del
Tesoro, éste se hizo cargo del caso; tratándose de un prominente integrante de
la asociación ilícita que saquea al país desde hace veinte años, que hayamos
perdido el juicio no debe sorprendernos, ya que redunda en más enriquecimiento
para la jefa de la misma. Total, con las apelaciones del caso, será la próxima
administración argentina quien deberá pagar los daños. Me pregunto si no ha
llegado el momento en que el H° Aguantadero sancione una ley que disponga la
realización de un “juicio de residencia” a todos los funcionarios importantes
que, así, se verían obligados a responder con sus propios bienes a las
costosísimas consecuencias de su impericia, de su negligencia o, sobre todo, de
su dolo.
Finalmente, el Aceitoso obtuvo su tan demorado acuerdo con el staff del FMI, que será elevado a consideración del Directorio para
su aprobación, si es que la obtiene, en una reunión que se celebrará recién
después de las PASO; la letra chica no dice aún si Sergio Massa dispondrá de
algunos dólares para intervenir hasta octubre en el mercado de cambios, que
tantos disgustos le produjo esta semana. Ha trascendido que el Ministro de
Economía y pre-candidato presidencial pagará al organismo el lunes los ya
vencidos US$ 2.700 millones utilizando yuanes del swap vigente con China; dado que todas las negociaciones con
Beijing son inexplicablemente secretas, no sabremos, quién sabe por cuánto
tiempo, qué gravosas concesiones habrá hecho para obtener la autorización
necesaria.
Lo único seguro es que las recientes
medidas económicas traerán consigo un fuerte estímulo a la depreciación del
peso; la postergación en la fecha de publicación, por el Banco Central, de las
expectativas del mercado (REM) para después de las PASO habla a las claras de
la certeza que tiene el Gobierno acerca de la espiralización de la inflación, a
la cual ningún “precio justo” o coerción policial ha podido, ni podrá, domeñar.
Es que el salvaje ritmo de emisión monetaria, indispensable para atender al
nuevo “plan platita” y a la bola de nieve de los intereses de la deuda pública
es uno –no el único- factor de degradación de nuestra moneda y, con ella, de
las condiciones de vida de la población.
Más ahora, después de tantas elecciones en
provincias y en el mundo (España es un claro ejemplo), descreo de todas las
encuestas, pero estoy convencido que Unión por la Patria, el pretencioso nuevo
nombre que ha adoptado el kirchnerismo, conserva un importante caudal de votos,
algo absolutamente irracional en este contexto de alta inflación, de
inseguridad, de complicidad con el floreciente narcotráfico, de pobreza y
miseria, de falta de salud y educación, de rampante corrupción y de absoluta
impunidad. De todos modos, y a pesar de las quejas de sus más irreductibles
fieles, es mejor que Cristina Fernández no aparezca en la campaña electoral del
Aceitoso; no vaya a ser que los
argentinos recuerden que, mientras ella percibe ilegalmente más de diez
millones de pesos mensuales de jubilación y pensión, tantos de ellos deben
hacer interminables filas a la intemperie para recibir unos mendrugos con que
paliar temporalmente el hambre.
Colonia del Sacramento, 29 Jul 23