miércoles, 22 de octubre de 2008

La maravillosa forma de comunicación del Gobierno

La maravillosa forma de comunicación del Gobierno


Además de seguir asombrándome por la conducta de doña Cristina, lo cual (como ya saben) me permite mantenerme joven, debo hoy confesar mi más profunda admiración por la forma de comunicar que utiliza el Gobierno. Si fuera dueño de una universidad, no dudaría en ofrecer a don Néstor o a su cónyuge el decanato de la facultad de comunicación social.-

Ayer, como todos los argentinos –con excepción de una pequeñísima ‘mesa’ que ayuda a la pareja imperial en la toma de decisiones- asistí al discurso de la señora Presidente por televisión, en el que me informó que enviaría un proyecto de ley al H° Congreso (cuando era chico, esa abreviatura quería decir ‘honorable’) proponiendo la lisa y llana confiscación de los aportes de quienes optaron por la previsión social privada.-

Lo notable es que el argumento que usó doña Cristina –que, por lo visto, convenció a gran parte de la oposición y, obvio, a todo el sindicalismo- es que las AFJP, que administran los fondos conformados por esos aportes, habían incurrido en desmanejos, los cuales, sumados a la crisis global que afecta a las bolsas de valores del mundo, ponían en riesgo la jubilación futura de los aportantes.-

¡Realmente, maravilloso! Porque lo real, lo que todo el mundo sabe, es que fue el propio Estado quien, obligando a las AFJP a invertir sus fondos en bonos del Tesoro nacional y, luego, encomendando a Moreno que las estafara con el arbitrario manejo del INDEC sobre el CER, las había llevado a esa situación.-

Por lo demás, si desde el segundo gobierno de Perón, todos han saqueado las cajas de jubilaciones, ¿qué lleva a doña Cristina a mentirle nuevamente a la gente?

La verdad, lisa y llana, es que el Gobierno ha dado un manotazo para aliviar sus problemas de financiamiento frente a los vencimientos de deuda que deberá afrontar en el futuro inmediato, y la total cerrazón en que están los mercados mundiales de crédito, especialmente para Argentina.-

Entonces, ¿no habría sido mejor –y, por supuesto, muchísimo más sincero- explicar que, si Argentina recae en un default, volveremos todos al famoso “infierno” de don Néstor?-

Estoy convencido que el Gobierno prefiere demostrarnos, una y otra vez, su excelencia en materia de comunicación antes que decirnos la verdad.-

Porque, además, de haberla dicho seguramente hubiera podido evitar al menos una parte importante de los juicios que, en tribunales locales o internacionales, lloverán como piedras sobre nosotros.-

No solamente irán a pleito los estafados y violados aportantes a las AFJP sino los accionistas de éstas que, sobre la base de una ley, armaron un negocio que hoy pretenden que desaparezca.-

Y ni hablar de los problemas inmediatos que este verdadero manotazo de ahogado del Gobierno significa hoy para el país todo:
Desaparece el mayor inversor en la bolsa.-
Desaparece el mayor financiador de las cuotas de las tarjetas de crédito.-
Desaparece la única fuente de financiamiento genuino que quedaba.-
Desaparece el dueño de importantes porciones del capital social de grandes empresas.-
Argentina se transforma en el país más riesgoso del mundo para la inversión externa, y el ‘riesgo país’ llega a las cifras de la época del default.-
La necesidad del Gobierno de transformar esos valores en dinero, para pagar los vencimientos externos, lo obligará a liquidar las acciones de compañías como Consultatio, Edenor, etc., etc., en momentos en que esas liquidaciones hundirán aún más los precios.-
Desaparece la fuente de trabajo de una cantidad importante de argentinos.-
Y, fundamentalmente, continúa desaparecida la seguridad jurídica, lo cual constituye una barrera infranqueable para la llegada de inversiones externas.-

Pese a todo ello, gracias a la forma en que el Gobierno lo ha comunicado, pudimos todos ver al señor Lascurain (Unión Industrial), al señor Moyano (CGT), a todos los ministros y gobernadores K, y a un grupo importante de corifeos aplaudir encantados el discurso en el que doña Cristina anunció, una vez más, el suicidio en cámara lenta de Argentina.-

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.-

viernes, 17 de octubre de 2008

Ahora sí llegamos al colmo

Ahora sí llegamos al colmo
En 1989, durante un gobierno constitucional, bandas del Movimiento Todos por la Patria (MTP), cncabezados por Gorriarán Merlo, intentaron copar el Regimiento de Infantería Mecanizada N° 3, Gral. Belgrano, con asiento en La Tablada, Provincia de Buenos Aires.
Durante el ataque, fueron fusilados por el MTP varios conscriptos, suboficiales y oficiales.
La represión policial y militar se enfrentó a una verdadera batalla, y sólo luego de una gran lucha pudo recuperarse el Regimiento totalmente.
Ahora, el Gobierno nacional pretende investigar, con la complicidad de jueces amigos, si se violaron derechos humanos durante esos hechos.
Pero no los derechos humanos de los muertos y de los heridos por defender un regimiento de la Patria, sino de sus atacantes. Creo que esta vez sí hemos llegado al colmo.
Sigue el texto del decreto presidencial.
1578/2008 - Ministerio de Defensa- Instrúyese a todos los Organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional para que remitan al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, la totalidad de los expedientes, documentos, fotos, grabaciones, información y cualquier otro dato, relacionados con el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada III 'General Belgrano'.
Bs. As., 1/10/2008
Publicación en B.O.: 07/10/2008
VISTO lo solicitado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de MORON en relación con las causas Nº 1794, caratulada 'Investigación relacionada con el fallecimiento de Francisco Javier Provenzano y otros en el Regimiento de Infantería Mecanizada III de La Tablada'; Nº 1753, caratulada 'Gabioud Almirón, Daniel Alberto y otros s/ denuncia por apremios ilegales'; Nº 1754, caratulada 'Acosta, Claudia Beatriz y otros s/ denuncia de apremios ilegales'; y Nº 5110, caratulada 'Investigación de los hechos referidos por René Miguel Rojas y otros en C/Nº 1722'; la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 y su Decreto reglamentario Nº 950 del 5 de junio de 2002,
y CONSIDERANDO:
Que el Juzgado citado en el VISTO está llevando a cabo la investigación por violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante y con posterioridad al intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada III 'General Belgrano''de la localidad de LA TABLADA, PARTIDO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ocurrido el 23 de enero de 1989.
Que en el marco de dicha investigación, el Magistrado interviniente concluyó que se desprendía de la pesquisa, que distintas Fuerzas de Seguridad como así también el Ejército y la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, habrían llevado adelante tareas de inteligencia antes y después del 'copamiento', y que las dificultades en la investigación de las violaciones a los derechos humanos podrían, fundadamente, sortearse de algún modo tomando conocimiento de la documentación y cualquier otro elemento que permita conocer si, efectivamente, personal de inteligencia de las fuerzas armadas o de seguridad tuvo intervención inmediatamente después de producida la detención de cada uno de los atacantes del Regimiento, ya sea luego de la rendición general -el día 24 de enero de 1989-, o en momentos previos, con la detención de algunos de los agresores a partir del día 23 de enero de 1989.
Que, por ello, mediante oficio de fecha 14 de febrero de 2008, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de MORON solicitó al PODER EJECUTIVO NACIONAL que dispusiera la autorización prevista en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley Nº 25.520, a fin de que los Organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional que hubieren funcionado en la época de los hechos, así como los que los hubieren sucedido, remitan, en forma inmediata, a dicho Juzgado, la totalidad de expedientes, documentos, fotos, grabaciones, información y cualquier otro dato que pudieran haber obtenido relacionado con el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada III 'General Belgrano'; la desclasificación de toda aquella información que fuera remitida, y que posea alguna de las clasificaciones de seguridad establecidas en el artículo 10 del Decreto Nº 950/02; y el relevamiento, a la totalidad del personal actuante, del respectivo deber de guardar secreto.
Que el artículo 16 de la Ley Nº 25.520 prescribe que las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación.
El acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad, con las excepciones previstas en la presente ley. La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos referidos en el primer párrafo del presente artículo se mantendrá aun cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la justicia en el marco de una causa determinada o sea requerida por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Que, a su vez, el artículo 17 de la Ley Nº 25.520 dispone que los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo anterior deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad. La violación de este deber hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en el Libro II Título IX, Capítulo II, artículo 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación, según correspondiere.
Que el artículo 3º de la Reglamentación de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, aprobada por el Decreto Nº 950/02 - Anexo I, establece que la revelación o divulgación de información respecto de habitantes o personas jurídicas, públicas o privadas, adquirida por los organismos de inteligencia con motivo del ejercicio de sus funciones, requerirá inexorablemente de una orden o dispensa judicial y la autorización prevista en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley, excepto cuando la intervención del organismo se encuentre prevista en una disposición legal.
Que en relación con esta causa, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al ESTADO ARGENTINO '... que proporcione los mecanismos y las garantías necesarias para realizar una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos acontecidos a partir del 23 de enero de 1989... con el objeto de identificar y sancionar a todas las personas que resulten individualizadas como responsables de las violaciones a los derechos humanos mencionadas...' (Informe CIDH Nº 55/97, pto. 438, A.i).
Que a los fines de lograr una efectiva investigación y esclarecimiento de los hechos es decisión y, resulta obligación del Estado Nacional, garantizar el acceso y análisis de toda la información que se encuentre en poder de los distintos organismos del Sistema de Inteligencia Nacional.
Que, en ese sentido, debe considerarse lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que 'En el marco de un procedimiento penal, especialmente cuando se trata de la investigación y persecución de ilícitos atribuibles a las fuerzas de seguridad del estado, surge una eventual colisión de intereses entre la necesidad de proteger el secreto de estado, por un lado, y las obligaciones del estado de proteger a las personas de los actos ilícitos cometidos por sus agentes públicos y la de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los mismos por el otro (...) en casos de violaciones a los derechos humanos, cuando los órganos judiciales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables de tales violaciones, el ampararse en el secreto de estado para entregar información requerida por la autoridad judicial, puede ser considerado como un intento de (...) perpetuar la impunidad' (caso 'Myrna Mack Chang vs. Guatemala', sentencia del 25 de noviembre de 2003, parágrafo 181, pág. 111).
Que resulta procedente, entonces, remover los obstáculos existentes para el esclarecimiento de estos hechos, en el marco de las facultades contempladas por la Ley Nº 25.520.
Que la Dirección General de ASUNTOS JURIDICOS del Ministerio de Defensa, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 16 de la Ley Nº 25.520 y el artículo 99, inciso 1), de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º - Instrúyese a todos los Organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional que hubieren funcionado en la época de los hechos, así como los que los hubieren sucedido, para que remitan, en forma inmediata, al Juzgado Federal en lo Criminal Correccional Nº 1 de MORON, la totalidad de expedientes, documentos, fotos, grabaciones, información y cualquier otro dato, cualquiera sea la clasificación asignada conforme al artículo 10 de la reglamentación de la Ley Nacional de Inteligencia Nº 25.520 aprobada por el Decreto Nº 950/02, que pudieran haber obtenido, relacionados con el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada III 'General Belgrano' de la localidad de LA TABLADA, Partido de LA MATANZA, Provincia de Buenos Aires, ocurrido el 23 de enero de 1989.
Art. 2º - Autorízase al Juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de MORON o cualquier otro Magistrado que tuviera a su cargo la investigación de los hechos acaecidos en el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada III 'General Belgrano' de la localidad de La TABLADA, Partido de LA MATANZA, Provincia de Buenos Aires, ocurrido el 23 de enero de 1989, el acceso irrestricto a la información mencionada en el artículo precedente.
Art. 3º - Relévase de la obligación de guardar secreto en los términos establecidos por la Ley Nº 25.520 a quienes integren o hayan integrado organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, o quienes fueran o hayan sido funcionarios o personas alcanzadas por dicha obligación cuando fueren llamados a prestar declaración indagatoria respecto de los hechos e informaciones a los que hubieren tenido acceso en ejercicio de sus funciones, y que pudieran conducir a la obtención de elementos de interés en el marco de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante y con posterioridad a los hechos mencionados en el artículo 1º del presente Decreto.
Art. 4º - Relévase de la obligación de guardar secreto en los términos establecidos por la Ley Nº 25.520 a quienes integren o hayan integrado Organismos del Sistema de Inteligencia Nacional o quienes fueran o hayan sido funcionarios o personas alcanzadas por dicha obligación, cuando fueren llamados a prestar declaración testimonial respecto de los hechos e informaciones a los que hubieren tenido acceso en ejercicio de sus funciones y que pudieran conducir a la obtención de elementos de interés en el marco de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante y con posterioridad, a los hechos mencionados en el artículo 1º del presente Decreto.
Art. 5º - En ningún caso, las personas a que se refieren los artículos 3º y 4º del presente podrán revelar información de inteligencia estratégica militar conforme lo establecido en el artículo 2º, inciso 4), de la Ley Nº 25.520.
Art. 6º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. –

Fernández de Kirchner. -Aníbal D. Fernández. - Nilda Garré.
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jueves, 16 de octubre de 2008

El "Día de la Lealtad" y la imprescindible re-fundación del peronismo y del país

El “Día de la Lealtad” y la imprescindible re-fundación del peronismo y del país

Hace unos días, comentando en una comida la realidad argentina, un becario extranjero, de los muchos que se encuentran en el país estudiando temas concretos, me dijo: “Es una suerte que el peronismo tenga un Día de la Lealtad”.
Cuando, sorprendido, le pregunté qué quería decir, riéndose me respondió: “Es porque los otros 364 días parecen ser los días de la traición”.
Me obligó, luego, a repasar la historia personal reciente de la inmensa mayoría de los líderes del Movimiento, comenzando por los ‘caciques’ del Conurbano y continuando por aquellos que, a lo largo de años transcurridos desde la muerte de Perón, han ejercido cargos públicos.
Debo confesar que, después de tan engorrosa tarea, hube de coincidir con mi interlocutor.
Todos vemos alrededor, y esto es percibido dentro y fuera del país, a una enorme cantidad de personas que, en el peronismo, parecen haber nacido ayer, es decir, que no tienen pasado. Nadie parece recordar qué hizo hasta ahora, con qué gobiernos trabajó, y qué opiniones públicas expresó.
Simplemente, olvidan todo eso para pasarse, con armas y bagajes, a las fuerzas del siguiente jefe, siempre y cuando éste disponga de abundantes recursos para hacer negocios y negociados.
Creo que el caso más emblemático es el propio Kirchner quien, después de haberse llenado la boca calificando a Menem como el mejor Presidente que Argentina había tenido, no dudó –tan pronto Duhalde lo ungió como opositor- en convertirse en su más innoble crítico.
Después, y esto es ya historia reciente, traicionó a su mentor, intentó destruir su base de poder en el Conurbano, y aprovechó cada oportunidad para denostarlo y ‘ningunearlo’.
Para ello, usó y abusó de la ‘caja’, comprando –en realidad, alquilando- la voluntad de los intendentes del Gran Buenos Aires que, a su vez y ante la inminente e imparable debilidad financiera del poder centralizado de don Néstor, le darán la espalda y negarán hasta haberlo conocido.
A mero título de ejemplo, ¿resulta necesario recordar que la privatización de YPF durante los 90’s sólo pudo ser aprobada porque Kirchner hizo lobby en ese sentido ante los demás gobernadores de provincias petroleras? ¿Hace falta volver a ver y a leer lo que Kirchner dijo cuando, finalmente, la ley fue sancionada? Sin embargo, el inefable don Néstor lo ha olvidado en lo más profundo de su billetera –compuesta por los inexplicados fondos de Santa Cruz- y hoy se rasga las vestiduras calificando a Menem poco menos que como traidor a la Patria.

Todo esto, que no necesita aquí más ejemplos ni, mucho menos, más nombres de peronistas, ha llevado a que el Movimiento sea hoy considerado, en general -y pese a la enorme mayoría de gente honesta que lo compone- como PJ S.A.. Es decir, como una maquinaria destinada únicamente a hacerse del poder, a conservarlo mientras se pueda, y a realizar todos los negociados posibles desde los diferentes tronos.

Sin embargo, el Movimiento es muchísimo más que las diferentes bandas que lo encabezan. Está compuesto por la primera minoría de los argentinos –y, en determinadas circunstancias, por la mayoría- decentes, preocupados por su país y por su gente. Me consta que el peronismo está lleno de intelectuales lúcidos e inteligentes que, sin embargo, no consiguen expresarse por los vicios de la maquinaria partidaria actual, que impide las elecciones internas –inclusive para la elección de la última candidata a Presidente, la cónyuge doña Cristina-, interviene distritos o circunscripciones, etc.

Es por esas razones que resulta indispensable re-fundar el peronismo. Obviamente, no me estoy refiriendo a volver a 1945, ya que han pasado 63 años y muchísima agua bajo los puentes de Argentina y del mundo.

Creo que la re-fundación hoy pasa por establecer una carta orgánica que, al modo de una verdadera constitución, cree reglas de juego inviolables para todos los participantes. Y, esencialmente, que contenga decisiones consensuadas que permitan, al mismo tiempo, re-crear a la Argentina.
Estoy haciendo mención a decisiones trascendentales para el país, sin las cuales Argentina, al menos como la entendemos, dejará de existir.
Y esas decisiones –todas ellas son pasibles de ampliación, justificación y detalle en notas posteriores- deberían ser:
Destinar un porcentaje fijo e inamovible del presupuesto nacional a la educación pública, para recuperar la excelencia que, todavía hoy, nos hace gozar de un prestigio ya inmerecido.
Inventar una verdadera y eficiente red de seguridad social, tanto en materia alimentaria cuanto sanitaria, para los más desprotegidos, para permitirles salir de la indigencia y hasta de la pobreza, pero con contraprestaciones personales y educacionales.
Establecer un sistema de becas –no estoy hablando sólo de la gratuidad de la enseñanza sino, verdaderamente, de pagar a los más capaces por su ‘trabajo’ de educarse- que solucione el problema de la pésima ‘distribución social’ de la enseñanza.
Recrear una Justicia independiente, alejada de cualquier bandería política y, sobre todo, de cualquier control del Ejecutivo.
Imponer para adentro, y consensuar hacia afuera, la verdadera democracia intrapartidaria.
Terminar con el sistema de las listas sábanas e establecer, por un período relativamente breve, el voto uninominal, es decir, por pequeñas jurisdicciones.
Restaurar, como en el tiempo de la Colonia, el ‘juicio de residencia’ obligatorio para todos los integrantes del primero y del segundo escalón de los poderes públicos.
Pactar, con todos los sectores, una línea geopolítica que permita delinear el futuro internacional de la Argentina y su reinserción en el mundo.
Actuar con seriedad y responsabilidad en todos y cada uno de los posicionamientos y planteos frente al resto del mundo, confirmando cada vez la seriedad de Argentina como país integrado a la comunidad internacional.
Recomponer las relaciones económicas y financieras con el exterior, no a través de un pago inmediato –hoy inaccesible- de nuestras obligaciones, sino mediante propuestas serias, respaldadas por leyes soberanas y suscriptas por todas las agrupaciones políticas.
Determinar la intangilibilidad de los organismos de control y estadísticos; en el primer tema, sugiero adoptar los criterios brasileños, que solapan la gestión de los directores de las agencias reguladoras sobre las gestiones anteriores y posteriores de los presidentes.
Crear un sistema impositivo justo y universal, que haga que todos los argentinos y quienes aquí trabajan paguen los impuestos que el Congreso establezca, sin regresiones ni confiscaciones, y redistribuir eficaz y equitativamente el ingreso nacional..
Regresar a un verdadero federalismo, tanto en materia política cuanto en materia económica, mediante mecanismos justos y permanentes de distribución impositiva.
Recrear fuerzas armadas profesionales, aptas para la defensa y dotadas para ello, totalmente alejadas de las banderías políticas y de los vaivenes delirantes.
Finalmente, establecer topes –controlados por organismos independientes, con facultades de veto- al gasto en las campañas políticas, obligando a los beneficiarios a dar inmediata publicidad a las donaciones con ese fin.

Si conseguimos todo esto, el Justicialismo recuperará su esencia y su sentido, y volverá a transformarse en un ejemplo a imitar por las democracias del mundo. Si fracasamos, habrá perdido su razón de ser y seguirá siendo esa maquinaria política destinada sólo a conseguir el poder y lucrar con él.
Nadie puede negar la decadencia de Argentina, si la comparamos con los otros países –Chile, Brasil, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, etc.- que, hace cincuenta años, tanto tenían que envidiarle. Y tenemos la impostergable obligación de invertir el curso de esa historia porque, detrás de una nueva frustración, acecha el peligro de disolución nacional.
¿O es dable pensar, en un mundo con hambre, que pueda existir para siempre un lugar casi desierto, capaz de producir alimentos para 400 millones de personas y que no lo hace por desidia o incompetencia de sus habitantes?
Creo que debemos recordar la frase del Gral. San Martín para aplicarla a Argentina: "Serás lo que debas ser, o no serás nada".

Buenos Aires, 16 de octubre de 2008.
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miércoles, 1 de octubre de 2008

Esa obscena manifestación de impunidad y soberbia

Esa obscena manifestación de impunidad y soberbia

En estos días, algunos medios periodísticos, lamentablemente no todos, han informado acerca de la apertura de una nueva sociedad en nuestro sur profundo. Me refiero, obviamente, a El Chapel S.A., una empresa creada para brindar a sus clientes asesoramiento acerca de inversiones y, como sucede con las consultoras en general, para brindar servicios de lobby a sus clientes.
Hasta ahí, todo está bien. Sin embargo, sucede que su Presidente es hijo de nuestra pareja más famosa, la conformada por don Néstor y doña Cristina quienes, a su vez, son directores suplentes de la compañía.
Y a esta situación se refiere el título de esta nota. A nadie le resulta desconocida la existencia de testaferros, personas que, por una retribución de cualquier tipo, asumen la representación de los verdaderos –y ocultos- dueños del tinglado.
Es decir que, en la especie, don Máximo, el hijito, y sus progenitores podrían haber recurrido a este conocido artificio para ocultar su identidad, brindando, de todas maneras, el mismo asesoramiento y la misma capacidad de lobby a sus clientes.
Entonces, ¿por qué no lo hicieron?
Estamos ante una familia de profesionales del Derecho, al menos lo es el pater familæ, ya que Cristina aún no ha dado las tan reclamadas pruebas de ello. O sea, ante gente que –tal como surge de sus declaraciones de impuestos y de sus actividades inmobiliarias en Río Gallegos y El Calafate- se mueven como peces en el agua –o mejor, como tiburones en una piscina- en el mundo de los negocios.
Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no?
Si todos los funcionarios cuyas declaraciones de bienes no resisten el menor análisis tienen esposas, suegras, tías, etc., que les dejan fastuosas herencias; si tantos otros colocan sus bienes a nombre de integrantes de la noble profesión de prestanombre, tampoco podían desconocer esta operatoria estas personas, que ejercen el poder, de una manera u otra, desde hace tantos años.
Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no?
Llevo varios días, concretamente desde que me enteré por los diarios de la creación de la empresa y del ‘detalle’ de sus autoridades, tratando de responder esa reiterada pregunta: ¿por qué no lo hicieron?
Sólo cabe, a mi entender, una respuesta: Don Néstor, doña Cristina y don Máximo hacen una obscena demostración de impunidad y soberbia, porque, como es obvio, cuanto más pública mejor.
Nos están diciendo que, no solamente están más allá de los límites que la Ley nos impone al resto de los mortales, sino que quieren demostrarnos que son impunes. Que ellos no están comprendidos en las normas que reprimen el tráfico de influencias, que tampoco pueden ser alcanzados por autoridad superior alguna.
Y todo este cuadro de corrupción en las más altas esferas gubernamentales argentinas repica en los medios del mundo diariamente, arrastrando nuestra honra y nuestro buen nombre, una vez más, por el fango.
Pero más grave aún es la demostración de impunidad hacia adentro de la Argentina. Porque, ¿con qué derecho la Policía detendrá, o la Justicia evaluará, a quien haya cometido un delito común, si la propia Presidente, su marido y su hijo violan tan flagrante y públicamente la Ley?
El principio constitucional consistente en que todos somos iguales ante ella, ¿no será invocado, a partir de ahora, por los abogados defensores de los delincuentes comunes? Si alguien roba un auto o en una casa, ¿podrá condenárselo sin hacer lo mismo con quien ejerce la Primera Magistratura de la nación tan alevosamente?
Para concluir, declaro mi más fervoroso apoyo al pedido de juicio político a doña Cristina, formulado ayer por todos los partidos políticos de la oposición.
Si bien me gustaría que doña Cristina y don Néstor, que tantos platos rotos rompieron en la fiesta con don De Vido, con don Jaime y sus otros amiguitos, los pagaran antes de irse y que, además, tuvieran que enfrentar la furia de los demás invitados que no pudieron ni disfrutarla en la época en que todo venía con viento de cola, creo que resultaría trágico que siguieran en el timón en medio del vendaval que se avecina.

Buenos Aires, 1 de octubre de 2008.