Bifocalidad
y Justicia
"Un hombre
común se maravilla ante las cosas poco corrientes; un hombre sabio se maravilla
ante las cosas corrientes". Confucio
Si el
pensador chino, que murió quinientos años antes de la era cristiana, hubiera
llegado a conocer la Argentina, habría estado permanentemente maravillado
porque aquí compartimos, desde siempre, una realidad virtual, en la cual nada de
lo que vemos o hacemos es cierto, mientras ignoramos las normas elementales que
permiten a los hombres vivir en comunidad. No me refiero a las leyes, de por sí
bastante extrañas y contradictorias, sino al modo en que las aplicamos, según
nuestro personal punto de vista, en general reñido con el de la sociedad en su
conjunto; y, en la duda, optamos siempre por el que más conviene a nuestro
relato, individual o colectivo.
Para
ejemplificar a qué me refiero, basta con pensar que las normas establecen que
quienes son procesados por delitos pueden permanecer en libertad mientas se
sustancia el juicio y se llega a una sentencia firme, pero se niega dicho
privilegio a aquéllos que, estando libres, pueden poner en riesgo la
investigación, adulterar las pruebas o, simplemente, fugarse. Y los mismos
criterios se aplican a los mayores de setenta años, aún con condena firme,
respecto a la prisión domiciliaria; esto último se justifica especialmente
porque ninguna sociedad civilizada combate a los supuestos caníbales
comiéndoselos.
En estos
días, los argentinos observamos con enorme perplejidad que dos jueces
federales, los Dres. Ercolini y Bonadío, con el consentimiento de los
respectivos fiscales que actúan ante sus juzgados, han concedido a Cristina E.
Fernández y a su hija, Florencia Kirchner, autorización para realizar un paseo pseudo
cultural por la vieja Europa, con el obvio propósito de exponer su inventada
persecución política ante audiencias amenas y receptivas, como son los famosos
izquierdistas “revolucionarios de escritorio”; si bien el segundo la otorgó
bajo una caución real, el monto fijado resulta una nimiedad al comparárselo con
las incalculables fortunas que la familia ha robado de las arcas públicas.
Creo que el
asombro llega a Brasil, donde el proceso de limpieza contra la corrupción ha
alcanzado cotas impensables en América Latina hasta hace muy poco, ya que
muchísimos dirigentes políticos, gobernadores, senadores, diputados,
empresarios, etc., se encuentran en la cárcel y a nadie se le ocurriría
siquiera pedir algo así.
La viuda
patagónica, recordemos, se encuentra procesada, entre otras cosas, por
organizar y encabezar una asociación ilícita (un delito no excarcelable),
fundada con el propósito de cometer una enorme multiplicidad de estropicios, de
los cuales hemos sido víctimas todos y cada uno de los habitantes de este país,
expoliado hasta la extenuación durante las sucesivas gestiones que compartió desde
hace veinticinco años con su marido muerto; si como muestra basta un botón,
allí tenemos a la Provincia de Santa Cruz, aunque ésta tenga una superficie
comparable a la de varios países sumados y tenga bajo su suelo una riqueza
saudí.
El choque
entre este suceso y la realidad de las prisiones superpobladas de individuos
detenidos sin sentencia firme por la comisión de delitos menores, como hurtos o
arrebatos, ha producido una generalizada indignación, reflejada en las redes
sociales y en las plataformas de peticiones públicas; y es razonable que así
sea, toda vez que Cristina Kirchner y su entorno han demostrado hasta el
hartazgo que están dispuestos a alterar las pruebas –como hicieron con los
libros de las sociedades hoteleras involucradas- y entorpecer así cualquier
investigación.
Esos hechos,
ya probados, bastarían con enviar a la cárcel a cualquier pequeño comerciante, pero
nuestros particulares jueces, que cuentan con narices más caras que las de los
mejores perfumistas, son inmensamente tolerantes y permisivos ante quienes han
ejercido, durante tantos años y con enorme fiereza, un poder omnímodo; no vaya
a ser que, en una súbita recaída social, vuelvan al poder y quieran cobrarse
las penas ahora aplicadas.
En otro
orden de cosas, lo mismo parece suceder con aquellas personas que, como Hebe de
Bonafini, son aún capaces de generar conflictos en la calle; aún tenemos fresco
el recuerdo de cuando se negó a comparecer en Comodoro Py y el Juez aceptó
interrogarla en la cocina de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Dr.
Eduardo San Emeterio y quien esto escribe la denunciamos –y, con ella, a la
locutora del acto y a los organismos de pseudo derechos humanos firmantes del
documento allí leído- por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo pasado;
a más de un mes de haberlas radicado, no hemos sido llamados todavía a
ratificar las denuncias, primer paso de la causa penal.
En el otro
extremo de ese espectro se encuentran los casi dos mil presos militares, ancianos
(el promedio de edad es 76 años), la mayoría sin condena firme y cumpliendo
prisiones preventivas que exceden en lustros el máximo legal permitido (dos
años, más uno debidamente justificado), que se siguen muriendo en las mazmorras
estatales por falta de atención médica adecuada. Acusados por testigos que,
cuarenta años después, dicen haber construido colectivamente la memoria y reconocerlos
por la voz o por el olor, privados de todo derecho a un juicio justo y víctimas
de procesos judiciales amañados, cuatrocientos ya fallecieron (cincuenta lo han
hecho desde el 15 de diciembre de 2015) y, naturalmente, el ritmo se
incrementará con el mero transcurso del tiempo.
Cuando, muy
esporádicamente por cierto, algún tribunal federal les concede el beneficio de
la prisión domiciliaria –ayer fue el caso de un preso de 87 años, gravemente
enfermo- la mayor parte de las veces no se hace efectivo porque otro tribunal
la niega, y la saga continúa. Es que, rápidamente, se alzan los infames
pasquines y las radios y canales de televisión que multiplican la vocinglera
gritería de esos mismos organismos de pseudo derechos humanos que rechazan la
democracia como sistema de vida y piden, a voz en cuello, el derrocamiento del
Gobierno.
Nadie se
pregunta, tratándose de los “genocidas”, por qué se los mantiene en la cárcel,
cuando no pueden alterar las pruebas del proceso ni corren riesgo de fuga. Es
que a éstos, la sociedad los ha elegido como únicos receptores de la culpa
general de haber llamado a las puertas de los cuarteles para parar el desmadre
en que se había convertido el régimen peronista en 1974 y 1975, que amenazaba
con despedazar el país.
Ya nadie
recuerda –ni quiere hacerlo- cuántos civiles, en especial radicales, actuaron
como funcionarios, ministros e intendentes del proceso militar, ni cuántos
empresarios, obreros, comerciantes y estudiantes aplaudieron a rabiar a los
generales golpistas. Es más cómodo transferir esa responsabilidad a unos pocos
y lavar así los pecados colectivos, por más que, cuando la tragedia se produjo,
esos pocos fueran extremadamente jóvenes y estuvieran en los grados más bajos
del escalafón jerárquico; hasta el lamentable Gral. Milani entra en esta
categoría, aunque deba permanecer en la cárcel hasta que sea condenado por ladrón.
Hace un año
y medio, Mauricio Macri prometió terminar con lo que él mismo llamó el “curro”
de los derechos humanos. Los argentinos, tan golpeados por la gigantesca crisis
económica que nos dejó el kirchnerismo, necesitamos saber quién se llevó los
más de US$ 2.500 millones en extrañísimas indemnizaciones, cuyos destinatarios
el Gobierno aún se niega a revelar.
Argentina se
está reinsertando en el mundo, y una prueba de ello será su próxima integración
a las grandes mesas de discusión del comercio mundial, en especial en el área
del Pacífico, así como la importancia que nuestro país está recuperando en la
región, reconocida a través de los viajes presidenciales a China y la visita de
grandes personalidades mundiales, como Angela Merkel. Evidentemente, mucho ha
cambiado ya y, después de octubre, ese cambio se acelerará, cuando la esperable
victoria electoral del Gobierno derrumbe la falsa prudencia de los inversores,
sobre todo de nosotros mismos.
Pero debemos
recordar que, para que esas esperanzas se transformen en realidades concretas,
debemos tener una Justicia independiente, seria, confiable y rápida; con ella,
todo será posible pero, sin ella, nada lo será.
Bs.As., 29
Abr 17