Los
chimpancés togados del Sarrasani
"Un juez tiene que ser un señor; si sabe derecho,
mejor". Máxima inglesa
El espectáculo que nos
brindó Hebe de Bonafini desde que fue llamada a prestar declaración indagatoria
por un juez, que el jueves culminó en la pista mayor del circo porteño, muestra
a las claras en qué estado han quedado las instituciones de la República tras
décadas de corrupción y de complicidad de los magistrados federales de todas
las instancias, ya incapacitados de impartir Justicia sobre la ciudadanía
atónita ante la falta de aptitud moral y el enorme desprestigio que los cubre,
agravado por el conventillo en que han transformado Comodoro Py.
A partir de ahora, ¿habrá
alguien que obedezca un mandato judicial?, ¿aceptará mansamente cualquiera que
un Martínez de Giorgi, un Rafecas, un Canicoba Corral, un Casanello, un
Freiler, un Ballestero, una Figueroa, un Rosanski, etc., pretenda
juzgarlo?
Pero, por encima de todos
ellos y con facultades disciplinarias que pueden llegar hasta la destitución,
está el Consejo de la Magistratura. La sociedad entera debiera montar guardia
en su puerta del edifico para exigirle, simplemente, que cumpla el deber que la
Constitución le asigna, y deje de ser el extorsionador en que se convirtiera
desde que el ¿Frente para Qué?, imponiendo su mayoría automática, modificó su
composición para permitir a la política entrar por la ventana. Mauricio Macri
debería enviar ya mismo, sin dilación alguna, un proyecto de ley al Congreso
para abolir esos cambios.
Bonafini está imputada por
la comisión de varios delitos -defraudación al Estado, emisión de cheques sin
fondos y malversación de caudales en los sueños que compartió con sus hijos
putativos, los Shoklender- y se declaró, desde el mismo momento en que fue
citada a prestar declaración indagatoria, en explícita rebeldía; para
demostrarlo, calificó al magistrado que la convocaba, y por añadidura al
Presidente de la República, con los más gruesos epítetos, además de seguir en
su inveterada postura de incitar a la subversión contra los poderes del Estado
y hacer apología del delito.
Cuando se ordenó llevarla
ante los estrados judiciales por haberse negado a hacerlo, se acollaró con lo
más granado de la asociación ilícita que saqueó nuestro país durante más de
doce años. Como red de seguridad para la vieja equilibrista se pudo ver a
angelitos o delincuentes tales como Boudou, Parrilli, Zannini, Kiciloff, Mariotto,
Recalde, Depetris, el ¿maestro? Baradel, Larroque, Sabbatella, Cerruti, Yasky, Parodi,
Segovia y sus "metrodelegados" y, en cartel francés, Máximo Kirchner;
todos incurrieron, sin duda, en encubrimiento e intimidación pública. Muchos de
ellos ya la habían acompañado cuando organizó los "juicios populares"
a periodistas independientes o, travestida como Lenin, llamó a tomar el Palacio
de Tribunales y echar a patadas a los miembros de la Corte Suprema; tampoco
entonces hubo un fiscal o un juez con los redaños necesarios para imputarla por
atentar contra la Constitución.
Esos mismos magistrados sinvergüenzas
se niegan a cumplir con el sagrado deber que les impone la ley: la aplican
retroactivamente, niegan el principio de inocencia, validan inadmisibles
pruebas, mantienen prisiones preventivas que exceden el máximo legal, no
otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a los mayores de setenta años,
no cuidan la salud de los viejos enfermos. Y todo eso sólo por cobardía frente
a la reacción de los tuertos organismos de derechos humanos, verdaderas cuevas
de ladrones y meros instrumentos de venganza de los terroristas.
En la Argentina que los
Kirchner legaron a Macri, y que éste aún no pudo o no supo corregir, el
patoterismo y la violencia pueden más que la Justicia, que ni siquiera puede
controlar eficientemente a las distintas policías, que la obedecen sólo cuando
les parece, porque no saben cuándo serán denunciados y condenados por hacerlo;
basta recordar qué pasó en diciembre de 2001.
Otra pista en la cual se
exhibe impunemente la ignorancia y la soberbia de los simios togados se da en
el terreno de las tarifas públicas; ¿cómo puede un tema meramente técnico ser
justiciable?, ¿qué saben los jueces acerca del costo de la energía o de la
operación del subterráneo?, ¿por qué no preguntarles, también, de dónde deben
extraerse los fondos para seguir pagando la fiesta populista y criminal?, ¿qué
explicarán a quienes, por retrotraer la situación a diciembre de 2015, han perdido
la "tarifa social" que les permitía pagar aún menos que antes y, a
cambio, siguen regalando el gas y la luz a los hogares más pudientes?, ¿quién
pagará ahora a las empresas para que puedan continuar prestando aunque sea
estos deficientes servicios?
Evidentemente, parecen ignorar
-algunos lo hacen con intención política- que uno de los requisitos esenciales
para lograr el arribo de las anheladas inversiones productivas es la seguridad
jurídica, y el penoso espectáculo que están brindando en este campo
funcionarios y jueces no hace más que alejar el horizonte. Simultáneamente, al
mantener congeladas las tarifas, impiden que crezcan la exploración, la
generación, el transporte y la distribución de energía, para recuperar el
autoabastecimiento perdido adrede por don Néstor y doña Cristina; y ese es el
otro requisito esencial, ya que no hay en el mundo quien invierta en un país
donde faltan tan básicos insumos como el gas y la luz.
La sociedad en su
conjunto tiene una titánica tarea por delante: devolver al Poder Judicial la
independencia, la sapiencia y el prestigio necesarios para desempeñar el
soberano rol que la Constitución le asigna. La carrera judicial no es para
todos, porque -en especial aquí- está llena de obstáculos, y sólo los espíritus
superiores pueden transitar ese camino sin caer en tentaciones mundanas.
Quienes tienen la
facultad de disponer sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos y la
obligación de ser la barrera frente a los abusos del poder sobre los
individuos, deben estar por encima de cualquier cuestionamiento y de toda
sospecha; como la mujer del César, no sólo tienen que ser serios y honestos
sino, además, parecerlo.
Bs.As., 6 Ago 16
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