Un
furioso huracán se acerca
"Colgamos a los ladronzuelos y elegimos
a los grandes ladrones".
Esopo
Hace tal
vez un par de meses describí el costo que había pagado Italia por el proceso “mani pulite” que, impulsado por el
Fiscal Antonio di Pietro, barrió en 1992
con toda la clase política de la península y gran parte de la industrial. Conté
entonces lo que estaba sucediendo en Brasil de manos del Juez Sergio Moro y un
grupo de fiscales federales, que han dejado pasmado al mundo con sus
investigaciones sobre el “lava-jato” y
el “petrolão”, y me pregunté cuánto
estaría dispuesta su sociedad a pagar por la limpieza de sus instituciones.
Desde
entonces, el huracán, que incrementa diariamente su fuerza con las delaciones
premiadas, está arrastrando por el fango a cientos de funcionarios, ejecutivos
y dueños de grandes empresas y a políticos de todos los colores. Para tener una
idea de la magnitud del golpe que sufrirá el Congreso brasileño, basta con saber
que han firmado ya esos acuerdos, tendientes a la reducción de las penas, nada
menos que el Presidente de Odebrecht –la mayor constructora internacional de la
región- detenido hace más de un año, y 77 de sus más altos ejecutivos, que -ya
se sabe- comprometerán a 200 gobernadores, alcaldes, diputados y senadores de 24
partidos. Ante esas noticias, a esos delatores se suman ahora muchos de los
implicados del ámbito privado y también algunos funcionarios públicos, todos
aterrados por la magnitud de las condenas –algunas superan los 40 año de cárcel-
que han comenzado a imponerse.
Los
fiscales ya han procesado y eyectado de su cargo al Presidente de la Cámara
baja, Eduardo Cunha, que habilitó el impeachment
que terminó con la destitución de Dilma Rousseff, y el jueves obtuvieron
del Supremo Tribunal Federal la autorización para avanzar sobre Renan
Calheiros, que ocupa igual cargo en el Senado federal. El Presidente de la
República en ejercicio, Michel Temer, no sólo ha sido acusado directamente de
corrupción por algunos denunciantes –ya se tramita su propio juicio político, pero
no creo que prospere- sino que, desde que asumiera hace pocos meses, ha debido pedir
la renuncia a varios de sus ministros, también involucrados en el escándalo. El
mismo Lula, quizás el político que conserva, individualmente, la mejor imagen
pública, siente al tsunami mojar sus zapatos, y es posible que termine con sus
huesos en prisión.
La clase
política, corporativamente, ha decidido poner fin a las investigaciones
judiciales, y ya tiene media sanción un proyecto de ley –casi una autoamnistía-
que así lo ordena. Su repercusión en la sociedad fue inmediata, y fuertes
cacerolazos resonaron en la noche del miércoles en muchas grandes ciudades de
nuestro vecino. Los fiscales, por su parte, han solicitado al Poder Judicial
que declare la inconstitucionalidad de la eventual ley, lo cual generará un
conflicto institucional de proporciones homéricas.
El Juez
Moro se ha transformado en la gran figura de Brasil y, si presentara su candidatura
para algún cargo, sería elegido por un amplísimo margen; por ahora, ha
manifestado que quiere seguir con su función hasta terminar la tarea purificadora
que ha emprendido. La incógnita está centrada en hasta dónde podrá avanzar
porque, se dice, sus investigaciones alcanzan también a varios ministros del
Supremo Tribunal Federal.
Todo ha
sucedido mientras Brasil cae en la mayor recesión de su historia y, si no fuera
porque se trata de la mayor economía de América del Sur, y la séptima del
mundo, toda la región podría sentarse a contemplar el proceso y sus
derivaciones por televisión, pero sucede que es el más importante socio
comercial que todos tenemos, en especial la Argentina y, cuando el gigante se
resfría, cogemos una pulmonía.
Ignoro
qué sucederá aquí con las innumerables causas por corrupción abiertas contra
Cristina Elizabet Fernández, sus hijos, sus funcionarios, testaferros,
empresarios y cómplices de toda laya -¡hasta actores de cine y telenovelas!-
que integran la asociación ilícita que la ex Presidente encabezara, pero
resulta claro que los únicos tres que se encuentran efectivamente en prisión
–Báez, Jaime, López- lo están por sus propias torpezas y no porque el brazo de
la Justicia haya ido a buscarlos; si no fuera por los videos de La Rosadita y
las decenas de estancias, la obscena exhibición de barcos y aviones o el
revoleo de bolsos en raros conventos, los Tribunales no tendrían resultados que
mostrar.
Mientras,
delincuentes emblemáticos como Boudou, Scioli, De Vido, Uberti, Parrilli,
Esteche, D’Elía, Bonafini, Shocklender, Daura, Milani, Moreno, Anímal, Máximo y Florencia, Berni, Capaccioli,
los Zacarías y muchos más continúan en libertad, disfrutando de sus fortunas
mal habidas, entorpeciendo los procesos, riéndose en la cara de sus víctimas y
poniendo en peligro las pruebas, sin que a los jueces de Comodoro Py parezca
importarles. No sugiero linchamientos, pero sí que se les aplique la prisión
preventiva, ineludible en estos casos.
Sin
embargo, el próximo 19 de diciembre será una bisagra, ya que la Sala I de la Cámara
de Casación ha convocado a todas las partes a una audiencia, fruto de la cual
resolverá si la causa por la denuncia del asesinado Fiscal Nisman es reabierta
o terminará juntando polvo, para siempre, en los archivos judiciales. Comparecerán
ante los magistrados el Fiscal General De Luca –que ya ha desistido de los
recursos que formulara su colega Moldes contra los reiterados fallos del Juez
Rafecas, quitando al proceso el impulso estatal- y la DAIA, que quiere ser
querellante para revivirlo.
Esa
absurda corporación de jueces (por ejemplo, la Juez Figueroa, de la Sala I) y
fiscales (entre otros, De Luca) autodenominada Justicia Legítima –quienes no la
integran, ¿son entonces ilegítimos?- está luchando denodadamente para mantener
el escudo que, desde que la causa por el memorándum firmado con Irán se
iniciara, protege a Cristina, su ex Canciller Timerman y varios más de las
acusaciones por traición a la patria, encubrimiento del terrorismo y otros
delitos menores. La agrupación pretende ahora desplazar a los jueces Hornos y
Borinsky, integrantes de la misma Sala, y reemplazarlos por otros que confirmen
los fallos dictados por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por ese otro par
de angelitos que son los jueces Ballestero y Freiler, éste con sus propias
denuncias por enriquecimiento ilícito, producto de la fortuna que detenta,
amasada durante la década robada.
Será un día
trascendental porque, si el proceso se reabriera significará que el huracán que
se acerca ha sido percibido en su gravedad y los vientos de purificación habrán
llegado para quedarse; en caso contrario, no sólo quedará garantizada la
impunidad para los más terribles delitos sino que la sociedad entera, a la cual
se le está exigiendo aceptar un presente de sangre, sudor y lágrimas en pos de
un mejor futuro, pedirá a todos, todos, los poderes del Estado cuentas por su proceder
y, una vez más, cualquier atisbo de gobernabilidad habrá saltado por los aires.
Bs.As., 3
Dic 16
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