Don Alberto, ¿a cuánto el kilo?

Don Alberto, ¿a cuánto el kilo?

por Enrique Guillermo Avogadro

“Algunas derrotas tienen más dignidad que una victoria”.

 Jorge Luis Borges

Los argentinos estamos acostumbrados a devaluar las palabras, inclusive en la economía: nos preguntamos cuánto subió el dólar, en lugar de cuánto bajó nuestro peso. Y decimos que la imagen positiva del pseudo Presidente es aún muy fuerte, sin averiguar cuántos de los que apoyan esta “cuareterna” son empleados públicos o, aún siendo privados, reciben su salario sin quita alguna mientras están confinados.

Pero Alberto Fernández, como ya todos sabemos, bate todos los records, a punto tal que seguramente ingresará al Guiness. No solamente se pasó diez años despotricando contra su actual jefa -¡cuánto lamentará tantos archivos!- sino que, desde las PASO de 2019, se ha contradicho tantas veces que cuesta imaginar cuánto vale hoy su palabra. Los extremos a los que llegó fueron mentir en su calidad de profesor de la UBA y los argumentos que utilizó para negarse a renunciar como presidente de una sociedad y a dar a conocer el listado de los clientes de su estudio profesional, como le reclamó su propia Oficina Anticorrupción. Sin embargo, y como cualquier embaucador, pretende que creamos en sus disparates.

Esta semana puso en la balanza su palabra y la de Mauricio Macri y, obviamente, no pudo cosechar éxito alguno en la medición. Muy suelto de cuerpo, atribuyó al ex Presidente haber dicho, en una conversación que mantuvieron ¡hace seis meses!, que debían morirse los que fuera necesario para no cerrar la economía. Si esto hubiera sido cierto, y dado que debería estar grabado, hace tiempo que lo hubiera dado a conocer, puesto que el Gobierno pretende replicar ahora la bastarda elección de Cristina Fernández como sparring que hizo Cambiemos durante su propio mandato.

Pero el ángulo en que más se percibe el fracaso de su gestión es, precisamente, en el de la pandemia y en el método elegido para frenarla. Después de criticar a otras naciones, y generar los naturales conflictos diplomáticos con sus gobiernos, como Chile, Brasil, Suecia, etc., hoy está palmariamente demostrado que no somos un buen ejemplo, en especial porque ya sabemos que no ha servido para poner a punto el sistema de salud y, muchísimo menos, para frenar la expansión del virus.

Sobre un total de 215 países que exhiben sus datos, Argentina está 11° en casos totales,  4° en nuevos casos, 18° en muertos totales, 6° en nuevas muertes, 10° en casos aún activos, 7° en casos aún críticos, 32° en casos por habitantes, 36° en muertos por habitantes y 124° en tests por habitantes. Mientras tanto, el confinamiento obligatorio, el más prolongado del mundo, nos ha puesto primeros en caída del PBI, y ha dejado a la economía en ruinas, tan destruida que ya ha superado los efectos que sufriera cuando estalló la convertibilidad, en 2001. Se han perdido millones de puestos de trabajo, registrado e informal, y cientos de miles de empresas han cerrado definitivamente sus puertas.

Pero el fracaso no termina allí. El cambio permanente de las reglas de juego y la obvia preferencia por los peores sindicatos ha hecho que, desde que asumió la dupla Fernández², no solamente se paralizara Vaca Muerta sino que han comenzado a abandonar el país decenas de empresas de todo tipo (autopartistas, aerolíneas low cost, fábricas de pinturas especiales, etc.) y varias líneas aéreas internacionales han cancelado a la Argentina como destino. Y los monumentales broches de oro de esa intencionada política aislacionista lo constituyen la absurda ley de regulación del teletrabajo, el congelamiento de las tarifas y, esta misma semana, la intervención en el mercado de las telecomunicaciones (televisión por cable, Internet, etc.), todo lo cual derivará en la necesidad de importar combustibles, en la pérdida de calidad en la transmisión de datos y en el incremento en el corte de los servicios; volveremos a la edad de piedra.  

El jueves, a medianoche, el Senado dio media sanción a un proyecto de reforma judicial que, una vez más, constituyó un atropello a la oposición, ya que el dictamen que había sido aprobado en comisiones, sufrió nuevas modificaciones en una nueva violación al reglamento de la propia Cámara. El más notorio rasgo de esas modificaciones son las cámaras de apelación, juzgados y fiscalías que se crearían, generando así 500 cargos a cubrir, que servirán para el “plan canje” con gobernadores y diputados tránsfugas.

Eduardo Duhalde regaló titulares anunciando que no habrá elecciones y sí un golpe de estado que, en teoría, llevarían a cabo oficiales jóvenes de las fuerzas armadas; en realidad, el experto político nos notificó que estamos en anarquía y que ese golpe la dará el propio Gobierno suspendiendo el acto electoral, aún a riesgo de una guerra civil.

Ello no obsta a que el ataque de Cristina continúe, con prisa y sin pausa, contra los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, el Juez Germán Castelli –todos han fallado en su contra- y contra el Procurador, Eduardo Casal. Quien puede frenarla es la Corte Suprema, a quien le bastaría con resolver la inconstitucionalidad de la modificación en la composición del Consejo de la Magistratura, que tiene en consideración hace cuatro años, o haciendo lugar al recurso per saltum que han interpuesto los damnificados.

Bs.As., 29 Ago 20

¿Qué parte no entendieron?

¿Qué parte no entendieron?

por Enrique Guillermo Avogadro

“¡Cuidado con la ira de los centuriones!”. 

Robert McNamara

El kirchnerismo no está acostumbrado a perder el dominio de la calle, que supo colonizar con el transporte de pobres que, a todas luces, ignoraban el motivo de la convocatoria pero asistían extorsionados y empujados por pagos en efectivo y en especie. El espectáculo de la gigantesca marcha ciudadana del lunes 17 en todo el país lo conmovió y la única respuesta del Gobierno, más allá de las habituales y patológicas descalificaciones de funcionarios y pseudoperiodistas militantes, fue doblar la apuesta y acelerar en pos de la rápida aprobación de una reforma judicial tras la cual la sociedad sólo ve la impunidad para Cristina Fernández y sus cómplices.

Presumo que esperar algo diferente era casi ridículo, toda vez que lo único que interesa a la Vicepresidente es ese objetivo. No le importa la crisis socio-económica, salvo porque pone en serio riesgo, en las elecciones de 2021, el mantenimiento de su omnímodo poder; y nada ha dicho sobre el hambre, la pobreza y la indigencia, la inseguridad, la violencia y el narcotráfico o la desaparición de personas en democracia, ya que no constituyen para ella prioridades; las ignora olímpicamente, aunque se trate de las principales preocupaciones de sus propios votantes.

Dos cosas llamaron la atención en el banderazo: el marcial saludo de un policía a la ex Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, y las advertencias a los gobernadores Juan Schiaretti y Omar Perotti, que resonaron fuerte en Córdoba y Santa Fe, para rechazar que los diputados de esas provincias acompañen al oficialismo en su tentativa de aprobar la bastarda reforma judicial. Si a esto último, que ya produjo declaraciones en tal sentido de los cordobeses, le sumamos que los tres legisladores que responden a Roberto Lavagna adelantaron que no lo harán, me parece que Sergio Massa, el aceitoso, tendrá serias dificultades para lograr el quórum necesario para la aprobación en la Cámara baja. Será crucial, entonces, que controlemos uno a uno a los diputados de los bloques no kirchneristas, al menos para que sufran una enorme condena social y política que les impida hasta salir a la calle si acompañaran al oficialismo en su proyecto demoledor.

De todas maneras, Cristina Fernández busca el conflicto y continuará avanzando, cual aplanadora, en varios frentes: en el Tribunal de Enjuiciamiento de la Procuración, para reemplazar a uno de sus miembros y llegar a destituir al Procurador General interino, Eduardo Casal; y en la comisión de juristas encabezada por Alberto Beraldi, defensor penal de la multiprocesada Vicepresidente, que asesora al Presidente para modificar el número de jueces de la Corte Suprema y las funciones de ésta.

En el Senado se esmeró y consiguió que el oficialismo firmara en comisiones el proyecto de reforma judicial en el que incluyó una grave mordaza a la prensa y a la libertad de expresión; una vez más, un atentado contra la democracia. Ese texto llegará a la Cámara esta semana, y el bosque kirchnerista de brazos enyesados le dará media sanción sin problemas, aunque en las redes ya se está convocando a una nueva marcha para ese día. Y todo eso sin contar la moratoria impositiva, y la consecuente impunidad, sancionada a la medida de Cristóbal López y Fabián de Souza, que se robaron por años el impuesto a los combustibles, para financiar la compra de empresas de todo tipo, casinos entre ellas, y medios de comunicación que pusieron al servicio del “relato” de su benefactora.

¿Qué alternativas tiene Cristina Fernández? A las muchas investigaciones a su respecto que se están llevando silentemente en otros países, se ha sumado un factor crucial: la detención, en Cabo Verde, del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Es el dueño de todos los secretos financieros del chavismo y, cuando sea deportado a Estados Unidos, se convertirá en colaborador del Departamento de Justicia y describirá con precisión los oscuros negocios que vincularon a Hugo Chávez y a su “hijo”, a Néstor y Cristina Kirchner, a Irán y a Hezbollah, responsables de los atentados de la Embajada y la AMIA. Tal vez, también cuente qué fue de las enormes fortunas en efectivo desaparecidas de la Argentina; si fuera así, a nuestra Vicepresidente no le quedarán muchas opciones, ya que sus fueros la protegen sólo fronteras adentro.

Si la gravísima crisis que se expondrá en toda su magnitud cuando la actividad se normalice totalmente -algo que ya inevitable para Alberto Fernández y sus “científicos”- no fuera suficiente, la insistencia de la Vicepresidente en evitar condenas a cualquier precio, aunque ello implique el fin de la República democrática, puede complicar aún más, mucho más, el panorama. Los argentinos no estamos dispuestos a perder la libertad, algo que sucederá si ella consigue hacerse con el control total de la Justicia.

La sociedad ha despertado, está movilizada, resistirá estos nuevos atropellos y, en la medida en que se ha adueñado de la calle, será allí donde se dirimirá este conflicto, aún con gran violencia, si fuera necesario.

Bs.As., 22 Ago 20

El país de Cachavacha

El país de Cachavacha

por Enrique Guillermo Avogadro

“La política es el circo de los vicios, no de las virtudes.

 La única virtud que se requiere es la paciencia”.

  Antonio Scurati

No creo en brujas, pero que las hay, las hay. El lunes 17, a las 1600 hs, la ciudadanía saldrá a la calle para decir a la Vicepresidente ¡BASTA! en sus desesperados intentos de sojuzgar al Poder Judicial, Corte Suprema incluida, para obtener la impunidad que tanto ansía para ella y sus hijos, pero también para sus principales cómplices. Cree, como les dijo a los magistrados que la juzgan por sus innumerables delitos, que la historia ya la absolvió pero necesita que también lo haga la Justicia.

Y el plazo del que dispone para lograrlo es relativamente corto, porque el año próximo habrá elecciones y es altamente probable que, ante la aterradora realidad que quedará expuesta tan pronto el Presidente y su equipo de falsos expertos levanten la “cientocincuentena” que hoy la vela, el oficialismo las pierda y, con ellas, muchas de las bancas que hoy convierten al H° Aguantadero en una simple oficina de despacho express de sus deseos.

La forma en que el kirchnerismo se conduce confirma que el diálogo dejó de ser posible; se puede discutir con quien piensa una forma distinta de democracia republicana, pero no con quien sólo quiere destruirla. Con mayoría propia en el Senado, generó un conflicto de poderes con final abierto. Desobedeció flagrantemente una medida cautelar dictada por una Juez Contencioso Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, que le ordenó no discutir el desplazamiento de sus colegas de la Cámara Federal Penal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes Cristina Fernández detesta porque no están dispuestos a someterse a sus alocadas órdenes. Ahora será la Corte Suprema quien resuelva el entuerto, tal como debiera haber hecho en el expediente donde fue decretada la inconstitucionalidad de la modificación en la composición del Consejo de la Magistratura, que dio tanto peso al sector político, y duerme allí hace cuatro años.

Pero también protege a uno de sus mayores cómplices políticos, el Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el señor feudal que se hizo con el poder hace décadas y la ha convertido en la más pobre del país mientras el Presidente lo enaltece como ejemplo para sus pares. El Juez federal Ariel Lijo resolvió que la causa penal en su contra continúe su trámite en la Justicia provincial, claramente colonizada y obediente al acusado. En esa causa se investiga el multimillonario honorario pagado por la Provincia a The Old Found, la empresa creada por Alejandro Vandenbrole para permitir a Amado Boudou robarse Ciccone, la fábrica de billetes; la excusa fue el ¡asesoramiento para renegociar la deuda provincial con el Estado nacional!, cuyo Ministro de Economía era por entonces el mismo Boudou.

Y el jueves por la noche, el Senado convirtió en ley la moratoria impositiva cuyo artículo 11 es un traje a medida para Cristóbal López y Fabián de Souza; ahora éstos, que robaron más de US$ 1.000 millones de nuestros impuestos para comprar con ese dinero empresas y medios de comunicación, no sólo podrán pagar ese monto en crecientemente devaluadas cuotas en pesos, sino que hará caer el juicio penal tributario que la misma AFIP les había iniciado.

El problema es que el Instituto Patria, desde donde la Vicepresidente maneja los títeres con los que ha colonizado la Presidencia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración del Tesoro, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ambas cámaras del Congreso, la Agencia Federal de Inteligencia, la ANSES, la AFI, la AFIP, más algunos cargos que aún pretende, como la Procuración General, es el único que tiene un plan concreto de gobierno, aunque éste sea populista y clientelista.

Estoy convencido que el Poder Judicial necesita una profunda reforma. Pero también sé que la eterna duración de los juicios, sobre todo los vinculados a la corrupción, no se debe únicamente a la mala conducta de algunos jueces que ya todos conocemos; el Código procesal aún vigente permite a los defensores interponer innumerables recursos, justificados o “chicanas”, que impiden que los procesos terminen, en tiempo y forma, con sentencias firmes, sean de absolución o condena.

No puedo entender el apoyo que recibe Cristina de los más pobres, porque el monumental robo de los recursos públicos que concretó la familia Kirchner y sus cómplices son, precisamente, los que faltan para enfrentar la actual situación socio-económica. ¿No genera dudas a los fieles de esa extraña religión la permanente exhibición de riquezas mal habidas?, ¿no se enteraron acaso de los patrimonios que todos ellos impúdicamente muestran en hoteles, campos, empresas, joyas, autos de lujo, aviones y yates?, ¿no se dan cuenta que la droga que está matando a sus hijos se mueve sin control por la asociación que los narcotraficantes mantienen con el poder?

El lunes la gente llevará a la calle varias consignas diferentes, porque los reclamos son muchos. Además de protestar contra la reforma judicial, habrá pancartas contra la corrupción impune, el confinamiento que ha sumido al país en la miseria y el hambre, la inseguridad que tiñe de sangre todas las ciudades, los trabajos y empresas perdidos, y es razonable que así sea. Para que el Gobierno entienda que no aceptaremos que nos conviertan en Venezuela, deberemos ser una verdadera multitud, medida en cientos de miles de ciudadanos, responsables y con las precauciones sociales del caso.

Bs.As., 15 Ago 20

Con diez cañones por banda

Con diez cañones por banda

por Enrique Guillermo Avogadro

“En la ciénaga, la frontera entre el bien y el mal,

 entre lo correcto y lo incorrecto, no existe”.

 Antonio Manzini

La cúpula del Frente para Todos, encarnada en Cristina Fernández y su mandado, el Presidente, y los zafios tripulantes de ese temido bajel pirata llamado Instituto Patria, han desatado sobre nuestras libertades y garantías, sobre la Constitución, las leyes y las instituciones de la República, en especial sobre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y el fuero federal, la prensa libre, un desesperado fuego graneado.

No hay diálogo posible con esta gentuza, nos diría José de Espronceda, como no lo hubo con sus ancestros que, con tal de obtener un espléndido botín y volver indemnes a sus guaridas, ignoraban las sagradas leyes del mar, asesinaban a sus contrincantes y violaban a las cautivas. Nótese que no me refiero a quienes votaron esta nefasta fórmula, muchos creyendo ilusoriamente en la máscara que Alberto Fernández supo calzarse para unificar a todas las tribus peronistas y acceder al poder.

A los votantes que -especialmente en la 3ª sección del Conurbano- determinaron ese triunfo, todos estos temas les resultan irrelevantes, porque hoy deben enfrentarse diariamente a la más ardua de las tareas: sobrevivir. Jaqueados por el delito más violento y por el narcotráfico que fagocita a sus hijos, por la desocupación y el hambre, por la pauperización, por la insalubridad de sus casas y barrios, por el hacinamiento y el contagio del virus, por las carencias educacionales, estas elucubraciones y urgencias políticas le resultan más abstractas que el sexo de los ángeles.

Es precisamente por ello, y porque ya se han consumido ocho meses de gestión y sólo resta un año y poco para las elecciones legislativas, que la desesperación cunde entre quienes pretenden únicamente la impunidad. La catástrofe económico-social generada por la cuarentena hará su verdadera aparición cuando ésta concluya; y cuando la presión social resulte determinante, el Gobierno lo levantará, como hicieron ya la enorme mayoría de los países que lo implantaron. Si las condiciones socio-económicas actuales empeoran, y lo harán, le resultará difícil al oficialismo conservar las mayorías parlamentarias de las que hoy dispone y que transforman al H° Aguantadero en la mayor concentración de brazos enyesados del país.

Pero esos ataques sí ocupan y preocupan a quienes estamos convencidos de que la única forma de vivir en sociedad es la democracia, donde todos seamos iguales y todos esclavos de la ley, donde nuestros derechos sean respetados pero terminen cuando comienzan los de otro; donde los delincuentes que han saqueado el país hasta convertirlo en un páramo desolado vayan presos al ser condenados, donde no se asesine a los fiscales, donde sea una carga y un orgullo ser juez, donde sean los mejores y los más honestos quienes lleguen a la función pública, donde la prensa siga siendo libre, donde el populismo y el clientelismo sean desterrados para siempre.

La prepotencia del oficialismo se traduce en la conducción de ambas cámaras del Congreso, donde reinan, cual si fueran monarcas absolutos, Cristina Fernández, que no es Senadora, y Sergio Massa. el aceitoso; en las sesiones virtuales arbitrariamente han quitado la palabra a los legisladores de la oposición y desconocen los reglamentos y las mayorías necesarias. A esta altura, resulta inadmisible que los miembros de las bancadas de Cambiemos –ya no se puede confiar en quienes siguen a Roberto Lavagna- no se hagan presentes y, a la fuerza si fuera necesario, exijan ocupar sus bancas.

A la vez, y con el propósito de convertir a la escena política en un chiquero en la que todos sean chanchos iguales, persiguen a los funcionarios del período macrista y han contado para esa tarea con la complicidad de miserables personajes como el ex Juez Rodolfo Canicoba Corral. Pero, ¿alguien puede creer que el secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, que vive en un departamento de tres ambientes que está pagando con un crédito bancario, sea lo mismo que uno de los muchos secretarios de los Kirchner, como Daniel Muñoz o Fabián Gutiérrez, con fortunas propias que superan los US$ 60 millones y que, a veces, hasta les cuestan la vida?

Los ciudadanos de a pie tenemos pocas posibilidades de expresarnos salvo a través de nuestros teóricos representantes, esos ignotos que integran las listas sábanas, pero aún podemos, con nuestra presencia activa en las calles y plazas de todo el país, decirle al poder que no estamos dispuestos a perder lo poco que queda de la República y que, en defensa de ella, lucharemos con todas las armas que la ley pone a nuestra disposición.

El 17 de Agosto (#17A) deberemos ser un millón de personas en el Obelisco para usar el único idioma que el kirchnerismo entiende y decir todos ¡Presente!. Presentes por nuestras libertades, por la República, por la Constitución, por nuestra Justicia, por el trabajo, por la libertad de la prensa, en fin, para evitar que la única salida sea Ezeiza, como sucedió en la desoladora Venezuela, que ha visto a cinco millones de sus mejores hijos emigrar por imposición de la salvaje dictadura de Nicolás Maduro. Si no nos acompaña, tendrá que vivir con ello y dar penosas explicaciones a sus hijos y sus nietos cuando le pregunten “¿por qué no fuiste?”.

Bs.As., 8 Ago 20

Rata-plan

Rata-plan

por Enrique Guillermo Avogadro

“Estamos dispuestos, y que el Gobierno lo sepa, a defender por encima de todo a nuestras familias y nuestros hogares, a proteger nuestro derecho al trabajo, la nobleza de nuestro obrar cotidiano creando nosotros mismo, para poner fin con toda clase de medios a una sucesión de actos intolerables y ruinosos, los medios de defensa que hasta ahora habíamos cedido a las leyes del Estado”. Asociación Bolognesa de Defensa Social (1920)

Alberto Fernández dijo al Financial Times que no tenía un plan porque no creía en ellos. Como hace a cada hora mintió, pues sí lo tiene, aunque éste le haya sido impuesto por su jefa política. En el conurbano pregunté a muchos cuál era su principal preocupación en este momento tan complicado, y la unánime respuesta me sorprendió: es indispensable, aunque resulte carísima e inoportuna, una reforma del fuero federal criminal y el funcionamiento de la Corte Suprema. Me pareció raro, porque estaba convencido que el problema más grave era la pavorosa inseguridad cotidiana, traducida en una irracional violencia; luego seguían la proliferación del narcotráfico, la desocupación y el hambre, el futuro poscuarentena en la economía personal, el cierre de las escuelas y, claro, el aumento de los fallecimientos atribuidos al Covid-19. A partir de eso, entendí el por qué del enorme apuro que el Presidente para anunciar sus intenciones.

Desde el 10 de diciembre de 2019, fueron liberados nada menos que 4.500 presos condenados por todo tipo de delitos, muchos de ellos gravísimos; un porcentaje nada desdeñable de ellos ha vuelto a las andadas, cometiendo todo tipo de crímenes de los cuales dan diaria cuenta las noticias policiales; esas son las hordas armadas que el kirchnerismo ha puesto al servicio de sus peores intereses. La ciudadanía reacciona, y muchos han decidido tomar las armas para defender sus vidas y sus propiedades. El narcotráfico ha vuelto por sus fueros, aquéllos que lo convirtieron en socios del poder durante el kirchnerismo, y los más pobres lo están pagando.

Tal como esperábamos, el Presidente cumplió el primer artículo del inmundo pacto que firmó con su mandante cuando ésta lo designó para encabezar la fórmula y, así, reunir a todo el peronismo bajo su bandera negra, con una calavera y dos tibias cruzadas: lo puso en marcha para satisfacer el principal objetivo de Cristina Fernández: la total impunidad para ella y sus hijos y, eventualmente, extenderla a sus cómplices y testaferros. El primer paso lo dio en el Consejo de la Magistratura, donde pretende revocar las designaciones –en realidad, los traslados- de algunos magistrados a Comodoro Py, casualmente aquéllos que fueron más estrictos en el juzgamiento de la sideral corrupción que encabezó, hasta 2015 nuestra actual y multiprocesada Vicepresidente. En esa prostituida institución, Graciela Camaño, teórico fiel de la balanza entre los dos grandes bloques de consejeros, votó a favor de esa inconstitucional tentativa.

Ésta integra la agrupación peronista que encabeza políticamente Roberto Lavagna; por lo que se vio, ese bloque –y, quizás, también los legisladores de la oposición que responden a gobernadores que serán presionados- favorecerá al Ejecutivo al permitir la formación del quórum necesario para aprobar las leyes que propone; entre otras, y además de la reforma judicial, la moratoria fiscal a medida de Cristóbal López, el ladrón que se quedó con nuestro dinero, que debía ingresar a la AFIP, y lo usó para comprar empresas y medios de comunicación que alineó con el kirchnerismo.

Sería muy engorroso entrar en los detalles de la reforma judicial propuesta y los ríos de tinta que ya corren sobre el tema me evitan hacerlo. Pero resulta imprescindible recalcar que todo esto está organizado para garantizar la impunidad que pretende esta curiosa monarca absoluta que nos hemos querido dar los argentinos, designando a jueces, fiscales y secretarios militantes. Es cierto que la Justicia y los códigos penales y procedimentales que la rigen tienen que ser mejorados, pero eso no justifica, en modo alguno, atropellarla y violarla, maniatarla y corromperla más de lo que ya está. Y hacia allí va esta pretendida reforma “fundacional”.

Más allá de las preferencias políticas de cada uno de nosotros, cabe preguntarnos cómo y por qué hemos entregado nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos, a un crápula mentiroso compulsivo conducido por una abyecta mujer tan mayor, tan enferma y tan escandalosamente corrupta, ambos capaces de encarar cualquier adefesio anti-republicano e irracional para conseguir sus objetivos de poder, aunque implique demoler la República. ¿Dónde quedaron los redaños de esta nación que, en otros tiempos, supo hacer tanto por sí misma y por sus vecinos?

Usted se pregunta qué puede hacer para evitar que Cristina Fernández logre sus objetivos; por hoy, la respuesta es simple: vaya, y convenza a sus conocidos de acompañarlo, el 17 de Agosto al Obelisco y a todas las plazas del país. Si somos un millón de personas gritando, los obligaremos a oír y obedecer nuestro unánime clamor: “¡Basta!”: basta de prepotencia y de avasallamiento, basta de impunidad, basta de infecto-dictadura. Si decide no acompañarnos, por miedo o por desidia, suya será la responsabilidad y con ella deberá convivir el resto de su vida, y explicarlo a su descendencia.

Bs.As., 1 Ago 20

¡Qué canallas más ineptos!

por Enrique Guillermo Avogadro

“¡Qué cosa más maravillosa es el pánico, esa partera de la Historia!” 

Antonio Scurati

Cuando pienso en que corruptos condenados como Amado Boudou o Julio de Vido, entre tantos otros, y los muchos delincuentes comunes que, excarcelados por un supuesto miedo al contagio de Covid-19, han vuelto a cometer delitos cada vez más violentos, no puedo menos que recordar qué está sucediendo en los penales donde se encuentran detenidos adultos mayores con edades que van de los 65 a los 93 años, presos políticos a los cuales se les ha negado, desde 2003, todas las garantías constitucionales.

La situación real fue denunciada nada menos que por Claudio Cirigliano, cómplice de Ricardo Jaime en los robos al Estado que causaron el crimen de Once con sus 51 víctimas. El ex concesionario ferroviario se manifestó aterrado ante el traslado al penal en que se encuentra –Ezeiza- varios militares contagiados por el virus. Ese panorama se replica en la cárcel de Campo de Mayo, donde 34 presos políticos se han contagiado y varios guardiacárceles han sufrido la misma suerte.

De este patético cuadro son responsables, sin solución de continuidad, esta sociedad que integramos, tan miserable, hipócrita y cobarde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández y, en mayor grado aún, los asesinos togados que los han condenado, literalmente, a muerte. En el mundo occidental no se registra antecedente alguno al cual esta situación resulte comparable, tanto por el tiempo transcurrido desde los hechos -44 años- cuanto por todas las violaciones de derechos descripta más arriba. Ni los criminales nazis juzgados en Neuremberg después de la II Guerra, que perdieron, sufrieron tanta saña como estos oficiales que vencieron en el terreno militar a las organizaciones terroristas más fuertes de los 70’s.

En el otro extremo del problema se encuentra el confinamiento que se instauró en la Argentina hace ya 128 días. Sin negar la importancia de la mortalidad ni, por supuesto, el dolor de los familiares por cada uno de los fallecimientos, y sabiendo ya que ninguna vacuna estará disponible, como mínimo, hasta el año próximo, no podemos dejar de formularnos algunas preguntas: cuándo, finalmente, se vuelva a la normalidad en el AMBA, ¿el virus habrá dejado de ser peligroso?; si no es así, ¿se contagiarán aquéllos a quienes se ha confinado masivamente?

Pero ha sido útil a un gobierno cuya sede se encuentra, sin duda alguna, en el Instituto Patria, la guarida de Cristina Fernández. Y ello así porque la cuarentena le ha permitido levantar sucesivos velos sobre la realidad y, en especial, sobre sus objetivos.  Está ya claro que estos son dos: la impunidad para sí misma, su familia y sus cómplices (si es que a éstos no los matan antes, como sucedió con Fabián Gutiérrez); y la creciente intervención del Estado, con el objetivo concreto de que todos los ciudadanos terminen dependiendo de la caridad pública, al mejor estilo cubano y venezolano, y convertir a la libertad y al ejercicio de los derechos en una merced oficial.

A paso redoblado, está avanzando sobre el Poder Judicial, donde pretende remover a diez jueces, modificar el organigrama del fuero federal penal -precisamente el que debe juzgar los innumerables delitos cometidos por la organización gangsteril que encabeza- y remover al Procurador General; si lo logra, con la complicidad del Presidente, todas las vacantes serán llenadas con militantes de Justicia Legítima. Los proyectos serán enviados al H° Aguantadero la semana próxima, pero ya sabemos que el nuevo “comité de expertos” legales que aconsejará a Alberto Fernández estará integrado, entre otros, por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina..

Y en el segundo aspecto, a la fracasada (pero aún no descartada) expropiación de Vicentín se sumó, esta misma semana, la pretensión de rescindir la concesión a Edesur. Si la concretara, los argentinos volveremos a pagar sumas multimillonarias que se sumarán a las que ya afrontamos por Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, YPF, etc.

A mi edad, me he vuelto escéptico, y por eso confío en podremos evitar tan terrible destino por la total ineptitud que este Gobierno ha mostrado en todos los campos, sea en las áreas de salud, seguridad, educación, defensa, relaciones exteriores,  acción social y hasta de negociación de la deuda, a todo lo cual debemos agregar los conflictos internos que lo afectan.

Pero ello no obsta a que reclamemos a toda la oposición democrática que, como ya hicieron los empresarios y los gremialistas, se siente a una mesa y acuerde las 10 o 15 políticas de Estado indispensables para salir de la crisis socio-económica cuyo pico se acerca inexorablemente y para torcer el rumbo de decadencia que adoptamos hace ya ocho décadas. Con ese proceder podrá dejar de ser mera relatora de la realidad y reunirse con el Gobierno para intentar que éste comprenda hacia dónde nos está llevando y cambie el derrotero antes de que sea irreparablemente tarde.

El 17 de Agosto volveremos a la calle para exigirlo.

Bs.As., 25 Jul 20

¡Abran los ojos, carajo!

¡Abran los ojos, carajo!

por Enrique Guillermo Avogadro

“Una vez más, desertamos de la historia

 y nos conformamos con la noticia”.

 Antonio Scurati

Por favor, ¡entiéndanlo de una buena vez! Con el kirchnerismo puro y duro, ese que hoy manda en el país y que es el único que tiene un verdadero plan, por siniestro que sea, no se negocia ni se dialoga. Para quienes creen en los dogmas que emanan del Instituto Patria, cualquier discusión, cualquier disensión es una grave herejía contra una religión que sólo tiene una diosa que, como tal, es indiscutible en su figura y en su proceder. La única forma de desalojarlo del poder será derrotarla en elecciones, si ella nos permitiera llegar a las urnas y expresarnos sin trampas.

Nunca he estado en contra del intercambio de ideas ni, mucho menos, de una propuesta concertada entre todas las fuerzas políticas para la monumental crisis socio-económica –no lo digo yo sino importantes oficialistas como el “barón” Mario Ishii o el ex Viceministro Emmanuel Alvarez Agis y expertos como Joaquín de la Torre o Miguel Angel Broda- que se disparará en nuestro país tan pronto salga de este confinamiento eterno que nos impuso un Presidente –en realidad, su mandante- interesado en hacerse de un poder omnímodo e inconstitucional y que ha sido cuestionado por los epidemiólogos más serios; carecía de un plan económico antes de la aparición global del Covid-19 y, a pesar de encerrarnos ya 121 días, su “gobierno de científicos” no ha conseguido siquiera esbozarlo.

Pero, para que esas conversaciones se transformen en constructivas y habiliten acuerdos sobre políticas de Estado, se requieren dos elementos esenciales: tener ideas claras acerca de qué hay que hacer y el respeto irrestricto a las reglas de juego. Alberto Fernández invitó a los partidos políticos a una reunión y, con la única excepción de la Coalición Cívica, todos concurrieron; al día siguiente, muchos intelectuales y actores políticos, incluidos algunos importantes peronistas que no comulgan con el Gobierno, firmaron una carta pidiendo la constitución de una “mesa de diálogo”, una suerte de Pacto de la Moncla all’uso nostro, que a mi modo de ver constituye una verdadera ingenuidad, pues enfrente tiene a irreductibles fulleros.

Salvo Elisa Lilita Carrió, toda la oposición aceptó participar, o pide hacerlo, en un juego en el cual Cristina Fernández pondrá el referí y cambiará las reglas y hasta la forma de la pelota. Debiera recordar, puesto que estamos en su cuarto período presidencial, que carece de principios morales, y no respeta su palabra ni norma constitucional alguna. La única consecuencia que podría generar ese inocente pedido de diálogo sería quitarle al Gobierno la responsabilidad exclusiva -redistribuyéndola entre todos, o sea, de nadie- que tiene sobre una crisis socio-económica que, preexistente, ha sido potenciada al infinito por la absurda cuarentena. 

Creo, y el incesante “fuego amigo” que recibe Alberto Fernández desde las almenas del Instituto Patria me da la razón, que la Vicepresidente ha decidido probar a propios y extraños quién manda e ideologizar aún más al Gobierno, sin asumirlo en primera persona. Si bien el objetivo primario de Cristina Fernández no puede ser otro que la definitiva impunidad y la “absolución de la historia” para ella y su familia, no descarto que, contemporáneamente, aspire a encabezar ese “cambio del mundo” que su mandado imaginó en su charla con Lula da Silva, al menos en la región. Si esto fuera cierto, tendría sentido el fracaso del Ministro de Economía, Martín Guzmán, en la renegociación de la deuda con los fondos, que impedirá al país acceder al FMI y a las empresas al Club de Paris para la financiación de las exportaciones europeas, ya que sólo nos quedaría China como proveedor de los indispensables recursos financieros; el pacto con Irán, el apoyo al tiránico régimen de Nicolás Maduro y las graves rispideces en las relaciones con EEUU y con los países vecinos van en ese sentido.

Mientras tanto, su núcleo duro continúa avanzando sobre las leyes y la República, y el Presidente –sólo un débil y patético delegado- no quiere o no puede evitarlo: la adulteración de los reglamentos del Senado para la adopción de las resoluciones y el ninguneo permanente a los miembros de las bancadas opositoras, el proyecto de moratoria para absolver a Cristóbal López de sus robos al fisco, los desistimientos de las querellas de la UIF y la OA contra la Vicepresidente, los permanentes fallos favorables a ella y los dictámenes fiscales y libertades concedidas a sus más dilectos cómplices, la subsistente intención de expropiar Vicentín S.A. y de “democratizar” la Justicia aumentando con militantes el número de los ministros de la Corte Suprema y rellenando las vacantes de jueces federales penales, etc.

Pero algo falló en la estrategia de dominación. Para su asombro, quienes nada queremos saber con ese plan de saqueo e impunidad disfrazado de “socialismo del siglo XXI”, tomamos pacíficamente la calle el 9 de Julio, esa misma calle que el kirchnerismo había convertido en exclusivamente suya por la inexplicable pasividad de las autoridades frente a las hordas de piqueteros pagados para convertir la ocupación del espacio público en una muestra de poderío. Y ya no la abandonaremos. Porque si estos canallescos avances continúan sin que la oposición y los jueces reaccionen y se pongan las botas, el 17 de agosto volveremos a demostrar nuestra profunda indignación cívica y nuestra intransigente vocación republicana.

Bs.As., 18 Jul 20