Cuando
el asco se vuelve insoportable
"Ese
espacio gris y despojado que anuncia que terminó la vida y empieza eso de todos
los días". Marcelo Birmajer
La saga
judicial que convirtió a la asociación ilícita encabezada -al final- por
Cristina Elizabet Fernández en nuestro diario alimento mediático, por la
magnitud de los desfalcos ejecutados y la variedad de las reparticiones del
Estado saqueadas, produce una natural repugnancia en la mayoría de la sociedad.
Según las encuestas, la integran más del 80% de los ciudadanos, que
consiguieron despertar del sueño en que estaban sumidos al calor de la ilusoria
y falsa bonanza de los bolsillos. De todas maneras, queda una facción
irreductible, estimable entre un 15 a 20%, que aún cree en el relato de
liberación y progreso que tan eficientemente vendió el kirchnerismo; se da aquí
el curioso caso de pobres defendiendo a ricos que los condenaron a la miseria.
Sin
embargo, el miércoles se produjo uno de esos históricos momentos-bisagra, que deberían
cambiar para siempre el derrotero de los pueblos y, sobre todo, la suerte de
los grandes personajes. Me refiero al estudio que publicó el Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que determinó que, en cifras
del último trimestre del mandato de la siniestra viuda, uno de cada cinco
chicos argentinos tenía déficit alimentario o, vulgarmente, padecía de hambre
estructural.
Porque
ese día, la mugre rebalsó. Hasta entonces, las cifras robadas por los Kirchner
y todos sus cómplices eran, en el fondo, números; enormes y a veces inasibles,
pero sólo números. Ahora, después de la extendida década más favorable a la
Argentina en los últimos noventa años, ya no cabe duda que no estamos solamente
ante una defraudación a la administración pública de escala planetaria. Los
duros datos dados a conocer confirman que, como he afirmado en muchísimas
notas, aquí se cometió un verdadero genocidio, un delito de lesa humanidad y,
como tal, imprescriptible.
Los
Kirchner no dudaron en robar empresas y hasta actividades enteras, pero ahora
sabemos que tampoco lo hicieron cuando se trató de quitar la comida de la boca,
literalmente, a los más pobres, a los más indefensos, a quienes carecen de
todos los servicios elementales que el Estado debería brindarles, como salud y
educación. Ahora, no sólo se cayó la careta que usaron durante casi trece años
sino se comprobó que su afán de lucro no reconoció límite alguno. Don Néstor
sostenía que, para hacer política, se necesitaba platita; sin embargo, pese a
lo mucho que acumularon, irremediablemente fueron expulsados del poder, porque
sólo se trataba de una excusa.
La
humanidad entera se ha preguntado, a lo largo de los siglos, a qué simas de
maldad puede llegar una persona. Stalin, Hitler y muchísimos otros batieron
records absolutos, pero pertenecen a la historia. En cambio, los argentinos
convivimos, día a día y en la calle, con especímenes dignos de figurar en el
libro de los records de Guiness, a quienes hemos votado una y otra vez sin
preguntarnos qué pasaba en los pasillos del poder. En especial, sólo el porcentaje
que convirtió a Cristina, en 2011, en uno de los presidentes más votados de
nuestra democracia, nos cubrirá eternamente de vergüenza.
Por eso,
la cuestión acerca de si la viuda de Kirchner debe ir presa ya mismo o no, se
transforma en totalmente irrelevante, tanto como la presunta vocación del
Gobierno de tenerla como sparring en
las elecciones legislativas de 2017. Ya no se trata de una situación sobre la
cual se pueda especular políticamente, y el eventual riesgo de una reacción violenta
frente a su detención tampoco puede condicionar la decisión de los jueces.
Como
nación, cuyas pústulas asquerosas exhibimos impúdicamente ante el mundo entero,
no nos podemos dar el lujo de seguir esperando que la Justicia se desperece y
reaccione, cumpliendo así con el deber que la ley le impone. Tenemos la
obligación, como sociedad, de reclamar al Consejo de la Magistratura que ponga
en marcha, de una buena vez, la auditoría en los juzgados federales de todo el
país que tramitan causas de corrupción, pasadas y presentes y, con su
resultado, sancione a los jueces que no hayan sabido -o querido- ejercer el
supremo rol que la Constitución les adjudica; asumamos ese deber, entonces, y salgamos
a la calle pacíficamente a ejercer la lícita y legal presión civil.
En esta partida
no solamente nos jugamos nuestro pasado sino, peor aún, nuestro futuro. Nadie
confía en un país que, frente a tantos crímenes, mantiene su indiferencia, que
equivale a la impunidad de los criminales ni, por supuesto, está dispuesto a
invertir en él. Basta, para confirmarlo, que Perú sólo comenzó a crecer cuando
condenó a Alberto Fujimori a los largos años de cárcel que aún purga, después
de obtener su extradición de Japón en 2005, donde se había refugiado creyendo que
su doble nacionalidad lo ampararía.
El otro
episodio de la semana fue el fallo de la Corte Suprema en el tema de las
tarifas eléctricas. No voy a referirme a sus aspectos socio-económicos, pese a
que le permitieron al Estado un enorme ahorro en subsidios, sino a la fuerte
reprimenda que aplicó a la Juez federal Martina Forns, de San Martín, que había
dictado una medida cautelar para impedir los aumentos de las facturas de luz en
todo el país. Lo relevante no fue la supina ignorancia del derecho que le fue atribuida
por los jueces supremos, sino su adscripción a la organización kirchnerista
Justicia Legítima, creada precisamente para colonizar al Poder Judicial,
garantizar la impunidad de sus mandantes y, cuando éstos no pudieron sobrevivir
al tsunami electoral, intentar convertir en un infierno inhabitable la gestión
del sucesor.
Esta
situación ya había sido puesta en blanco y negro por el Juez federal de Mar del
Plata, Alfredo López, quien tiene a su cargo las agresiones a pedradas que
debieron soportar Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en esa ciudad, protagonizadas
por integrantes de La Cámpora, claramente identificados. El magistrado se vio
obligado a amenazar con su renuncia, ante la negativa de los fiscales
dependientes de Alejandra ¡Giles! Carbó,
otro notorio esbirro de Cristina, a impulsar la investigación por los delitos cometidos.
Con ello,
y por escrito, alertó al Poder Ejecutivo que, mientras Justicia Legítima siga
existiendo -en realidad, mientras sus miembros sigan ocupando lugares de
relevancia en el Poder Judicial, Cámara Federal de Casación Penal incluida- no
será posible gobernar.
Sólo
nosotros, los ciudadanos, podemos corregir y enmendar ese escenario. Demostremos
así que, al menos esta vez, el asco que nos produce ya nos resulta
insoportable.
Bs.As.,
10 Sep 16
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