Un
asco irrefrenable
“Más que la
civilización, la Justicia es la necesidad del pueblo”.
Pietro Colletta
Esa
sensación me embarga, como le sucede a muchos, desde que nada menos que Amado
Boudou, el ex Vicepresidente que se convirtió en tal cuando sugirió a Cristina
Elisabet Fernández apoderarse de los ahorros de quienes habían optado por el
sistema de capitalización previsional, fue excarcelado mediante el pago de una
multa insignificante, sólo cuatro meses después de haber sido condenado a cinco
años de prisión por corrupción, pese a tener otros cuatro procesos pendientes. Sólo
veinticuatro horas después, su cómplice en el robo de la máquina de fabricar
nuestro dinero, José María Núñez Carmona, recibió el mismo privilegio.
Así, una
vez más, la Justicia se cubrió de mugre, dando la razón a quienes tan poco
confían aquí en ella, que debiera ser garantía de igualdad y de inexistencia de
privilegios de todos los ciudadanos. La mayoritaria indignación social
provocada por el fallo, sin embargo, no generó una masiva manifestación de
rechazo, tal como nos tienen acostumbrados la izquierda vernácula y sus
circunstanciales aliados para imponer a autoridades y legisladores sus deseos
por los métodos más violentos, pese a lo menguado de su caudal en las
elecciones; evidentemente, nada nos conmueve lo suficiente a los demás como
para salir a la calle a reclamar que se cumpla con la Constitución.
Recuerdo
que, en las competencia electoral de 1983, Raúl Alfonsín e Italo Luder
lograron, sucesivamente, concurrencias que superaron largamente el millón de
personas en la Avda. 9 de Julio y que, cuando Carlos Menem quiso privatizar las
empresas del Estado, quienes se oponían a esa política llenaron la Plaza de Mayo;
pero espontáneamente también, otros argentinos, se movilizaron para manifestar
su vocación por achicar el gasto público, superando ampliamente a aquéllos. Es
evidente que, como diría Leopoldo Lugones, nos hemos empequeñecido de corazón
y, en cambio, desarrollado un cómodo tejido adiposo, que nos impide actuar a
favor de nuestros intereses sociales, si ello implica asumir graves riesgos
como, por ejemplo, perdernos un partido de fútbol por televisión.
Es cierto
que el fallo que condenó a parte de la banda (los verdaderos responsables aún
no se han sentado frente a los jueces) todavía no está firme, ya que puede ser
apelado ante Casación y, muy probablemente, llegue a la Corte Suprema, pero
estos tránsfugas estaban ya en prisión porque, claramente, podían interferir en
la investigación –una de las razones que justifican la privación de la
libertad; la otra, el riesgo de fuga- de la conducta de otros importantes
miembros de esa asociación ilícita: vgr. Jorge Brito y Gildo Insfrán.
Si bien
Boudou ya no es funcionario, la administración pública y hasta el Poder
Judicial están llenos de quintacolumnistas enterrados por el kirchnerismo como
minas antipersonales, y todos ellos están dispuestos a pagar los favores
recibidos con acciones que favorezcan política y judicialmente a los
saqueadores o con omisiones que traben el desempeño del Gobierno.
Pero lo
que más sorprende de este período, en el cual muchos cifrábamos esperanzas con
relación a la situación de los únicos presos políticos de esta democracia
falluta, es la cotidiana doble vara que aplican todos, desde los jueces
prevaricadores hasta los funcionarios encaramados en cargos relacionados con el
tema, como el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Éste continúa no
sólo protegiendo el negocio de quienes tanto han lucrado sino, mucho peor aún,
impulsando estas inicuas persecuciones a través de los fiscales que le son
adictos.
Porque
nadie puede sostener hoy que, a más de cuarenta años de los hechos, los
militares detenidos en inmundas mazmorras puedan tener alguna influencia sobre
las presuntas pesquizas y, menos aún, evadir la acción persecutoria fugándose.
A pesar de eso, y como lo demostró la Corte hace una semana, para ellos no rige
ningún derecho constitucional, como la irretroactividad de la ley penal o el
principio de inocencia, así como tampoco los máximos plazos legales en materia
de prisiones preventivas, en todos sus casos vencidos hace años.
Pero no
es sólo culpa de jueces o funcionarios: la sociedad entera convalidó con su
silencio la represión de las organizaciones terroristas hasta su
aniquilamiento, ordenada por el gobierno constitucional de Isabel Martínez de
Perón, ya que estaba harta de la violencia de los asesinatos del ERP y Montoneros,
llamó unánimemente –peronistas incluidos- a los militares para que, en marzo de
1976, la desalojaran de la Casa Rosada por la inoperancia de su gobierno, el
caos administrativo y el clima de guerra civil que las acciones de la Triple A
habían generado.
Hoy, esa
misma sociedad mira para otro lado e ignora el tema, porque ha elegido a estos
dos mil veteranos de tantas batallas para que carguen solos con la pretendida
culpa de todos, tal como sucedió tantas veces en la historia de la humanidad.
Sobre esas dos mil cabezas, el conjunto depositó sus presuntos pecados colectivos
y, si purgarlos requiere hasta de sus vidas, lo considera un precio razonable que,
pagado, impida que nadie más pueda culpar al resto de los argentinos. ¡Qué
actitud hipócrita, miserable y cobarde!
He
debido, por razones profesionales, la reunión fundacional del P.A.D. hasta
febrero; le haré saber el lugar y la fecha con anticipación. Hasta la semana
próxima.
Asunción,
15 Dic 18



