La crisis energética argentina, su causa, las recetas actuales y las verdaderas soluciones de fondo
A pesar de los dichos y aseveraciones del señor Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del señor Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, respaldados por las actitudes y comentarios de la señora Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, Argentina se encuentra inmersa en una fuerte crisis de energía.
Basta, para confirmar ese aserto –por lo demás, compartido por todos los especialistas nacionales y extranjeros- analizar qué sucedió con los sectores de la electricidad, del gas, del petróleo y de los combustibles, todos ellos íntimamente relacionados, a partir del año 2004.
El año pasado, y con el obvio propósito de impedir que la falta de gas se notara en toda su magnitud en los hogares argentinos, que dependen de ese combustible para su calefacción, en un año crucialmente electoral, el Gobierno optó por cortar el suministro del fluido a las industrias, y cinco mil de ellas se vieron obligadas a interrumpir su producción durante ocho horas diarias.
En diciembre, y en razón de la fuerte demanda producida por la masiva venta de equipos de aire acondicionado y las elevadas temperaturas –por cierto, habituales- grandes zonas de la capital, el conurbano y algunas ciudades del interior sufrieron cortes de electricidad.
Lo que el año pasado ocurrió con el gasoil, se está repitiendo este año, con sus síntomas agravados por las ocurrencias disparatas y los manifiestos errores del inefable señor Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La causa
La causa casi excluyente de la crisis argentina, tanto en materia de energía cuanto de inflación, es la falta de inversión.
La realidad, pese a la descarada manipulación de la historia que ejercita el Gobierno cotidianamente, es que la recesión que se iniciara en el año 1998 (que comenzaba a disminuir en 1999), dejó al país frente a un escenario marcado por una gran capacidad ociosa, tanto en materia de generación eléctrica cuanto industrial.
A partir del año 2002, cuando comenzó a salir de la megacrisis del 2001 y a crecer muy fuertemente, Argentina aprovechó esa capacidad vacante; la magnitud de ella se demuestra con sólo pensar que, pese a que el PBI creció a más de 8% al año, la falta de inversiones –en generación de energía y en ampliación de la oferta de bienes- iniciada en 1998, se ha notado únicamente a partir del 2005.
Si, además, sumamos a ese factor, ya de por sí definitorio para explicar el problema actual, el adicional de las tarifas congeladas desde 2002 y la negación sistemática de la crisis por parte del Gobierno, que hace que la población gaste alegremente el recurso tan barato, nada podía evitar que esta crisis llegara.
En una palabra, el defecto estructural del modelo en vigencia, consiste en que Argentina carece de las inversiones en infraestructura indispensables para su crecimiento o, cuando las realiza, están sujetas a la enferma decisión de unos funcionarios que, en lugar de aplicarlas con lógica, lo hacen movidos por sus corruptos intereses políticos y personales. Baste, como ejemplo, el proyecto del ‘tren bala’ cuyo presupuesto, aún desconocido por cierto, seguramente bastaría para recuperar los actuales 7.700 Km de vías férreas en uso.
Nadie invierte a largo plazo –como son todas las inversiones en infraestructura- en un país como el nuestro, que carece de seguridad jurídica, que ha quitado a su Poder Judicial toda independencia, que congela arbitrariamente las tarifas, que impide la exportación, que prohibe a los empresarios fijar sus propios márgenes de ganancia, que modifica permanentemente las reglas de juego, que carece de luz y de gas, que desconoce la realidad de una inflación galopante en los costos, y que cuenta con una ‘familia reinante’ que, para evitar riesgos, mantiene –desde hace 14 años- los fondos de una provincia en el exterior, sin rendir cuentas a nadie por ello.
Para explicar mejor a qué me refiero, piense solamente, y por un segundo, que Ud. se llama Carlos Repsol, o Carlos Petrobras. En ese caso, el Gobierno argentino le pagaría US$ 1,50 por cada millón de BTU (medida británica para el gas) que Ud. extrajera en Argentina, pero US$ 6 si Ud. lo extrajera en Bolivia y mucho más si Ud. lo hiciera en Venezuela o en Brasil. ¿Dónde invertiría Ud. su dinero?
En la respuesta a esa retórica pregunta está la razón de la crisis de los combustibles en Argentina, y la fuerte caída en el horizonte de reservas, tanto de gas natural cuanto de petróleo.
Con respecto al petróleo, sucede lo mismo, es decir, nadie invierte hoy en buscarlo, pues los precios internos no condicen con los gastos y los riesgos que la actividad implica.
Y la capacidad de refinamiento de los crudos está hoy totalmente ocupada, ya que don Moreno destina parte de sus mejores esfuerzos a ello, por lo cual, aún en el caso de que se extrajera más, no habría dónde procesarlo.
El tema de la energía eléctrica también tiene una fácil explicación. Argentina genera su electricidad a partir de tres fuentes: a) la generación térmica; b) la generación hídrica; y c) la generación nuclear, en Atucha I y Embalse.
En el primer caso, es decir en de la termoelectricidad, el combustible usado naturalmente para ello es el gas, por su precio, por la limpieza de su operación –que hace que el mantenimiento sea más duradero y más barato- y su escasa contaminación ambiental.
Cuando no hay gas, como sucede hoy, se debe recurrir a realizar en las usinas las modificaciones necesarias, y comenzar a quemar fuel oil, mucho más caro y enormemente más contaminante, y todo ello sin aumentar las tarifas. ¿Cómo se solventa esa diferencia? Simplemente con subsidios, carentes por completo de transparencia en su distribución.
Eso es, precisamente, lo que el Gobierno pretende hacer para evitar un apagón el próximo invierno, ya que contaba con el hoy inexistente gas boliviano para alimentar las centrales térmicas, entre otras las futuras de Campana y Timbúes. Está demás decir que, aún si ese gas pudiera ser extraído de las profundidades del Altiplano, no habría hoy un gasoducto capaz de transportarlo.
Pero hay un factor externo que agrava el ya de por sí complicado escenario: la crisis de producción de Bolivia. Cuando, en mayo de 2006, el Presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, atentó gravemente contra las petroleras multinacionales que actúan en su país.
La explicación a esta afirmación es bien simple. En los balances de las petroleras figuran, como activos, las reservas que éstas tienen comprobadas o comprobables. La medida del Gobierno boliviano produjo la desaparición de tales activos de los balances y, con ello, la desvalorización de las compañías.
Si Morales hubiera optado, para lograr el mismo resultado en la recaudación, por aumentar fuertemente las tasas impositivas, no se hubiera producido tal hecho. Consecuencia de la medida: las petroleras dejaron de invertir inmediatamente en Bolivia que, a partir de entonces, se ve impedida de cumplir sus contratos de exportación a Argentina y, parcialmente, a Brasil.
Hoy, Bolivia produce unos 40 millones de m³ de gas natural por día. De ese total, por ley, destina unos 6 millones a la atención de su demanda interna. Luego, por prioridad contractual, envía otros 30 millones al mercado del Sureste brasileño. El saldo, entre 2,5 y 3 millones diarios, los exporta a Argentina que, teóricamente y pese a que paga un precio mayor que el cobrado a Brasil, debía recibir 7,7 millones por día este año, para llegar, en 2012, a 27,7 millones diarios.
Ante esta realidad –las inversiones de Petrobras en Bolivia se han reiniciado, pero su efecto llegará dentro de 3 a 4 años- Argentina pidió a Brasil que le cediera parte de lo que recibe, pero el Presidente Lula, acosado también por la falta de agua en sus reservorios, se negó a ello.
Como alternativa, Brasil ofreció exportar en invierno 200 MW de electricidad y Argentina, a su vez, pidió que fueran 1.500 MW. Esa energía, al menos en principio, debería pagarse con electricidad enviada en el futuro por Argentina a Brasil, y si no pudiera ser pagada en especie, resultará mucho más cara, toda vez que la que este invierno nos llegue será producida por las termoeléctricas brasileñas, y no será de origen hidráulico.
Frente a esta escasez de gas para el próximo invierno, el Gobierno argentino volvió a decir que comprará combustibles líquidos –alternativa más cara y, en este caso, mucho más contaminante, por el contenido mayor de azufre- a Venezuela que, por supuesto, no regala nada. En un nuevo frente de corrupción de ambos gobiernos, ese fueloil será intercambiado por alimentos, ya que la República Bolivariana carece de ellos, provistos ahora por una lista de empresarios amigos de los Kirchner.
Se repetirá, así, la vieja historia del fueloil venezolano, destinado a atender a la creciente demanda argentina. Ese combustible en particular nada tiene de venezolano. Su único contacto con Venezuela es que allí está domiciliada la ‘trader’ que hizo las operaciones, ya que el origen del producto es tan distinto como Rusia, México, etc.. Venezuela no refina fueloil ni tiene capacidad para exportarlo.
Merece aparecer aquí una breve referencia al -¡gracias a Dios!- olvidado proyecto del Gasoducto del Sur, un invento de Chávez y Kirchner, que debía recorrer 12.000 Km entre Venezuela y Argentina, transportando 100 millones de m³ diarios de gas natural para ser utilizados a lo largo de su trazado. Ese disparate era, de origen, absolutamente inviable por varias razones: a) nadie sabe si Venezuela lo hubiera podido llenar, ya que la mayor parte de su gas es ‘asociado’, es decir, comparte sus yacimientos con el petróleo; b) en la medida en que el gas debe ser reimpulsado cada tantos kilómetros, hubieran debido construirse varias estaciones compresores a lo largo de su traza, con el consiguiente aumento de costo final; el gas hubiera llegado a Argentina a un precio cercano a los US$ 12 o 13 por millón de BTU (ver más arriba los precios actuales); c) a partir de los 3.500 Km, el costo del transporte por gasoducto es superior al que implica licuar el gas en origen y transportarlo en buques para su regasificación en destino; con la ventaja enorme, para este sistema, de impedir la dependencia de un solo proveedor; y d) el organismo brasileño que custodia el medio ambiente –IBAMA- jamás hubiera dado permiso para que las tuberías atravesaran el Amazonas. Como dije, es de agradecer que el proyecto haya caído en el olvido, ya que hubiera costado una enorme fortuna: US$ 20.000 millones, al menos en principio.
En el año 2001, Brasil tuvo una enorme crisis de energía, en virtud de su gran dependencia de la energía hidráulica que, entonces, se vio golpeada por una histórica sequía. El Gobierno –la comparación con la actualidad argentina se impone- reaccionó anunciándole al país que debía enfrentar un apagón, estableció un racionamiento muy fuerte –con penas pecuniarias severas para quien no respetara sus indicaciones-, priorizó el abastecimiento a la industria por sobre los hogares y creó un programa de construcción de termoeléctricas. La crisis fue superada el verano siguiente, con las fuertes lluvias que permitieron la recuperación de los reservorios, pero los brasileños se acostumbraron a usar racionalmente la energía y los niveles de consumo eléctrico pre-crisis sólo fueron alcanzados después de varios años.
En el caso de la energía hidráulica, la materia prima de las represas es el agua. Y, a la inversa de lo que ha ocurrido en años recientes, la suerte parece haber abandonado –en este rubro también- al Gobierno. Las represas del sur argentino no tienen agua y, por ello, no podrán generar la energía suficiente.
Las causas son dos: la primera, la criminal actitud del Gobierno, que ordenó utilizar el agua de esos reservorios durante el último invierno hasta muy por debajo de los niveles de seguridad mínimos de los mismos; la segunda, y a ello me refería cuando hablé de la falta de suerte, a la falta de lluvias en el actual verano.
En tercer término, se debe hablar de la energía atómica. Las centrales argentinas son absolutamente obsoletas, y Atucha II, además de los escándalos por corrupción que la rodean, lleva 27 años en construcción. En resumen, poco aportan a la salida del problema.
Pero, como dije, el principio de la solución de la crisis brasileña fue, naturalmente, el reconocimiento de su existencia y la concientización de la población acerca del problema, exactamente lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno argentino.
Soluciones
Argentina carece, pese a ser imprescindible, de una planificación a mediano y largo plazo. En los casos como el de la energía, esa falta resulta más notoria y conspira contra cualquier posibilidad de solución.
Sin embargo, como casi todo en la vida, la actual situación de Argentina tiene solución, pero se requiere coraje y buen tino para aplicar las medidas del caso, todas ellas impopulares.
La primera de ellas es, como dije, el reconocimiento de la crisis, indispensable para intentar remediarla. El Gobierno tiene la obligación de explicar claramente a los habitantes la magnitud de la crisis, y las necesarias conductas a adoptarse, a nivel individual y colectivo, para remediarla; además, debe nos debe pedir sacrificios, a los cuales estamos poco acostumbrados, tales como: destinar a la producción industrial y a la generación eléctrica la mayor cantidad de gas posible, aún a costa de que los argentinos pasen algún frío en sus casas; economizar fuertemente la electricidad, mediante la sustitución de lámparas y equipos por otros más eficientes, aún cuando haya que subsidiar esos cambios, y castigar el uso de equipos suntuarios, como calefactores de piscinas y de ambientes abiertos; imponer, a través de fuertes castigos pecuniarios, una reducción en el consumo, retrotrayéndolo, por ejemplo, a los niveles de 2006.
La segunda, el sinceramiento de las tarifas. Con el escenario descripto más arriba, resulta imposible que los argentinos –al menos, los que podemos- sigamos pagando por nuestra energía, cualquiera sea su fuente, la mitad de lo que pagan los países limítrofes por la suya. De algún lado –los subsidios inexplicados- deben salir los fondos que paguen por esa diferencia, y el procedimiento en uso no es, por decirlo suavemente, el más transparente ni el más apropiado. Una vía para esto, sugerida por Alieto Guadagni recientemente, podría ser la liberación de precios para la energía ‘nueva’, es decir, para la que se agregara a la oferta a partir de ahora. La otra, naturalmente compatible, es liberar las tarifas a los consumidores ‘pudientes’ y mantener una ‘tarifa social’ para los sectores más carenciados.
Aquí debo introducir un nuevo ángulo de crítica a un gobierno que describe a su modelo económico como inclusivo. La falta de canalización para la distribución de gas en las zonas más empobrecidas del conurbano bonaerense y otros focos nacionales de miseria, hacen que quienes menos tienen deban pagar por el gas, tanto para cocina cuanto para calefacción, un precio casi ocho veces mayor que los sectores de altos ingresos. Una factura de gas bimestral en el Barrio Norte de la Capital no supera los $ 20, mientras que el precio de cada garrafa, que dura entre 10 y 15 días, supera los $ 35 en los alrededores de Buenos Aires.
La tercera, pero tal vez la más importante y sin la cual nada será posible, es la seguridad jurídica, es decir, la garantía del respeto a los contratos; pero sin una Justicia genuinamente independiente del Poder Ejecutivo, esa seguridad nunca podrá ser creída por los inversores. En estos días tenemos ejemplos suficientes de ello: la imposición de retenciones a la minería, el aumento de las retenciones al campo, etc., etc., son medidas adoptadas por un Gobierno que dice pretender revertir la tendencia que excluye a nuestro país como destino de las inversiones extranjeras directas.
La cuarta, más cara pero más inmediata, es la construcción de terminales de regasificación en Argentina, para comprar gas licuado a todos los países del mundo que disponen del insumo y de la tecnología para producirlo. Si el Ministerio de Planificación Federal pudiera dedicar parte del tiempo que gasta en negociar con Venezuela contratos espúreos y en imaginar ‘trenes bala’, Argentina podría contar, en 3 o 4 años, con el gas suficiente para atender a un mayor crecimiento de la demanda de su generación térmica de electricidad, además de atender a las necesidades de su población en los meses fríos.
Si todo esto se produjera, también se alejaría el horizonte de reservas de petróleo y gas, ya que las compañías internacionales vendrían a buscarlo y, con suerte, a encontrarlo, recuperando para Argentina su autosuficiencia energética, hoy perdida. El año próximo, con toda seguridad, nuestro país volverá a ser un importador neto de petróleo, en un momento en que el barril está rondando los US$ 100 por unidad.
Finalmente, Argentina debe dirigir todos sus esfuerzos –y por qué no sus subsidios- al desarrollo de fuentes alternativas de energía, hoy buscadas por el mundo entero por el recrudecimiento del calentamiento global. Me refiero, en primer término, a los biocombustibles, mercado en el cual Brasil ya es líder mundial; luego, a las pequeñas centrales hidroeléctricas, de bajo costo ambiental y rápida construcción; a la energía eólica, en un país que desperdicia este fuente inagotable y, en la Patagonia, permanente; y sobre todo a la atómica, con la rápida terminación -¡lleva ya 27 años!- de Atucha II y la construcción de nuevas centrales.
En esta materia, la energía, nada es ‘a corto plazo’. Se necesita mucho dinero y, sobre todo, tiempo para implementar las soluciones que, además, no son nunca demagógicas. Ojalá estemos a tiempo.
Bs.As., 22 Mar 08
A pesar de los dichos y aseveraciones del señor Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del señor Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, respaldados por las actitudes y comentarios de la señora Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, Argentina se encuentra inmersa en una fuerte crisis de energía.
Basta, para confirmar ese aserto –por lo demás, compartido por todos los especialistas nacionales y extranjeros- analizar qué sucedió con los sectores de la electricidad, del gas, del petróleo y de los combustibles, todos ellos íntimamente relacionados, a partir del año 2004.
El año pasado, y con el obvio propósito de impedir que la falta de gas se notara en toda su magnitud en los hogares argentinos, que dependen de ese combustible para su calefacción, en un año crucialmente electoral, el Gobierno optó por cortar el suministro del fluido a las industrias, y cinco mil de ellas se vieron obligadas a interrumpir su producción durante ocho horas diarias.
En diciembre, y en razón de la fuerte demanda producida por la masiva venta de equipos de aire acondicionado y las elevadas temperaturas –por cierto, habituales- grandes zonas de la capital, el conurbano y algunas ciudades del interior sufrieron cortes de electricidad.
Lo que el año pasado ocurrió con el gasoil, se está repitiendo este año, con sus síntomas agravados por las ocurrencias disparatas y los manifiestos errores del inefable señor Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La causa
La causa casi excluyente de la crisis argentina, tanto en materia de energía cuanto de inflación, es la falta de inversión.
La realidad, pese a la descarada manipulación de la historia que ejercita el Gobierno cotidianamente, es que la recesión que se iniciara en el año 1998 (que comenzaba a disminuir en 1999), dejó al país frente a un escenario marcado por una gran capacidad ociosa, tanto en materia de generación eléctrica cuanto industrial.
A partir del año 2002, cuando comenzó a salir de la megacrisis del 2001 y a crecer muy fuertemente, Argentina aprovechó esa capacidad vacante; la magnitud de ella se demuestra con sólo pensar que, pese a que el PBI creció a más de 8% al año, la falta de inversiones –en generación de energía y en ampliación de la oferta de bienes- iniciada en 1998, se ha notado únicamente a partir del 2005.
Si, además, sumamos a ese factor, ya de por sí definitorio para explicar el problema actual, el adicional de las tarifas congeladas desde 2002 y la negación sistemática de la crisis por parte del Gobierno, que hace que la población gaste alegremente el recurso tan barato, nada podía evitar que esta crisis llegara.
En una palabra, el defecto estructural del modelo en vigencia, consiste en que Argentina carece de las inversiones en infraestructura indispensables para su crecimiento o, cuando las realiza, están sujetas a la enferma decisión de unos funcionarios que, en lugar de aplicarlas con lógica, lo hacen movidos por sus corruptos intereses políticos y personales. Baste, como ejemplo, el proyecto del ‘tren bala’ cuyo presupuesto, aún desconocido por cierto, seguramente bastaría para recuperar los actuales 7.700 Km de vías férreas en uso.
Nadie invierte a largo plazo –como son todas las inversiones en infraestructura- en un país como el nuestro, que carece de seguridad jurídica, que ha quitado a su Poder Judicial toda independencia, que congela arbitrariamente las tarifas, que impide la exportación, que prohibe a los empresarios fijar sus propios márgenes de ganancia, que modifica permanentemente las reglas de juego, que carece de luz y de gas, que desconoce la realidad de una inflación galopante en los costos, y que cuenta con una ‘familia reinante’ que, para evitar riesgos, mantiene –desde hace 14 años- los fondos de una provincia en el exterior, sin rendir cuentas a nadie por ello.
Para explicar mejor a qué me refiero, piense solamente, y por un segundo, que Ud. se llama Carlos Repsol, o Carlos Petrobras. En ese caso, el Gobierno argentino le pagaría US$ 1,50 por cada millón de BTU (medida británica para el gas) que Ud. extrajera en Argentina, pero US$ 6 si Ud. lo extrajera en Bolivia y mucho más si Ud. lo hiciera en Venezuela o en Brasil. ¿Dónde invertiría Ud. su dinero?
En la respuesta a esa retórica pregunta está la razón de la crisis de los combustibles en Argentina, y la fuerte caída en el horizonte de reservas, tanto de gas natural cuanto de petróleo.
Con respecto al petróleo, sucede lo mismo, es decir, nadie invierte hoy en buscarlo, pues los precios internos no condicen con los gastos y los riesgos que la actividad implica.
Y la capacidad de refinamiento de los crudos está hoy totalmente ocupada, ya que don Moreno destina parte de sus mejores esfuerzos a ello, por lo cual, aún en el caso de que se extrajera más, no habría dónde procesarlo.
El tema de la energía eléctrica también tiene una fácil explicación. Argentina genera su electricidad a partir de tres fuentes: a) la generación térmica; b) la generación hídrica; y c) la generación nuclear, en Atucha I y Embalse.
En el primer caso, es decir en de la termoelectricidad, el combustible usado naturalmente para ello es el gas, por su precio, por la limpieza de su operación –que hace que el mantenimiento sea más duradero y más barato- y su escasa contaminación ambiental.
Cuando no hay gas, como sucede hoy, se debe recurrir a realizar en las usinas las modificaciones necesarias, y comenzar a quemar fuel oil, mucho más caro y enormemente más contaminante, y todo ello sin aumentar las tarifas. ¿Cómo se solventa esa diferencia? Simplemente con subsidios, carentes por completo de transparencia en su distribución.
Eso es, precisamente, lo que el Gobierno pretende hacer para evitar un apagón el próximo invierno, ya que contaba con el hoy inexistente gas boliviano para alimentar las centrales térmicas, entre otras las futuras de Campana y Timbúes. Está demás decir que, aún si ese gas pudiera ser extraído de las profundidades del Altiplano, no habría hoy un gasoducto capaz de transportarlo.
Pero hay un factor externo que agrava el ya de por sí complicado escenario: la crisis de producción de Bolivia. Cuando, en mayo de 2006, el Presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, atentó gravemente contra las petroleras multinacionales que actúan en su país.
La explicación a esta afirmación es bien simple. En los balances de las petroleras figuran, como activos, las reservas que éstas tienen comprobadas o comprobables. La medida del Gobierno boliviano produjo la desaparición de tales activos de los balances y, con ello, la desvalorización de las compañías.
Si Morales hubiera optado, para lograr el mismo resultado en la recaudación, por aumentar fuertemente las tasas impositivas, no se hubiera producido tal hecho. Consecuencia de la medida: las petroleras dejaron de invertir inmediatamente en Bolivia que, a partir de entonces, se ve impedida de cumplir sus contratos de exportación a Argentina y, parcialmente, a Brasil.
Hoy, Bolivia produce unos 40 millones de m³ de gas natural por día. De ese total, por ley, destina unos 6 millones a la atención de su demanda interna. Luego, por prioridad contractual, envía otros 30 millones al mercado del Sureste brasileño. El saldo, entre 2,5 y 3 millones diarios, los exporta a Argentina que, teóricamente y pese a que paga un precio mayor que el cobrado a Brasil, debía recibir 7,7 millones por día este año, para llegar, en 2012, a 27,7 millones diarios.
Ante esta realidad –las inversiones de Petrobras en Bolivia se han reiniciado, pero su efecto llegará dentro de 3 a 4 años- Argentina pidió a Brasil que le cediera parte de lo que recibe, pero el Presidente Lula, acosado también por la falta de agua en sus reservorios, se negó a ello.
Como alternativa, Brasil ofreció exportar en invierno 200 MW de electricidad y Argentina, a su vez, pidió que fueran 1.500 MW. Esa energía, al menos en principio, debería pagarse con electricidad enviada en el futuro por Argentina a Brasil, y si no pudiera ser pagada en especie, resultará mucho más cara, toda vez que la que este invierno nos llegue será producida por las termoeléctricas brasileñas, y no será de origen hidráulico.
Frente a esta escasez de gas para el próximo invierno, el Gobierno argentino volvió a decir que comprará combustibles líquidos –alternativa más cara y, en este caso, mucho más contaminante, por el contenido mayor de azufre- a Venezuela que, por supuesto, no regala nada. En un nuevo frente de corrupción de ambos gobiernos, ese fueloil será intercambiado por alimentos, ya que la República Bolivariana carece de ellos, provistos ahora por una lista de empresarios amigos de los Kirchner.
Se repetirá, así, la vieja historia del fueloil venezolano, destinado a atender a la creciente demanda argentina. Ese combustible en particular nada tiene de venezolano. Su único contacto con Venezuela es que allí está domiciliada la ‘trader’ que hizo las operaciones, ya que el origen del producto es tan distinto como Rusia, México, etc.. Venezuela no refina fueloil ni tiene capacidad para exportarlo.
Merece aparecer aquí una breve referencia al -¡gracias a Dios!- olvidado proyecto del Gasoducto del Sur, un invento de Chávez y Kirchner, que debía recorrer 12.000 Km entre Venezuela y Argentina, transportando 100 millones de m³ diarios de gas natural para ser utilizados a lo largo de su trazado. Ese disparate era, de origen, absolutamente inviable por varias razones: a) nadie sabe si Venezuela lo hubiera podido llenar, ya que la mayor parte de su gas es ‘asociado’, es decir, comparte sus yacimientos con el petróleo; b) en la medida en que el gas debe ser reimpulsado cada tantos kilómetros, hubieran debido construirse varias estaciones compresores a lo largo de su traza, con el consiguiente aumento de costo final; el gas hubiera llegado a Argentina a un precio cercano a los US$ 12 o 13 por millón de BTU (ver más arriba los precios actuales); c) a partir de los 3.500 Km, el costo del transporte por gasoducto es superior al que implica licuar el gas en origen y transportarlo en buques para su regasificación en destino; con la ventaja enorme, para este sistema, de impedir la dependencia de un solo proveedor; y d) el organismo brasileño que custodia el medio ambiente –IBAMA- jamás hubiera dado permiso para que las tuberías atravesaran el Amazonas. Como dije, es de agradecer que el proyecto haya caído en el olvido, ya que hubiera costado una enorme fortuna: US$ 20.000 millones, al menos en principio.
En el año 2001, Brasil tuvo una enorme crisis de energía, en virtud de su gran dependencia de la energía hidráulica que, entonces, se vio golpeada por una histórica sequía. El Gobierno –la comparación con la actualidad argentina se impone- reaccionó anunciándole al país que debía enfrentar un apagón, estableció un racionamiento muy fuerte –con penas pecuniarias severas para quien no respetara sus indicaciones-, priorizó el abastecimiento a la industria por sobre los hogares y creó un programa de construcción de termoeléctricas. La crisis fue superada el verano siguiente, con las fuertes lluvias que permitieron la recuperación de los reservorios, pero los brasileños se acostumbraron a usar racionalmente la energía y los niveles de consumo eléctrico pre-crisis sólo fueron alcanzados después de varios años.
En el caso de la energía hidráulica, la materia prima de las represas es el agua. Y, a la inversa de lo que ha ocurrido en años recientes, la suerte parece haber abandonado –en este rubro también- al Gobierno. Las represas del sur argentino no tienen agua y, por ello, no podrán generar la energía suficiente.
Las causas son dos: la primera, la criminal actitud del Gobierno, que ordenó utilizar el agua de esos reservorios durante el último invierno hasta muy por debajo de los niveles de seguridad mínimos de los mismos; la segunda, y a ello me refería cuando hablé de la falta de suerte, a la falta de lluvias en el actual verano.
En tercer término, se debe hablar de la energía atómica. Las centrales argentinas son absolutamente obsoletas, y Atucha II, además de los escándalos por corrupción que la rodean, lleva 27 años en construcción. En resumen, poco aportan a la salida del problema.
Pero, como dije, el principio de la solución de la crisis brasileña fue, naturalmente, el reconocimiento de su existencia y la concientización de la población acerca del problema, exactamente lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno argentino.
Soluciones
Argentina carece, pese a ser imprescindible, de una planificación a mediano y largo plazo. En los casos como el de la energía, esa falta resulta más notoria y conspira contra cualquier posibilidad de solución.
Sin embargo, como casi todo en la vida, la actual situación de Argentina tiene solución, pero se requiere coraje y buen tino para aplicar las medidas del caso, todas ellas impopulares.
La primera de ellas es, como dije, el reconocimiento de la crisis, indispensable para intentar remediarla. El Gobierno tiene la obligación de explicar claramente a los habitantes la magnitud de la crisis, y las necesarias conductas a adoptarse, a nivel individual y colectivo, para remediarla; además, debe nos debe pedir sacrificios, a los cuales estamos poco acostumbrados, tales como: destinar a la producción industrial y a la generación eléctrica la mayor cantidad de gas posible, aún a costa de que los argentinos pasen algún frío en sus casas; economizar fuertemente la electricidad, mediante la sustitución de lámparas y equipos por otros más eficientes, aún cuando haya que subsidiar esos cambios, y castigar el uso de equipos suntuarios, como calefactores de piscinas y de ambientes abiertos; imponer, a través de fuertes castigos pecuniarios, una reducción en el consumo, retrotrayéndolo, por ejemplo, a los niveles de 2006.
La segunda, el sinceramiento de las tarifas. Con el escenario descripto más arriba, resulta imposible que los argentinos –al menos, los que podemos- sigamos pagando por nuestra energía, cualquiera sea su fuente, la mitad de lo que pagan los países limítrofes por la suya. De algún lado –los subsidios inexplicados- deben salir los fondos que paguen por esa diferencia, y el procedimiento en uso no es, por decirlo suavemente, el más transparente ni el más apropiado. Una vía para esto, sugerida por Alieto Guadagni recientemente, podría ser la liberación de precios para la energía ‘nueva’, es decir, para la que se agregara a la oferta a partir de ahora. La otra, naturalmente compatible, es liberar las tarifas a los consumidores ‘pudientes’ y mantener una ‘tarifa social’ para los sectores más carenciados.
Aquí debo introducir un nuevo ángulo de crítica a un gobierno que describe a su modelo económico como inclusivo. La falta de canalización para la distribución de gas en las zonas más empobrecidas del conurbano bonaerense y otros focos nacionales de miseria, hacen que quienes menos tienen deban pagar por el gas, tanto para cocina cuanto para calefacción, un precio casi ocho veces mayor que los sectores de altos ingresos. Una factura de gas bimestral en el Barrio Norte de la Capital no supera los $ 20, mientras que el precio de cada garrafa, que dura entre 10 y 15 días, supera los $ 35 en los alrededores de Buenos Aires.
La tercera, pero tal vez la más importante y sin la cual nada será posible, es la seguridad jurídica, es decir, la garantía del respeto a los contratos; pero sin una Justicia genuinamente independiente del Poder Ejecutivo, esa seguridad nunca podrá ser creída por los inversores. En estos días tenemos ejemplos suficientes de ello: la imposición de retenciones a la minería, el aumento de las retenciones al campo, etc., etc., son medidas adoptadas por un Gobierno que dice pretender revertir la tendencia que excluye a nuestro país como destino de las inversiones extranjeras directas.
La cuarta, más cara pero más inmediata, es la construcción de terminales de regasificación en Argentina, para comprar gas licuado a todos los países del mundo que disponen del insumo y de la tecnología para producirlo. Si el Ministerio de Planificación Federal pudiera dedicar parte del tiempo que gasta en negociar con Venezuela contratos espúreos y en imaginar ‘trenes bala’, Argentina podría contar, en 3 o 4 años, con el gas suficiente para atender a un mayor crecimiento de la demanda de su generación térmica de electricidad, además de atender a las necesidades de su población en los meses fríos.
Si todo esto se produjera, también se alejaría el horizonte de reservas de petróleo y gas, ya que las compañías internacionales vendrían a buscarlo y, con suerte, a encontrarlo, recuperando para Argentina su autosuficiencia energética, hoy perdida. El año próximo, con toda seguridad, nuestro país volverá a ser un importador neto de petróleo, en un momento en que el barril está rondando los US$ 100 por unidad.
Finalmente, Argentina debe dirigir todos sus esfuerzos –y por qué no sus subsidios- al desarrollo de fuentes alternativas de energía, hoy buscadas por el mundo entero por el recrudecimiento del calentamiento global. Me refiero, en primer término, a los biocombustibles, mercado en el cual Brasil ya es líder mundial; luego, a las pequeñas centrales hidroeléctricas, de bajo costo ambiental y rápida construcción; a la energía eólica, en un país que desperdicia este fuente inagotable y, en la Patagonia, permanente; y sobre todo a la atómica, con la rápida terminación -¡lleva ya 27 años!- de Atucha II y la construcción de nuevas centrales.
En esta materia, la energía, nada es ‘a corto plazo’. Se necesita mucho dinero y, sobre todo, tiempo para implementar las soluciones que, además, no son nunca demagógicas. Ojalá estemos a tiempo.
Bs.As., 22 Mar 08
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