La verdadera causa de la “argentinización” de las empresas privatizadas
En estos días, luego del curiosísimo proceso que llevó a la familia Eskenazy a ‘comprar’ el 15% de YPF, estamos asistiendo a la ‘argentinización’ de Aerolíneas Argentinas, otra empresa que fuera privatizada y luego cercada por la cómplice inacción de la Secretaría de Transporte frente a los vandálicos paros a que fue sometida por la Asociación de Pilotos, que responde a los mismos intereses.
En general, los medios –aún los opositores- dan a entender que el objetivo buscado por los empresarios extranjeros que aceptan la presión oficial para abrir su capital a socios argentinos amigos de la familia K es lograr la adecuación de tarifas y el establecimiento de un marco regulatorio apto para el desarrollo de las actividades sociales.
Sin embargo, tal explicación, que hubiera podido ser válida en el caso de las primeras experiencias, producidas en la generación y en la distribución eléctricas, no se ha traslucido en la obtención de los resultados esperados. El grupo Midlin, y no es el único ejemplo, sigue esperando que se produzcan la liberación de sus tarifas y, pese al discurso oficial, no han invertido un peso en aumentar la oferta o la confiabilidad.
Entonces, si el objetivo presuntamente buscado no se ha visto cumplido en ninguno de los casos anteriores, ¿por qué seguirían insistiendo en su voluntad compradora los amigos del poder?
Creo que hay una sola respuesta lógica. Lo que están buscando los K no es exclusivamente comprar a precios de remate estos activos –que, coincidentemente, los extranjeros tienen interés en vender, para reducir su exposición local- sino, principalmente, hacerse de ‘excusas’ para girar dinero a los mercados mundiales.
Todos sabemos que hoy, con las normas internacionales sobre la prevención del lavado de dinero, resulta en extremo complicado para un individuo depositar en los bancos, ya que éstos se ven obligados a investigar el origen de tales fondos; cualquier suma que supere los US$ 10.000.= resulta, en principio, sospechosa y debe probar su ‘inocencia’.
Imaginemos, entonces, a cualquier personero K intentando ingresar a una cuenta una suma de US$ 100.000.000.=; una cantidad enorme pero adecuada a los manejos actuales, sobre todo en materia de subsidios y alegre disposición de dineros públicos. Saltarían todas las alarmas legales del banco escogido, y éste los rechazaría o los inmovilizaría hasta que fuera completamente explicado de dónde salió ese dinero, con la consecuente creación y registro de los antecedentes del caso para futuras investigaciones.
En cambio, cuando es una empresa la que realiza el depósito, le basta con declarar que tales fondos provienen de operaciones genuinas y han sido informadas a su propio organismo de recaudación impositiva local, para que los fondos puedan ingresar al sistema bancario.
Detengámosnos a pensar en esto, y acumulemos todas las pruebas posibles para cuando la suerte de los K los haya abandonado por completo y los jueces de la República vuelvan a tener las agallas para juzgarlos, como les ha sucedido a todos los funcionarios que perdieron el poder.
Bs.As., 4 May 08
En estos días, luego del curiosísimo proceso que llevó a la familia Eskenazy a ‘comprar’ el 15% de YPF, estamos asistiendo a la ‘argentinización’ de Aerolíneas Argentinas, otra empresa que fuera privatizada y luego cercada por la cómplice inacción de la Secretaría de Transporte frente a los vandálicos paros a que fue sometida por la Asociación de Pilotos, que responde a los mismos intereses.
En general, los medios –aún los opositores- dan a entender que el objetivo buscado por los empresarios extranjeros que aceptan la presión oficial para abrir su capital a socios argentinos amigos de la familia K es lograr la adecuación de tarifas y el establecimiento de un marco regulatorio apto para el desarrollo de las actividades sociales.
Sin embargo, tal explicación, que hubiera podido ser válida en el caso de las primeras experiencias, producidas en la generación y en la distribución eléctricas, no se ha traslucido en la obtención de los resultados esperados. El grupo Midlin, y no es el único ejemplo, sigue esperando que se produzcan la liberación de sus tarifas y, pese al discurso oficial, no han invertido un peso en aumentar la oferta o la confiabilidad.
Entonces, si el objetivo presuntamente buscado no se ha visto cumplido en ninguno de los casos anteriores, ¿por qué seguirían insistiendo en su voluntad compradora los amigos del poder?
Creo que hay una sola respuesta lógica. Lo que están buscando los K no es exclusivamente comprar a precios de remate estos activos –que, coincidentemente, los extranjeros tienen interés en vender, para reducir su exposición local- sino, principalmente, hacerse de ‘excusas’ para girar dinero a los mercados mundiales.
Todos sabemos que hoy, con las normas internacionales sobre la prevención del lavado de dinero, resulta en extremo complicado para un individuo depositar en los bancos, ya que éstos se ven obligados a investigar el origen de tales fondos; cualquier suma que supere los US$ 10.000.= resulta, en principio, sospechosa y debe probar su ‘inocencia’.
Imaginemos, entonces, a cualquier personero K intentando ingresar a una cuenta una suma de US$ 100.000.000.=; una cantidad enorme pero adecuada a los manejos actuales, sobre todo en materia de subsidios y alegre disposición de dineros públicos. Saltarían todas las alarmas legales del banco escogido, y éste los rechazaría o los inmovilizaría hasta que fuera completamente explicado de dónde salió ese dinero, con la consecuente creación y registro de los antecedentes del caso para futuras investigaciones.
En cambio, cuando es una empresa la que realiza el depósito, le basta con declarar que tales fondos provienen de operaciones genuinas y han sido informadas a su propio organismo de recaudación impositiva local, para que los fondos puedan ingresar al sistema bancario.
Detengámosnos a pensar en esto, y acumulemos todas las pruebas posibles para cuando la suerte de los K los haya abandonado por completo y los jueces de la República vuelvan a tener las agallas para juzgarlos, como les ha sucedido a todos los funcionarios que perdieron el poder.
Bs.As., 4 May 08
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