Carrozas de fuego

Carrozas de fuego

“Leyes hay, lo que falta es Justicia”. 

Ernesto Mallo

El innegable éxito que tiene la reunión del G-20, traducido en la presencia de tantos líderes mundiales, en la eficacia de la organización y, sobre todo, en la tranquilidad con que pudo desarrollarse –en marcado contraste con lo que sucediera en Hamburgo, en Seattle y en tantas otras ciudades en las que la violencia de los grupos anti-globalización desataron verdaderos infiernos- trajo a mi memoria una frase de Leopoldo Lugones: “Temple moral debía tener el pueblo que mandaba el general Rosas cuando fue capaz de producir Caseros”.

Lo único negativo fue que el protocolo nacional, como siempre, haya llevado a mandatarios extranjeros, muchos de los cuales han soportado atentados en sus propios países, a tirar flores al río en memoria de los asesinos; me sigo preguntando si Mauricio Macri, al visitarlos, también homenajea a los terroristas de Londres, de Madrid, de Niza o de Nueva York.

Al gobierno de un país tan poco influyente como el nuestro no se le podía pedir más resultados de la cumbre, aunque fungiera de anfitrión, por la marcada crisis del multilateralismo que, tan bien descripta por Andrés Cisneros en Infobae, resulta determinante. Las posiciones de Donald Tramp contra China, de Vladimir Putin en Crimea  y los problemas internos de Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel y Mohamed bin Salman, a lo cual debe sumarse el inminente fin de los mandatos de Enrique Peña Nieto y Michel Temer, auguraban un flaco resultado concreto de la reunión. Mañana lo confirmaremos, por la falta de un compromiso por el calentamiento global.

La semana próxima someterá a la Corte Suprema de Justicia a una prueba de fuego, puesto que ha fijado para el martes la decisión sobre la inconstitucionalidad de la Ley 27.362, con la cual el H° Aguantadero pretende seguir violando los derechos humanos de los militares que derrotaron al terrorismo después del fallo “Muiña”, que determinó una reducción en la pena de uno de ellos por aplicación del cómputo de dos días por cada uno pasado en prisión preventiva, o sea, el famoso “2x1”.

Uno de los principios rectores del derecho penal establece que siempre se debe aplicar la ley más benigna al reo, y eso fue lo que hizo la Corte entonces; la izquierda, siempre comprometida y masivamente presente, salió a la calle para acobardar a nuestros valientes legisladores, que no tuvieron mejor idea que “interpretar retroactivamente” la ley vigente.

Pero eso no es nada nuevo, porque a los mismos militares que aún no han tenido el gesto de morirse y dejar de ser un problema, no se les reconoce ninguno de los derechos humanos que sí se reclaman para los asesinos de los ‘70s, ni siquiera el límite máximo a la prisión preventiva, violado en la mayoría de los casos.

La Constitución Nacional, en su artículo 18, establece que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Ese texto refleja un principio que rige en todo el andamiaje legal de Occidente, a punto tal que se repite en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto de Roma, bajo el cual fue creada la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Ello significa, lisa y llanamente, que nadie puede ser juzgado criminalmente por hechos que no se definían como delito a la fecha de su comisión. Para que se entienda mejor, usted sale hoy con un saco blanco y, días después, se pena con cárcel el uso de esa prenda; acto seguido, usted es detenido y sometido a juicio por esa razón. Eso es, precisamente, lo que aquí se sigue haciendo.

El Congreso había sancionado, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, las leyes llamadas de “obediencia debida” y de “punto final”. El objetivo de las mismas era cerrar las heridas que habían quedado en la sociedad, y limitar el juzgamiento por los excesos en la represión a los comandantes que integraron la Junta militar en sus sucesivas conformaciones. Luego, Carlos Menem, indultó a quienes habían sido condenados, incluyendo en esa medida a los líderes de las organizaciones terroristas que estaban en la cárcel, comenzando por Mario Firmenich, jefe de Montoneros.

Los períodos de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde no produjeron novedades en la materia pero, al llegar Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003, se disfrazó de progresista y consiguió transformar al Congreso en una mera escribanía, apoyado por la mayoritaria bancada peronista que, para ello, olvidó las diferencias y se encolumnó, como siempre hace, detrás del nuevo jefe. Acto seguido, fueron derogadas las leyes de Alfonsín y los indultos de Menem, en este caso sólo para los militares.

A partir de entonces, se generaron la infinidad de juicios que aún continúan, realizados por jueces “especiales” que retroactivamente aplicaron la ley penal común para juzgar actos cometidos bajo el derogado Código de Justicia Militar, olvidando que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, con falsos testimonios “construidos colectivamente”, ignorancia de las claras pruebas exculpatorias, etc.

Espero, en concordancia con la declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, que la Corte actúe nuevamente conforme a derecho e ignore la reacción de quienes sólo buscan perpetuar el negocio monstruoso montado alrededor de unos derechos humanos tuertos, como sucede con el reciente caso Maldonado, que tanto dinero nos ha costado.

Bs.As., 1 Dic 18